Protección contra Subsecretaría del Interior y del Servicio Nacional de Migraciones

San Miguel, veintiséis de junio de dos mil veintiséis.

Al folio 17: Téngase presente lo que en derecho corresponda.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que nombre reservado interpone recurso de protección en favor nombre reservado y nombre reservado, matrimonio de nacionalidad venezolana, en contra de la Subsecretaría del Interior y del Servicio Nacional de Migraciones, impugnando como acto ilegal y arbitrario la Resolución Exenta N°NUM000 de 29 de octubre de 2025, notificada el 4 de febrero de 2026, que rechazó sus solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiados y de protección complementaria.

Indica que los extranjeros ingresaron a Chile en 2021 huyendo de la crisis humanitaria venezolana, permanecieron en el país tras dejarse sin efecto órdenes de expulsión en 2021, formaron un núcleo familiar estable y tuvieron un hijo chileno nacido en 2024, y luego solicitaron refugio conforme a la Ley N°20.430.

Alega que se rechazó su petición mediante una decisión carente de la debida fundamentación, pues esta no ponderó sus circunstancias personales y familiares, el interés superior del niño, ni el contexto de grave vulneración de derechos en su país de origen, infringiendo normas de juridicidad, el deber de motivación, el principio de no devolución del derecho internacional de los refugiados y garantías constitucionales como la integridad psíquica, igualdad ante la ley y protección de la familia.

Por lo expuesto solicitan se acoja el recurso, se declare ilegal y arbitraria la resolución recurrida, se deje sin efecto o se ordene dictar una nueva conforme a derecho, con expresa condena en costas.

Segundo: Que informó la Subsecretaría del Interior, señalando que el 29 de octubre de 2025 dictó la Resolución Exenta N°NUM000, que rechazó la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado presentada por nombre reservado y nombre reservado, decisión que fue adoptada tras la tramitación íntegra del procedimiento administrativo regulado en la Ley N°20.430, el cual incluyó la presentación de antecedentes, entrevista individual, recopilación de información del país de origen y análisis por la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado.

Explica que con los antecedentes aportados por los solicitantes, su declaración y la información disponible sobre Venezuela, se concluyó que los hechos invocados no permitían configurar un fundado temor de persecución en los términos del artículo 2 N°1 de la ley, ni tampoco acreditar las hipótesis del artículo 2 N°2 relativas a violencia generalizada o vulneraciones masivas de derechos humanos, al no existir elementos suficientes que demostraran un riesgo grave, actual y personal, tratándose más bien de alegaciones genéricas Agrega que la resolución fue dictada por la autoridad competente, debidamente fundada conforme a los artículos 35 de la ley y 46 de su reglamento, y que la discrepancia de los recurrentes constituye una cuestión de mérito ajena a la acción de protección, la cual resulta improcedente por existir vías administrativas específicas de impugnación -recurso de reposición y jerárquico- y por no verificarse acto ilegal ni arbitrario.

Por lo expuesto, solicita el rechazo del recurso en todas sus partes, con expresa condena en costas.

Tercero: Que informó el Servicio Nacional de Migraciones, indicando que la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado de los recurrentes fue tramitada conforme a la Ley N°20.430, iniciándose tras su ingreso irregular a Chile el 6 de febrero de 2021 y su posterior presentación de solicitudes en abril de 2024, las que, pese a observaciones iniciales de inadmisibilidad por incumplimiento de requisitos formales -entre ellos, la extemporaneidad y el tránsito por terceros países-, fueron finalmente admitidas y sometidas al procedimiento completo, incluyendo entrevistas de elegibilidad, recopilación de información del país de origen y elaboración de informe técnico por la Secretaría Técnica, que recomendó el rechazo.

Explica que luego, en sesión de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado de 27 de junio de 2025, se propuso negar la solicitud, lo que culminó con la dictación de la Resolución Exenta N°NUM000 de 29 de octubre de 2025, justificada en que no se acreditó un fundado temor de persecución personal conforme al artículo 2 N°1 de la ley, ni tampoco la concurrencia de las hipótesis del artículo 2 N°2, al no verificarse riesgos actuales, graves y específicos derivados de violencia generalizada o violaciones masivas de derechos humanos, estimándose que los hechos relatados no constituyen persecución ni peligro real para la vida o seguridad.

Agrega que los solicitantes no interpusieron los recursos administrativos procedentes y que tampoco procedía otorgar protección complementaria por no cumplirse sus requisitos, por lo que se solicita el rechazo del recurso de protección en todas sus partes, al no existir acto ilegal ni arbitrario que vulnere garantías constitucionales.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que el acto recurrido consiste en la Resolución Exenta N°NUM000, de 29 de octubre de 2025, dictada por la Subsecretaría del Interior, en virtud de la cual se rechazó la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado de los recurrentes.

Sexto: Que de los antecedentes aparece que la solicitud fue tramitada conforme al procedimiento establecido en la Ley N°20.430 y su reglamento, el cual contempla diversas etapas, tales como presentación de antecedentes, entrevista personal, recopilación de información del país de origen, informe técnico de la Secretaría Técnica y pronunciamiento de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, culminando con la resolución fundada de la autoridad competente.

En efecto, consta que los recurrentes presentaron sus solicitudes en el año 2024, las que -tras observaciones formales iniciales- fueron admitidas a trámite, desarrollándose la totalidad del procedimiento administrativo, incluidas entrevistas de elegibilidad y el análisis técnico correspondiente, que culminó con la recomendación de rechazo y posterior decisión de la autoridad.

Séptimo: Que, en cuanto al fondo de la decisión administrativa, la autoridad resolvió rechazar la solicitud de refugio por estimar que los antecedentes aportados no permitían configurar las hipótesis establecidas en el artículo 2 de la Ley N°20.430.

En particular, se concluyó que no se acreditó la existencia de un fundado temor de persecución personal en caso de retorno al país de origen, requisito exigido por el numeral 1 de dicha norma, ni tampoco la existencia de una amenaza grave, actual y específica derivada de violencia generalizada, conflictos internos o violaciones masivas de derechos humanos, en los términos del numeral 2 del mismo artículo.

Asimismo, se razonó que los hechos invocados por los solicitantes no alcanzan el umbral de persecución exigido por la normativa, tratándose de alegaciones de carácter general que no permiten establecer un riesgo real y concreto para su vida, seguridad o libertad.

Octavo: Que, en concordancia con lo anterior, aparece que el acto administrativo impugnado se encuentra debidamente fundado, expresando las consideraciones de hecho y de derecho que justifican la decisión adoptada, conforme a lo dispuesto en la Ley N°19.880 y la Ley N°20.430, no advirtiéndose ausencia de motivación ni arbitrariedad en su contenido.

Noveno: Que, por otra parte, la determinación de la condición de refugiado constituye una facultad entregada expresamente por la ley al Ministerio del Interior, a través de la Subsecretaría del Interior, conforme al artículo 19 de la Ley N°20.430, tratándose de una materia de carácter técnico y especializado que ha sido sometida a un procedimiento administrativo específico.

En este sentido, la pretensión de los recurrentes de que esta judicatura revise el mérito de la decisión adoptada importa sustituir a la autoridad administrativa en el ejercicio de sus competencias propias, lo que resulta improcedente en sede de protección, máxime cuando la legislación contempla mecanismos administrativos de impugnación idóneos, los que no fueron ejercidos por los interesados.

Décimo: Que, en consecuencia, no se advierte en la especie la existencia de un acto ilegal o arbitrario que amerite la adopción de medidas de carácter cautelar, sino que, por el contrario, se trata de una decisión adoptada dentro del ámbito de las facultades legales de la autoridad, conforme a un procedimiento reglado y con adecuada fundamentación, motivos por los cuales el presente recurso no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado y nombre reservado, en contra de la Subsecretaría del Interior y del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad N°1174-2026 Protección.