nombre reservado con nombre reservado

Santiago, veintiséis de marzo de dos mil diecinueve.

Vistos y teniendo presente:

1°) Que doña nombre reservado, abogado, y nombre reservado, egresado de Derecho, ambos con domicilio en domicilio reservado, Edificio Tribunales, Concepción, deducen recurso de protección a favor de doña nombre reservado, chilena, soltera, carabinero, en contra de don nombre reservado, Coronel de Carabineros, Prefecto de la Zona Sur de Carabineros de Chile, respecto de la Resolución Exenta N° 82, de 28 de enero de 2019, por la que se le notifica su baja por “conducta mala”, con efectos inmediatos por los hechos descritos en la mencionada resolución, acto arbitrario e ilegal que estima, priva, perturba y amenaza la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

Exponen que esta baja de la institución tiene carácter de condicional, dado que aún debe darse inicio a un sumario administrativo en que podría resultar absuelta de todos los cargos o imponérsele una sanción que no implique su baja definitiva de la institución, debiendo en dicho caso ser reintegrada al servicio activo. Así, la baja por conducta mala se encuentra contemplada en el artículo 127, N° 4, inciso 8 (sic).

Precisan que la Carabinero nombre reservado no reconoció ninguno de los graves hechos que se le imputan, haciendo total y absolutamente improcedente la sanción aplicada, resolución que la ha privado a pesar de que, a la fecha, ella no tiene claro si se ha dado inicio al sumario administrativo respectivo, no existe condena penal alguna en su contra ni se ha acreditado responsabilidad administrativa de ninguna especie.

Refieren que se la privó además de las remuneraciones en base a lo dispuesto en el artículo 127 N° 4, letra b) del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros N° 8, sin embargo, a criterio de los recurrentes, y de la actual jurisprudencia que acompañan, es necesario fijar el alcance de dicha normativa, dado que, de su razonada lectura, se infiere que en ningún caso faculta al recurrido para los efectos de privar a un funcionario de sus remuneraciones, menos aún si no existe un sumario administrativo iniciado ni mucho menos terminado. Qué asimismo, la prerrogativa para efectuar la facultad de disposición del dominio que el recurrente tiene sobre sus remuneraciones o lo que es igual, sobre los emolumentos que recibe todo funcionario público, debe estar contemplada en una norma de rango constitucional o legal, lo anterior, dado que la regla general en nuestro ordenamiento jurídico es que las remuneraciones o sueldo de una persona son inembargables, así se desprende a título ejemplar de lo dispuesto en el artículo 57 del Código del Trabajo, en los artículos 95 y 96 de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, y más específicamente en el artículo 33 de la Ley N° 18.961 Orgánica Constitucional de Carabineros que prescribe “Las remuneraciones serán inembargables, salvo por resolución ejecutoriada en juicio de alimentos hasta por un 50%”. Así las cosas, afirman, queda claramente establecido que para poder suspender, descontar o privar a un funcionario público o trabajador particular de sus remuneraciones o sueldo debe estarse expresamente permitido por la Ley, no constituyendo el artículo 127 N° 4 del reglamento de selección y ascensos del personal de carabineros N° 8 en ningún caso facultad para decretar el cese del pago de remuneraciones al recurrente que, es necesario recordar aún no le ha sido notificado sumario alguno iniciado en su contra formalmente. Citan jurisprudencia al efecto.

Concluyen entonces que la actuación del recurrido carece de todo sustento legal, siendo además arbitraria dado que tampoco razona respecto al por qué adopta la determinación de suspender al recurrente de su esencial derecho a percibir remuneraciones, con lo que se priva, perturba y amenaza el derecho de propiedad de la recurrente sobre sus remuneraciones, que fueron retenidas desde el día 28 de enero de 2019 en adelante en forma totalmente arbitraria e ilegal.

Solicitan acoger la presente acción constitucional, y se declare que se deja sin efecto el alcance de que la recurrente, doña nombre reservado no tiene derecho a percibir sus remuneraciones, ordenando que se paguen en forma retroactiva sus emolumentos desde el día 28 de enero de 2019 en adelante, o lo que esta Corte determine conforme a derecho, adoptando además todas las providencias que se estimen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, con expresa condenación en costas en caso de oposición.

2°) Que, a fojas 91, informa nombre reservado, Teniente Coronel de Carabineros, nombre reservado, quien señala que el día 21 de enero de 2019, personal de la oficina de Órdenes Judiciales de la 13ª Comisaría de Carabineros La Granja, recibieron 04 órdenes de detención emanadas del 12° Juzgado de Garantía de Santiago, en contra de distintos funcionarios de Carabineros, dentro de los que se encontraba la Ex Carabinero nombre reservado, en el marco de la causa RIT 3-2018, RUC 1810033649-5, por el delito de “Tortura, detención ilegal, obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público”, por medio de las cuales se ordena poner a disposición del Tribunal, entre otros funcionarios, a la recurrente.

Agrega que el 12° Juzgado de Garantía de Santiago evacuó la orden de detención, motivadora de la “Resolución de Baja de las Filas de la Institución”, en contra de la Ex Carabinero nombre reservado, debido a su participación en al menos un hecho que reviste características de delito, los que son investigados en el marco de la causa precitada, hechos que detalla circunstanciadamente en el informe.

Precisa que por medio de la Resolución Exenta № 82 de 28.01.201 (sic), el nombre reservado de la Prefectura Santiago Sur y a raíz de los hechos investigados por la Fiscalía, dispuso la "Baja de las Filas de la Institución, por conducta mala, con efectos inmediatos" en contra del Ex Cabo 1º nombre reservado, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 127°, numeral 4, letra b), párrafo 5º del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros, № 8, que transcribe.

Explica en cuanto a la suspensión de la remuneración, que el artículo 33 inciso 1º de la Ley N°. 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros, dispone "el personal de Carabineros tiene derecho, como retribución por sus servicios, al sueldo asignado al grado de su empleo y demás remuneraciones adicionales, asignaciones, bonificaciones, gratificaciones y estipendios de carácter general o especial que correspondan".

Que, en ese mismo orden de ideas, alega que dado que la remuneración es la justa retribución por el trabajo o servicios prestados y, en el caso en concreto la Srta. nombre reservado, ex funcionaría de Carabineros de Chile, dejada en prisión en el Centro Penitenciario Anexo Cárcel Sucre, difícilmente podría continuar realizado sus labores, las que son la causa de la recepción de sus remuneraciones, razón por la que, al no existir una causa motivadora de la recepción de remuneraciones, el hecho de continuar recibiendo esa contraprestación sin causa para ello provocaría un perjuicio a los intereses fiscales; lo anterior, lo sustenta en que la Contraloría General de la República ha interpretado que "La medida administrativa de eliminación por conducta mala, con efectos inmediatos en Carabineros de Chile, provoca sus efectos a contar de su notificación, quien desde ese momento se entiende marginado de la institución, dejando de tener derecho a percibir las remuneraciones del empleo" (dictamen Nros.53.449 de 2009; 14.565 de 2001; 2.446 de 2004 entre otros).

En cuanto a lo sostenido por el actor, en el sentido que las remuneraciones o sueldos de las personas serían inembargables, lo que se desprendería de las disposiciones que cita, señala que en la especie no se ha ordenado el embargo de las rentas del afectado, sino que este dejó de percibirlas por el hecho de dejar de pertenecer a las filas de la institución, dejando de prestar servicios en Carabineros de Chile.

Recuerda, asimismo, que los dictámenes que conforman la jurisprudencia del órgano contralor son vinculantes para la Administración del Estado, y por lo tanto, para Carabineros de Chile, en atención a lo dispuesto en los artículos 6 y 9 de la Ley Nro. 10.336, sobre organizaciones y atribuciones de la Contraloría General de la República, lo que también ha sido reiterado sostenidamente por dicha entidad.

Hace presente que si el proceso administrativo al que se encuentra sujeto el recurrente finaliza por no determinar responsabilidad administrativa, se procederá a su reincorporación y al pago de las remuneraciones que dejó de percibir durante el tiempo que estuvo desvinculado de la institución.

En otro aspecto, alega la improcedencia de la acción de protección para perseguir el pago de remuneraciones. Cita al efecto jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, en el sentido que la acción constitucional de protección no constituye una vía apta para perseguir el pago de remuneraciones, toda vez que dicha pretensión no se condice con su naturaleza eminentemente cautelar y de emergencia (Roles 25121-2015, 22.244-2015, 43.121-2017 y 969-2018), por lo que solicita rechazar el presente recurso, con costas en atención a que en los hechos descritos, Carabineros de Chile y en particular el recurrido, no han vulnerado derecho alguno, actuando siempre en conformidad a la ley.

3°) Que la acción o recurso de protección de derechos y garantías constitucionales tiene por objeto restablecer el imperio del derecho, mediante la adopción de las medidas pertinentes a tal efecto, cuando se ha producido la alteración del mismo en virtud de la afectación del legítimo ejercicio de alguno de los derechos o garantías constitucionales, señalados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, por obra de alguna acción u omisión ilegal o arbitraria del recurrido.

4°) Que en la especie se ha denunciado como ilegal o arbitraria la Resolución Exenta N° 82, de 28 de enero de 2019, por la que se notifica a la recurrente su baja por conducta mala, con efectos inmediatos por los hechos descritos en la mencionada resolución, acto arbitrario e ilegal, que a juicio de la recurrente, priva, perturba y amenaza la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República.

5°) Que en relación con esta materia, el N°4, letra b) del artículo 127 del Reglamento sobre Selección y Ascensos del Personal de Carabineros N° 8, dispone: “El Personal de Nombramiento Institucional podrá ser eliminado de la institución por las siguientes causales y en las condiciones que a continuación se indican: (…) 4) Por "Conducta Mala": Establecida en Sumario Administrativo o por Investigación Simple por alguna de las siguientes causales: (…) b) Por asistirle responsabilidad en crímenes o simples delitos de la jurisdicción militar u ordinaria, establecida en sentencia ejecutoriada. (…) No obstante lo anterior, cuando la comisión de una falta que dé origen a un Sumario Administrativo o Investigación, fuere de tal gravedad que haga inconveniente la permanencia del funcionario en la Institución, y, el inculpado confiese su responsabilidad, o ésta se haga evidente, el Jefe que ordene la instrucción del Sumario podrá eliminarlo de inmediato por "conducta mala", sin expresar nota de conducta hasta la terminación de la pieza sumarial o de la investigación, oportunidad en la cual deberá fijar la nota que en definitiva le corresponda, o bien, modificar o dejar sin efecto la causal de baja, según el mérito del Sumario o investigación.

Con todo, el funcionario que habiendo sido dado de baja en conformidad al inciso anterior, se le aplicare en definitiva sanción que no importe necesariamente su baja, será reintegrado en el grado que tenía antes de abandonar las filas determinándose su ubicación en el escalafón o rol respectivo, considerando el tiempo que permaneció alejado de la Institución.153”.

6°) Que según se da cuenta en la resolución impugnada, la recurrente es objeto de investigación por parte del Ministerio Público por los delitos de “Tortura, detención ilegal, obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público”, a raíz de lo cual el 12° Juzgado de Garantía de Santiago dispuso su prisión preventiva, todo ello en relación con los hechos que se describen en el informe emitido por la recurrida a raíz de esta acción constitucional.

7°) Que de lo que se viene diciendo cabe concluir que en uso de las facultades conferidas por la normativa antes transcrita, la recurrida dispuso la baja inmediata de la recurrente, por estimar que ésta incurrió en una falta de tal gravedad que puede ser calificada de “conducta mala” lo que hacía inconveniente su permanencia en la Institución.

8°) Que por otra parte en cuanto a la suspensión de la remuneración, no obstante no estar concluido el sumario respectivo, tal medida fue adoptada con estricto apego al artículo ya citado, no obstante lo cual en el evento que el sumario no arroje responsabilidad administrativa, según lo informado “se procederá a su reincorporación y al pago de las remuneraciones que dejó de percibir durante el tiempo que estuvo desvinculado de la institución.”

9°) Que atento a lo expresado cabe concluir que la recurrida no ha incurrido en acto ilegal alguno al dictar la resolución impugnada, por el contrario, ha actuado con sujeción a las facultades que le confiere la ley. Asimismo, dicha resolución no puede ser calificada de arbitraria, desde que se encuentra debidamente fundada, de modo que no pudo haber vulnerado el derecho que la recurrente estima infringido, por lo que esta acción constitucional no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido a favor de doña nombre reservado en contra de don nombre reservado, Coronel de Carabineros, Prefecto de la zona Sur de Carabineros de Chile Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción Ministro Dora Mondaca Rosales.

N°1246-2019-PROT.