Protección contra Servicio de Impuestos Internos

Foja: 50 Cincuenta San Miguel, dieciséis de abril de dos mil quince.

Vistos y considerando:

Primero: Que a fojas 10, con fecha 11 de marzo del año en curso, comparece doña nombre reservado, jubilada, quien recurre de protección en contra del Servicio de Impuestos Internos, representado legalmente por doña nombre reservado, en su calidad de Directora Regional Sur (S), en razón del acto ilegal y arbitrario que consiste en negar lugar a la rebaja del pago de contribuciones para adultos mayores contemplado en la Ley 20.732 Sostiene que dicha situación implica privación, perturbación y amenaza en el legítimo ejercicio del derecho de propiedad garantizado en el artículo 19 número 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que por cumplir con los requisitos a que se refiere la Ley 20.732, sobre rebaja de impuesto territorial para propiedades de adultos mayores, en diciembre del año 2014 solicitó acogerse a dicho beneficio atendido a que tiene 92 años, es viuda, y percibe una baja pensión del Instituto de Previsión Social, lo que fue rechazado por la recurrida en el ORD.DAV.16.00 №46 de fecha 28 de enero de 2015. Sostiene que dicha decisión fue entregada en su domicilio con fecha 12 de febrero del mismo año. Añade que, dicho beneficio lo había solicitado antes, en el primer semestre del año 2014, a lo que se accedió disponiéndose las pertinentes rebajas.

Señala que se le ha negado tal beneficio, aduciendo que el inmueble ahora no cumple el requisito del numeral 5 del artículo primero de la Ley 20.732, el cual dispone “Que el avalúo fiscal vigente del inmueble en el semestre del cobro del impuesto territorial, por el que se hace efectiva la rebaja, no exceda de la cantidad de setenta y cinco millones, al 1 de julio del año 2013, cantidad que se reajustará semestral mente de acuerdo a lo señalado en el artículo 9 de la Ley 17.235. En caso que el contribuyente tenga mas de una propiedad que califique para el beneficio este se aplicará al que tenga un avalúo mayor". Lo que a su parecer es errado, ya que tal como dice la norma, para determinar la base de cálculo del beneficio, se debe considerar el avalúo del tipo de inmueble que se trata, fijando al efecto una fecha precisa, esto es, el avalúo del primer semestre del año 2013, indicando que la ley no dice que deba ser el avalúo del 2014 o del 2015 o sucesivamente, como se desprende de la resolución recurrida.

En seguida, sostiene que la autoridad administrativa recurrida, aparece legislando, exigiendo requisitos que no están descritos en la norma.

Añade que el inmueble que habita domicilio reservado, y que para el primer semestre del año 2013, tenía un avalúo de $ 64.559.821, y de $ 65.076.321, para el segundo semestre del mismo año, por tanto cumple con todos los requisitos establecidos en la Ley cuyo beneficio se ha impetrado.

Hace presente que la mencionada Ley 20.732, señala expresamente que "el Servicio de Impuestos internos deberá verificar cada año, con los antecedentes que obren en su poder el cumplimiento de los requisitos..“ , dándole el legislador facultades al S.l.l., para verificar cada año que los requisitos se cumplen, pero que en ninguna parte del resto del articulado de dicha Ley existente norma alguna que permita la interpretación que le da la recurrida al requisito del avalúo del inmueble. Indica que de seguirse la mencionada interpretación, por el alza de contribuciones se dejaría de beneficiar un importante número de adultos mayores que cumplían los requisitos al año 2014, y que fue el motivo central de su dictación, por ello una acertada inteligencia de la norma importa no distinguir donde el legislador no distinguió.

Invoca la vulneración del derecho a la propiedad consagrado en el artículo 24 numeral 19, de la Constitución Política de la República, puesto que indudablemente, la conducta arbitraria cometida por la recurrida, le causa un grave daño patrimonial. Solicita que se acoja el recurso de protección, declarando que se hace lugar al beneficio de rebaja del impuesto territorial para inmuebles no agrícolas para el caso de adultos mayores según lo prescribe la Ley 20732., con expresa condena en costas.

Adjunta al recurso ORD.DAV.16.00 №46 fechado 28 de enero de 2015, sobre que la contiene, Copia de Resolución Exenta S.l.l. №A16.2014.30000235, Certificados de avalúo del primer y segundo semestre del año 2013, correspondiente al inmueble, Copia simple de la cédula de identidad de la recurrente, Copia simple de la inscripción de la Posesión Efectiva y de Herencia en el Conservador de Bienes de Raíces de San Miguel y Copia simple de certificado № 348836 emitido por el Instituto de Previsión Social en el que consta los ingresos percibidos por la recurrente durante el año 2013, a título de pensión, y que constituye su único ingreso.

Segundo: Que a fojas 31 informa don nombre reservado, Director Regional de la XVI Dirección Regional Metropolitana Sur del Servicio de Impuestos Internos, quien solicita el rechazo del recurso en todas sus partes, con costas.

Refiere que con fecha 13 de mayo de 2014, la recurrente presentó ante la Dirección Regional, Formulario 2118, para que se le confiriera el beneficio establecido en la Ley № 20.732 y que mediante ORD. DAV. 16.00 №46, se le dio respuesta, denegando su solicitud, toda vez que no cumplía con el requisito copulativo establecido en el numeral cinco del artículo 1o de la mencionada norma. Señala que si bien el avalúo fiscal de su propiedad al 1o de julio de 2013 no excedía el límite establecido en la ley, ascendente a $75.000.000, al 1o de julio de 2014, el avalúo fiscal de la misma propiedad, ascendía a la suma de $94.524.693, monto que superaba el límite fijado por la Ley, que era de $78.566.250, respuesta que fue notificada a la contribuyente por carta certificada, enviada con fecha 29 de enero de 2015 y con fecha 05 de marzo de 2015, la recurrente interpuso recurso jerárquico en contra de lo resuelto por esta Dirección Regional, recurso que fue remitido al Director Nacional del Servicio para su resolución, conforme a la legislación vigente.

Sostiene que el presente recurso de protección es improcedente por extemporáneo atendido que el acto ilegal y arbitrario que se impugna es el ORD. DAV. 16.00 №46, de fecha 28 de enero de 2015, señalando al respecto que solo tuvo conocimiento de él el día 12 de febrero de 2015, el cual fue notificado por este organismo mediante carta certificada enviada con fecha 29 de enero del presente año, fecha que consta en Nómina de Correos №11, de la misma fecha. Agrega que el Código Tributario señala en su artículo 11 inciso 5o, que en las notificaciones por carta certificada, los plazos empezarán a correr tres días después de su envío, de modo que, y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 10 del mismo cuerpo legal, el plazo para presentar la acción constitucional incoada comenzó a correr el día 3 de febrero pasado. En suma, el plazo para Interponer la presente acción venció el día 3 de marzo de 2015 y el presente recurso fue interpuesto el 11 de marzo pasado.

Asimismo, señala que el recurso es improcedente, atendido que la recurrente no fundamenta de modo alguno la forma como la garantía constitucional del artículo 19 №24 de la Constitución Política de la República, habría sido privada, perturbada o amenazada en su legítimo ejercicio. Indica que si la contribuyente se refiere a su derecho de propiedad sobre la rebaja del pago de contribuciones, resulta que la rebaja del pago de contribuciones es una facultad que otorga la ley en caso de cumplirse los requisitos en ella señalados, por lo que no existen sobre ella derechos adquiridos por parte de la contribuyente, ya que debe someterse al examen del organismo recurrido a efectos de renovar su vigencia.

Por otra parte, agrega que la acción de protección no es la vía idónea para el conocimiento del asunto que la recurrente pretende, esto es, que se declare la procedencia de la rebaja del pago de contribuciones otorgada por la Ley №20.732 ya mencionada; puesto que dicha actividad implica necesaria y directamente, catalogar la concurrencia de los requisitos legales establecidos por dicha norma. De ahí que lo pretendido por la actora es materia de un juicio declarativo de lato conocimiento, lo que claramente excede el ámbito de aplicación de la presente acción cautelar. Agrega que, existen otros medios legales en virtud de los cuales la recurrente puede hacer valer sus pretensiones.

En cuanto al fondo, señala que, con fecha 5 de marzo de 2014, se promulgó la Ley № 20.732, que rebaja el Impuesto Territorial correspondiente a propiedades de adultos mayores vulnerables económicamente. Señala que el objetivo de dicha ley, es otorgar el mencionado beneficio tributario a aquellos adultos mayores que cumplan copulativamente los requisitos en ella señalados y, así, no se vean afectados al pago de una contribución por concepto de bienes raíces habitacionales de su propiedad mayor al cinco por ciento de sus ingresos anuales.

Explica que por ello en la resolución impugnada, el Servicio de Impuestos Internos, luego de analizar los antecedentes aportados y de cotejarlos con la información que posee en sus registros, resolvió la denegatoria del beneficio, ya que la recurrente no cumplía con el requisito copulativo establecido en el numeral 5 de la norma citada, esto es, que el inmueble cuyo beneficio tributario se solicita, no debe exceder en su valor la suma de $75.000.000 al 1o de julio de 2013, suma que debe reajustarse según lo dispuesto en el artículo 9 de la ley de impuesto territorial, a la fecha en que el beneficio se vaya a aplicar. De esta forma, señala que al 1o de julio de 2014, el valor máximo que debe tener el inmueble cuya rebaja de contribuciones se solicita no debe exceder de la suma de $78.566.250.

Indica que resulta errada la interpretación que efectúa la recurrente en cuanto a que el valor de la propiedad debe tomarse siempre, independiente del año en que se solicite el beneficio, al primer semestre de 2013. Cuando la norma hace alusión a dicho periodo, señalando como fecha precisa el 1° de julio de 2013, lo hace para tomar dicha suma como valor de referencia, debiendo ésta reajustarse según las normas del artículo 9 de la ley de impuesto territorial a la fecha que corresponda según el periodo en que se aplicará la rebaja y no el avalúo de la propiedad cuya franquicia se solicita, como la actora pretende.

Así las cosas, para el primer semestre del año 2014, el valor de la propiedad de la actora ascendía a la suma de $65.076.321.- cantidad que se encuentra bajo el límite legal establecido en la ley, de modo que la recurrente cumplía, en esta parte, con el requisito señalado. Sin embargo, para el segundo semestre del año 2014, la propiedad objeto del recurso posee un avalúo fiscal ascendente a la suma de $94.524.693, sin cumplir con el límite del valor que debe tener la propiedad para acceder al beneficio señalado.

Cabe señalar que esta alza tiene su origen en la entrada en vigencia de la Ley №20.650, con la cual con fecha 1o de enero de 2014 comenzó a regir el Reavalúo No Agrícola de Bienes Raíces Habitacionales, Bodegas y Estacionamientos de Conjuntos Habitacionales Acogidos de Copropiedad Inmobiliaria alzando el valor de algunas propiedades, entre las que se encuentra aquella cuya rebaja de contribuciones nos convoca.

Al respecto, y en atención a lo señalado por la actora, de que el avalúo que debe tomarse para el establecimiento de los beneficios es el vigente al 1o de julio de 2013, toda vez que no ha sido el propósito del legislador establecer un beneficio que en definitiva no se aplicaría por la entrada en vigencia del reavalúo no agrícola habitacional; se debe hacer presente que al momento de la discusión y dictación de la Ley №20.732, el legislador tenía plena conciencia de la ley de reavalúo que afectaría a los inmuebles no agrícolas habitacionales, como queda en evidencia en la historia de dicha ley. A mayor abundamiento, la ley que otorga el beneficio fiscal en discusión fue dictada con posterioridad a la Ley №20.650, de modo que a la fecha de su promulgación se encontraba plenamente vigente el nuevo avalúo fiscal de las propiedades, por lo que es éste el que debe tomarse en consideración a efectos de aplicar el beneficio que la recurrente solicita.

De esta manera, resulta evidente la legalidad del acto que mediante esta acción constitucional se impugna, toda vez que evaluados los antecedentes en los que la actora se funda, por parte del Departamento de Avaluaciones de esta Dirección Regional, se pudo constatar la inconcurrencia del requisito establecido en el numeral 5 de la ya mencionada Ley №20.732, toda vez que, al semestre en que la rebaja pretende ser aplicada, esto es, segundo semestre de 2014, el avalúo de la propiedad ascendía a la suma de $94.524.693, excediendo con creces el límite legal impuesto ascendiente a la suma de $75.000.000, reajustada a la misma fecha, esto es, $78.566.250.

En virtud de lo expuesto, y atendida la inexistencia de acto ilegal y arbitrario que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de un derecho protegido por la presente acción, solicita se deseche el presente recurso, confirmando el acto dictado por esta Dirección Regional, con costas.

Adjunta a su informe certificados de avalúo de la propiedad, rol de avalúo 1011-111 de la comuna de La Cisterna, correspondientes al primer y segundo semestre de 2014, Nómina de correos №11, del Departamento de Avaluaciones de la Dirección Regional Metropolitana Santiago Sur, de fecha 29 de febrero de 2015 y Copia de Recurso Jerárquico interpuesto por la actora, con fecha 05 marzo de 2015.

Tercero: Que, en cuanto dice relación con la existencia de otros medios legales para hacer valer sus pretensiones que observa el recurrido, se debe puntualizar que la Constitución Política de la República, en su artículo 20, posibilita la interposición del recurso de protección, en caso de privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que allí establece, “sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer – el recurrente – ante la autoridad o los tribunales correspondientes”, por lo que tal argumentación debe ser desestimada, sin perjuicio de lo que se resuelve en definitiva.

Cuarto: Que conviene tener presente que la recurrente no explica de qué forma fue privada, perturbada o amenazada en su legítimo ejercicio de la garantía constitucional del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, con la negativa a acceder al beneficio que reclamara al Servicio de Impuestos Internos.

Quinto: Que consta del sobre que contenía el ordinario DAV. 16.00 N° 46, objeto del presente recurso, que se acompañara por la parte recurrente, que la fecha que consigna el timbre estampado en su reverso por el Sector de Distribución La Cisterna, es el 5 de febrero de 2015 y que el recurso que se resuelve en este acto fue presentado en esta Corte con fecha 11 de marzo de 2015, vale decir, fuera del plazo fatal de treinta días contemplado en el numeral 1° del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, de 24 de junio de 1992, incluso considerando lo previsto en el artículo 11 inciso 5° del Código Tributario que determina que en las notificaciones por carta certificada los plazos empezarán a correr tres días después del envío.

Esta sola circunstancia bastaría para concluir que la acción de protección deducida debe ser desestimada.

Sexto: Que, en todo caso, estos sentenciadores concuerdan con la interpretación del Servicio recurrido en el sentido de que no era dable acceder al planteamiento de la solicitante doña nombre reservado, por cuanto para que se le confiriera el beneficio establecido en la ley N° 20.732, era menester cumplir con todos los requisitos exigidos por dicha norma, lo que no ocurre en la especie, porque el bien raíz de su propiedad tiene un avalúo que supera el límite fijado en el numeral cinco de su artículo primero, razón por la que la presente acción constitucional, no puede prosperar.

Por estas consideraciones y teniendo además presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA el recurso deducido a fs. 10 y siguientes por doña nombre reservado EN CONTRA DEL Servicio de Impuestos Internos.

Regístrese y notifíquese.

Redacción del Ministro Suplente señor Toledo.

Ingreso Corte N° 124-2015-pro.

Pronunciada por la Quinta Sala integrada por la Ministro Titular doña María Carolina Catepillán Lobos, el Ministro Suplente don César Germán Toledo Fuentes y el Abogado Integrante don Carlos Espinoza Vidal. No firma el Ministro Suplente señor Toledo, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa por encontrarse en visita de Cárcel.

En San Miguel, a dieciséis de abril del año dos mil quince, notifiqué por el estado diario la resolución precedente.