nombre reservado con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION REGIONAL

San Miguel, diecisiete de junio de dos mil veintidós.

Vistos:

Comparece don nombre reservado, casado, constructor civil, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone acción constitucional de protección en contra del Servicio de Impuestos Internos, representado legalmente por su Director don nombre reservado, o por quien lo subrogue en el cargo, ambos con domicilio en domicilio reservado; en razón de haber incurrido en actos arbitrarios e ilegales cometidos en el proceso de reavalúo de su domicilio ubicado en domicilio reservado, aumentando su tributo por concepto de contribuciones de forma desproporcionada e injusta, respecto de lo pagado en procesos anteriores, lo cual constituiría una privación, perturbación y amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales que el artículo 19 de la Constitución Política señala en sus números 1, 2, 14, 20 y 24.

Refiere que el 6 de agosto mediante correo electrónico enviado por la recurrida, se le informa que a contar del 1 de enero de 2022, comenzó a regir el reavalúo de bienes raíces no agrícolas de todo el país, según lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley N° 17.253 sobre Impuesto Territorial. En este sentido, según se detalla en el mismo documento, se ha determinado un nuevo avalúo fiscal para su propiedad ya individualizada, el cual asciende a un monto total afecto de $ 366.229.670 (trescientos sesenta y seis millones doscientos veintinueve mil seiscientos setenta pesos), de modo que las 4 cuotas de contribuciones a pagar corresponden a $ 812.642 (ochocientos doce mil seiscientos cuarenta y dos pesos).

Señala que desde el año 2006 a la fecha ha existido un frenético aumento del pago de contribuciones pasando de $ 41.000.000 en el 2006 a los $ 366.000.000 este año. En este sentido expone que su propiedad ha aumentado desde el año 2017 en más de un 200% su avaluación, lo cual se ve reflejado en el monto cobrado por la recurrida por concepto de contribuciones.

Refiere que su actual capacidad económica dista mucho del monto al que se encuentra obligado a pagar pues ya no se encuentra en edad laboral activa, por lo que sus ingresos son bajos.

Asimismo, sostiene que la determinación adoptada por el Servicio de aumentar sustancialmente el monto que paga por concepto de contribuciones, es un hecho ilegal y arbitrario que atenta contra sus garantías constitucionales, haciendo presente que las contribuciones que debe pagar son excesivas, las cuales son comparables al pago que deben realizarse por propiedades similares ubicadas en comunas acomodadas, que tienen un mayor valor, plusvalía y mejores comodidades que la comuna de Buin.

Agrega que dicha arbitrariedad se ve reflejada en que, comparada con un vecino del sector, el avaluó de este es de $156.390.153 (ciento cincuenta y seis millones trescientos noventa mil ciento cincuenta y tres pesos) de modo que no resulta comprensible la determinación adoptada con su predio. En términos tales que, entre su vecino y el recurrente existe una diferencia de $209.839.517, en circunstancias que el sitio tiene similares características y se ubica en un sector de igual plusvalía, es por ello que la determinación del órgano administrativo ha vulnerado la garantías fundamentales consagradas en los numerales en sus números 1, 2, 14, 20 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Concluye señalando que incluso concurrió a las oficinas del referido servicio con el objeto de que aquel reconsidere y/o revise el avalúo año 2022 sin embargo, se le informó que el periodo para reclamar contra el proceso de avalúo 2022 aún no se encontraba disponible, sino que este solo puede ser solicitado y/o iniciado luego de concluida la exhibición de los roles de avalúos en las municipalidades respectivas, proceso que dura 30 días.

Pide, se declare que la recurrida ha incurrido en una omisión ilegal y arbitraria, acogerlo a tramitación y en definitiva declarar que el alza sufrida atenta contra sus garantías constituciones, debiendo estas ser revisadas y/o adecuadas a la baja, en base a la capacidad económica que posee.

Informa el abogado Rodrigo Véliz Schrader, por el Servicio de Impuestos Internos, al tenor del recurso, solicitando su total rechazo con costas por no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificada de ilegal o arbitraria que atente contra las garantías consagradas en el artículo 20 de la Carta Fundamental.

En relación con el reavalúo de la propiedad del recurrente señala que esta tiene destino habitacional y, al primer semestre de 2022, su avalúo total es de $366.229.670, determinado conforme a la normativa dispuesta en la Ley N° 17.235 sobre Impuesto Territorial, y a las características particulares de ella.

Añade, que conforme a criterios estrictamente técnicos, la determinación del nuevo avalúo fiscal, para el año 2022 consideró que el predio de propiedad del recurrente se encuentra emplazado en el Área Homogénea HBB074 de la comuna de Buin, la que, de acuerdo a la determinación efectuada por el Servicio según establece la Resolución Exenta SII N° 143, de fecha 30 de diciembre de 2021, tiene un valor por metro cuadrado de terreno al 2° semestre de 2021 ascendente a $ 80.369 y de $84.468 al 1° semestre de 2022.

Asimismo, en relación a las características particulares del inmueble, el recurrido constató la existencia de un terreno de superficie de 4.650 m2, y cuatro líneas constructivas, tres de las cuales corresponden a construcciones tradicionales destinadas a habitación, con una sumatoria de 275 m2 construidos en total.

A su vez, refiere que conforme a los artículos 3° y 4° de la Ley N°17.235 sobre Impuesto Territorial, se establece que el Servicio de Impuestos Internos debe reavaluar los bienes raíces no agrícolas en la forma y plazo que establece dicho cuerpo legal, por lo que, y en consideración a la Ley N° 20.650, se procedió a efectuar el reavalúo de todos los bienes raíces no agrícolas del país a contar del 1 de enero de 2022.

Indica que conforme la referida ley, se han establecido vías de revisión de los nuevos avalúos, por lo que, los propietarios, sus representantes legales y las Municipalidades pueden presentar un recurso de reposición administrativa ante el Servicio, o bien presentar un reclamo, conforme al Procedimiento Especial de Reclamo en contra de los nuevos avalúos ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA), correspondientes a la jurisdicción territorial en la que se ubica el bien raíz, de acuerdo con lo establecido en el Código Tributario. Agrega en este sentido que en el caso específico de la comuna de Buin, el período de exhibición de avalúos se inició el día 28 de abril y concluyó el 27 de mayo del presente año, iniciándose el plazo para interponer la acción administrativa el día 30 de mayo de 2022, y para interponer la acción judicial el día 28 de mayo de 2022.

Refiere que conforme lo anterior la vía idónea para obtener la revisión y eventualmente la modificación del nuevo avalúo determinado respecto del bien raíz que señala el recurso –y, en consecuencia, del monto de las contribuciones- es la acción jurisdiccional señalada, o bien, mediante un recurso de revisión administrativa, pero, en ningún caso, por medio de una acción cautelar como es el recurso de protección.

Finalmente expone la recurrida que la Ley N° 17.235 establece un impuesto a aplicar sobre los avalúos, determinando el procedimiento de reavalúo fiscal de los bienes raíces, forma de aplicar la nueva tasación, y qué Servicio estará encargado de aquello, lo anterior conforme a las tablas de clasificación de las construcciones y de los terrenos fijándose los valores unitarios que correspondan a cada tipo de bien, de forma que la recurrida no habría cometido un acto arbitrario e ilegal toda vez que se ha ceñido a la normativa legal vigente.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

Consecuencialmente, es necesaria la existencia de un acto u omisión, ilegal y/o arbitrario que provoque tal perturbación o amenaza.

Segundo: Que lo que discute el recurrente mediante este arbitrio es el alza de impuesto territorial que con ocasión del reavalúo para el año 2022, de los bienes raíces no agrícolas, experimentó su propiedad, atribuyendo a esa actuación el carácter de ilegal o arbitraria y constitutiva de transgresión a las garantías constitucionales que refiere, por estimarlo excesivo.

Tercero: Que en lo que a la materia se refiere solo baste decir que el DFL N° 1 del Ministerio de Hacienda, que fijó el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la ley numero 17.235 sobre impuesto territorial, dispone en su artículo 3°, que los inmuebles ya sea agrícolas y no agrícolas deberán reavaluarse cada cuatro años, entregando además en su artículo 4° los indicadores técnicos correspondientes para ello. Por su parte el artículo 5° fija los procedimientos a seguir por el órgano administrativo para poner en conocimiento de los interesados los nuevos avalúos derivados de la finalización de ese proceso, dejando de cargo de los Alcaldes de las comunas respectivas, además, la fijación de los nuevos avalúos, en lugar visible del local en donde funciona la Alcaldía, por el lapso que la propia ley establece, circunstancia que adicionalmente se comunicará en un periódico de la localidad o, a falta de éste, en uno de circulación general en la comuna. La ley además detalla la tasa que corresponde aplicar sobre el monto de avalúo establecido y la sobretasa cuando el avalúo excede de un determinado monto, como también el límite imponible y la forma de determinar su pago en dicho caso. A su vez el artículo 9 regula el reajuste semestral que debe aplicarse a los avalúos de los bienes raíces y a los montos exentos, entregando al Presidente de la República la facultad de suspender el reajuste del segundo semestre de cada año. Los avalúos además pueden ser modificados por el Servicio de Impuestos Internos conforme los criterios técnicos a que se refieren los artículos 10, 11 y 12 de la citada ley. Los nuevos avalúos determinados rigen a partir del 1 de enero del año al que corresponden, siendo la misma ley la que establece las fechas de pago, que para estos fines es prorrateada en 4 cuotas a lo largo del año.

Asimismo la ley dispone que los contribuyentes que se consideren afectados con la determinación puedan reclamar conforme al procedimiento establecido para ello en el artículo 149 y siguientes del Código Tributario.

Cuarto: Que así las cosas no resulta atendible la existencia de alguna ilegalidad en el proceder del Servicio de Impuestos Internos, el que conforme a lo actuado, se ha ajustado a la normativa legal que lo faculta para realizar el reavalúo de la propiedad de marras.

Quinto: Que en lo que respecta a una eventual arbitrariedad en la determinación del avalúo acorde a las condiciones y situaciones que explica para fundarla, en el sentido a que habrían otros predios de similares características, como el que individualiza, que tendrían un avalúo muy inferior al regulado para la propiedad del recurrente, ello no resulta abordable por la vía de la presente acción cautelar, destinada a resolver situaciones en que los hechos esgrimidos y los derechos constitucionales afectados estén indubitados, lo que no acontece en el caso propuesto.

En efecto, siendo el procedimiento atacado, uno de carácter técnico en el que devienen múltiples factores tales como ubicación, superficie, construcciones, años de las mismas, mejoras, tal discusión debe darse en un procedimiento en el que se ventilen los diferentes aspectos y factores tenidos en cuenta para arribar al avalúo del que discrepa el recurrente, más aun cuando existen procedimientos reglados, como también un tribunal técnico especializado para conocer de dicha materia y dirimir tales asuntos, razonamientos todos que conducen a la desestimación del recurso en análisis.

Sexto: Que atendido lo concluido precedentemente, es innecesario entrar al análisis de las garantías constitucionales que se indican como conculcadas y a ponderar los documentos acompañados.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el deducido por don nombre reservado.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la ministro (s) Carmen Gloria Escanilla Pérez.

N° 11477-2022 Protección.

Pronunciada por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por las Ministros señora Adriana Sottovia Giménez y señora Carmen Gloria Escanilla Pérez y Abogado Integrante señor Pablo Calquín Almeyda, quien no firma, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y posterior acuerdo, por encontrarse ausente.