nombre reservado con AFP UNO S.A.

San Miguel, ocho de julio de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que Linda Nataly Quintero Mogollon, abogado, interpone acción de protección constitucional en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones UNO S.A., por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en haber rechazado su solicitud de retiro de fondos para extranjero al amparo de la Ley N°18.156, lo que vulnera los derechos garantizados en el artículo 19 N°2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que el 27 de enero de 2026 presentó su solicitud de la devolución de fondos previsionales conforme a lo dispuesto en la Ley 18.156 y por medio de correo electrónico de 2 de febrero de 2026 se le informó el rechazo de su solicitud.

Indica que ingresó un reclamo ante la Superintendencia de Pensiones el 11 de febrero de este año y este organismo recomendó a la AFP mantener su criterio de rechazo.

Explica que el extranjero ha dado cumplimiento íntegro de los requisitos establecidos en la ley 18.156, salvo la apostilla de la constancia que acredita su afiliación al sistema de afiliación venezolano, esto en virtud de que no existe representación consular de Venezuela en Chile que permita realizar este trámite, pero que, sin embargo, dicha exigencia resulta arbitraria e imposible de cumplir, toda vez que el propio Sistema de Apostilla Electrónica de la República Bolivariana de Venezuela no contempla la apostilla para este tipo de instrumento, cuestión que consta en los registros oficiales consultados en línea.

Sostiene que dicha conducta vulnera el derecho de propiedad de la solicitante, al imponer condiciones no previstas en la Ley N° 18.156, la cual solo exige acreditar la cobertura previsional en el extranjero y no la apostilla del documento.

Indica que la constancia acredita que la parte recurrente mantiene activa su cobertura previsional en Venezuela y que el sistema de seguridad social de ese país otorga prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, cumpliendo así los requisitos establecidos en la ley chilena. Además, el certificado electrónico emitido por el IVSS es verificable en línea mediante un código alfanumérico y emana de la autoridad competente.

En consecuencia, argumenta que el rechazo de la solicitud carece de motivación suficiente y se basa en una interpretación excesivamente formalista y restrictiva de los requisitos legales, contraviniendo el principio de juridicidad y el deber de fundamentación de los actos administrativos. Finalmente, refiere que la conducta de la AFP vulnera los derechos a la igualdad ante la ley y a la propiedad, reteniendo de manera injustificada los fondos previsionales de la recurrente, por lo que corresponde acoger la acción de protección y restablecer el imperio del derecho.

Solicita que se ordene que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por la recurrente o el que esta Corte estime conforme al mérito de autos, adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

Segundo: Que, al evacuar informe, Romina Dalbosco Cornejo, abogada en representación de Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A., solicita el rechazo íntegro del recurso, con costas.

Señala que el recurso de protección es una acción cautelar destinada a amparar el ejercicio de derechos indubitados frente a actos ilegales o arbitrarios y que en la especie no existe derecho preexistente ni acto de tal naturaleza, por cuanto la devolución de fondos a técnicos extranjeros es excepcional y solo procede cuando se cumplen estrictamente los requisitos del artículo 1 y 7 de la Ley N° 18.156 y de la Circular N° 553, lo que no ocurriría en el caso del recurrente.

Expone que la recurrente inició el trámite el 27 de enero de 2026 y efectivamente AFP UNO S.A. rechazó la solicitud el 2 de febrero de este año, señalando que el motivo del rechazo es “(…) acompañaste documentos que no cumplen con los requisitos para esta solicitud: Contrato de trabajo: El documento no cumple criterios de aceptación para esta solicitud. Contáctate con nosotros para más información; Certificado Institución de Seguridad Social: El documento no cumple criterios de aceptación para esta solicitud. Contáctate con nosotros para más información; Anexo de contrato de trabajo: El documento no cumple criterios de aceptación para esta solicitud.”

Señala que, en Chile, rige el principio general de territorialidad que implica que las leyes laborales y previsionales se aplican a todos los trabajadores, chilenos o extranjeros, salvo dos excepciones: la existencia de un convenio bilateral de seguridad social y la exención de cotizaciones para técnicos extranjeros conforme a la Ley N°18.156. Esta norma permite que los técnicos extranjeros, acreditados como tales y afiliados a un régimen de seguridad social en su país de origen, puedan solicitar la devolución de fondos previsionales depositados en una AFP, siempre que cumplan con los requisitos legales establecidos en los artículos 1° y 7° de la ley y en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Asimismo, para que los documentos extranjeros tengan validez en Chile, deben estar debidamente legalizados o apostillados, siguiendo la cadena de legalización que culmina en el Ministerio de Relaciones Exteriores. El artículo 345 del Código de Procedimiento Civil regula este proceso, y el Oficio Reservado N° 2966 de 2023 detalla las medidas de seguridad y autenticidad requeridas para los documentos, incluyendo el timbre tricolor y la verificación en el documento original.

Indica que en este caso el certificado de afiliación al seguro social venezolano no se encuentra legalizado y no exime el cumplimiento de los requisitos legales la ausencia de relaciones diplomáticas entre los países.

Sostiene que no tiene facultad para sustituir la legalización exigida y que aceptar documentos no autenticados pondría en riesgo la seguridad jurídica del sistema previsional. Además, señala que la Superintendencia de Pensiones ha reiterado que solo los documentos apostillados por la autoridad competente venezolana cumplen con los requisitos para producir efectos en Chile, según el Convenio de la Apostilla de la Haya.

Expone que la AFP actúa conforme a la normativa vigente y que la imposibilidad de legalización debido a la falta de representación diplomática venezolana no puede ser imputada a la Administradora. La Superintendencia de Pensiones ha rechazado propuestas de validación alternativa, insistiendo en la necesidad de legalización formal.

Concluye que AFP Uno S.A. se ha limitado a aplicar la ley y la normativa administrativa vigente, sin privar ni perturbar las garantías del recurrente, por lo que no existe acto ilegal o arbitrario que pueda ser corregido por esta vía.

Tercero: Que, al evacuar informe, la Superintendencia de Pensiones solicita, en primer término, el rechazo del recurso por estimar que la materia debatida excede el ámbito propio de la acción cautelar de protección.

Sostiene que esta vía sólo procede para amparar derechos indubitados y preexistentes, y no para declarar la existencia de un derecho discutido, como ocurriría en la especie respecto de la devolución de fondos previsionales al amparo de la Ley N°18.156. Añade que la controversia gira precisamente en torno a si el recurrente acreditó o no el cumplimiento de los requisitos legales, cuestión que requiere un procedimiento declarativo o de lato conocimiento y no puede ser resuelta por la vía sumaria del artículo 20 de la Constitución.

En cuanto al fondo, señala que la Ley N° 18.156 establece que los trabajadores técnicos extranjeros y sus empleadores pueden quedar exentos de cotizar en el sistema previsional chileno, siempre que se cumplan ciertos requisitos: acreditar la calidad de técnico mediante títulos extranjeros legalizados y mantenerse afiliado a un régimen de previsión fuera de Chile, el cual debe otorgar cobertura en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Para solicitar la devolución de fondos previsionales, el extranjero debe presentar documentación que pruebe su afiliación, la que debe estar debidamente legalizada o apostillada y ser legible y vigente.

Agrega que la ley exige que toda la documentación presentada cumpla con los estándares legales chilenos, incluyendo la apostilla o legalización según corresponda. Las AFP solo pueden tramitar la devolución si se acredita el cumplimiento de todos los requisitos copulativos; en caso contrario, deben rechazar la solicitud, sosteniendo que las dificultades de acceso a consulados no exceptúan del cumplimiento legal, por lo que se sugiere presentar nuevamente los documentos requeridos para su revisión y eventual aprobación.

Expone que existió una falta de cumplimiento de los requisitos exigidos para el retiro de fondos previsionales bajo la Ley N°18.156, toda vez que aunque don nombre reservado acreditó su calidad de técnico extranjero mediante título apostillado, no basta con presentar una constancia de seguridad social de Venezuela; dicha constancia carece de firma autorizada, no está legalizada ni apostillada, y solo menciona coberturas generales, lo que no cumple la exigencia legal de acreditar afiliación y cobertura específica. Además, el recurrente celebró contrato de trabajo el 2 de marzo de 2020, sin que manifestara su voluntad de continuar cotizando en el sistema previsional de su país de origen conforme exige el artículo 1° de la Ley 18.156. posteriormente, 5 años después de haber celebrado contrato de trabajo, el 14 de abril de 2025, celebró un anexo de contrato de trabajo, refiriendo que: “SEGUNDO: Según lo establecido en la Ley N° 18.156, el trabajador solicitó la celebración de este anexo para requerir la devolución de sus Fondos Previsionales de la AFP UNO, a la que se encuentra afiliado en el sistema previsional chileno. El trabajador en pleno conocimiento de sus derechos entiende y comprende que esta solicitud conlleva la exención de cotizar, tanto en AFP, como en ISAPRE o FONASA.”, sin embargo, de manera alguna acredita estar cubierto por algún régimen previsional del país de origen por riesgo de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, lo que queda corroborado con la documentación acompañada por el recurrente.

Señala que la jurisprudencia de la Corte Suprema y de diversas Cortes de Apelaciones ha reiterado que la dificultad para legalizar documentos, por ausencia de relaciones consulares, no constituye imposibilidad absoluta; existen vías alternativas para cumplir la legalización, como consulados de terceros países o procedimientos electrónicos. El contrato presentado por la recurrente no demuestra voluntad inequívoca, y las manifestaciones contradictorias hacen primar la obligación general de cotizar en Chile, según dictámenes de la Superintendencia de Pensiones.

Asimismo, don nombre reservado cuenta con residencia y cédula de identidad chilena permanente, lo cual no asegura el retorno a su país de origen y pone en riesgo, que, pese al retiro de sus fondos previsionales, en el futuro se deba cubrir su pensión con fondos fiscales. No cumplir con los requisitos para el retiro excepcional no implica pérdida de los fondos previsionales, sino la improcedencia del beneficio; el recurrente mantiene sus derechos conforme al régimen general del sistema de pensiones.

Por todo lo anterior, señala que no se configura privación, perturbación o amenaza de derechos constitucionales por parte de la Superintendencia, que ha actuado conforme a derecho y dentro de sus competencias, por lo que solicita declarar improcedente el recurso de protección, y en subsidio, rechazarlo con costas a la recurrente.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que, como se señala ut supra, el acto impugnado mediante la presente acción constitucional es la negativa de AFP recurrida de acceder a la petición del actor -trabajador extranjera- de devolverle los fondos previsionales que depositó en la referida AFP, comunicada el 2 de febrero de 2026, por no cumplir con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley N°18.156.

Por consiguiente, el objeto de la presente controversia consiste en determinar si la referida negativa resulta arbitraria e ilegal.

Sexto: Que, el artículo 1° de la Ley N°18.156 dispone: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744”.

A su vez, el artículo 7° del mismo cuerpo normativo, preceptúa: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Séptimo: Que, corresponde a la Superintendencia de Pensiones, de conformidad con lo dispuesto en el N°7 del artículo 47 de la Ley N°20.255; N°3 del artículo 94 del D.L. N°3.500, de 1980, y el literal i) del artículo 3 del D.F.L. N°101 de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, interpretar administrativamente las normas del Sistema de Pensiones, razón por la cual y en ejercicio de dicha facultad, dicho organismo ha emitido una serie de disposiciones contenidas en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, para la correcta aplicación de la Ley N°18.156.

De esta manera, el órgano fiscalizador ha generado una jurisprudencia administrativa especialmente encaminada a uniformar criterios de exigencias en los casos en que la legislación concede beneficios de carácter excepcional a los trabajadores.

Conforme a lo indicado, el N°1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones dispuso que para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, el trabajador extranjero debe aportar la certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Asimismo, mediante el Oficio N°21.480 de la Superintendencia de Pensiones, de 20 de septiembre de 2017, la misma ha instruido: “[…] se deberá acompañar un documento debidamente legalizado o apostillado, según sea el caso, que acredite que usted cuenta a todo evento, con anterioridad y durante la prestación de servicios en Chile, con la protección de todas las coberturas exigidas en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156 […]”. En esta misma línea, ha indicado el Oficio N°23208, de 15 de diciembre de 2023: “Ahora bien, el mencionado certificado de afiliación a un régimen de seguridad social en su país debe venir debidamente apostillado y si dicho documento es ratificado por la Oficina Consular de su país, deberá constar que el certificado ha sido extendido en representación de la autoridad competente de la seguridad social de ese país”.

Octavo: Que cabe señalar, que las normas citadas precedentemente deben ser interpretadas de manera restrictiva, por cuanto la Ley N°18.156 es de carácter excepcional y, como tal, debe aplicarse solo cuando se cumplen todos sus requisitos.

Sin embargo, consta que los documentos que fueron acompañados por el actor al impetrar el beneficio rechazado no tienen la aptitud para acreditar los requisitos del artículo 1° tantas veces referido.

Noveno: Que, de tal forma, no se advierte acto u omisión arbitrario o ilegal, por cuanto, la decisión adoptada por la recurrida se encuentra debidamente fundada en la normativa vigente, no existiendo un actuar caprichoso o antojadizo, ya que, la Superintendencia de Pensiones ha fijado una interpretación obligatoria para las AFP y en tal sentido, no puede apartarse de lo dispuesto por el ente fiscalizador sin incurrir en responsabilidad administrativa. Cabe considerar además que el recurrente no se encuentra imposibilitado de obtener la documentación legalizada que se le exige dado que, según se ha indicado por la Excma. Corte Suprema en causa rol 54.247-2025 “… el trámite puede realizarse en las sedes consulares de países que mantienen relaciones con Venezuela, como Colombia o Perú, o a través del portal web del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, presentando los documentos físicos a través de terceras personas.”

Décimo: Que, así las cosas, las exigencias formuladas por la recurrida, encuentran sustento en la ley, y en los criterios entregados por la Superintendencia de Pensiones, a cuya fiscalización se encuentra sujeta la Administradora recurrida, lo que descarta que su actuación se haya apartado de la legalidad vigente, como sostiene la actora; de contrario, su decisión se ajusta al procedimiento fijado en la Ley N°18.156, para atender solicitudes de la naturaleza como la efectuada por la parte recurrente, motivo bastante para desestimar el recurso de protección, que se examina, al no existir, en la práctica, actuación alguna que deba ser corregida por este medio.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido a favor de nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones UNO S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°1150-2026 Protección.