nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL MONTE

San Miguel, diez de julio de dos mil veintitrés.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que el 24 de marzo de 2023, comparece don nombre reservado, psicólogo, orientador vocacional del Liceo Luis Humberto Acosta Gay de la Municipalidad de El Monte, e interpone recurso de protección en contra de la I. Municipalidad de El Monte, representada por su alcaldesa doña Zandra Maulén Jofré, ambas domiciliadas en domicilio reservado, de 22 de marzo de 2023, suscrita por doña nombre reservado, como fiscal del sumario administrativo instruido en su contra mediante el decreto N° 198, de 1 de marzo de 2023, que lo suspendió de sus funciones, el que estima ilegal por fundarse en una denuncia falsa y por su calidad jurídica de trabajador regido por el Código del Trabajo, de manera que no resulta aplicable a su respecto el estatuto administrativo, por lo que se vulneraron gravemente sus derechos y garantías recogidos en el artículo 19, en sus numerales 1, 3, 4 y 16 de la Constitución Política de la República.

Explica que, en el establecimiento ya señalado, el apoderado de una alumna de identidad reservada, de 1° medio, puso en conocimiento del colegio un presunto abuso sexual que él habría cometido en su contra, por lo que el 7 de octubre de 2022 se activó el protocolo respectivo y la directora del establecimiento formuló la correspondiente denuncia, ante el Ministerio Público.

Refiere que el 18 de octubre de 2022, el Ministerio Público sobreseyó la denuncia penal en su contra, cuestión que fue comunicada formalmente por el órgano persecutor, como consta en el oficio de la fecha referida, en causa RUC 2200298541-0, que forma parte de la carpeta investigativa, y que a su vez se informó a su empleador, esto es, tanto a la alcaldesa mediante una reunión formal el 31 de marzo de 2023, y a la directora del establecimiento por correo electrónico de la misma fecha.

Agrega que, sin perjuicio de haber tomado conocimiento de todo lo anterior y 6 meses después, a través del decreto exento Nº 198/2023, de 1 de marzo de 2023, la Municipalidad de El Monte ordenó la instrucción de un sumario administrativo dado que el expediente Nº 392, de 15 de febrero de 2023, supuestamente contiene información relativa a hechos de carácter grave, que versan sobre una denuncia acerca de eventuales actos de acoso sexual y el 22 de marzo de 2023, mediante la resolución interna Nº2 se ordenó su suspensión por el tiempo de duración del procedimiento sumarial.

Destaca que la fiscal a cargo de la instrucción del procedimiento, nombre reservado, no ha dispuesto aún su citación para prestar declaración sobre los hechos objeto de la investigación, tampoco ha dictado ninguna resolución ni consta ningún acto en que se le haya comunicado la imputación de algún hecho o en el que se le informe su condición de inculpado, o que se le atribuya algún grado de participación y consecuentemente de responsabilidad en los hechos relatados en el acto de instrucción del proceso.

Señala que, a raíz de la denuncia y en particular en razón de la suspensión decretada en su contra, se ha dado lugar a una serie de publicaciones injuriosas, en los sitios que precisa, exhibiendo la fotografía de su rostro, calificándolo de pedófilo, y abusador.

En cuanto a los derechos vulnerados explica que se ha afectado su libertad de trabajo dada la ilegalidad de los actos que instruyeron el sumario y decretaron su suspensión; el debido proceso, pues no se le ha dado copia del expediente administrativo, ni se la ha citado a prestar declaración; el derecho a la honra atendidas las publicaciones en redes sociales acusándolo de pedófilo, abusador y finalmente el derecho a la integridad física y síquica, puesto que con la denuncia y la suspensión ha sufrido un trastorno adaptativo otorgándosele licencias médicas discontinuas desde el 25 de diciembre de 2022.

Solicita dejar sin efecto la suspensión, ordenar su reincorporación, así como la eliminación de las publicaciones injuriosas antes mencionadas, con prohibición de realizarlas nuevamente, todo ello con expresa condenación en costas.

Segundo: Que, informó al tenor del recurso doña Dayan Pallares Valenzuela, abogada, en representación de la alcaldesa de la Ilustre Municipalidad de El Monte, doña Zandra Sofía Maulén Jofre, todas domiciliadas en domicilio reservado, solicitando el rechazo del recurso.

Indica que el 7 de octubre de 2022, la dirección del establecimiento educacional, nombre reservado, recibió una denuncia referente a hechos de carácter sexual, perpetrados por el actor en contra de una alumna del mismo. Durante ese día se realizó por el equipo de Convivencia Escolar DAEM, una solicitud de medida de protección en favor de la adolescente, en atención a que la entidad de los hechos importaba la actuación como órgano competente del Tribunal de Familia, medida que se encuentra plenamente vigente, con el desarrollo de un sinnúmero de diligencias propias de un procedimiento de dicha especie.

Expone que la suspensión del actor se produce dentro del marco legal que el municipio debe cumplir, ya que existen directrices expresas, entregadas por el Ministerio de Educación, que determinan el actuar de la Municipalidad frente a hechos como el ocurrido. Así las cosas, el Reglamento Interno de Convivencia Escolar, es el instrumento que debe regular diversas materias, dentro de las cuales se encuentran comprendidos los protocolos de acción en caso de violencia, abuso, etc. entre los integrantes de la comunidad escolar. Destaca, que el Reglamento vigente es claro al señalar que, en el caso que la presunta agresión de carácter sexual provenga de un funcionario del mismo establecimiento, el procedimiento a seguir es “Separar al funcionario (a) acusado (a) de sus funciones mientras dura la investigación…”.

Manifiesta que una vez efectuada la comunicación por la adolescente respecto de los supuestos hechos ocurridos, la Municipalidad, por aplicación del Reglamento Interno vigente, debía proceder a la separación del actor de sus funciones mientras se desarrolla el procedimiento investigativo. No es por tanto una decisión antojadiza, arbitraria o ilegal.

Añade que el sumario administrativo es el único instrumento que puede verificar, tanto para con el actor y la supuesta víctima, el respeto irrestricto a las garantías del debido proceso, que cada uno de ellos tiene en su respectiva calidad.

En cuanto a la afectación a la libertad de trabajo, señala que no se ha visto afectada porque su vínculo contractual se encuentra indemne, continúa siendo trabajador de la Ilustre Municipalidad de El Monte y percibiendo la remuneración correspondiente.

En relación con el derecho a un debido proceso, asevera que el recurrente se encuentra con licencia médica desde el 10 de octubre de 2022, por lo que no ha sido citado a prestar declaración, respetándole su descanso.

En lo tocante a la afectación al derecho a la honra, sostiene que las cuentas desde las que se han hecho las publicaciones no pertenecen a la recurrida.

Finalmente, en cuanto a la afectación al derecho a la integridad física o síquica, desmiente lo sostenido por el recurrente, pues su última licencia fue calificada como proveniente de enfermedad común y no laboral -trastorno adaptativo- como sostiene el recurrente en su recurso y la suspensión se produce el 22 de marzo de 2023, anterior al inicio de las licencias médicas citadas por el actor.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos indubitados y preexistentes consagrados en la Carta Fundamental, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. En este contexto, resulta que actúa ilegalmente tanto el que se aparta de la preceptiva vigente que lo obliga, como el que desconoce el derecho y obra contra ley o sin seguir lo que la ley le manda. Por su parte, actúa arbitrariamente el que decide y obra a su antojo, por mero capricho, sin razones o argumentos que apoyen su conducta.

Cuarto: Que, en consecuencia, para resolver la procedencia del presente recurso de protección, en primer lugar, debe establecerse la existencia de una acción u omisión ilegal o arbitraria y, luego, si con ocasión de ella el recurrente sufre la afectación de alguno de los derechos y/o garantías constitucionales tuteladas por esta vía cautelar de urgencia.

Quinto: Que la actuación que se dice arbitraria e ilegal y que se imputa a la recurrida corresponde a la Resolución N°2, de 22 de marzo de 2023, suscrita por la fiscal del sumario administrativo que dispone la suspensión de las funciones del recurrente como psicólogo y orientador vocacional del Liceo Luis Humberto Acosta Gay de la Municipalidad de El Monte, mientras se desarrolla el procedimiento investigativo seguido en su contra.

Sexto: Que del mérito de los antecedentes que obran en el proceso se advierte que no concurre ilegalidad o arbitrariedad alguna en la actuación reprochada a la recurrida, desde que el actor -sin importar la calidad contractual bajo la cual éste se desempeñe- ejerce sus funciones sujeto al marco legal que el municipio debe cumplir, y que determinan su actuar frente a hechos como el ocurrido. En efecto, la recurrida se encuentra sujeta al Reglamento Interno de Convivencia Escolar, que emana de las directrices entregadas por el Ministerio de Educación y que establece los protocolos de acción en un caso como el de autos, precisando que en el caso que la presunta agresión de carácter sexual provenga de un funcionario del mismo establecimiento, el procedimiento a seguir es el “Separar al funcionario (a) acusado (a) de sus funciones mientras dura la investigación”, presupuestos que concurren en la especie.

Séptimo: Que por otra parte, tal como ha sostenido de manera reiterada la Excma. Corte Suprema, no resulta procedente ejercer la acción constitucional de protección cuando lo pretendido es la impugnación de actos intermedios que forman parte de un procedimiento complejo como lo es un sumario administrativo (SCS Rol N° 18584-2022 de 11 de Julio de 2022; Rol N° 11124-2022 de 21 de abril de 2022; Rol N° 11297-2022 de 21 de abril de 2022 y Rol N° 4259-2022 de 9 de febrero de 2022).

Sobre el particular la doctrina ha señalado que el acto trámite o intermedio es un “presupuesto de la decisión de fondo. Son actos previos a la resolución que ordenan el procedimiento, como son, por ejemplo: los actos de incoación, de instrucción, comunicaciones, notificaciones. No son impugnables en sede administrativa, salvo que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión” (Rojas, Jaime, Notas sobre el procedimiento administrativo establecido en la Ley Nº 19.880, en Revista de Derecho del Consejo de Defensa del Estado, 11 (2004)”.

Octavo: Que, en este orden de consideraciones, siendo la resolución censurada un acto intermedio, no resulta impugnable, atendido lo dispuesto en el artículo 15 inciso 2° de la Ley N° 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, a menos que ponga término al procedimiento o produzca indefensión, cuyo no es el caso.

Noveno: Que en estas condiciones, no existiendo acto ilegal o arbitrario atribuible a la conducta de la recurrida, no es posible estimar vulnerado alguno de los derechos constitucionales que se reclaman, siendo innecesario analizar pormenorizadamente las garantías que se dicen violentadas, resultando procedente, por tanto, que el presente recurso sea desestimado en todas sus partes.

Por los motivos anteriormente expuestos y de conformidad, además, con lo preceptuado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, contra de la I. Municipalidad de El Monte.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Fiscal Judicial Anamaria Quintero Harvey.

N° 1227-2023 Protección.

Pronunciado por la Cuarta Sala de esta Corte, integrada por las ministras María Soledad Espina Otero, Alejandra Pizarro Soto y la Fiscal Judicial Anamaría Quintero Harvey, quien no firma no obstante haber concurrido a la vista de la causa y posterior acuerdo del fallo, por encontrarse con permiso de conformidad al artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.