nombre reservado con INMOBILIARIA ALTO CANTILLANA S.A.

San Miguel, dieciocho de noviembre de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que los abogados Agustín Prado Villegas y Claudia Pacheco Acevedo, en representación de don nombre reservado, ingeniero civil industrial, domiciliado en domicilio reservado, Región Metropolitana, interponen acción constitucional de protección en contra de Inmobiliaria Alto Cantillana S.A., representada legalmente por don nombre reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, Ruta G-546, de la misma comuna, por haber incurrido, según denuncian, en “los actos ilegales y/o arbitrarios que han cometido, en especial, el corte de suministro de energía eléctrica de fecha 6 de marzo de 2024”.

Exponen que su representado es dueño de la Parcela N° 21, de la Parcelación denominada “Alto Laguna”, ubicada en las cercanías de la Laguna de Aculeo, comuna de Paine, Región Metropolitana, y lo es, también, de los derechos proporcionales que a dicha parcela le corresponden en los bienes que de acuerdo al “Reglamento de Orden Interno y Normas Comunes” presentan el carácter de bienes de dominio común. Detallan los datos de la inscripción la propiedad.

Indican que el inmueble se encuentra emplazado dentro de la Parcelación “Alto Laguna” que actualmente es administrada por la sociedad recurrida, Inmobiliaria Alto Cantillana S.A.

Reseñan, como antecedente de contexto preliminar, que, el 18 de abril de 2001, Bósforo Sociedad de Rentas Limitada e Inversiones y Asesorías Sierling, en su calidad de dueñas –a esa fecha– de todas y cada uno de los inmuebles que formaban parte de la Parcelación, otorgaron por escritura pública el Reglamento N° 229, el que posteriormente fue modificado por escritura pública de 19 de diciembre de 2001. Expresan que éste tuvo por objeto establecer un: (i) reglamento de “copropiedad”, orden interno y normas generales de administración; y (ii) un régimen de servidumbre; condiciones que aparentemente afectarían, entre otros, al inmueble de su representado en virtud de la modificación señalada. Añaden que las sociedades individualizadas plasmaron la necesidad de otorgar este instrumento en el siguiente sentido: “atendida la necesidad básica de administrar, coordinar y encausar las diversas relaciones de orden interno que necesariamente surgen en una parcelación como la descrita precedentemente y con el fin de obtener un mayor beneficio de las propiedades por parte de sus adquirentes”.

Hacen presente que, en el Reglamento, se establecen las atribuciones del administrador de la Parcelación y que sus funciones son las de velar por la fiel observancia de aquella preceptiva, llevar un libro de ingresos y egresos, recaudar los gastos comunes y mantener los bienes comunes en óptimo estado de conservación.

Aclaran que, sin perjuicio de no ser vinculante el Reglamento para su representado, por no ser aplicable la Ley N° 21.442, y no haberse acogido al régimen de copropiedad inmobiliaria, lo cierto es que este documento no hace ninguna mención respecto a la distribución y suministro de energía eléctrica y, mucho menos, otorga facultades a la Inmobiliaria para distribuir la energía y cobrar precios exorbitantes.

Comunican que la Inmobiliaria Alto Cantillana S.A. –según declara en su propia página web– se encarga de la administración de la Parcelación, lo que implica: (i) suministrar energía eléctrica mediante redes subterráneas; (ii) garantizar el suministro de agua rural “a través de una red en el parque, con inversiones que respaldan nuestra autonomía durante los próximos 10 años”. Agregan que los distintos propietarios de las parcelas ingresan al portal web, en el que, ingresando su usuario y contraseña, pueden visualizar las cuentas de agua y luz que emite la Inmobiliaria, y proceder al pago en la cuenta corriente.

En cuanto a la distribución de energía realizada por la recurrida, refieren que, desde el arribo del recurrente al inmueble, éste tomó conocimiento de que el suministro eléctrico “es recibido” de parte de la Compañía General de Electricidad S.A. (C.G.E) a la Inmobiliaria a través del sistema de alta tensión, y ésta a su vez “sub-distribuye” –y revende– a todos los propietarios. Así, el suministro eléctrico no es provisto a los propietarios de las parcelas directamente por una empresa distribuidora concesionada, sino que, por la propia Inmobiliaria, la cual actúa de facto como distribuidora, sin contar con concesión ni autorización alguna para ello.

Puntualizan que esta situación se materializa mediante la emisión de estados de cuenta mensuales por parte de la Inmobiliaria Alto Cantillana S.A. a los distintos propietarios de las parcelas, en los que se consigna el cobro por consumo eléctrico, acompañado de recargos, intereses y gastos administrativos, sin que medie contrato de suministro ni facturación emitida por una empresa reconocida por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles; y sin que exista facturación o comprobante de pago emitido por la Inmobiliaria que permita acreditar la efectividad del pago del suministro eléctrico.

A modo de ejemplo, adjuntan el estado de cuenta emitido, respecto de su representado, por la recurrida, correspondiente a diciembre de 2024, en el cual se verificarían los precios excesivamente cobrados, describiendo distintas irregularidades en este documento.

Apuntan a que la Inmobiliaria figura como único cliente regulado ante C.G.E. S.A., en virtud del N° de cliente 5910203, según se desprende del documento de facturación que acompañan al libelo. Hacen notar que en aquel consta que la compañía de electricidad realiza el suministro de energía directamente a la Inmobiliaria, quien, a su vez, redistribuye y revende la energía a los propietarios de los distintos inmuebles de la Parcelación, sin contar con ninguna autorización para ello, actuando como distribuidora y fijando unilateralmente precios y condiciones del suministro.

Refieren que, en completo desconocimiento de este hecho y con el objeto de reducir los excesivos costos por el suministro eléctrico, su representado buscó hacer uso de su derecho a la generación distribuida para autoconsumo, reconocido en la Ley N° 20.571 (“LEY NETBILLING”) y su respectivo Reglamento, contenido en el Decreto Supremo N° 57 del Ministerio de Energía. Explican que La Ley Netbilling establece el derecho a autoabastecerse en el consumo eléctrico a través de equipos de generación propia de energía eléctrica por medios renovables no convencionales, e inyectar los excedentes de energía a la red, recibiendo una compensación económica por ello. Adicionan que, para poder acogerse a esta norma, el recurrente instaló en su propiedad una planta solar fotovoltaica de 5.000 Wp (máxima potencia que puede alcanzar), con el objetivo de autoabastecerse y reducir su dependencia de la energía provista por la Inmobiliaria. Anexan imágenes relativas a la planta solar y su información técnica.

Relatan que la planta fue instalada en octubre de 2020, que comenzó a operar el 28 de noviembre de ese mismo año, y que el inversor de la planta es SMA, una de las marcas más prestigiosas a nivel mundial, cuestión que permite que la planta deje registro de todos los sucesos vinculados al suministro de energía (cortes de energía, códigos de errores, desconexiones por sobre voltaje, bajo voltaje, etc.) Adicionan que, al instalar la planta solar, el actor efectuó diversas pruebas para analizar su operatividad, percatándose que su re-marcador (aquel instalado originalmente por la Inmobiliaria) contabilizaba las inyecciones de energía provenientes de la planta como consumo, lo que se producía porque aquel dispositivo no era “bidireccional”, por lo que no registraba la energía que se producía con el sistema fotovoltaico de su representado.

Narran que, con el objeto de acogerse a este derecho y corregir la situación del medidor, el recurrente presentó una solicitud a la Inmobiliaria Alto Cantillana S.A., para cambiar el re-marcador a uno bidireccional, de manera que pudiera contabilizar de forma adecuada su consumo e inyección de energía y que, la recurrida informó que, al ser ésta la encargada de distribuir la energía, la inspección y autorización debía realizarse exclusivamente con la Inmobiliaria.

Mencionan que la recurrida acogió la solicitud del recurrente, procediendo a seleccionar, comprar e instalar un re-marcador bidireccional a través de técnicos externos, previa inspección y verificación de la planta solar; siendo todo supervisado por el entonces administrador de la Inmobiliaria Alto Cantilla S.A., nombre reservado. Pormenorizan que las exigencias de la empresa para aceptar el cambio de re-marcador, fueron: (i) que todas las gestiones fueran solventadas por su representado, quien aceptó sin reparos; y (ii) que, en caso de generarse excedentes para él, la Inmobiliaria no haría pago alguno en dinero, pudiendo únicamente realizarse una devolución de energía (no en dinero) en los meses en que resultara mayor el consumo que la inyección.

Dicen que, luego del cambio del re-marcador y durante cuatro años, la Inmobiliaria Alto Cantillana S.A. toleró, aceptó y consintió que las inyecciones realizadas por la planta del recurrente, fueran eficaces para “compensar” cualquier tipo de consumo que se hiciera de la red energética que era re-distribuida ilegalmente por la empresa.

Expresan que, en la práctica, con la energía inyectada en los meses de alta generación solar (primavera y verano), el consumo de electricidad registrado en la cuenta del actor llegaba a 0 kWh todo el año, por lo que sólo debía pagar el cargo fijo de la cuenta eléctrica, valores que siempre fueron pagados a la Inmobiliaria.

Recalcan que lo expuesto generó una verdadera creencia en su representado de que el status quo se mantendría de la misma manera.

Manifiestan que, en diciembre de 2025 (sic), la recurrida desconoció abruptamente el derecho de su representado a descontar la energía inyectada a la red y comenzó a cobrar tarifas excesivas y desproporcionadas, sin invocar ningún fundamento técnico ni jurídico que justificara dicha modificación.

Comentan que, el 25 de febrero de 2025, el recurrente recibió una carta de la Inmobiliaria Alto Cantillana S.A., la cual transcriben, en la que se desconocía completamente el cambio de re-marcador que ella misma había autorizado e instalado, alegando falsamente que no existía registro del procedimiento. Suman a ello que el recurrente respondió, a través de correo electrónico, el 2 de marzo de 2025, en el cual explicó detalladamente que el cambio de re- marcador fue realizado por personal de la propia empresa, con su autorización expresa y consentimiento. Afirman que, no obstante, sin considerar las justificaciones entregadas ni otorgar instancia alguna de defensa, la recurrida incurrió en el acto ilegal y arbitrario que por medio de esta acción se impugna.

Así, acusan que el 6 de marzo de 2025, sin dictarse resolución previa, sin notificación formal alguna, ni intervención de autoridad competente, la Inmobiliaria Alto Cantillana S.A. procedió a cortar el suministro eléctrico del inmueble, afectando gravemente las condiciones de vida de su representado, y que, a la fecha de interposición de su libelo, la suspensión del suministro eléctrico persiste, manteniéndose a su representado sin acceso a un servicio básico, esencial y de carácter público, conculcándose con ello de manera flagrante sus garantías constitucionales.

A continuación, en lo concerniente al acto ilegal y arbitrario que se denuncia, sustentan que éste consiste en el corte unilateral e injustificado del suministro eléctrico ejecutado por la recurrida el 6 de marzo de 2025, cuestión que a su vez deriva de su comportamiento, de facto, como una empresa distribuidora de suministro de energía, sin cumplir con requisitos ni exigencias legales para realizar dicha actividad.

Postulan que lo anterior no sólo configura un acto de autotutela, proscrito por el ordenamiento jurídico, sino que también vulnera flagrantemente derechos fundamentales de su representado, afectando y amenazando de manera grave e inmediata: (i) el derecho a la vida y a la integridad física; (ii) la igualdad ante la Ley; (iii) el derecho a un proceso racional y justo; y, (iv) el derecho de propiedad. Citan jurisprudencia que avala su postura.

Puntualizan que el corte unilateral del suministro eléctrico constituye un acto manifiestamente ilegal y arbitrario, ejecutado sin facultad legal ni contractual que lo habilite. Reproduce jurisprudencia pertinente e informan que no existe contrato suscrito entre su representado y la Inmobiliaria, y que tampoco existe alusión a esta materia en el Reglamento.

Especifican que las únicas normas legales que contemplan expresamente una hipótesis de corte de suministro eléctrico se encuentran en el artículo 147 del Decreto N° 327 del Ministerio de Minería, y en el artículo 20 de la Ley N° 21.442 sobre Copropiedad Inmobiliaria. Precisan que, sin embargo, estas disposiciones no resultan aplicables en la especie, ya que la recurrida no es una concesionaria de suministro eléctrico debidamente constituida y la Parcelación no se encuentra acogida al régimen de copropiedad inmobiliaria.

Infieren, entonces, que no concurre ninguno de los presupuestos exigidos por la ley para justificar la suspensión del suministro, configurándose así una actuación carente de fundamento legal y a todas luces arbitraria.

A mayor abundamiento, sostienen que la ilegalidad y arbitrariedad del corte de suministro eléctrico ejecutado por la Inmobiliaria Alto Cantillana S.A. no sólo se manifiesta en la forma en que se materializó el corte de suministro el 6 de marzo de 2025, sino que se origina en un actuar completamente contrario a derecho, ya que ha asumido funciones propias de una empresa concesionaria distribuidora de energía eléctrica sin contar con habilitación para ello, y actuando en la completa informalidad, respecto de un servicio público tan sensible y peligroso como la electricidad; lo que agrava aún más la vulneración de derechos fundamentales del recurrente.

Dan a conocer en qué consiste la distribución de energía eléctrica y vinculan a ello el artículo 7 de la Ley General de Servicios Eléctricos, que califica esta actividad como un servicio público; para luego aludir que su ejercicio se encuentra regido por los principios de continuidad, regularidad, uniformidad, obligatoriedad y permanencia, todos los cuales han sido abiertamente vulnerados por la inmobiliaria al operar como un agente no autorizado del sistema eléctrico.

Acentúan que el principio de regularidad implica que cada una de las actividades vinculadas al suministro eléctrico –generación, transmisión y distribución– se encuentran sometidas a normas de orden público, y que la Ley General de Servicios Eléctricos y el Decreto N° 327 del Ministerio de Minería que contiene su reglamento, disponen que la distribución de electricidad sólo puede realizarse mediante una concesión de servicio público (artículo 16 de la ley indicada), y que las distribuidoras están obligadas a atender a cualquier usuario dentro de su zona de concesión (artículo 125 de la Ley General de Servicios Eléctricos y artículo 105 del Decreto N° 327); porque el suministro eléctrico es un servicio público, lo que impone al Estado el deber de regular, controlar y autorizar su ejercicio.

Aducen que, en relación con los denominados subsistemas de distribución, el artículo 130 del Decreto N° 32712 y la “NCh Elec. 4/2003. Electricidad. Instalaciones de consumo en baja tensión”, obligatoria en su contenido, establecen con claridad los requisitos técnicos y jurídicos que deben cumplirse para su legal funcionamiento –los que enumeran- y que esta última prohíbe expresamente la operación de redes eléctricas por particulares no habilitados, y la distribución a terceros sin cumplir los requisitos normativos allí consignados; como, asimismo impone la obligación de justificar económicamente su existencia, en el sentido de que se demuestre que operar como subsistema de distribución implica beneficios económicos superiores a los que obtendrían los usuarios si se conectaran directamente a la red pública. Copian jurisprudencia relativa a este tópico.

Arguyen que la inmobiliaria ha implementado una red subterránea interna, instalada sin autorización, con remarcadores individuales por parcela, y cobrando a cada usuario una tarifa arbitraria y excesiva por el servicio eléctrico, asumiendo funciones propias de una empresa distribuidora sin cumplir ninguna de las condiciones exigidas por la normativa técnica; poniendo en riesgo directo la seguridad de las personas, los bienes, y la continuidad del servicio, al no existir verificación técnica de las instalaciones, ni planes de contingencia, ni mantenimiento autorizado.

Destacan que la red subterránea implementada por la Inmobiliaria Alto Cantillana S.A. no ha sido utilizada únicamente para el suministro irregular de energía, sino que ha servido también como instrumento para ejercer el control arbitrario y discrecional del acceso a este servicio esencial, incluyendo el corte unilateral e ilegal del suministro eléctrico al recurrente el 6 de marzo de 2025. Y esgrimen que la recurrida no sólo revende energía sin autorización, sino que lo hace a precios desproporcionados, sin contrato formal, sin mecanismos de transparencia tarifaria, y sin estar sujeta a ningún tipo de fiscalización.

En lo que toca a las garantías fundamentales vulneradas, en primer lugar, aseveran que existe una amenaza evidente, grave y concreta al derecho a la vida y a la integridad física del recurrente, consagrado en el artículo 19 N° 1 de la Carta Fundamental, la que emana directamente del riesgoso e irregular suministro eléctrico que presta la Inmobiliaria, actuando fuera de todo marco regulatorio, sin contar con fiscalización por parte de la autoridad competente. También, copian el artículo 139 de la Ley General de Servicios Eléctricos, resaltando que es un deber mantener las instalaciones de energía eléctrica de uso privado en buen estado y en condiciones de evitar peligro para las personas o cosas, de acuerdo a las disposiciones reglamentarias correspondientes. Fundamentan que la Norma Técnica de Servicio para Sistemas de Distribución, es de cumplimiento obligatorio para todo agente que preste el servicio de distribución eléctrica. Para culminar, denuncian que la Inmobiliaria Alto Cantillana S.A. ha diseñado un sistema de distribución de energía con empalmes y medidores no verificados, que no cumplen con los estándares de diseño, instalación, mantenimiento, ni protocolos establecidos en la normativa vigente; lo que constituye una amenaza directa y permanente a la seguridad del actor y su familia, quienes se encuentran expuestos a cortes intempestivos, sobrecargas, fallas técnicas no supervisadas y sin canales formales de reclamo ante la autoridad competente.

En segundo lugar, argumentan que el acto ilegal y arbitrario es un atentado a la garantía constitucional de igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República. Plantean que la normativa eléctrica, y en particular la calificación de la distribución de energía como un servicio público, conlleva el establecimiento de principios y reglas orientadas a garantizar el acceso equitativo, continuo, regular y no discriminatorio de todos los usuarios al suministro de energía eléctrica. Alegan que, en la especie, su representado no tiene la posibilidad de negociar individualmente las condiciones del suministro eléctrico, por lo que debe necesariamente acceder bajo las tarifarias públicas. Reprochan que los términos del suministro han sido alterados por la Inmobiliaria Alto Cantillana S.A., la que se ha arrogado el rol de distribuidora, imponiendo precios desproporcionados y condiciones contractuales unilaterales; mientras otros usuarios, en igualdad de condiciones, acceden al suministro eléctrico directamente a través de una empresa concesionaria autorizada y bajo tarifas reguladas. Anexan un cuadro comparativo entre los montos cobrados por la Inmobiliaria por concepto de consumo eléctrico y los valores que corresponderían conforme a las tarifas reguladas por la empresa distribuidora autorizada.

Afirman que se afecta el principio de obligatoriedad, que impone a los proveedores regulados la prestación del servicio sin discriminación, cuestión que se desprende de los artículos 79 y 125 de la Ley General de Servicios Eléctricos. Asimismo, refieren que se infringe el principio de continuidad, consagrado en el artículo 131 de la misma ley, según el cual el suministro debe entregarse sin interrupciones y que, pese ello, su representado se halla bajo la amenaza constante de corte unilateral del suministro eléctrico. Por último, sustentan que se ve infringido el principio de uniformidad, toda vez que éste exige que la prestación del suministro eléctrico se efectúe sin discriminaciones entre todos los interesados.

En tercer lugar, estiman infringidos el principio del debido proceso y la prohibición de ser juzgado por comisiones especiales, garantía consagrada en el artículo 19 N° 3, inciso 5° de la Constitución Política de la República, ya que el ordenamiento jurídico proscribe la “autotutela” o justicia por mano propia, exigiendo que cualquier controversia sea resuelta por los órganos jurisdiccionales establecidos por la ley, señalando que en el presente caso, la recurrida, de manera unilateral y sin contar con facultades legales, ha decidido cortar el suministro eléctrico del actor, lo que representa un acto de autotutela inadmisible, pues la Inmobiliaria Alto Cantillana S.A. se ha arrogado funciones jurisdiccionales que no le competen, desconociendo un derecho adquirido por el recurrente. Reproduce jurisprudencia al efecto.

Hacen hincapié en que no concurren en la especie los presupuestos habilitantes establecidos en el artículo 147 del Decreto Supremo N° 327, ni en el artículo 20 de la Ley N° 21.442, sobre Copropiedad Inmobiliaria, que autoricen la suspensión del suministro de energía. Finalmente, expresan que tampoco existe facultad contractual alguna que permita a la recurrida. ejecutar la medida de fuerza que por esta vía se impugna, y que la relación entre las partes no está regulada por contrato de suministro, ni por reglamento interno válido.

En cuarto lugar, plantean la conculcación del derecho de propiedad del recurrente, garantizado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, ya que el corte unilateral de suministro eléctrico, por la Inmobiliaria Alto Cantillana S.A. ha privado a su representado del uso pleno sobre su inmueble. Dicen que éste es su residencia familiar, resultando la electricidad indispensable para desarrollar las actividades cotidianas: conservación de alimentos, climatización, iluminación, uso de electrodomésticos y artefactos tecnológicos, entre muchos otros. A ello, suman que la electricidad permite el acceso al agua en el Inmueble, ya que el sistema de abastecimiento de este servicio depende íntegramente del funcionamiento de bombas eléctricas. Explican que una de ellas extrae el agua desde un pozo profundo; mientras que una segunda bomba la impulsa automáticamente hacia la vivienda. Por ende, asevera que la interrupción del suministro eléctrico impide completamente el acceso al agua.

Solicitan acoger el recurso, declarando que el actuar de la Inmobiliaria Alto Cantillana S.A. ha sido ilegal y arbitrario, y disponer de todas las medidas necesarias tendientes a restablecer el imperio del derecho, ordenar a recurrida reestablecer el suministro eléctrico de forma inmediata y permanente; remitir los antecedentes a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, para que regularice la situación de suministro eléctrico en la Parcelación “Alto Laguna”, y para que determine las eventuales infracciones de la recurrida; todo, con expresa condena en costas.

Acompañan los siguientes documentos: i) Inscripción de dominio del Inmueble, inscrito a fojas 3.560, número 4.679, del Registro de Propiedad del año 2016, del Conservador de Bienes Raíces de Buin; ii) Avalúo fiscal del inmueble, emitido por el Servicio de Impuestos Internos; iii) Escritura pública de 18 de abril de 2001, en la que consta el Reglamento N° 229 sobre orden interno y normas generales de administración; iv) Escritura pública de 19 de diciembre de 2001, en la cual consta la modificación al Reglamento N° 229; v) Estado de cuenta emitido al actor por la Inmobiliaria, correspondiente a diciembre de 2024; vi) Facturación emitida por C.G.E. S.A. a la recurrida, de 1 de diciembre de 2024; vii) Fotografía de paneles solares; viii) Cuenta de luz emitida por la Inmobiliaria Alto Cantillana S.A. al recurrente, de 14 de septiembre de 2024; ix) NCh Elec. 4/2003 emitida por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles; x) Cuadro de Tarifas de suministro eléctrico a precio traspasable a consumos igual o menores a 350 kWh, vigentes a partir del 1 de noviembre de 2024.

Segundo: Que evacúa informe Javier Ossa Dagnino, abogado, en representación convencional de Inmobiliaria Alto Cantillana S.A., aseverando que corresponde el rechazo de la acción de protección, en primer lugar, por no existir acto ilegal o arbitrario que pueda atribuirse a su representada, ni tampoco afectación a garantías constitucionales, y, en segundo término, por no haber perjuicio reparable por medio de esta vía de impugnación.

Comienza, su informe, aclarando que no concurre perjuicio porque a la fecha de emisión de este informe, el recurrente posee suministro eléctrico en su domicilio, el que obtiene a través de una planta fotovoltaica de 5.000 wp, lo que provoca su independencia respecto del suministro de energía que provee la línea eléctrica particular de propiedad de la Inmobiliaria, a tal punto que, según señala el actor en el punto 32 de su presentación, durante todo el año registra un consumo de O KwH, es decir, no utiliza el suministro que proviene de la línea eléctrica particular y pretende “inyectar” aquellos excedentes que provoca su planta a la red de la parcelación, lo que materialmente resulta imposible.

Postula que el recurso de protección posee irremediables contradicciones, que dejan en evidencia la falta de fundamento fáctico de la acción, ya que no resulta serio sostener que la línea eléctrica particular, de propiedad de Inmobiliaria Alto Cantillana S.A, constituye un grave peligro para la vida e integridad física del recurrente, y acto seguido, solicitar, en el petitorio, que se reestablezca dicho suministro eléctrico, sobre todo, teniendo en consideración que la propia parte acompaña antecedentes, a estos autos, que permiten concluir que posee absoluta independencia respecto del suministro de energía eléctrica exterior, proveyéndose de energía mediante la planta fotovoltaica, cuyos excedentes pretende imponer a su representada.

Asegura que la Inmobiliaria no es proveedora y tampoco distribuidora de energía eléctrica, no resultando aplicable, en la especie, las disposiciones de la Ley 20.571, pues ésta permite a los usuarios finales, sujetos a fijación de precios, que dispongan de su propio consumo de equipamiento de generación de energía eléctrica por medios renovables no convencionales, a inyectar la energía que de esta forma generen, a la red de distribución de la concesionaria de servicio público de distribución, quien deberá velar por la habilitación de las instalaciones destinadas a inyectar los excedentes a la respectiva red de distribución.

Precisa que la Inmobiliaria Alto Cantillana S.A. es dueña de la red eléctrica de la Parcelación Alto Laguna, siendo en consecuencia una red privada, no siendo factible “inyectar” aquellos excedentes que eventualmente pudiera generar la planta fotovoltaica del recurrente, puesto que la línea eléctrica privada no posee los equipos ni las instalaciones para que se puedan recibir, no encontrándose tampoco obligada a la habilitación de dichos recursos materiales.

Relata que el recurrente, de forma unilateral y sin contar con el consentimiento ni autorización de la Inmobiliaria Alto Cantillana S.A, procedió a cambiar el re - marcador de consumo eléctrico, por uno “bidireccional”, que permitiera registrar la energía que producía su sistema fotovoltaico, trasladando incluso de ubicación el dispositivo al interior de la Parcela Nº 21, lo que impedía a personal de su representada tomar la lectura respectiva, no permitiendo el acceso a la propiedad, para los efectos de tomarla. Reseña que la Inmobiliaria, el 25 de febrero de 2025, envió una carta al propietario de la Parcela 21, informando que se había efectuado el cambio de re-marcador instalado por Inmobiliaria Alto Cantillana S.A., sin contar con autorización para aquello, no existiendo ningún registro respecto al supuesto requerimiento de sustitución de re – marcador, así como tampoco registro alguno de autorización para realizar dicha intervención, razón por la cual, se le informó que se realizaría una mantención y actualización de los dispositivos, dejando sólo aquellos que están autorizados por la recurrida, al tratarse de una red de propiedad privada.

Especifica que su representada actúa como agente recaudador por intermedio de la línea o tendido eléctrico particular de que es propietaria, puesto que posee un contrato de suministro de energía eléctrica, por cuya virtud, C.G.E. Distribución S.A, se obliga a suministrar energía eléctrica en un punto de entrega convenido con la Inmobiliaria Alto Cantillana S.A, ubicada en el mismo lugar, la que por intermedio de su línea eléctrica particular debe abastecer de energía a las parcelas que forman parte de la Parcelación, que en total son 170. Detalla que, a través de los re-marcadores, de su propiedad, mide los consumos de las diferentes parcelas, para los efectos de proceder a la recaudación de los dineros y efectuar el pago al proveedor de energía eléctrica.

Explica que, en el caso de zonas rurales, las empresas privadas encargadas de prestar servicios de electricidad, transmiten y distribuyen el suministro eléctrico hasta un punto de entrega, en este caso, el empalme de propiedad de la Inmobiliaria Alto Cantillana S.A,; y luego, por medio de líneas privadas, se lleva la energía a los usuarios finales, en la especie, los propietarios de las parcelas que forman parte de la parcelación, pues, las referidas compañías sólo se encuentran obligadas a transmitir y distribuir el suministro eléctrico al usuario final, en zonas urbanas, lo que no aplica en el caso de marras, dado que la propiedad del recurrente se encuentra emplazada en un loteo rural, donde la Compañía General de Electricidad no distribuye al usuario final, sino, a un punto de entrega, debiendo en consecuencia, la Inmobiliaria Alto Cantillana S.A. llevar el suministro hasta el consumidor final. Puntualiza que en aquellos casos en que no es posible suministrar energía eléctrica de forma directa al consumidor final, existe la denominada “Factibilidad Masiva”, que es lo que ocurre en el caso concreto, donde el suministro eléctrico no es proporcionado en forma directa al consumidor, sino, mediante la utilización de los denominados “empalmes concentrados”, que permite la conexión de todos los empalmes en forma simultánea; es decir, C.G.E. Distribución S.A. provee de suministro eléctrico a un empalme ubicado en la Parcelación, que luego es dirigido a cada usuario por medio de la línea eléctrica particular, debiendo recaudar la Inmobiliaria los fondos que corresponden al consumo de cada usuario, para los efectos de proceder al pago de la factura emitida por la Compañía.

Narra que, en este contexto, el actor se negó injustificadamente a efectuar los pagos del servicio eléctrico que correspondían, manteniendo una mora de más de 90 días, manteniendo cuentas impagas desde noviembre de 2024, y a su vez, seguía haciendo uso del suministro eléctrico, en circunstancias que la Inmobiliaria debía seguir pagando al proveedor CGE Distribución S.A. los consumos adeudados por recurrente, razón por la cual, luego de diversos requerimientos de pago, todos ignorados por aquel, el 6 de marzo de 2025 se cortó el suministro, utilizando el actor, desde esa fecha hasta ahora, su planta fotovoltaica, para los efectos de proveerse de energía eléctrica, siendo falso, en consecuencia, que no detenta luz ni agua, como consecuencia del corte de suministro eléctrico.

Precisa que la Inmobiliaria Alto Cantillana S.A mantiene vigente un contrato de suministro de energía eléctrica con CGE Distribución S.A. que originalmente había suscrito con Ingeniería y Transporte Alto Laguna Limitada, la que el 3 de septiembre de 2015 cedió la línea eléctrica a la Inmobiliaria, por cuya virtud se hizo dueña de la línea eléctrica particular compuesta por postes, transformadores y otros elementos necesarios para su funcionamiento, ubicado en la Parcelación rural denominada “Alto Laguna”, tendido eléctrico que se encuentra consignado a la empresa Compañía General de Electricidad S.A., que es un servicio amparado bajo el número de cliente Nº5910203, en virtud del Contrato de Suministro de Energía Eléctrica suscrito entre C.G.E. Distribución S.A. y la sociedad Ingeniería y Transporte Alto Laguna Limitada, de 1 de febrero de 2006, por una potencia conectada de 500 KvA, en el punto de entrega denominado “Alto Laguna”, Aculeo, comuna de Paine, en un nivel de tensión normal de 15 kV, 50 Hz.

Pormenoriza que, en razón de dicho contrato, la Inmobiliaria Alto Cantillana S.A se hizo dueño de los transformadores Pad Mounted de 200 KvA, generadores eléctricos, cables de tendido eléctrico, postes de tendido, cajas de empalme, re – marcadores, que el recurrente unilateral y arbitrariamente retiró – automáticos monofásicos, mufas trifásicas, subestaciones pad mounted, ductos y canalizaciones eléctricas y todo el mobiliario e instalaciones eléctricas de la Parcelación Alto Laguna, tanto en baja tensión, como en media tensión, todo lo cual conforma el tendido eléctrico en su conjunto.

Sustenta que yerra el actor al sostener, en el cuadro comparativo de su presentación, que existirían diferencias porcentuales en cuanto al precio que por cada concepto fija la Inmobiliaria, en relación a la tarifa regulada por la CGE Distribución S.A., pues no considera que dichos valores corresponden al suministro de energía que es entregado en el transformador principal de la Parcelación, ignorando los costos de transporte que provoca trasladar el suministro desde dicho transformador a su domicilio, así como también los conceptos de Potencia en Punta, estableciéndose un valor promedio de KwH, transporte y potencia en punta. Adiciona que cada mes se calcula un valor promedio de KwH, teniendo como base de cálculo los conceptos de Transporte y Potencia en Punta, conceptos cobrados por la Compañía General de Electricidad, así como también, la cantidad de propietarios con re- marcadores que utilizan el suministro, siendo quizás esta la razón por la cual el actor equivoca su cálculo, pues, aparentemente consideró como base de cálculo 1.200 parcelas, en circunstancias que son aproximadamente 170 aquellas que utilizan la red eléctrica particular.

En cuanto al reproche relativo a que el corte de suministro eléctrico constituiría un acto ilegal y arbitrario, ejecutado sin facultad legal ni contractual que lo habilite, aduce que no lo hay, porque su representada no es proveedora y tampoco distribuidora de energía eléctrica, actuando en definitiva como un agente recaudador, determinando a través de re – marcadores, de su propiedad, el consumo que corresponde a cada parcela, para los efectos de determinar cuál es la contribución que corresponde a cada una, y así pagar la factura que emite el proveedor CGE Distribución S.A.; no siendo posible que la Inmobiliaria deba pagar los consumos de energía eléctrica de la recurrente, siendo en consecuencia absolutamente procedente el corte de suministro eléctrico, actuación que se encuentra debidamente amparada por la garantía constitucional que establece el artículo 19 Nº24 de la Constitución Política de la República, pues la Inmobiliaria Alto Cantillana S.A es propietaria de la línea eléctrica particular y no se le aplica la Ley Nº20.571, al no ser concesionaria de servicio público de distribución de energía.

En lo referente a la afectación en el legítimo ejercicio de derechos y garantías constitucionales, sostiene que no existe, ya que, en la actualidad, el recurrente se sirve de su planta fotovoltaica para el suministro de energía eléctrica, siendo falso aquello que sostiene, en orden a que se encontraría privado actualmente del servicio de luz eléctrica y agua potable. Más aun, expresa que el actor adjuntó, a su libelo, una imagen de la planta solar ubicada en su domicilio, señalando incluso que, en la práctica, el consumo de electricidad registrado en su cuenta llegaba a 0 KwH todo el año, por lo que parece inverosímil sostener ahora que, como consecuencia del corte de suministro eléctrico desde la línea de propiedad de la inmobiliaria, se habría quedado sin luz y energía eléctrica.

Niega la aplicación de autotutela, indicando que la recurrida ha actuado amparada en el derecho de dominio que detenta respecto de la línea eléctrica particular ubicada en la Parcelación rural denominada “Alto Laguna”.

Afirma que no existe afectación al derecho de propiedad de la recurrente, puesto que el actuar de su representada no importa una afectación al uso y goce que detenta el propietario respecto de la Parcela N° 21, quien en la actualidad se provee de energía eléctrica mediante planta fotovoltaica, manteniendo vigente suministro de luz y agua potable.

Asevera que no es efectivo que, en la especie, se haya vulnerado el derecho a la vida y la integridad física, así como tampoco al derecho de igualdad ante la ley y de no ser juzgado por comisiones especiales, insistiendo en que el corte del suministro eléctrico se encuentra amparado en el dominio que detenta la recurrida sobre la línea eléctrica particular, que, a su vez, se justifica en el incumplimiento del recurrente de su obligación de pago por la energía eléctrica que consumía, manteniendo vigente el servicio eléctrico que se proporciona a través de su planta fotovoltaica.

Pide que se rechace el recurso de protección interpuesto, en todas sus partes y con condena en costas.

Acompaña los siguientes documentos: i) Copia de contrato de suministro de energía eléctrica, suscrito entre CGE Distribución S.A e Ingeniería y Transporte Alto Laguna Limitada, el 1 de febrero de 2006; ii) Copia de contrato de cesión de línea eléctrica, suscrita entre Ingeniería y Transporte Alto Laguna Limitada e Inmobiliaria Alto Cantillana S.A, de 3 de septiembre de 2015; iii) Documento denominado “Proceso de Factibilidad Individual”, emitido por CGE Distribución S.A.; iv) Documento denominado “Proceso de Factibilidad Masivo”, emitido por CGE Distribución S.A.; v) Carta de 25 de febrero de 2025, remitida por la Inmobiliaria Alto Cantillana a nombre reservado; vi) Estados de Cuenta Eléctrica de la parcela Nº21, períodos de consumo entre 5 de noviembre de 2024 y 5 de febrero de 2025; vii) Mandato Judicial de Inmobiliaria Alto Cantillana S.A y Otro a Ossa Dagnino nombre reservado, otorgado mediante Escritura Pública de 18 de diciembre de 2024.

Tercero: Que, posteriormente, Claudia Pacheco Acevedo, abogada, en representación convencional de don nombre reservado, solicita tener presente que en su informe la recurrida sostuvo falsamente que se autoabastece de energía eléctrica mediante una planta solar fotovoltaica instalada en su propiedad, descartando así la existencia de acto ilegal o arbitrario.

Acompaña documentos para demostrar lo sostenido: i) Certificación del Notario Público Pedro Hernán Álvarez Lorca, de 12 de junio de 2025, por la cual se acredita que el domicilio del actor no cuenta con suministro eléctrico y que los paneles solares dependen de la energía eléctrica proveniente del medidor, por lo que éstos no se encuentran realizando su función; ii) Informes de funcionamiento de planta solar fotovoltaica, correspondiente a los meses de abril y mayo de 2025: iii) Instrucción técnica RGR N°05/2020: Diseño y ejecución de las instalaciones de cogeneración eficiente conectadas a red de distribución; y iv) Especificaciones técnicas de planta solar fotovoltaica SMA Solar Technology AG., en las cuales se aprecian las especificaciones de la planta solar instalada en la Parcela N° 21, la que se encuentra certificada y con autorizaciones para acogerse a la Ley N° 20.571.

Refiere, al mismo tiempo, que los informes de la SMA Solar Technology AG indican de manera técnica y verificable que la producción de energía del sistema ha sido nula, registrándose un rendimiento total (“total yield”) de 0 kWh durante varios días consecutivos.

Al término, esclarece que el domicilio del recurrente corresponde a un sistema “on grid”, esto es, un sistema fotovoltaico conectado a la red de distribución eléctrica, que requiere de esta última para funcionar, no contando con baterías de respaldo y su funcionamiento depende de la sincronización con la red principal, motivo por el cual, si la red principal se encuentra interrumpida, la planta solar se apaga automáticamente, principalmente por razones de seguridad.

Cuarto: Que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, mediante Oficio Ordinario Electrónico N°295245, informa que la materia consultada se refiere a la distribución de energía eléctrica en la Parcelación Alto Laguna, comuna de Paine, Región Metropolitana, e indica que la producción, transporte y distribución de electricidad, así como el régimen de concesiones y tarifas, se encuentran regulados por la Ley General de Servicios Eléctricos, su reglamento aprobado por Decreto Supremo N°327 de 1997 del Ministerio de Minería y las normas técnicas respectivas.

Señala que, conforme a los artículos 2° y 16° de la Ley N°18.410 y a los artículos 7° y 8° de la Ley General de Servicios Eléctricos, solo las empresas concesionarias de servicio público pueden efectuar suministro eléctrico a usuarios finales dentro de sus zonas de concesión, salvo en casos excepcionales. Añade que las redes privadas, denominadas subsistemas de distribución, pueden operar dentro de una propiedad o condominio siempre que cuenten con factibilidad de suministro otorgada por la empresa distribuidora, contrato entre los usuarios e inscripción y declaración ante la Superintendencia, conforme al Pliego Técnico Normativo RIC N°16 del Decreto N°8 de 2019 del Ministerio de Energía.

Comunica que la empresa Inmobiliaria Alto Cantillana S.A. no tiene la calidad de empresa concesionaria de servicio público de distribución de electricidad, ni cuenta con instalaciones declaradas o inscritas ante la Superintendencia que funcionen como subsistema de distribución en la Parcelación Alto Laguna.

Además, precisa que no existen reclamos, denuncias ni procedimientos sancionatorios en curso respecto a la forma en que la inmobiliaria suministra o distribuye energía eléctrica en dicha parcelación.

Quinto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Sexto: Que cabe precisar que la acción que por esta vía se denuncia de ilegal y arbitraria, consiste en el corte unilateral e injustificado del suministro eléctrico del inmueble del cual es propietario el recurrente, esto es, la Parcela N° 21, correspondiente a la Parcelación denominada “Alto Laguna”, comuna de Paine, ejecutado por la Inmobiliaria Alto Cantillana S.A. el 6 de marzo de 2025; sin perjuicio de que el actor refiere que dicho acto deriva del comportamiento de facto, de la recurrida, como una empresa distribuidora de suministro de energía, sin cumplir las exigencias legales para desarrollar esta actividad.

Séptimo: Que corresponde, a este tribunal de alzada, dilucidar si el acto impugnado, mediante el presente arbitrio, es ilegal o arbitrario y si afecta las garantías constitucionales de los numerales 1, 2, 3 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, que se denunciaron como vulnerados por el afectado.

Octavo: Que, radicando el acto cuestionado en la suspensión del suministro eléctrico de un inmueble, se debe atender a la normativa específica que cubre esta hipótesis.

En efecto, el artículo 36 de la Ley N° 21.442, sobre Copropiedad Inmobiliaria instaura una facultad excepcional, que puede ser utilizada por los administradores de condominios, consistente en suspender el suministro de electricidad, cuando un copropietario se encuentre moroso en el pago de tres o más cuotas, continuas o discontinuas, de gastos comunes, a requerimiento escrito del administrador y previa autorización del comité de administración.

Noveno: Que, dicho esto, procede, en primer lugar, analizar si es aplicable el régimen de Copropiedad Inmobiliaria al inmueble del recurrente, atendiendo la ubicación y carácter del mismo.

Así, se advierte que, siendo una propiedad rural, no se encuentra dentro de los supuestos que contempla el artículo 1, letra B), inciso 1° de la Ley 21.442 de Copropiedad Inmobiliaria, que reza:

“Emplazamiento de los condominios.

Los condominios pueden estar emplazados en el área urbana y, excepcionalmente, en el área rural, cuando se trate de proyectos de viviendas cuya construcción haya sido autorizada previamente conforme al artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. En ambos casos se requerirá, además, cumplir con las exigencias urbanas y de construcción y demás requisitos establecidos en esta ley para la constitución del régimen de copropiedad (…)”.

A lo que se suma que tampoco fue objeto de debate que la Parcela N° 21 constituyera una excepción a esta norma.

Décimo: Que, una vez despejado aquello, de la revisión del recurso se aprecia que, con el propósito de acreditar las infracciones reclamadas, el recurrente adjuntó documentos y fotografías a su libelo; siendo relevante el examen de la escritura pública en la que consta el Reglamento de Propiedad, Orden Interno, Normas Generales y Régimen de Servidumbres de la Parcelación Alto Laguna, de 29 de enero de 2001; así como también la escritura pública de 19 de diciembre de 2001, con la cual se complementa aquella regulación.

En cuanto al reglamento aludido, el artículo tercero de la escritura da cuenta de que las propiedades individualizadas en el documento protocolizado referido en la cláusula precedente de la escritura, considerando su ubicación y deslindes comunes, conforman una parcelación agrícola denominada "ALTO LAGUNA"; encontrándose las mismas inscritas en dominio, a favor de las sociedades comparecientes, en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Buin.

El artículo cuarto de la escritura preceptúa que “Los propietarios individualizados en la comparecencia, atendida la necesidad básica de administrar, coordinar y encausar las diversas relaciones de orden interno que necesariamente surgen en una parcelación como la descrita precedentemente; y con el fin de obtener un mayor beneficio de las propiedades por parte de sus adquirentes, en este acto y por el presente instrumento, vienen en dictar y establecer el siguiente reglamento de copropiedad, orden interno, normas generales de administración y régimen de servidumbres, que afectará, regirá y gravará a bienes inmuebles que conforman la parcelación ya referida (…)”.

Posteriormente, el artículo duodécimo, titulado “Gastos o expensas comunes”, enuncia aquéllos y menciona expresamente, entre otros, los consumos de electricidad. A su vez, el artículo décimo sexto, denominado “Retardo en el pago de los gastos comunes” establece únicamente que: “El simple retardo en el pago de las expensas o gastos comunes constituirá una infracción leve al presente reglamento, haciendo incurrir a quien se halle en dicha situación en la multa que corresponda de acuerdo al artículo trigésimo, la que se devengará en el momento de ser procedente el pago de la cuota de gastos comunes siguiente a la morosa. En caso de mantenerse el retraso más allá del lapso de tiempo establecido en el párrafo precedente, el infractor incurrirá en una nueva infracción por cada bimestre de atraso. Finalmente, y sin perjuicio de lo expuesto, a la suma adeudada, sin multa, se le aplicará el máximo interés mensual que sea permitido estipular convencionalmente por la ley para obligaciones de dinero reajustables”.

Por otro lado, mediante la lectura de la Complementación del Reglamento de Copropiedad “Alto Laguna”, se observa que no existe modificación relativa al procedimiento aplicable en caso de retardo en el pago de gastos comunes.

Undécimo: Que de lo consignado se desprende que, aun cuando no procede aplicar la Ley 21.442, la parcelación mencionada estaba dotada de una normativa interna para regular la convivencia y la administración, la cual estaba vigente al momento en que el recurrente adquirió el dominio del inmueble, de acuerdo a lo que se constata en su inscripción, la que data de 2016.

Sin embargo, también se colige que los documentos examinados no contemplan facultad alguna que habilite a la Inmobiliaria Alto Cantillana S.A. para suspender el suministro de energía eléctrica en caso de retardo en el pago correspondiente.

Asimismo, los documentos presentados por la recurrida no permiten determinar la existencia de una atribución de tal entidad.

Duodécimo: Que, incluso, en el evento de haberse plasmado, en el articulado del Reglamento de Copropiedad de la Parcelación “Alto Laguna”, la facultad señalada, al no ser aplicable la Ley 21.422, la recurrida disponía de otras vías para poner fin al conflicto suscitado, haciendo valer su pretensión de acuerdo a las herramientas procesales existentes en nuestro ordenamiento jurídico.

Décimo tercero: Que, por consiguiente, la suspensión del suministro eléctrico en las circunstancias expuestas ha de calificarse como ilegal, por no haber fundamento normativo que autorice, en el caso concreto, la afectación de derechos fundamentales.

De esta forma, la autotutela ejercida por la recurrida supone una sanción impuesta por quien no tiene facultad para aplicarla; por lo que se ha lesionado el derecho a no ser juzgado por una comisión especial, no pudiendo la recurrida amparar su actuar en las circunstancias de negativa al pago del servicio por la afectada y de falta de acreditación de que la Inmobiliaria Alto Cantillana S.A. efectúa cobros excesivos.

Igualmente, pese al contenido de los documentos acompañados por la recurrida, en relación a este punto, se evidencia que se limitó a indicar que es falsa la afirmación del recurrente en el sentido de que no cuenta con agua potable, mas no se aprecia que tengan respaldo sus dichos en los antecedentes presentados ante el tribunal de alzada; no discutiendo, además, lo expresado por el recurrente, en el sentido de que el sistema de abastecimiento de agua de la parcela depende íntegramente del funcionamiento de bombas eléctricas, cuyo funcionamiento impulsa automáticamente el agua hacia el inmueble. Por lo cual es posible inferir que el corte de suministro de energía eléctrica produjo la suspensión del agua potable.

Del mismo modo, no dándose las hipótesis legales que habilitan la suspensión del suministro de energía eléctrica, menos aún concurren respecto del corte de agua, por lo que la suspensión del suministro eléctrico derivó en la perturbación del consumo de un servicio esencial. Por ende, no pudiendo menos que conocer la Inmobiliaria la conexión de funcionamiento entre ambos suministros, al suspender la electricidad, deviene su actuar en arbitrario, provocando una afectación del derecho a la integridad física del actor.

No es óbice, para estimar que hubo vulneración de garantías, la utilización por el recurrente de una planta solar fotovoltaica, porque basta con el establecimiento de la ilegalidad del actuar de la recurrida, en el contexto de atribuirse una facultad que no está contemplada en el ordenamiento jurídico, para determinar, a lo menos, una manifestación de autotutela.

A mayor abundamiento, si bien la recurrida, en estrados, alegó que en el acta notarial adjuntada por la recurrente no consta la razón por la cual los paneles solares dependen de la sincronización con la red principal, la observación del documento referente a las Especificaciones de la planta solar fotovoltaica SMA Solar Technology AG., instalada en la Parcela N° 21, denota que su funcionamiento requiere la conexión de este sistema a la red de distribución eléctrica.

Décimo cuarto: Que en nada altera lo concluido, respecto del actuar reprochado en los motivos precedentes, los documentos que fueron incorporados por la recurrida y que dicen relación con los estados de cuenta eléctrica de la Parcela N° 21 y con la carta emitida por la Inmobiliaria en virtud de la sustitución del re-marcador aludido precedentemente, pues dicha parte reconoció haber suspendido el suministro del servicio eléctrico por el no pago del consumo de éste.

Décimo quinto: Que, a pesar de lo referido, es relevante considerar que, teniendo presente la naturaleza de esta acción constitucional, es inconcuso que no está destinada a resolver una contienda civil ni a pronunciarse sobre responsabilidades penales, administrativas o infraccionales, por ser estas últimas cuestiones de lato conocimiento respecto de las cuales el legislador ha colocado a disposición las vías procesales pertinentes para su debate y decisión.

En efecto, del examen exhaustivo de los argumentos de las partes, consignados latamente en la parte expositiva y de los documentos incorporados por ellas, esta Corte repara que es ajeno al objeto de esta acción constitucional discernir, como el actor pretende, sobre la presunta arbitrariedad e ilegalidad de la Inmobiliaria Alto Cantillana S.A. al operar “de facto” como una empresa distribuidora de suministro de energía, sin cumplir las exigencias legales para realizar dicha actividad, fijando precios excesivos y condiciones unilaterales para ello.

Lo anterior es patente al tener a la vista que la recurrida controvierte las pretensiones del recurrente en este aspecto, aportando antecedentes, tales como las copias de contrato de suministro de energía eléctrica, suscrito entre CGE Distribución S.A e Ingeniería y Transporte Alto Laguna Limitada y de contrato de cesión de línea eléctrica, suscrito entre Ingeniería y Transporte Alto Laguna Limitada e Inmobiliaria Alto Cantillana S.A.; lo que se une a la incorporación de documentos técnicos, como son, aquellos denominados “Proceso de Factibilidad Individual” y “Proceso de Factibilidad Masivo”, ambos emitidos por CGE Distribución S.A.

Décimo sexto: Que, por consiguiente, habiéndose determinado la concurrencia de una vulneración al derecho a la integridad física y al derecho de no ser juzgado por comisiones especiales, consagrados en el artículo 19 numerales 1 y 3 inciso 5° de la Constitución Política de la República, resulta necesario adoptar las medidas conducentes a evitar la prolongación de la perturbación de los derechos constitucionales amagados, razón por la cual la presente acción constitucional debe ser acogida sólo a ese respecto, en los términos que se dispondrá en la parte resolutiva de este fallo.

Por estas consideraciones, y conforme con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que se acoge la acción constitucional interpuesta por los abogados Agustín Prado Villegas y Claudia Pacheco Acevedo, por su representado nombre reservado, en contra de la Inmobiliaria Alto Cantillana S.A., sólo en cuanto se ordena a la recurrida reponer el suministro eléctrico a la parcela del recurrente, N° 21 de la Parcelación Alto Laguna, comuna de Paine.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la abogada integrante Paula Manzo Sagüez.

N° 1198-2025 Protección.

Pronunciada por la Segunda Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por las ministros Ma. Alejandra Rojas Contreras, Nora Rosati Jerez y abogado integrante Paula Manzo Saguez. No firma la abogado integrante Manzo, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y posterior acuerdo por encontrarse ausente.