nombre reservado con nombre reservado

En San Miguel, a once de mayo de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente:

1°) Que compareció doña nombre reservado, no indica profesión u oficio, domiciliada en domicilio reservado, y dedujo acción de protección de garantías constitucionales en contra de don nombre reservado, inspector provincial del trabajo de Talagante, con domicilio en domicilio reservado, de la referida comuna, por haber rechazado, mediante resolución 362, de 26 de diciembre de 2019, reconsideración interpuesta por su parte en contra de las multas administrativas números 1621/19/43 1 y 1621/19/43 2, acto que califica de ilegal y arbitrario, señalando que vulnera el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales consagradas en los numerales 2, 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Explica que con fecha 2 de agosto de 2019 se le notificó en su domicilio, por carta certificada, de dos multas administrativas impuestas por la Inspección Provincial del Trabajo de Talagante. Una de ellas por no comparecer a una citación de la Dirección del Trabajo, por la cual se le impuso una multa de un ingreso mínimo mensual y, la otra, por no mantener toda la documentación necesaria para efectuar las labores de fiscalización, cuyo monto fue de diez ingresos mínimos mensuales.

Indica que en contra de aquellas interpuso con fecha 23 de agosto del mismo año solicitud de reconsideración. Respecto de la primera de las multas, esgrimió que no tuvo ni tiene giro comercial de ningún tipo, careciendo de conocimientos en la materia. En cuanto a la segunda, alegó que resultaba abusiva y contraria a los principios de non bis in ídem y de la lógica, por cuanto esta multa deriva del único y mismo hecho, como es, no haber comparecido a la citación. Arguye que es un presupuesto para la configuración de esta infracción (no exhibir toda la documentación requerida) que quien se encuentre citado concurra efectivamente, requisito que no se cumple en la especie.

Refiere que al resolver mantener las multas se perpetúa la vulneración al principio non bis in ídem, de proporcionalidad y las reglas de la lógica, pues se les está cursando dos multas por el mismo hecho, reiterando los argumentos ya señalado. Hace hincapié que fue notificada de la citación a la instancia administrativa el 18 de junio de 2019 para comparecer al día subsiguiente, a efectos de exhibir abundante documentación respecto de una amiga de la infancia, a quien permitió vivir en su casa y que luego le señaló que la demandaría alegando haber trabajado como asesora del hogar, lo que niega y afirma que nunca fue demandada en sede laboral a este respecto.

Respecto a las garantías vulneradas, reclama infringida la igualdad ante la ley, por cuanto el recurrido exige, contraviniendo las reglas más básicas de la lógica, que la persona citada no compareciente de todas maneras exhiba los documentos solicitados, estableciendo así una diferencia arbitraria, máxime cuando, de ordinario, las reconsideraciones son acogidas. Asimismo, entiende que el recurrido se constituyó en una comisión especial, en tanto ha procedido a multarla sin considerar que no tiene calidad de empleadora y que no existe persona que le presente servicio, arguyendo que las facultades que la ley le reconoce al recurrido deben ejercerse solo cuando se encuentre frente a situaciones de infracción a las normas laborales, en otras palabras, cuando en su actividad de fiscalización sorprenda ilegalidades claras, precisas y determinadas, lo que no ocurrió en el caso sub lite. Por último, alega que también se ha vulnerado su derecho de propiedad, en tanto la decisión de la recurrida supone desembolsar una enorme suma de dinero, sin justificación racional, en razón de que la infracción no ha existido, creando una situación de enriquecimiento sin causa a favor del Fisco.

Pide, en definitiva, acoger la presente acción constitucional, declarando que debe restablecerse el imperio del derecho sobre la base de dejar sin efecto la resolución 362, de 26 de diciembre de 2019, que rechazó solicitud de reconsideración de las multas administrativas números 1621/19/43 1 y 1621/19/43 2, determinando que deben dejarse sin efecto dichas sanciones o, en subsidio, que deben rebajarse sus montos en forma prudencial, todo con expresa condena en costas.

2°) Que evacúa informe la abogada doña María Jesús Moran Toledo, en representación del recurrido, solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes por inadmisible e improcedente, con expresa condena en costas.

En primer lugar, alega la improcedencia de la presente acción atendida la naturaleza del acto recurrido. Refiere que el recurso de protección no puede ser utilizado como un sustituto jurisdiccional de procedimientos específicos contemplados en la ley, como ocurre en este caso, ya que la ley establece un procedimiento de impugnación, tanto en sede administrativa a través de los recursos contemplados en los artículos 53 y siguientes de la Ley 19.880, como judicial mediante la acción prevista en el artículo 512 del Código del Trabajo, instancias en que las partes pueden aportar pruebas en apoyo de sus pretensiones.

Enseguida, sostiene que la actuación del Inspector Provincial al rechazar la reconsideración administrativa deducida por la recurrente se enmarca dentro de la legalidad. Explica que las multas son el resultado de la fiscalización N° 1303/2019/356, que se inicia por denuncia por informalidad laboral, que el fiscalizador da cuenta que en el lugar “no hay personal con facultades de administración, que quien lo recibe es pariente de la denunciada y al solicitarle la documentación, aquella indica que no hay nada”, razón por la que se deja citada a la actora para el 20 de junio de 2019 en dependencias de la Inspección Provincial del Trabajo de Talagante, a fin de exhibir la documentación requerida, a la cual no concurre. Ante la incomparecencia, se procedió a cursar multa de acuerdo a los artículos 29 y 30 del DFL N° 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y en mérito de lo observado por el fiscalizador (no mantener documentación necesaria para efectuar las labores de fiscalización en el lugar denunciado) se procedió a cursar otra multa de acuerdo a los artículos 31 y 32 de la referida normativa. Agrega que se resolvió rechazar la reconsideración presentada por la recurrente, manteniendo el monto de las multas, fundado en que la alegación de infracción al principio de non bis in ídem es una alegación de fondo que no se encuentra comprendida dentro de las hipótesis del artículo 511 del Código del Trabajo, debiendo haberse ejercido la acción contemplada en el artículo 503 del mismo Código, sin perjuicio de lo cual aquella vulneración tampoco se configura pues las multas corresponden a hechos distintos, la primera por no comparecer a citación a la Dirección del Trabajo y la segunda por no exhibir al momento de la fiscalización toda la documentación laboral, lo que además se advierte en el formulario que notifica el procedimiento administrativo. Igualmente, al rechazar la reconsideración, se argumentó que se rechaza la solicitud de rebaja ya que no se acompañó antecedente alguno que permita justificar su incomparecencia o los documentos que le fueron solicitados.

Concluye que la actuación del recurrido se ajusta plenamente a las facultades otorgadas por la ley, conforme lo dispuesto en los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo, y 30, 31 y 32 del D.F.L. N° 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, sin que se advierta arbitrariedad alguna. Indica que conforme a las primeras de las normas citadas el Director del Trabajo está facultado para dejar sin efecto o rebajar las multas administrativas cuando se acredite fehacientemente que el afectado ha dado íntegro cumplimiento a las disposiciones legales, convencionales o arbitrales cuya infracción motivó la sanción, o cuando aparezca de manifiesto que se ha incurrido en un error de hecho al imponerse la multa, lo que no ocurrió, por lo que el recurrido se ha limitado única y exclusivamente a resolver conforme a derecho atendidas las obligaciones que le impone al empleador las normas del DFL citada e infracciones que expresamente prevé para quien no comparezca a las citaciones y no mantenga la documentación requerida.

Afirma que tampoco se han conculcado las garantías invocadas por la recurrente, no existiendo discriminación alguna, pues la autoridad se ha limitado a aplicar el procedimiento establecido en la ley, conforme a la normativa vigente, por la misma razón, no se está en presencia de una comisión especial, sin que haya existido en la instancia administrativa ejercicio de facultades jurisdiccionales propias de los tribunales ordinarios de justicia. Asimismo, tampoco se observa afectación al derecho de propiedad, pues no se le ha privado a la recurrente de derecho alguno, sino que se le ha multado por infringir la ley laboral.

Finalmente reitera petición del rechazo del recurso tanto en su petición principal como subsidiaria.

3°) Que ha de tenerse como hechos de contexto establecidos que a doña nombre reservado, el Inspector Provincial del Trabajo de Talagante rechazó, mediante resolución 362, de 26 de diciembre de 2019, reconsideración interpuesta por su parte en contra de las multas administrativas números 1621/19/43 1 y 1621/19/43 2. La primera de ellas por no comparecer a una citación de la Inspección del Trabajo, equivalente a un ingreso mínimo mensual y, la segunda, por no mantener toda la documentación necesaria para efectuar las labores de fiscalización, cuyo monto fue de diez ingresos mínimos mensuales.

El procedimiento en cuestión, deriva de una reclamación en sede administrativa y referida a la contratación informal de una persona, la señora nombre reservado, como asesora del hogar, esto es realizando labores domésticas, durante un período menor a seis meses.

4°) Que debe considerarse que el recurso de protección constituye un medio expedito y eficaz para prestar inmediato amparo al afectado cada vez que una garantía o derecho de los que se enumeran en el artículo 20 de la Carta Fundamental- estén o puedan estar amenazados, restringidos o coartados por actos voluntarios, ilegales y arbitrarios, ya provengan de una autoridad o de particulares. Por otro lado, se debe tener presente, que la decisión del recurso deja intactos los derechos y acciones que puedan corresponder al particular o a la autoridad involucrados y que el ordenamiento jurídico general o especial contempla al efecto.

5°) Que aun cuando deba reconocerse que la actividad fiscalizadora de la Dirección del Trabajo es consecuencia de las normas previstas en los artículos 2 inciso final y 505 del Código del Trabajo y en el artículo 1°, letras a), b) y d) del Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 1967, que radican en el Estado “la obligación de velar por el cumplimiento de las normas que regulan la prestación de los servicios”, y en cumplimiento de ese objetivo “la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y su interpretación corresponde a la Dirección del Trabajo”, así como la realización de toda acción tendiente a prevenir y resolver los conflictos del trabajo, sin perjuicio de las facultades que corresponden a otros servicios administrativos, es igualmente necesario tener en consideración que tales prerrogativas encuentran su límite, por cierto, en la potestad jurisdiccional que el artículo 73 de la Constitución Política de la República previene de manera exclusiva y excluyente para el Poder Judicial.

6°) Que, de allí, para definir en el marco de la acción cautelar intentada, es menester determinar si el acto cuestionado constituyó, modificó, alteró algún derecho, o hizo interpretaciones de orden jurídico, de tal modo de evaluar si su obrar se delimitó a las facultades legales que son propias del órgano administrativo, como autoridad fiscalizadora, bien de emanar del recurrido como Inspector Provincial del Trabajo de Talagante.

7°) Que, al emitir la Resolución 362 de 26 de diciembre de 2019, la recurrida dictaminó lo siguiente:

“2) En cuanto a las multas 1303.1621.2019.43-1-2, el empleador viene en alegar que ambas multas deben ser dejadas sin efecto por cuanto habrían infringido el principio de Non Bis In Idem, ademas las reglas de la lógica y de la proporcionalidad, por cuanto, la no comparecencia se debía a hecho ajenos a la voluntad del empleador, y por otro lado, el actuar de la inspección ha sido desproporcionado, por cuanto, no solo multó 2 veces por el mismo hechos, sino que, la incomparecencia no puede habilitar a la Inspección de aplicar todas las infracciones que aparecen en su tipificador de infracciones laborales. En subsidio viene en sollcitar la rebaja de las multas.

3) En cuanto a la alegación conjunta de que las multas habrían Infringido el principio del Non Bis In Idem, se debe dejar establecido que dicha alegación, es una alegación de fondo que no se encuentra comprendida en las hipótesis del art. 511 del C6digo del Trabajo, y por lo tanto, se debío deducir reclamación judicial de multa del art. 503 del C6digo del Trabajo.

4) Sin perjuicio a que dicha alegación corresponde ser resulta mediante reclamación judicial del art. 503 del Codigo del Trabajo, no se ha vulnerado el principio del Non Bis In Idem, por cuanto, ambas multas corresponden a hechos distintos, la primera por no comparecer a citación a la Dirección del Trabajo y la segunda por no exhibir al momenta de la fiscalización toda la documentation laboral. Se hace presente el actuar de la Inspección no es arbitrario por cuanto en el formulario que notifica el procedimiento administrativo, indica claramente que el empleador que no asista a la citación se verá expuesto a ser multado tanto por la Incomparecencia como por la no exhibición, lo que reafirma que ambas multas derivan de hechos distintos.

5) En cuanto a la solicitud de rebaja de las multa por haber acreditado Integramente la corrección de la Infracción, esta se deberá desestimar, por cuanto, en su reconsideración administrativa el empleador no acompaña documento alguno que permita en primer término justiflcar su incomparecencia, como tampoco, ninguno de los documentos que fueron solicitados en fiscalización.

6) Es por todos estos motivos que las multas 1303.1621.2019.43-1-2 se deben mantener en su monto original.

7) Por lo anterior y en virtud de las atribuciones conferidas al Director del Trabajo en los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo, Resolución Ex. N" 1231 de 03 de agosto de 2016, de la Dirección del Trabajo. publicada en el Diarlo Oficlal de fecha 10 de agosto de 2016.

8) Las atribuciones conferidas al suscrito, contenidas en el artículo 505 del Código del Trabajo y atendiendo a que el Infractor”.

8°) Que del examen de los antecedentes allegados al recurso aparece que los hechos tiene su origen en la comparecencia del Inspector del Trabajo al domicilio de la recurrente, dejando constancia de la Resolución de Multa N° 1621/19/43 de 20 de junio de 2019, que:

“1.- No comparecer el empleador en forma personal o por intermedio de mandatario o apoderado, sin causa justificada, a la inspección del trabajo habiéndose verificado que el empleador fue citado bajo apercibimiento legal para la fecha y hora según el siguiente detalle: citación entregada en el domicilio fiscalizado con fecha 18/06/2019 para el día 20/06/2019, día en que nadie comparece en representación del fiscalizador.

2.- No mantener en el establecimiento o faena, toda la documentación que deriva de las relaciones de trabajo, necesaria para efectuar las labores de fiscalización, según el siguiente detalle: contrato de trabajo, registro de asistencia, comprobante de pago de remuneraciones, planillas de cotizaciones previsionales desde el 01/01/2019 hasta el 18/06/2019. Lo anterior, respecto de los trabajadores que a continuación se indican: Sra. nombre reservado”.

9°) Que, asimismo, en el “Informe de Exposición” emitido por el órgano fiscalizador se registra en relación a las materias: “Informalidad laboral: No declaración ni pago de cotizaciones previsionales. Informalidad laboral: No escriturar contrato de trabajo.

Materias agregadas: D.F.L. N°2 de 1967, del ministerio de trabajo y previsión social: No comparecer a citación de la Inspección del Trabajo. D.F.L. N°2 de 1967, del ministerio de trabajo y previsión social: No mantener la documentación necesaria para efectuar las labores de fiscalización.

2.- Preparación de la visita: Se revisó el sistema informático de la Dirección del Trabajo, DT PLUS, encontrándose en los últimos doce meses los siguientes registros para el fiscalizado: No hay registros para el fiscalizado con el rut señalado. 3.(…)

4.- Período y documentación revisada: Período investigado: en el lugar no hay personal con facultades, se pide documentación de la denunciante e indican que no hay nada, se deja citación y nadie comparece. No es posible revisar documentación.

5.- Entrevista a trabajadores: La persona que se encuentra en el domicilio fiscalizado señala que es la prima de la denunciada, el domicilio corresponde a una casa particular donde no se encuentran más personas al momento de la visita. Se llama por teléfono a la denunciante quien señala que ha prestado servicios desde diciembre de 2018 hasta el 15/05/2019 desempeñándose como trabajadora de casa particular, que ha interpuesto 2 reclamos y que la denunciada no ha comparecido a ninguno de los dos y que seguirá sus acciones en tribunales.

6.- Bilateralidad: En el lugar no se encuentra la empleadora, la puerta la abre una persona quien señala ser la prima de la denunciada, se le deja citación para el día 20/06/2019 y esta no comparece.

II.- Hechos constatados en relación a las materias fiscalizadas:

Informalidad laboral: No declaración ni pago de cotizaciones previsionales. Informalidad laboral: No escriturar contrato de trabajo.

En el lugar se solicita contrato de trabajo, registro de asistencia, comprobante de cotizaciones previsionales, comprobante de pago de remuneraciones, la persona que se encuentra en el lugar señala que no hay documentación de la denunciante. Se deja citación para el día 20/06/2019, se hacen 3 llamados a viva voz y empleadora no comparece.

No es posible revisar las materias debido a que empleadora no comparece a citación.

(…)

10°) Que de lo antes colacionado, queda en evidencia que el órgano recurrido, en cuanto a la sanción por no mantener documentación en el establecimiento o faena, por la actuación de uno de sus funcionarios decidió acerca de la eventual existencia, validez y vigencia de la relación con trabajadora nombre reservado, todo por medio de la interpretación de las normas atingentes y sobre la base de la calificación de supuestos de hecho que al menos resultan cuestionables, de lo que derivó la imposición de una de las multas que por esta vía se impugnan.

11º) Que ha de tenerse en cuenta que la facultad que se otorga al órgano administrativo, como hemos dicho, sólo debe ejercerse racionalmente, cuando ésta sea la consecuencia de labores de fiscalización en que se sorprenda la perpetración de una infracción de manera clara, precisa y determinada. Lo que cobra especial relevancia, en aquellos casos en que la sanción a imponerse sea de cierta relevancia pecuniaria, atendidos los propósitos y principios que guían o inspiran la punición de esta clase de contravenciones administrativas.

12°) Que de lo señalado resulta manifiesto que la recurrida de autos, parcialmente, al obrar de la manera indicada, desestimando la reconsideración administrativa – y ratificar el actuar del fiscalizador que concurrió al domicilio de la actora, para imponer la multa por “No mantener en el establecimiento o faena, toda la documentación que deriva de las relaciones de trabajo, necesaria para efectuar las labores de fiscalización-, se arrogó funciones jurisdiccionales y, por tanto, cometió un acto arbitrario e ilegal que amaga la garantía constitucional contemplada en el inciso 4° del N° 3 del artículo 19 de la Carta Fundamental, por arrogarse facultades de competencia de los órganos establecidos para ello. Corresponde entonces a esta Corte restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del perjudicado de la forma que se dirá en lo resolutivo, acogiendo, parcialmente, así la pretensión cautelar invocada;

13°) Que, en torno a la multa impuesta por la no comparecencia a la Inspección del Trabajo, lo cierto es que ello fue constatado, y citada formalmente la ahora pretendiente, quién por lo demás reconoce su ausencia ante el órgano administrativo, no obstante su emplazamiento. De allí, no se divisa en esa perspectiva un actuar reprochable que permita una intervención cautelar.

De conformidad a lo expuesto, lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se acoge, en parte, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en contra de don nombre reservado, Inspector Provincial del Trabajo de Talagante, solo en cuanto se deja sin efecto la resolución N° 362, de 26 de diciembre de 2019, emanada de esa Inspección del Trabajo, por la cual se ratifica la imposición de la multa administrativa de diez unidades tributarias mensuales en lo relativo a no mantener en el establecimientos o faena, toda la documentación que deriva de las relaciones de trabajo, sin costas.

Redacción del Ministro Sr. Roberto Contreras Olivares Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N° 1211-2020-Protección.

Pronunciada por la Tercera Sala-Zoom de la Iltma. Corte de Apelaciones de San Miguel integrada por los ministros Sr. Roberto Contreras Olivares, Sra. Dora Mondaca Rosales y Sra. Claudia Lazen Manzur.