FUNDACION ORIGEN ESCUELA AGROECOLOGICA DE PIRQUE CON DIRECCION DEL TRABAJO (INSP. PROV. CORDILLERA PTE ALTO )

60/sesenta San Miguel, once de julio de dos mil catorce.

VISTOS:

Que a fojas 17 comparece nombre reservado, a favor de la Fundación Origen Escuela Agroecológica de Pirque, representada por don nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo Cordillera-Puente Alto, representada por el Inspector Provincial don nombre reservado, en atención a que con fecha 15 de abril del año en curso, en visita inspectiva realizada por la recurrida, se le ordenó el reintegro a sus labores de dos trabajadoras, bajo apercibimiento de aplicar una multa administrativa, actuación que conculcaría las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 numeral 3 de la Constitución Política, por haber actuado la recurrida arrogándose facultades jurisdiccionales de facto, en materias que sólo pueden decidir los tribunales de justicia en un procedimiento de lato conocimiento y la del numeral 24, al existir una amenaza de multa que conculca el derecho de propiedad de la Fundación.

Funda su recurso indicando que con fecha 15 de abril de 2014, concurrió en visita inspectiva a la sede de la escuela Agroecológica de Pirque, don nombre reservado, funcionario fiscalizador de la Inspección del Trabajo de Puente Alto, requiriendo, bajo amenaza de multa, la reincorporación de dos ex trabajadoras que prestaron servicios hasta el 28 de febrero del presente, doña nombre reservado y nombre reservado, quienes fueron contratadas en su oportunidad a plazo fijo, el que concluyó el 28 de febrero de 2014, suscribiendo el respectivo finiquito laboral, renunciando a toda acción y derecho en contra de la Fundación, sin reserva alguna.

Indica que la empleadora informó a las ex trabajadoras, mediante comunicación escrita, que no perseveraría en el contrato de trabajo más allá del plazo estipulado, la que fue recibida por ellas el 27 de diciembre de 2013.

Agrega que al momento de entregar la carta, de concluir el contrato y hasta la visita de inspección del día 15 abril de 2014, la Fundación no tenía conocimiento de que las trabajadoras estaban en estado de gravidez, ignorándose hasta la fecha, la época probable de la concepción.

Manifiesta que de la diligencia referida se levantaron sendas actas denominadas “Actas de Fiscalización por separación ilegal de trabajadora con fuero laboral”, en las que se afirma que las trabajadoras detentan fuero maternal, requiriéndose fuesen reintegradas en el mismo acto a sus funciones, por la conducta ilegal que habría cometido la Fundación y que ordena cesar de inmediato. Frente a la sorpresiva situación, el Director del establecimiento no se allanó y acto seguido, el funcionario amenazó con una sanción administrativa.

Refiere que aparece de manifiesto que el funcionario de la Dirección del Trabajo incurrió en una actuación ilegal que perturba la garantía constitucional establecida en el artículo 19 Nº3 de la Constitución Política, ya que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señale la ley y que se halle establecido con anterioridad, lo que no ha sido el caso, ya que el Servicio recurrido asumió, en la práctica, la función que le corresponde a los Tribunales de Justicia, al negar poder liberatorio a los finiquitos suscritos, pretendiendo hacer renacer una relación laboral fenecida, lo que supone un acto previo de juzgamiento, a efectuarse en el curso de un proceso jurisdiccional que posibilite a las partes efectuar sus alegaciones, pruebas y recursos que estimen y en definitiva, acogerse a un justo y debido proceso.

En cuanto a la garantía constitucional establecida en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política, señala que la exposición a la amenaza de ser objeto de una sanción administrativa, que se traduce en una multa a beneficio fiscal, constituye un acto ilegal y arbitrario que amerita el amparo constitucional.

Concluye solicitando que se declare que la instrucción de reintegro de las trabajadoras a sus puestos de trabajo, que consta en las actas 13-05-2014-504 y 406, de 15 de abril de 2014, y el apercibimiento de multa administrativa que éstas contienen, son actos ilegales y arbitrarios, y en consecuencia, se les deje sin efecto, con costas.

Que a fojas 34 informa al tenor del recurso, Amparito Cruchaga Valenzuela, en su calidad de abogada de la recurrida, solicitando, en primer lugar, que el recurso de protección sea declarado improcedente y en subsidio, que se tenga por evacuado el informe y con su mérito, se rechace el recurso por carecer de fundamento legal, con costas.

Señala que la acción de protección requiere que se reúnan ciertos requisitos copulativos para su procedencia, a saber, la ocurrencia de una acción u omisión reprochable; que dicha acción u omisión sea arbitraria e ilegal; que como consecuencia de ello, se derive la privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de un derecho protegido constitucionalmente; y que el Tribunal ante quien se recurre esté en condiciones de brindar la protección reclamada, alegando que el acto recurrido es legal y carece de rasgos arbitrarios.

Para sostener lo anterior señala que las actas de fiscalización por separación ilegal de trabajadoras con fuero Nº13/05/2014/405 y 406, que motivaron el recurso, son parte de un proceso de fiscalización que se ha iniciado por denuncia de las trabajadoras afectadas, en virtud de los artículos 505 del Código del Trabajo y 23, 24 y siguientes del DFL Nº2 de 1967. Indica que la resolución no puede ser catalogada de arbitraria, ya que como se aprecia de su texto y redacción, fue razonada, argumentada y fundada conforme a derecho, en base a los antecedentes tenidos a la vista, tales como el certificado médico que acredita la fecha probable del embarazo de las trabajadoras afectadas.

Refiere a continuación, que las actas recurridas se levantan en el proceso de una fiscalización iniciada por denuncia de las trabajadoras, y en ellas se describe el procedimiento que se lleva a cabo, los hechos constatados por el fiscalizador que son infracciones a la legislación laboral, por las que la Dirección del Trabajo cursa la infracción.

En cuanto a los hechos fundantes del acto que motiva el recurso, informa el recurrido que con fecha 8 de abril de 2014, doña nombre reservado y doña nombre reservado, interpusieron denuncia por separación ilegal de trabajadora con fuero maternal, por lo que el 15 de abril de 2014, el fiscalizador don nombre reservado, realizó la primera visita en dependencias de la empresa, constatando que la relación laboral entre la empleadora y la señora nombre reservado, comenzó el 4 de Marzo de 2013 y con la señora nombre reservado se inicia el 01 de Marzo de 2013, siendo ambas separadas de sus funciones a partir del 28 de Febrero de 2014, invocando el artículo 159 Nº4 del Código del Trabajo. Agrega que en tal visita se le informó al recurrido que las trabajadoras contaban con fuero maternal, según dan cuenta los correspondientes certificados médico, verificándose que la empresa no contaba con autorización judicial previa para separarlas de sus funciones. Ocurrido lo anterior, se le informó al empleador de la imposibilidad de separar a una trabajadora con fuero, sin contar con la debida autorización judicial, dándole a conocer el carácter ilegal de la separación, lo que configura una infracción a la legislación laboral, por la que se le sancionaría si no se allanaba a poner término a la separación indebida. Agrega que habiéndose constatado que el empleador no se allanó al reintegro, se le informó que se haría una nueva visita para que corrigiera su actuar ilegal, para lo cual se le citó a la oficina de la Inspección para el 17 de Abril de 2014, dejándose constancia que de persistir en la separación ilegal, se le cursarían sanciones. Agrega que con fecha 17 de Abril del año en curso, la recurrida no compareció a la Inspección, cursándosele las multas 1180/14/25 y 1180/14/26, por separar ilegalmente de sus funciones a trabajadoras amparada por fuero maternal y por no comparecer a la citación de la Dirección del Trabajo.

Refiere que la recurrente en sus alegaciones, lejos de demostrar un error de hecho en la infracción constatada, se limitó a ilustrar sobre su ignorancia del estado de embarazo al momento de finiquitar a las trabajadoras, pero no justificó de manera alguna su actuar frente a la solicitud de reincorporación del fiscalizador, quien le señaló que las trabajadoras se encontraban con fuero de maternidad, reusándose a reincorporarlas, a pesar de que un ministro de fe le señaló que mediante certificado médico se ha acreditado el fuero invocado.

Indica que todo el procedimiento de fiscalización se ha llevado a cabo ajustándose a lo que señala la legislación vigente y lo que la empresa ve como una amenaza de multa, no es otra cosa que la constatación de su infracción laboral y el otorgamiento de un plazo para su corrección, sin embargo, la empresa no se allanó, y por eso la fiscalización culminó con la dictación de las multas individualizadas, por lo que el fiscalizador no se ha arrogado facultad jurisdiccional alguna, ya que su actuación se enmarca dentro del límite de sus potestades, esto es, fiscalizar una materia denunciada por las trabajadoras afectadas.

En cuanto a la legalidad de las actuaciones recurridas, manifiesta que el artículo 505 del Código del Trabajo entrega especiales atribuciones a las Inspecciones del Trabajo para fiscalizar y cursar infracciones cuando sean constatadas por los fiscalizadores.

Por otra parte, señala que no ha habido amenaza al derecho de propiedad de la recurrente, ya que la Inspección se limitó a cumplir con su labor encomendada por la legislación laboral, haciendo mención a que uno de los principios básicos del procedimiento administrativo es el de la inexcusabilidad establecida en el artículo 14 de la Ley 19.880, lo que relacionado con el artículo 505 del Código del Trabajo y se traduce en la obligación de la administración de fiscalizar una denuncia ingresada por las trabajadoras afectadas. De esta forma, no se divisa como pueden las actas recurridas afectar el derecho de propiedad, máxime si ellas solo dan cuenta de los hechos constatados por el fiscalizador y solo engloban la obligación de cumplir con la ley y respectar las garantías constitucionales de los trabajadores, la que culmina con una multa administrativa dictada dentro de un procedimiento totalmente ajustado a derecho, en virtud de facultades expresamente conferidas por la ley.

Y considerando:

Primero: Que el recurso de protección ha sido establecido como una herramienta eficaz para impugnar los actos arbitrarios e ilegales que amenacen o amaguen alguna garantía constitucional, que se origine en un derecho indubitado, en que la ley no haya establecido otro mecanismo o recurso para que se restablezca el imperio del derecho.

Que como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, surge de lo consignado precedentemente, que es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley o arbitrario, o producto del mero capricho de quién incurre en él y que provoque alguna de las situaciones que se han indicado, afectando una o más de las garantías constitucionales protegidas. De esta forma son diversas las exigencias para la presentación y el acogimiento de una acción de la naturaleza indicada.

Segundo: Que, en primer término y en cuanto a la alegación de la recurrida, en orden a que el presente recurso es improcedente por no reunir los requisitos copulativos que se exigen para su interposición, deberá ésta ser rechazada pues, si bien el Código del Trabajo le asigna a los Juzgados Laborales competencia para conocer materias propias de su naturaleza, no es menos cierto que no se pude ignorar lo expresamente dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política que permite la interposición de esta acción cautelar "sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes".

Tercero: Que, resuelto lo anterior, debe analizarse si el acto que se le reprocha a la Inspección Provincial del Trabajo, Cordillera-Puente Alto, dictación de las actas Nº13/05/2014/405 y 406, constituye un acto arbitrario o ilegal.

Cuarto: Que el artículo 505 del Código del Trabajo establece que “La fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y su interpretación corresponde a la Dirección del Trabajo, sin perjuicio de las facultades conferidas a otros servicios administrativos en virtud de las leyes que los rigen”. A continuación dispone que los funcionarios públicos deberán informar a la Inspección del Trabajo respectivas, las infracciones a la legislación laboral de que tomen conocimiento en el ejercicio de su cargo.

Quinto: Que de la manera señalada no es razonable sostener que el Fiscalizador al realizar el procedimiento que dio origen a las actas Nº13/05/2014/405 y 406, se ha excedido en sus atribuciones, puesto que al efectuar la inspección en el lugar de trabajo, mantener conversación con las trabajadoras y resolver sobre las denuncias interpuestas por ellas fundamentando dicha resolución, actuó dentro del ámbito de las facultades que le confieren especialmente los artículos 23 y siguientes del D.F.L. Nº 2 de 1967, cumpliendo de esta forma con una obligación que esta misma ley le impone y cuyo objeto es precisamente tutelar el cumplimiento de la legislación laboral, lo que en ningún caso ha significado una interpretación y calificación jurídica de ella, como alega el recurrente.

Que al obrar de esta manera el Fiscalizador, Sr. nombre reservado, no ejecutó labores propias de un Tribunal, sino que lo hizo dentro de sus facultades administrativas.

Sexto: Que, así las cosas, resulta que las Resoluciones recurridas, dictadas por el fiscalizador don nombre reservado, de la Inspección Provincial de la Dirección del Trabajo, Cordillera, corresponden a actos realizados dentro de las funciones fiscalizadoras que la ley entrega a la Inspección del Trabajo, como ya se dijera, por los artículos 1 y 23 del D.F.L. Nº 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y artículos 2 y 505 del Código del Trabajo, motivo por el cual, estos sentenciadores rechazarán el recurso de protección intentado.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el Recurso de Protección interpuesto a fojas 17 por don nombre reservado.

Redacción de la Ministro señora Adriana Sottovia Giménez.

Anótese, regístrese y archívese.

Rol 116-2014-Pro

Pronunciada por las Ministros señora Inés Martínez Henríquez y señora Adriana Sottovia Giménez y por el Abogado Integrante señor Nicolás Arrieta Concha.

En San Miguel, once de julio del año dos mil catorce, notifiqué por el estado diario la resolución precedente.