nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO Y OTRO

C.A. de San Miguel San Miguel, trece de octubre de dos mil veintiséis A los escritos folios N°s 24 y 25: Téngase presente:

Primero: Que nombre reservado, empresario, domiciliado en domicilio reservado, interpone recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Isla de Maipo, representada legalmente por su alcalde, Juan Pablo Olave Cámbara, y de nombre reservado, a quienes atribuye actuaciones y omisiones ilegales y arbitrarias que vulnerarían su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, consagrado en el artículo 19 N°8 de la Constitución Política de la República. En particular, imputa a la segunda la ejecución de obras de construcción y el desarrollo de trabajos de fabricación de estructuras metálicas y corte de fierro en el inmueble ubicado en domicilio reservado, de la referida comuna, actividades que generarían ruidos molestos de manera constante. Por su parte, atribuye a la Municipalidad una falta de fiscalización efectiva y la omisión de adoptar medidas para detener las faenas denunciadas.

Expone que, con fecha veintisiete de enero de dos mil veintitrés, presentó una denuncia ante la Dirección de Obras Municipales de Isla de Maipo y el Servicio de Impuestos Internos por el desarrollo de una actividad industrial no autorizada en el referido inmueble, a la que se asignó el N°000896 el dos de febrero de ese año. Señala que, el treinta y uno de mayo de dos mil veinticuatro, la Dirección de Obras Municipales dictó la Resolución N°02/2024, mediante la cual ordenó la paralización total de las actividades por falta de permisos y recepciones, medida que, según sostiene, no ha sido cumplida.

Agrega que, el dieciséis de septiembre de dos mil veinticuatro, el Juzgado de Policía Local de Isla de Maipo dictó sentencia condenatoria en la causa Rol N°1252-2023 en contra de nombre reservado, imponiéndole una multa de 100 UTM por infracción al artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y al artículo 5.1.1 de su Ordenanza General, y ordenando a la Municipalidad adoptar medidas para restablecer el Estado de Derecho.

Refiere que, el once de agosto de dos mil veinticinco, la Contraloría General de la República emitió el Dictamen N°E134747/2025, en el que señaló que la Municipalidad no había fiscalizado la paralización de las obras y que se desarrollaban actividades sin patente municipal. Añade que, mediante Oficio N°E219923/2025, de veintitrés de diciembre de dos mil veinticinco, dicho organismo solicitó un nuevo informe al alcalde, y que, por Oficio N°OF18765/2026, de veintiocho de enero de dos mil veintiséis, reiteró el requerimiento de información acerca de las medidas adoptadas frente a la persistencia de la situación denunciada.

Asimismo, señala que, el veintinueve de diciembre de dos mil veinticinco, la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo emitió el Informe de Factibilidad para Construcciones (IFC) desfavorable N°3518, relativo al proyecto emplazado en el inmueble, por resultar incompatible con el uso de suelo de Interés Agropecuario Exclusivo.

Sostiene que, pese a estos antecedentes, las obras continúan ejecutándose y en el lugar se desarrollan trabajos de fabricación de estructuras metálicas y corte de fierro, que producen ruidos diarios y a toda hora, afectando su vida cotidiana y la posibilidad de habitar tranquilamente en su domicilio.

Finalmente, solicita que se adopten las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar su debida protección, ordenando el cese de las obras de construcción y de los trabajos que generan los ruidos denunciados, con costas.

Segundo: Que, informando la recurrida nombre reservado, solicita el rechazo del recurso de protección en todas sus partes, con costas.

Alega, en primer término, la extemporaneidad de la acción, sosteniendo que los antecedentes relativos a la paralización de las obras y a la regularización de las construcciones no guardan relación directa con la supuesta afectación del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

Reconoce la existencia de la denuncia presentada ante la Dirección de Obras Municipales el veintisiete de enero de dos mil veintitrés y la dictación de la Resolución de Paralización N°02/2024, de treinta y uno de mayo de dos mil veinticuatro. Precisa que dicha medida se encontraba supeditada a la regularización de las construcciones, exigencia que, según sostiene, se encuentra íntegramente cumplida mediante la obtención del Permiso de Edificación N°21/2026 de la Dirección de Obras Municipales de Isla de Maipo. Asimismo, reconoce la sentencia dictada por el Juzgado de Policía Local de Isla de Maipo en la causa Rol N°1252-2023, aclarando que la multa impuesta por la falta de permisos fue pagada.

En cuanto al informe desfavorable emitido por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, explica que este se originó en un error involuntario al formular el requerimiento, pues la actividad fue declarada como industrial. Sostiene que, atendida la naturaleza agrícola del predio y el destino de los galpones, no requería el Informe de Favorabilidad de la Construcción (IFC), y que cuenta con el informe favorable del Servicio Agrícola y Ganadero, otorgado mediante Resolución Exenta N°833/2024, además de patente comercial definitiva, permiso de edificación y autorizaciones sanitarias de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana para el sistema particular de tratamiento de aguas servidas.

Respecto de los ruidos denunciados, manifiesta que las fiscalizaciones municipales efectuadas en febrero de dos mil veinticinco arrojaron mediciones de 46,0, 46,2 y 46,6 dB(A), niveles que, según afirma, se encuentran por debajo del límite máximo permitido para zonas rurales durante el período diurno, correspondiente a 65 dB, de conformidad con el Decreto Supremo N°38/2011 del Ministerio del Medio Ambiente y la Ordenanza Municipal N°20 de Isla de Maipo. Añade que las mediciones se efectuaron en el punto de recepción más próximo al inmueble del recurrente y que entre sus instalaciones y el predio de este existe una distancia aproximada de ciento veintiún metros, con otros terrenos y una servidumbre de tránsito de por medio. Asimismo, cuestiona los registros audiovisuales aportados por la contraparte, por estimar que no permiten acreditar el origen ni la intensidad de las emisiones sonoras.

Finalmente, enfatiza que las fiscalizaciones y sanciones municipales anteriores obedecieron exclusivamente a cuestiones relacionadas con la edificación y los permisos urbanísticos, sin que se haya constatado infracción alguna por ruidos molestos.

Tercero: Que, informando Juan Carlos Madariaga Montes, abogado, en representación de la Ilustre Municipalidad de Isla de Maipo, solicita el rechazo del recurso de protección en todas sus partes, con costas.

Cuestiona, en primer término, la procedencia de la acción, sosteniendo que la materia sometida a decisión cuenta con un procedimiento especial e idóneo establecido por el legislador, cual es el reclamo de ilegalidad municipal previsto en el artículo 151 de la Ley N°18.695, destinado a controlar la legalidad de los actos u omisiones en que incurran el alcalde o los funcionarios municipales.

En segundo lugar, alega la extemporaneidad del recurso. Señala que el recurrente interpuso la acción el dos de marzo de dos mil veintiséis y que los hitos que reprocha directamente a la Municipalidad corresponden a la Resolución de Paralización N°02/2024 de la Dirección de Obras Municipales, de treinta y uno de mayo de dos mil veinticuatro; a la sentencia del Juzgado de Policía Local, de dieciséis de septiembre de dos mil veinticuatro, y al dictamen inicial de la Contraloría General de la República, de once de agosto de dos mil veinticinco. Concluye que el recurrente tuvo conocimiento cierto de tales actuaciones, a más tardar, en esta última fecha, por lo que transcurrieron más de doscientos días antes de la interposición del recurso.

En subsidio, solicita el rechazo de la acción por no existir acto u omisión ilegal o arbitrario imputable al municipio. Expone que la orden de paralización dictada por la Dirección de Obras Municipales mediante la Resolución N°02/2024 se encontraba supeditada a la obtención de las autorizaciones urbanísticas correspondientes, situación que, según afirma, quedó regularizada con el otorgamiento del Permiso de Edificación de Obra Nueva N°21/2026.

Indica que la sentencia dictada por el Juzgado de Policía Local de Isla de Maipo en la causa Rol N°1252-2023 acogió la denuncia únicamente en cuanto a la falta de permiso de edificación, por infracción al artículo 5.1.1 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, y desestimó las alegaciones relativas a ruidos molestos e infracciones a la Ley de Rentas Municipales.

Agrega que, en respuesta al requerimiento de la Contraloría General de la República, la Municipalidad informó oportunamente las medidas de fiscalización y regularización adoptadas mediante el Ordinario N°1100/68, de veintitrés de febrero de dos mil veintiséis. Añade que, a raíz de dicha respuesta, el órgano de control emitió el Oficio N°42248/2026, de dos de marzo de dos mil veintiséis, en el que tuvo por atendido lo solicitado y estimó inoficioso emitir un pronunciamiento adicional sobre la materia.

Finalmente, en cuanto a las emisiones sonoras, afirma que las fiscalizaciones municipales han registrado niveles que no superan los 47 dB(A), los que se mantendrían dentro de los límites máximos permitidos para zonas rurales conforme al Decreto Supremo N°38/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. En consecuencia, descarta que exista una vulneración de la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N°8 de la Constitución Política de la República.

Cuarto: Que informa el fiscal subrogante Carlos Alberto Frías Tapia, en representación de la Contraloría General de la República, quien expone los antecedentes administrativos tramitados ante dicho organismo de control en relación con las actuaciones y omisiones impugnadas en la presente acción constitucional.

Señala que, con fecha ocho de julio de dos mil veinticinco, el recurrente ingresó la presentación Ref. E84060/2025, mediante la cual denunció el funcionamiento irregular de una empresa dedicada a la fabricación de estructuras metálicas y pallets en una zona agrícola, así como la supuesta inacción municipal frente a la orden de paralización existente. Requerida la entidad edilicia, esta informó, mediante Ordinario N°1102/234, de dos mil veinticinco, acerca del estado de tramitación de la solicitud de permiso de edificación, la dictación de la Resolución de Paralización N°02/2024 de la Dirección de Obras Municipales, la aprobación de la fusión de terrenos mediante Resolución N°09/2024, las fiscalizaciones internas practicadas y la existencia de pronunciamientos favorables del Servicio Agrícola y Ganadero, contenidos en la Resolución Exenta N°833/2024, y de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, respecto del sistema particular de tratamiento de aguas servidas.

Añade que, mediante Oficio N°E134747/2025, advirtió a la Municipalidad que, pese a encontrarse en tramitación el permiso de edificación y la patente, el establecimiento continuaba en situación irregular, sin que se advirtieran nuevas medidas destinadas a asegurar el cumplimiento de la normativa urbanística. Por ello, le requirió adoptar las acciones pertinentes para regularizar las anomalías detectadas.

Finalmente, refiere que, con ocasión de nuevas presentaciones del recurrente, ingresadas bajo las referencias N°151773 y N°235378, ambas de dos mil veintiséis, la Contraloría General de la República emitió el Oficio N°OF47581/2026, mediante el cual se abstuvo de emitir un pronunciamiento en sede administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6°, inciso tercero, de la Ley N°10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, por encontrarse la materia sometida al conocimiento y decisión de esta Corte.

Quinto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal –contrario a la ley– o arbitrario –producto del mero capricho de quienes incurren en él–, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Sexto: Que, según lo denunciado en la acción intentada, el recurrente califica como ilegales y arbitrarias, por una parte, la emisión de ruidos que atribuye a la persona recurrida con ocasión de los trabajos de fabricación de estructuras metálicas y corte de fierro y, por otra, la omisión de fiscalización y de adopción de medidas para detener las faenas denunciadas, que atribuye a la Municipalidad de Isla de Maipo.

Séptimo: Que constituye un hecho no controvertido en la causa, conforme a los antecedentes expuestos en estrados y reconocidos por el abogado de la recurrente, que las labores de corte de metales y la consecuente generación de ruido se encuentran suspendidas desde hace dos meses.

Octavo: Que, conforme a lo indicado, se desprende que la afectación denunciada ha cesado y, en consecuencia, no existe medida alguna que esta Corte pueda adoptar para restablecer el imperio del derecho, lo que hace imposible acoger la acción impetrada.

Noveno: Que, en cuanto a la solicitud planteada por el abogado del actor en estrados de que esta Corte actúe frente a eventos potenciales, futuros e inciertos, para el caso de que se reanude la actividad aludida, esta no resulta compatible con la naturaleza de la acción cautelar, destinada a enfrentar situaciones fácticas concretas ya acaecidas y no meramente hipotéticas, por lo que tampoco cabe hacer lugar a esta petición.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma.

Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de Isla de Maipo y de nombre reservado.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Rol N°1139-2026 Protección