nombre reservado con A.F.P. UNO S.A.

San Miguel, veintisiete de mayo de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interpone acción de protección constitucional en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones UNO S.A., por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en haber rechazado su solicitud de retiro de fondos para extranjero al amparo de la Ley N°18.156, lo que vulnera los derechos garantizados en el artículo 19 N°2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que el 27 de octubre de 2025 presentó su solicitud de la devolución de fondos previsionales conforme a lo dispuesto en la Ley 18.156 y por medio de correo electrónico de 18 de febrero de 2026 se le informó el rechazo de su solicitud, fundándolo en que “…Certificado Institución de Seguridad Social: Las Certificaciones electrónicas emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que no hayan sido legalizadas o apostilladas por la autoridad previsional competente venezolana y sin que señalen las coberturas con que cuenta el afiliado y respecto de las cuales no se pueda inferir un determinado período de cobertura, cuando se limitan a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano no sirven para acreditar afiliación”.

Refiere que el sentido de la ley 18.156 en sus artículos 1° y 7° es claro al señalar que el técnico solo tiene que estar afiliado a la seguridad social de su país de origen, manifestar en el contrato de trabajo o en sus anexos la voluntad de mantener la afiliación referida y en el caso de que ellos registraren cotizaciones en una AFP podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, por lo que la recurrida desatiende el sentido literal de la ley, aunado al hecho de incorporar requisitos que no están expresamente señalados, lo que se traduce en un actuar arbitrario e ilegal.

Refiere que el rechazo de la recurrida desconoce la validez de instrumentos auténticos y verificables electrónicamente, incurriendo con ello en una conducta ilegal y arbitraria ya que argumenta que la constancia electrónica no es un documento válido, no obstante, emana de un organismo público y verificable en la web oficial de esa institución, por lo que es forzoso concluir que el recurrente efectivamente se encuentra afiliado a la seguridad social de su país de origen.

Agrega que con este comportamiento infringe las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad sobre los fondos previsionales, por exigir requisitos no establecidos, realizando interpretación restrictiva de la norma en perjuicio del administrado, en el entendido que la solicitud cumple con los extremos exigidos en el artículo 1 de la ley 18.156, actuando de forma caprichosa al rechazar el retiro de fondos de pensión.

Solicita que se ordene que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo de 5 días efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por el recurrente o el que esta Corte estime conforme al mérito de autos; y en general adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

Segundo: Que, al evacuar informe, Romina Dalbosco Cornejo, abogada en representación de Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A., solicita el rechazo íntegro del recurso, con costas.

Señala que el recurso de protección es una acción cautelar destinada a amparar el ejercicio de derechos indubitados frente a actos ilegales o arbitrarios y que en la especie no existe derecho preexistente ni acto de tal naturaleza, por cuanto la devolución de fondos a técnicos extranjeros es excepcional y solo procede cuando se cumplen estrictamente los requisitos del artículo 1 y 7 de la Ley N° 18.156 y de la Circular N° 553, lo que no ocurriría en el caso del recurrente.

Expone que la recurrente inició el trámite el 27 de octubre de 2025 y efectivamente AFP UNO S.A. rechazó la solicitud el 18 de enero de este año, señalando que el motivo del rechazo es “Otros”: “• Certificado Institución de Seguridad Social: Las Certificaciones electrónicas emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que no hayan sido legalizadas o apostilladas por la autoridad previsional competente venezolana y sin que señalen las coberturas con que cuenta el afiliado y respecto de las cuales no se pueda inferir un determinado período de cobertura, cuando se limitan a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano no sirven para acreditar afiliación (SP -Of.Ord.12954-jul 25).

• Apostilla/Legalización de título: La Apostilla legaliza otro tipo de documento.”

Señala que, en Chile, rige el principio general de territorialidad que implica que las leyes laborales y previsionales se aplican a todos los trabajadores, chilenos o extranjeros, salvo dos excepciones: la existencia de un convenio bilateral de seguridad social y la exención de cotizaciones para técnicos extranjeros conforme a la Ley N°18.156. Esta norma permite que los técnicos extranjeros, acreditados como tales y afiliados a un régimen de seguridad social en su país de origen, puedan solicitar la devolución de fondos previsionales depositados en una AFP, siempre que cumplan con los requisitos legales establecidos en los artículos 1° y 7° de la ley y en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Asimismo, para que los documentos extranjeros tengan validez en Chile, deben estar debidamente legalizados o apostillados, siguiendo la cadena de legalización que culmina en el Ministerio de Relaciones Exteriores. El artículo 345 del Código de Procedimiento Civil regula este proceso, y el Oficio Reservado N° 2966 de 2023 detalla las medidas de seguridad y autenticidad requeridas para los documentos, incluyendo el timbre tricolor y la verificación en el documento original.

Indica que en este caso el certificado de afiliación al seguro social venezolano no se encuentra legalizado y no exime el cumplimiento de los requisitos legales la ausencia de relaciones diplomáticas entre los países.

Sostiene que no tiene facultad para sustituir la legalización exigida y que aceptar documentos no autenticados pondría en riesgo la seguridad jurídica del sistema previsional. Además, señala que la Superintendencia de Pensiones ha reiterado que solo los documentos apostillados por la autoridad competente venezolana cumplen con los requisitos para producir efectos en Chile, según el Convenio de la Apostilla de la Haya.

Expone que la AFP actúa conforme a la normativa vigente y que la imposibilidad de legalización debido a la falta de representación diplomática venezolana no puede ser imputada a la Administradora. La Superintendencia de Pensiones ha rechazado propuestas de validación alternativa, insistiendo en la necesidad de legalización formal.

Concluye que AFP Uno S.A. se ha limitado a aplicar la ley y la normativa administrativa vigente, sin privar ni perturbar las garantías del recurrente, por lo que no existe acto ilegal o arbitrario que pueda ser corregido por esta vía.

Tercero: Que, informa la Superintendencia de Pensiones que la Sra. nombre reservado no ha presentado reclamos ante el organismo por los hechos que motivan la acción cautelar y no existen antecedentes relacionados.

Explica que la legislación previsional chilena exige a todo trabajador que presta servicios en Chile el pago de cotizaciones, sin importar su nacionalidad, y que estos fondos no son un ahorro susceptible de retiro al término de los servicios, salvo excepciones establecidas por la Ley N°18.156. Esta ley permite la exención de cotizar y la devolución de fondos previsionales solo a trabajadores dependientes extranjeros, técnicos o profesionales, que cumplan estrictamente los requisitos copulativos indicados en el artículo 1°.

Refiere que, para acceder a estos beneficios, el trabajador debe demostrar su afiliación a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que cubra enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y manifestar en el contrato su voluntad de mantener dicha afiliación. Además, la cobertura debe ser efectiva y estar acreditada mediante documentos específicos, debidamente legalizados o apostillados, que certifiquen la protección por todos los riesgos señalados durante el tiempo de servicios en Chile.

Señala que, en el caso de la recurrente, esta presentó un certificado electrónico denominado “Constancia Electrónica de Cotizaciones”, y conforme a la normativa contenida en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y a lo dispuesto en los artículos 344 y 345 del Código de Procedimiento Civil en relación al 1° de la Convención de la Haya sobre Apostilla, ese documento no cumple con los requisitos, ya que no está firmado, legalizado ni apostillado, y solo menciona coberturas de manera genérica, sin especificar el período de protección. Por tanto, la Superintendencia concluye que no procede la devolución solicitada, reiterando que la ley N°18.156 debe interpretarse de manera restrictiva y solo aplica cuando se cumplen todas las condiciones copulativas exigidas.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que, en este caso, el objeto del recurso es determinar si el rechazo de la solicitud de la devolución de fondos impetrada por la recurrente a A.F.P UNO S.A. constituye un acto arbitrario e ilegal que afecte el derecho a la igualdad ante la ley y el de propiedad de la recurrente.

Sexto: Que la Ley N°18.156 establece una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile para pensión y salud, sin perjuicio de que el empleador deba continuar cotizando en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulado por la Ley N°16.744. El artículo 1° de esta ley dispone que las empresas que contraten personal técnico extranjero, así como dichos trabajadores, estarán exentos de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en Chile, siempre que se cumplan dos condiciones: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

Séptimo: Que, en relación con la afirmación de la parte recurrente de haber acreditado su afiliación a un sistema previsional extranjero, se debe considerar que la Superintendencia de Pensiones ha emitido diversas directrices al respecto. En particular, mediante el Oficio Ord. N°13.661, de 18 de junio de 2019, se instruyó a las AFP reforzar los procedimientos de verificación para la devolución de cotizaciones a técnicos extranjeros. Estas instrucciones, complementadas por otros oficios, establecen los criterios aplicables para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156.

Octavo: Que, examinados los antecedentes presentados por la recurrente, se concluye que la documentación aportada no cumple con las exigencias legales establecidas en el ordenamiento jurídico nacional. En efecto, presentó una Constancia Electrónica de Cotizaciones, que no cuenta con una firma autorizada, ni tampoco cumple con el requisito de ser apostillada o legalizada, lo que constituye un incumplimiento de los requisitos en la normativa vigente, para dar cumplimiento a la letra a) del artículo 1° de la Ley 18.156, ya que no permite acreditar que la solicitante durante todo el tiempo que trabajó en Chile se encontraba cubierto por un sistema de seguridad social extranjero que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Noveno: Que, conforme lo que se viene razonando, el acto cuya ilegalidad y arbitrariedad se reprocha por la parte recurrente consiste en decisiones adoptadas por la Administradora de Fondos de Pensiones en cumplimiento de la Ley 18.156 y las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, en el marco de sus facultades legales de fiscalización y regulación del sistema previsional. Tales instrucciones resultan vinculantes para las entidades fiscalizadas, entre ellas las AFP, de modo que estas se encuentran obligadas a ajustarse estrictamente a lo que dicha autoridad administrativa determine en el ejercicio de sus competencias.

En consecuencia, el proceder de la AFP recurrida se encuentra debidamente respaldado en normas administrativas obligatorias y el cumplimiento de tales directrices constituye un ejercicio legítimo de su función, lo que excluye la posibilidad de calificar su actuación como ilegal o arbitraria, lo que hace innecesario entrar a analizar la existencia de vulneración de algún derecho fundamental.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, el recurso de protección deducido a favor de nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones UNO S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°1226-2026 Protección.