nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN

nombre reservado, cuatro de julio de dos mil veintidós.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que el 17 de mayo de 2022, comparece el abogado José Ignacio Díaz Maldonado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Municipalidad de San Ramón, representada legalmente por su alcalde Gustavo Toro Quintana, ambos domiciliados en domicilio reservado, por la omisión ilegal y arbitraria consistente en no acatar las instrucciones emanadas de la Contraloría General de la República relativas a la reincorporación de su representado a la dotación de educación de dicho municipio.

Explica que el afectado fue contratado por el Departamento de Educación de la Municipalidad de San Ramón y que en el mes de agosto de 2021 se le notificó el término a su contrato de trabajo, en virtud de lo establecido en el artículo 161 del Código del Trabajo. Indica que respecto de esta decisión interpuso reclamación ante la Contraloría Regional Metropolitana, entidad que concluyó que no constaba la existencia del decreto alcaldicio de término de la relación laboral ni su notificación al recurrente y, por consiguiente, ordenó a la Municipalidad de San Ramón reincorporarlo en sus funciones y pagarle las remuneraciones durante el tiempo que ha permanecido indebidamente separado de sus funciones, hasta que regularice el término del contrato de trabajo, emitiendo el respectivo decreto alcaldicio que formalice su desvinculación, debiendo informar documentadamente dentro del plazo de 10 días hábiles contado desde la fecha de recepción del presente pronunciamiento. Señala que el documento mencionado precedentemente fue notificado el 10 de mayo de 2022.

Expresa que su representado puso en conocimiento del municipio recurrido el referido dictamen a través de una carta recibida por el coordinador de Recursos Humanos del Departamento de Educación al día siguiente. Aduce que a la fecha, la recurrida no ha dado cumplimiento a lo instruido por la Contraloría Regional Metropolitana. Sostiene que no existen razones que funden la omisión de la recurrida en cuanto a dar cumplimiento a lo ordenado por la Contraloría Regional, ya que conforme a lo establecido en el inciso final del artículo 6° de la ley 10.336, las decisiones y dictámenes de dicho ente contralor, en las materias de su competencia, son obligatorios y vinculantes para los servicios sometidos a su fiscalización, los que no sólo son imperativos para el caso concreto a que se refieren, sino que constituyen la jurisprudencia administrativa que deben observar, lo que se fundamenta en los artículos 6°, 7° y 98 de la Constitución Política de la República, 2° de la ley 18.575 y 1°, 5°, 6°, 9°, 16 y 19 de la ley 10.336.

Afirma que los antecedentes son prueba suficiente que su representado fue indebidamente apartado de sus funciones y que la recurrida ha hecho caso omiso de la orden de reincorporación, por lo que la arbitrariedad e ilegalidad de su conducta aparece con nitidez. Esgrime que han sido vulnerados los derechos a la igualdad ante la ley y de propiedad del recurrente, en relación con los derechos que derivan de su calidad de funcionarios públicos, garantías consagradas en los Nos. 2 y 24, respectivamente, del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Pide que se acoja el recurso, disponiendo que la recurrida debe dar íntegro cumplimiento a lo resuelto por la Contraloría Regional Metropolitana, procediendo a la reincorporación de su representado y al pago de su remuneración correspondiente al tiempo durante el cual se vio separado de sus labores, con costas.

Acompaña oficio de la Contraloría Regional Metropolitana de 10 de mayo de 2022; y carta remitida al alcalde de la comuna de San Ramón de 11 de mayo de 2022.

Segundo: Que comparece el abogado Jorge Concha Fariña, en representación de la Municipalidad de San Ramón, quien informa al tenor del recurso, solicitando su rechazo con costas.

Señala que el recurrente se desempeñó como funcionario del Departamento de Educación Municipal, siendo su contratación aprobada por Decreto Alcaldicio N° 345 de 2 de marzo de 2021. Refiere que mediante Decreto Alcaldicio N° 1588 de 30 de septiembre de 2021, el municipio puso término al vínculo laboral fundado en la causal del artículo 161 del Código del Trabajo, a contar de ese mismo día.

Indica que conforme a lo constatado por la II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, mediante oficios E185563 de 16 de febrero de 2022 y E211987 de 10 de mayo de 2022, la entidad edilicia no notificó debidamente el Decreto Alcaldicio N° 1588, deviniendo éste en jurídicamente ineficaz, por lo que el ente contralor ordenó al municipio reincorporar al recurrente a sus funciones, pagar las remuneraciones del periodo en que estuvo alejado de su puesto de trabajo y luego proceder a regularizar su desvinculación, emitiendo los actos administrativos pertinentes y notificándolos al interesado.

Expresa que en cumplimiento de lo ordenado por el ente contralor, su representada dictó el 23 de mayo de 2022, el Decreto Alcaldicio N° 771, que dispuso la reincorporación a sus funciones del recurrente a contar del 30 de ese mes, dejando sin efecto el Decreto Alcaldicio N° 1588/2021; asimismo, dictó el Decreto Alcaldicio N° 772, a través del cual puso término al contrato de trabajo del recurrente a contar del 1 de junio de 2022. Precisa que ambos actos administrativos fueron notificados por medio de carta certificada, conforme lo dispone el artículo 46 de la ley 19.880. Sostiene que la Municipalidad de San Ramón ha dado estricto cumplimiento a lo ordenado por la II Contraloría Regional en los oficios citados, aduciendo que no se ha cometido ningún tipo de perturbación, vulneración o amenaza a las garantías constitucionales del recurrente.

Acompaña copia de los Decretos Alcaldicios N° 1588 de 30 de septiembre de 2021, N° 771 de 23 de mayo de 2022 y N° 772 de 23 de mayo de 2022; y guía de admisión de Correos de Chile de 24 de mayo de 2022.

Tercero: Que en cumplimiento a lo ordenado por esta Corte, informa nombre reservado, Contralor Regional de la II Contraloría Regional Metropolitana.

Señala que la entidad de control tomó conocimiento de la impugnación del término de contrato de trabajo del peticionario, y previa solicitud de informe al municipio recurrido sin que fuera evacuado dentro de plazo, emitió un primer pronunciamiento el 16 de febrero de 2022. Explica que en éste se concluyó que sólo se ajustaría a derecho la desvinculación en la medida que el acto que puso término a la relación laboral contenga el fundamento de dicha determinación y hubiere sido notificado, de lo que debía informar el municipio dentro del plazo de 10 días hábiles. Indica que el recurrente solicitó el cumplimiento de lo anterior y que mediante un segundo pronunciamiento de 10 de marzo de 2022, se concluyó que la entidad edilicia debía adoptar todas las medidas tendientes a dar cumplimiento a lo antes resuelto, informando documentadamente dentro del plazo de 10 días hábiles.

Agrega que el recurrente solicitó nuevamente el cumplimiento y que en ese contexto se emitió un tercer pronunciamiento de 10 de mayo de 2022, de la II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago. En aquél, se estableció que no constaba que se hubiere dictado el respectivo decreto alcaldicio de término de la relación laboral del recurrente por la causal del artículo 161 inciso primero del Código del Trabajo, ni que éste hubiere sido notificado. En consecuencia, la entidad que representa concluyó, en armonía con el criterio contenido en el dictamen Nº 27.837, de 2016, que la Municipalidad de San Ramón debía reincorporar a nombre reservado en sus funciones y pagarle las remuneraciones durante el tiempo que ha permanecido indebidamente separado de las mismas, hasta que regularice el término del contrato de trabajo emitiendo el respectivo decreto alcaldicio que formalice su desvinculación, acto que además de contener el razonamiento y la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se sustenta dicha decisión, debe notificarse al interesado, de lo cual el municipio debía informar documentadamente a la Contraloría, dentro del plazo de diez días hábiles.

Manifiesta que el municipio recurrido informó a través de oficio N° 284 de 26 de mayo de 2022, que ordenó la reincorporación del recurrente a sus funciones, a contar del 30 de mayo de 2022, mediante el Decreto Alcaldicio N° 771, de 23 de mayo de 2022, dejando a su vez sin efecto el Decreto Alcaldicio N° 1.588, de 30 de septiembre de 2021. Añade que también indicó el municipio que a fin de regularizar el término de la relación laboral del funcionario, dictó un nuevo acto de desvinculación, esto es, el Decreto alcaldicio N° 772 de 23 de mayo de 2022, el cual se encuentra en proceso de notificación por carta certificada. Agrega que en relación a esta última determinación, el recurrente efectuó una nueva reclamación ante esa entidad fiscalizadora el 4 de junio de 2022.

Acompaña Referencias Nos. 163.004 y W31619, ambas de 2021, y 160.709, de 2022; Oficio N° E185563 de 16 de febrero de 2022, de la II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago; Referencia N° W5285 de 2022; Oficio N° E192716 de 10 de marzo de 2022, de la II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago; Referencias Nos. W009880, 161.987 y 162.578, todas de 2022; Oficio N° E211987, de 10 de mayo de 2022, de la II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago; Oficio N° 284, de 26 de mayo de 2022, de la Municipalidad de San Ramón; y Referencia N° W17767, de 2022.

Cuarto: Que cabe recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, anteriormente citado, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Por consiguiente, constituyen presupuestos indispensables de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quien incurre en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que como se advierte del recurso, lo que se reprocha a la Municipalidad recurrida, es la omisión ilegal y arbitraria que el actor hace consistir en no acatar las instrucciones emanadas de la Contraloría General de la República relativas a la reincorporación a sus funciones en el Departamento de Educación Municipal y el pago de las remuneraciones durante el período de separación.

Sexto: Que mediante oficio E211987/2022, de 10 de mayo de 2022, de la II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, dirigido al alcalde de la Municipalidad de San Ramón, se estableció que “considerando que conforme a lo manifestado por el recurrente y su representante, así como de la información contenida en el SIAPER, no consta que se hubiere dictado el respectivo derecho alcaldicio de término de la relación laboral del señor nombre reservado por la causal prevista en el artículo 161, inciso primero, del Código del Trabajo, y que este se hubiere notificado al afectado, cabe hacer presente, que según el criterio contenido en el dictamen N° 33.452, de 2013, el decreto alcaldicio que formalice la desvinculación -acto administrativo cuya emisión no consta-, debe contener la fundamentación de la decisión adoptada para cesar de sus funciones al recurrente. Además, cumple con indicar que, de acuerdo a lo señalado en el dictamen Nº 27.837, de 2016, el término del contrato de trabajo de que se trata, solo tendrá efecto una vez notificado al afectado del mencionado decreto alcaldicio que disponga el alejamiento de sus funciones”.

Por consiguiente, se ordenó a la Municipalidad de San Ramón que “debe reincorporar al recurrente en sus funciones y pagarle las remuneraciones durante el tiempo que ha permanecido indebidamente separado de sus funciones, hasta que regularice el término del contrato de trabajo del señor nombre reservado, emitiendo el respectivo decreto alcaldicio que formalice su desvinculación, acto administrativo que, además de contener el razonamiento y la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se sustenta dicha decisión, debe notificarse al interesado (aplica criterio contenido en el dictamen Nº 27.837, de 2016)”.

Séptimo: Que por Decreto Alcaldicio N° 771, de 23 de mayo de 2022, la Municipalidad recurrida dispuso la reincorporación de nombre reservado a sus funciones en el Departamento de Educación Municipal a contar del día 30 de mayo de 2022 y el pago de las remuneraciones pendientes hasta dicha fecha. Además, dejó sin efecto el Decreto Alcaldicio N° 1588 de 30 de septiembre de 2021, por el que se había puesto término al contrato de trabajo del actor por la causal del artículo 161 inciso primero del Código del Trabajo.

Octavo: Que en primer término, en cuanto a la reincorporación ordenada por la Contraloría General de la República, el abogado de la parte recurrente reconoció en estrados que la Municipalidad recurrida dio cumplimiento a la reincorporación de su representado a sus funciones en el Departamento de Educación Municipal, de manera que en esta parte el recurso de protección interpuesto ha perdido oportunidad, toda vez que no existe medida que esta Corte pueda adoptar al respecto.

Noveno: Que en segundo lugar, en lo que toca al pago al actor de las remuneraciones durante el tiempo que permaneció indebidamente separado de sus funciones, no consta en autos que la Municipalidad recurrida haya dado cumplimiento a dicho pago, incurriendo en una omisión.

Décimo: Que el artículo 98 de la Constitución Política de la República, encomienda a la Contraloría General de la República el control de legalidad de los actos de la Administración, de las Municipalidades y de los demás organismos y servicios que señalen las leyes. Esta función se consagra normativamente tanto en la Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, 10.336, como en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 18.695, cuyo artículo 52 establece: “En el ejercicio de sus funciones de control de la legalidad, la Contraloría General de la República podrá emitir dictámenes jurídicos sobre todas las materias sujetas a su control”. Por su parte, el artículo 156 de la ley 18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, regula el derecho de los funcionarios municipales a reclamar ante la Contraloría General de la República, cuando se hubieren producido vicios de legalidad que afectaren sus derechos regulados en ese mismo cuerpo normativo.

Undécimo: Que de conformidad con lo establecido en el artículo 9° de la ley 10.336, los dictámenes de la Contraloría General de la República tienen fuerza obligatoria para los organismos de la Administración del Estado afectos a su control, y con arreglo a lo previsto en los artículos 51 y 52 de la ley 18.695, en el caso de los entes municipales.

Duodécimo: Que en este sentido, resulta que la omisión impugnada por esta vía es ilegal desde que se aparta de las instrucciones emanadas de la Contraloría General de la República, cuyos dictámenes son obligatorios y vinculantes para los órganos de la Administración del Estado, entre los que se encuentran las Municipalidades, y vulnera la garantía del artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, en la medida que priva al recurrente de remuneraciones que le corresponde percibir, razones por las que procede adoptar medidas al respecto.

Decimotercero: Que atendido lo expuesto, el recurso de protección intentado será acogido en cuanto al pago de las remuneraciones, en los términos que ordenó la Contraloría General de la República a la Municipalidad de San Ramón.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto en representación de nombre reservado en contra de la Municipalidad de San Ramón, y se dispone que la recurrida deberá pagar las remuneraciones al actor durante el tiempo que permaneció indebidamente separado de sus funciones, como está ordenado en el Oficio E211987/2022, de 10 de mayo de 2022, de la II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, dentro del plazo de diez días a contar desde que la presente sentencia quede ejecutoriada.

Regístrese y, en su oportunidad, archívese.

Redacción de la ministra señora Ma. Catalina nombre reservado Torres.

N° 11.818-2022 PROTECCIÓN.

Pronunciada por la Quinta Sala de esta Corte, integrada por las ministras señoras Ma. Teresa Díaz Zamora, Ana Cienfuegos Barros, Ma. Catalina nombre reservado Torres.