nombre reservado CON FISCALIA LOCAL DE PUENTE nombre reservado, EMPRESA EL MERCURIO SAP REPRESENTADO POR DON nombre reservado, SU DIRECTOR DON nombre reservado Y DE LA PERIODISTA nombre reservado

San Miguel, veinticinco de octubre de dos mil once.

VISTOS:

PRIMERO: Que a fojas 1, don nombre reservado, factor de comercio, domiciliado en domicilio reservado, interpone recurso de protección en contra de la nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, nombre reservado; de la EMPRESA EL MERCURIO SAP, representada legalmente por don nombre reservado, cuya profesión dice desconocer, y en su calidad de Director responsable, don nombre reservado; y, por último, de doña nombre reservado, periodista, todos domiciliados en domicilio reservado, a fin de que esta Corte restablezca el imperio del derecho, declarando para tal efecto que las actuaciones de la Fiscalía, consistentes en las opiniones y entrevista dada por la señora Fiscal Adjunto, doña Yasne Pasten Aguilera en la Sección Reportajes, Cuerpo D, páginas D12 y D13 del Diario El Mercurio y en su edición on line por internet, titulado “Detalles inéditos obtenidos por la Fiscalía tras cuatro años de trabajo” “La investigación que reveló a los millonarios tras el robo de cobre”, signada por la señora nombre reservado, son ilegales y arbitrarias por transgredir los derechos garantizados en el artículo 19 N° 2 y N° 4 en relación con el N° 3 incisos segundo y quinto de la Constitución Política de la República. Asimismo, se prohíba al diario El Mercurio y, en general, a los medios de comunicación social, volver a divulgar, publicar, informar o dar a conocer cualquier antecedente directo relativo a los testigos, imputados, cargos, documentos y en general los datos relativos a la investigación llevada a cabo en los antecedentes Ruc N° 0800491133-5 de la nombre reservado. También se prohíba al Ministerio Público y a los Fiscales entregar información o formular declaraciones a los medios de comunicación social durante el desarrollo del juicio; y, por último, se ordene al diario El Mercurio permitir dentro de un plazo de tres días o en el término que este Tribunal determine, la aclaración por el recurrente “nombre reservado” que estime pertinente de acuerdo a derecho, la que deberá publicarse de la manera que señala. Todo ello ante los actos, en opinión del recurrente, ilegales y arbitrarios de los recurridos, consistentes en la publicación el día 30 de abril del presente año en la sección, cuerpo y páginas ya señaladas del diario El Mercurio, de la entrevista dada por la señora Fiscal más arriba nombrada, con la que según asevera el señor nombre reservado, se le ha perturbado, amenazado y privado en el legítimo ejercicio de sus derechos y garantías resguardados en los numerales 2 y 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, “afectando con dichos actos el debido proceso.”

Expone el recurrente que el día 15 de marzo de 2009, ante el 10° Juzgado de Garantía de nombre reservado y en la causa que singulariza, fue formalizado junto a otras catorce personas por la señora Fiscal más arriba nombrada, por los delitos de asociación ilícita y el delito tributario contemplado en el artículo 97 N° 4 del Código del ramo.

Afirma que desde dicha data hasta la interposición de esta acción, el Ministerio Público a través de la señora Fiscal Yasne Pasten Aguilera, ha dirigido acuciosamente una larga y nutrida investigación formalizada, y anteriormente una desformalizada en contra del recurrente y los demás imputados, cumpliéndose el día 15 de mayo de este año, dos años desde la fecha de la formalización.

Refiere que el 30 de abril de 2011 se publicó en la sección Reportajes, cuerpo D, páginas D 12 y D 13 del diario El Mercurio, y en su edición on line, un artículo titulado “Detalles inéditos obtenidos por la Fiscalía tras cuatro años de trabajo” “La investigación que reveló a los millonarios tras el robo de cobre”, signado por la periodista nombre reservado. En él, la señora Fiscal Yasne Pasten entrevistada por la aludida periodista, en dos páginas completas opinó, entregó antecedentes secretos para terceros ajenos al proceso y expresó nombres, apellidos, alias, edades, lugares, documentos, testigos, medios de prueba, entre otros, relativos a una investigación en curso, conducida por la aludida Fiscal. También proveyó y permitió que se publicaran fotografías de los imputados, entrelazados en un organigrama, entre ellos el señor nombre reservado, de los testigos y varios documentos, además de exponer a la luz pública, ad portas de un juicio oral, opiniones a título personal de la indicada indagación como las que cita.

Manifiesta que de este modo, en dicha edición, tanto en su formato de papel como electrónico, se ha vulnerado el secreto de las investigaciones penales, cuya publicación se encuentra prohibida por la ley, conforme a las normas orgánicas constitucionales del Ministerio Público y legales que menciona.

Aduce que el diario El Mercurio al difundir a la opinión pública, vale decir, terceros ajenos al proceso, los antecedentes ya anotados de una investigación en desarrollo, que por disposición legal es secreta, y la señora Fiscal opinado y entregado a dicho medio de comunicación los referidos antecedentes, han incurrido en conductas ilegales y arbitrarias que produjeron y están produciendo en el recurrente, privación, perturbación y amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos constitucionales garantizados en los números 2 y 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Así, el medio de comunicación recurrido ha incurrido en una clara actuación ilegal, al publicar y divulgar el reportaje en el que la funcionaria del Ministerio Público emitió opinión y dio antecedentes detallados de la investigación que conforme al artículo 182 del Código Procesal Penal tiene el carácter de secreto para terceros ajenos al juicio y constituye una restricción al principio general de libertad de opinión y de informar estatuido en la Ley 19.733. A su vez, esa publicación es arbitraria, pues caprichosamente, sin fundamento de justicia alguno e incluso contrariando la razón, ha condenado públicamente al recurrente por los delitos detalladamente consignados en el reportaje, vulnerándose con ello el principio de inocencia establecido en la ley procesal penal.

Por otra parte, la señora Fiscal Adjunto de nombre reservado, otorgó una entrevista a la periodista doña nombre reservado, tercero ajeno al juicio, proporcionándole minuciosos detalles de la investigación para su publicación. Actuación que en sí misma es ilegal, tanto porque el artículo 64 de la Ley 19.640 prohíbe a los Fiscales emitir opiniones sobre investigaciones en curso y por cuanto acorde a lo prescrito en el artículo 182 del Código Procesal Penal, estas últimas son secretas para terceros ajenos al juicio. Adiciona que tales opiniones son, además, arbitrarias, ya que transgreden flagrantemente el principio legal y constitucional de la objetividad con el que debe actuar un Fiscal del Ministerio Publico.

Sostiene que dichas actuaciones tanto del diario El Mercurio como de la Fiscalía a través de la periodista del primero y de la funcionaria del Ministerio Público, han producido amenaza, perturbación y privación de sus derechos garantizados en el artículo 19 de la Constitución Política de la República en sus numerales 3 incisos segundo y 5°, como también el numeral 4 del precepto constitucional citado.

Afirma que vulneran el derecho constitucional a la igualdad ante la ley, toda vez que la Fiscal al dar opiniones en contra de los imputados y exponer públicamente su pre-juicio respecto de la investigación, pese a que legal y constitucionalmente se está procesalmente en un plano de igualdad entre el ente persecutor y los querellantes, ha incurrido en una discriminación arbitraria e ilegal que vulneró dicho principio. Justifica lo anterior manifestando que la Fiscalía debe atenerse al principio de objetividad, por lo que al proporcionar detalles de la investigación, discriminó arbitrariamente “en contra de la parte recurrida” y con ello favoreció directamente a los querellantes. Vulnerando también con ello el mandato constitucional de establecer garantías de un procedimiento e investigación racional y justo contemplado en el artículo 19 Nº 3 inciso 5° de la Constitución Política de la República.

Agrega que ha solicitado infructuosamente al órgano persecutor una serie de medios de prueba, sin embargo, fue a un tercero ajeno al juicio a quién la Fiscalía proporcionó con detalle una serie de antecedentes de carácter secreto, para ser dados a conocer a la opinión pública, afectando con ello la igualdad ante la ley y el derecho a defensa jurídica prescritos en los numerales 2 y 3 del artículo 19 de la carta fundamental, además de afectar el principio de oralidad que impide al juez tener conocimiento previo de los antecedentes.

De otro lado, sustenta que los actos denunciados también transgreden el derecho a la intimidad y a la honra en su faz objetiva, ya que conculcan el derecho de las personas de ser consideradas inocentes de cualquier delito, mientras no se acredite lo contrario. Derecho a la presunción de inocencia que forma parte del bloque constitucional de derechos resguardado en los tratados internacionales que invoca y que de acuerdo al inciso 2° del artículo 5° de la Constitución Política de la República debe ser promovido y asegurado por todos los órganos del Estado, entre ellos, el Ministerio Público.

Enfatiza que el actuar de los recurridos claramente atenta contra la honra del señor nombre reservado desde que la Fiscalía emitió opiniones y el diario El Mercurio publicó las frases que cita, en circunstancias que sólo una sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, tras la tramitación del juicio en conformidad a la ley, determinará la efectividad o falsedad de las imputaciones del órgano persecutor y, en ningún caso, las meras opiniones de la Fiscal a cargo de la investigación, vertidas a través de la prensa, que han llegado a conocimiento de toda la comunidad, provocando graves perjuicios, impidiéndole realizar sus labores profesionales y comerciales habituales, sumiéndolo en descrédito y desprestigio.

Hace presente que el 8 de mayo del año en curso, el diario recurrido volvió a publicar otra infografía al respecto y en las próximas semanas se espera que salga el mismo tema en un programa de televisión, lo que es parte de una campaña o estrategia comunicacional de descrédito y desprestigio que lo priva, perturba y amenaza en el legitimo ejercicio de su derecho constitucional a la honra, soslayando los derechos y potestades del Décimo Juzgado de Garantía de Santiago que ha custodiado debidamente sus garantías procesales.

Indica que en la publicación en cuestión aparece con nombre, apellidos y foto como un miembro ya condenado por el delito de asociación ilícita, pese a que hasta la data de interposición de este recurso, no ha sido sentenciado por delito alguno.

Por lo expuesto, pide lo más arriba indicado.

SEGUNDO: Que a fojas 30 se hizo parte de esta acción don nombre reservado, por vulnerar los actos precedentemente reseñados sus derechos a la defensa jurídica, a un debido proceso e investigación y a la honra, establecidos en los números 2 y 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por argumentos similares a los anteriormente referidos y en razón de ello, pide a esta Corte “se restablezca el imperio del derecho en los mismos términos pedidos por el recurrente nombre reservado.”

TERCERO: Que por su parte, a fojas 86 evacuó el informe que le fuera requerido, la señora Fiscal Adjunto de la nombre reservado de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, doña Yasne Pasten Aguilera, solicitando el rechazo de la acción constitucional cautelar deducida por los señores nombre reservado.

Expone al efecto, en primer término, que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2° del Auto Acordado sobre tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, esta acción debe ser declarada inadmisible por adolecer de manifiesta falta de fundamento.

Explica que en el libelo recursivo se sustenta que la entrevista dada al diario El Mercurio, causa privación, perturbación y amenaza en el legítimo ejercicio a la defensa jurídica, a un debido proceso e investigación y a la honra, establecidos en las normas constitucionales que se citan. Sin embargo, no se señala la forma precisa en que su publicación produce efectos concretos que fundamentan la interposición del recurso.

Adiciona que a través del mismo, no se persigue que esta Corte adopte las providencias necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho, sino que “declare” que las actuaciones de la Fiscalía han causado a los recurrentes privación, perturbación y amenaza de sus derechos constitucionales. Empero, no se indica de que manera el mismo acto, vale decir, las aseveraciones vertidas en la entrevista, han provocado la privación, perturbación y/o amenaza respecto de cuál derecho específico, pues no es posible las tres acciones simultáneas sobre un mismo derecho, y tampoco se dice de que forma la entrevista dada a un medio de comunicación, produce tales efectos a los derechos constitucionales que se dicen amagados, limitándose a hacer afirmaciones carentes de fundamentación.

De otro lado, sustenta que no existe en este caso un acto que pueda ser calificado de ilegal o arbitrario. Señala al respecto, que ha tenido a su cargo por más de tres años la investigación en la causa que menciona, por los delitos de fraude tributario, receptación y asociación ilícita, la que durante aproximadamente 8 meses se realizó de manera desformalizada, utilizándose entre otras técnicas investigativas, interceptaciones telefónicas debidamente autorizadas por el Décimo Juzgado de Garantía de Santiago. Agrega que recabados los antecedentes y con estricto apego al principio de objetividad y respeto a las garantías constitucionales, se solicitó y obtuvo del Tribunal, órdenes de detención contra quince personas, entre ellos los recurrentes, además de autorización de entrada, registro e incautación para cerca de 25 domicilios, formalizándose la investigación contra los imputados el 15 de mayo de 2009. A su vez, existiendo antecedentes que hacían presumir fundadamente la comisión de los ilícitos y la participación de los imputados, se decretó su prisión preventiva por considerar el Tribunal que su libertad constituía un peligro para la seguridad de la sociedad, medida que se prolongó por cerca de cuatro meses. Añade que el 15 de mayo de este año, procedió al cierre de la investigación presentándose el día 24 del mismo mes y año la acusación fiscal, entre otros, contra los señores nombre reservado.

Expresa en lo referente al otorgamiento de la entrevista cuestionada, que evidentemente ello no es ni ha sido una función jurisdiccional, por lo que la referencia a esta última resulta impertinente.

También señala, que el artículo 182 del Código Procesal Penal, invocado por los recurrentes, busca resguardar la integridad y eficacia de la investigación, por lo que se restringe la información a las personas que no tengan interés desde una óptica jurídico-penal en los antecedentes de la investigación. Por los mismo, el inciso segundo de dicho precepto autoriza que el imputado acceda a dichos elementos, para que ejerza plenamente su derecho a defensa, lo que también acontece con la víctima y el querellante.

Indica que de acuerdo a dicha norma y a las instrucciones impartidas por el señor Fiscal Nacional mediante oficio N° 133/2010 de 31 de marzo de 2010, los fiscales deben abstenerse de dar a conocer a los medios de comunicación u otros organismos, instituciones o personas no facultadas para acceder a la información, cualquier elemento concreto de la investigación que no se haya ventilado en una audiencia judicial previa.

Manifiesta que en este caso, la audiencia de formalización de llevó a cabo el 15 de mayo de 2009, y tras ella se han realizado otras numerosas audiencias públicas, tanto ante el Décimo Juzgado de Garantía como ante esta Corte e incluso ante la Excma. Corte Suprema. Oportunidades en las que se han ventilado antecedentes de la investigación, nombres de testigos, estructura organizacional de la asociación ilícita de la que los recurrentes forman parte, informes periciales, facturas, y otros. Añade que en la propia audiencia de formalización se proyectó en formato power point por el órgano persecutor, el organigrama que aparece en el reportaje, además de la reproducción de conversaciones sostenidas entre los imputados.

Por lo expuesto afirma que por su parte no ha vulnerado de manera alguna la norma legal antes indicada, desde que la formalización se realizó en una audiencia pública hace dos años, a la que le han sucedido numerosas audiencias también públicas en las que se han ventilado los antecedentes expuestos en el reportaje.

De otro lado y en cuanto a la supuesta arbitrariedad de sus expresiones en la entrevista, por haberse trasgredido el principio de objetividad, asegura que no ha vulnerado dicho principio como tampoco el artículo 64 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, pues durante el curso de la investigación se tomó declaración a más de doscientas personas, como también a los imputados que así lo quisieron; se realizaron pericias por el Servicio de Impuestos Internos, resolvieron todas las peticiones planteadas por las defensas de los imputados, entregó copia íntegra de la carpeta que consta de diecinueve tomos a todos los abogados que la solicitaron; se revisó y analizó documentación contenida actualmente en cerca de doscientas cajas y después de la minuciosa labor investigativa realizada con estricto apego al principio de objetividad, se reformalizó a los imputados, informándoseles detalladamente ante el señor Juez de Garantía y en presencia de sus defensas técnicas, los hechos por los que se les investigó y existiendo fundamentos serios, se les acusó.

Expresa que el artículo 19 N° 12 de la Constitución Política de la República asegura la libertad de emitir opinión y de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, por lo que en ejercicio de este derecho, el diario El Mercurio, a través de la periodista nombre reservado, le solicitó una entrevista; y no existiendo una investigación desformalizada, ni formalizada bajo secreto, sino que agotada, accedió a la petición legítima del medio de comunicación, que requería informar acerca de un caso o asunto que suscitaba interés público.

Asegura que en la investigación no dio opiniones en forma arbitraria, sino que proporcionó antecedentes en su condición de Fiscal a cargo del caso, basada en la exhaustiva investigación realizada. Expone que no podría haber entregado antecedentes secretos, pues nunca se decretó el secreto de la investigación de acuerdo a lo establecido en el artículo 182 del Código Procesal Penal. Por lo que si los señores abogados no conocían tales elementos, no fue por habérseles restringido el acceso a los mismos, sino que por su falta de actividad o acuciosidad en la revisión de la carpeta y documentación incautada.

Adiciona que su aquiescencia a la solicitud de la prensa, en ningún caso pudo tener un objetivo ganancial como lo pretenden los recurrentes, consistente en “influir en la opinión pública”, desde que las funciones y objetivos del ente persecutor están establecidos en la Constitución Política de la República, el Código Procesal Penal y su Ley Orgánica, y dentro de ellas no existe ninguna relacionada con la aprobación de la “opinión pública”, por lo que un reportaje en un diario tenga o no la aptitud de influir en la apreciación de la comunidad, escapa al ámbito de acción de un Fiscal. Adiciona en este punto que el derecho a informar tiene como contrapartida el de recibir información, reconocido como Derecho Humano en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en igual sentido en el Pacto de San nombre reservado Rica.

En otro orden de ideas, manifiesta que no existe privación, perturbación ni amenaza a los derechos resguardados en la constitución que se dicen conculcados, consistentes en los derechos a la defensa jurídica, a un debido proceso e investigación y a la honra, pues sin perjuicio de los yerros que hace notar en la norma constitucional que se invoca como garante de tales derechos y aquel que ella efectivamente contempla, en caso alguno, la concesión de una entrevista a un medio de comunicación, priva, amenaza y/o perturba el derecho a la defensa jurídica.

Refiere que en este caso y desde la audiencia de formalización, ambos recurrentes han contado con defensa técnica, a la que no se les ha obstaculizado de ninguna manera su actuar; por el contrario, éstas han ejercido ante los Tribunales y la Fiscalía, los derechos que la Constitución Política de la República les asegura, entre ellas, recursos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, cautelas de garantías ante el Tribunal y peticiones de diligencias en la carpeta investigativa. Por lo que no se observa de qué forma la aludida entrevista ha podido producir alguno de los efectos ya señalados.

En lo atingente al derecho de igualdad ante la ley, indica que la afirmación de los recurrentes en cuanto a que el reportaje en cuestión habría puesto en posición de ventaja a los querellantes frente a los imputados y conculcado el principio de objetividad con el que debe actuar el órgano persecutor, no va acompañada de un sustento real que pueda redundar en una afectación a tal derecho. Agrega que la opinión que se forme la ciudadanía mediante un reportaje, no tiene incidencia en la solución de la controversia penal y los reclamantes de protección son imputados en una causa criminal, cuyos derechos constitucionales por tal condición han sido cabalmente respetados. Reitera que primeramente se siguió una investigación desformalizada con utilización de medidas intrusivas de investigación debidamente autorizadas por el Juez de Garantía. Más tarde fueron formalizados y tras dos años de investigación, se dedujo acusación en su contra, poniendo a disposición de las defensas todos los antecedentes que la sustentan, realizándose cada una de las actuaciones ante el Tribunal de Garantía de acuerdo a la normativa vigente y se les ha tratado en un plano de igualdad respecto de sus derechos como imputados.

Hace presente que las alegaciones relativas al principio de oralidad no le resultan entendibles, por estar éste referido a que todas las audiencias son orales y no se permiten alegaciones escritas, debiendo el juez resolver también oralmente después de escuchar a los intervinientes. A su vez, aparece insostenible que los jueces que conocen o van a conocer de un asunto penal, no puedan tener antecedentes del mismo por la prensa, ya que tal aserto importa un total desconocimiento y subestimación de la función judicial, puesto que claramente los magistrados al dictar sentencia en un asunto, lo harán sobre la base de las alegaciones y antecedentes aportados por los intervinientes; y, tratándose de un juicio oral, por la prueba que se aporte en el juicio, y en ningún caso, cimentado en un reportaje publicado en la prensa.

A su turno, en lo relativo a la supuesta afectación al derecho a la honra, expone que en la entrevista no se indica que los demandantes de protección estuvieren condenados sino que imputados de delitos, en una investigación de larga data y en la que entonces se preparaba la acusación fiscal. También que del recurso aparece que lo afectado sería el principio de inocencia, que en todo caso implica la prohibición de estimar culpable a una persona sin mediar condena. Por ello, el reportaje que habla de una investigación criminal, no conculca en lo absoluto la presunción antes indicada.

A su vez, la dignidad y seguridad de los reclamantes, recogida entre los derechos que respecto de los imputados consagran los artículos 93 y 94 del Código Procesal Penal, no contemplan el secreto o reserva de su identidad.

Finalmente, respecto a la alegación de haber solicitado reiteradamente al Ministerio Público una serie de medios probatorios, resultando ser a un tercero al que se proporcionó detalladamente antecedentes calificados de secretos por los reclamantes, para ser publicados a la opinión pública. Retruca asegurando que todas las presentaciones realizadas por los defensores fueron resueltas oportunamente, y en el caso particular de los profesionales que patrocinan a los demandantes de protección, no se les negó copias de ninguna documentación; pero, en los dos años de investigación formalizada, nunca concurrieron a la Fiscalía a revisar en su totalidad la carpeta investigativa ni los documentos incautados, lo que explica su sorpresa ante los antecedentes consignados en el reportaje, y que no es atribuible a una actuación del Ministerio Público, sino que a su propia inactividad.

Por lo expuesto, pide los más arriba indicado.

CUARTO: Que por su parte, a fojas 98 y siguientes, informaron al tenor del recurso las demás recurridas, Empresa Periodística El Mercurio S.A.P. y doña nombre reservado, solicitando se le rechace en todas sus partes, con costas.

Aducen para ello, que actualmente no existe privación, perturbación ni amenaza al legítimo ejercicio de los derechos resguardados en la Constitución Política de la República, que justifique la intervención de esta Corte.

Explican al efecto que el objetivo del establecimiento de esta acción cautelar, es servir de instrumento para poner fin precisamente a la amenaza, perturbación o privación al legítimo ejercicio de derechos fundamentales, que la Constitución Política de la República reconoce a toda persona. Para lo cual el artículo 20 de dicho texto normativo, confiere a la magistratura la facultad de adoptar las medidas o providencias que fueren necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho.

Por consiguiente, tal como lo ha entendido unánimemente la doctrina y jurisprudencia, para la procedencia del recurso de protección es preciso que exista una privación, perturbación o amenaza a la que se pueda poner término. De modo que si la situación que causa o provoca tales efectos ya ha ocurrido y completado en el tiempo, debe recurrirse a otros mecanismos jurídicos y en otras sedes jurisdiccionales.

Atendido lo anterior, aún si se hubiere incurrido en alguna acción u omisión que conculcara de la manera ya dicha algún derecho de los recurrentes, lo que desde ya niegan, este arbitrio resulta improcedente, puesto que actualmente no existe privación, perturbación ni amenaza alguna a ninguno de los derechos invocados por los recurrentes.

Exponen al respecto, que de sus aseveraciones, la discusión tendiente a justificar esta acción, aparece centrada en el reportaje publicado en el diario El Mercurio el pasado 30 de abril de este año, en el que se habrían vulnerado los derechos de los demandantes de protección, con las declaraciones vertidas por la señora Fiscal. Sin embargo, independientemente del análisis en cuanto al contenido de tales asertos, lo cierto es que ellas constituyen una conducta ya concluida, por lo que no se puede invocar a su respecto este arbitrio, pues no existe amenaza, privación ni perturbación a la que pueda ponerse término.

De otro lado, afirman que la presente acción también resulta improcedente, porque el ordenamiento jurídico contempla un procedimiento especial para resolver asuntos como el aquí planteado, consistente según queda de manifiesto del petitorio del libelo recursivo, en la “aclaración”. Cuestión que no requiere de una acción constitucional y se encuentra reconocido como el derecho de rectificación o réplica, en los artículos que cita de la Ley 19.733 o “Ley de Prensa”, en concordancia con el numeral 12 del artículo 19 de la Constitución Política de la República y el artículo 14.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Derecho que además se encuentra claramente regulado de la manera que indican en los preceptos legales que citan y que por lo mismo importa un procedimiento específico, de fácil operación y amplio conocimiento, que ha estado siempre disponible y no se ha empleado.

A mayor abundamiento, expresan que lo solicitado en el petitorio de las demandas cautelares es improcedente, desde que se solicita la aclaración por don “nombre reservado”, quien no es recurrente, ni puede inferirse de los antecedentes cómo puede corresponderle dicho rol.

También aducen que este recurso debe ser rechazado, por cuanto las peticiones efectuadas se contraponen al ordenamiento jurídico en materia de procedimiento penal, desde que se pretende una especie de prohibición de informar sobre una investigación llevada a cabo por el Ministerio Público, lo que fue excluido con la Reforma Procesal Penal y sólo está autorizada de manera restringida y para casos específicos, como los que señala. Por lo que no es posible para ningún Tribunal decretar, fuera de los casos previstos en la ley, la prohibición que se solicita, pues ello pugna con los principios fundamentales del procedimiento en materia de persecución criminal. Lo que por tanto imposibilita acceder a lo por esta vía perseguido.

Adiciona a lo anterior, que las normas citadas como vulneradas en el recurso, especialmente el artículo 182 del Código Procesal Penal, no es aplicable en este caso, toda vez que ella está dirigida a funcionarios del Ministerio Público y no a los medios de comunicación, a lo que se agrega que en la especie, además, la investigación había concluido y los inculpados formalizados, de modo que lo realizado ya era de conocimiento público.

A su vez, la eventual infracción al artículo 64 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, sólo es aplicable a sus miembros y no a los recurridos que informan, sin perjuicio de lo que al respecto señale el órgano persecutor a través de la señora Fiscal Adjunto recurrida.

Atendido lo reseñado, expone que desde el momento que en esta acción se pide la prohibición a El Mercurio y en general a los medios de comunicación social “volver a divulgar, publicar, informar o dar a conocer cualquier antecedente directo relativo a la causa en que los recurrentes están formalizados” se está pidiendo algo contrario al ordenamiento institucional y por lo mismo debe ser rechazado.

Por último, manifiestan que también estas acciones deben ser desestimadas, porque no se ha vulnerado la igualdad ante la ley ni el derecho a la honra. El primero, toda vez que los argumentos y fundamentaciones esgrimidas apuntan al resguardo constitucional contenido en el numeral 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, y más precisamente con el debido proceso. Sin embargo, de acuerdo al artículo 20 del texto Constitucional, sólo resulta procedente esta acción respecto del inciso 4° del numeral 3° del artículo 19, que transcribe. Por lo que evidentemente, no existe forma o manera en que la conducta atribuida al diario El Mercurio y a la señora nombre reservado pueda constituir vulneración al citado precepto constitucional.

A su vez, también es imposible que hubieren conculcado el numeral 2 del artículo 19 de la Carta Fundamental, vale decir, la igualdad ante la ley, desde que en los recursos no se indica ni es posible inferir de éstos, la forma en que ello se habría producido.

Finalmente, en lo que al derecho a la honra es atingente, arguyen que no existen antecedentes que permitan justificar ni fundar ninguna trasgresión al mismo. En efecto, en la publicación de que se trata, se recogió la información planteada por el funcionario público competente, en un caso de interés público y tanto el diario como la señora nombre reservado, se han limitado a cumplir sus deberes periodísticos, con estricto apego a la legislación vigente. Hace presente que el asunto abordado en la entrevista en cuestión, adquirió relevancia pública, tras el homicidio de dos policías de Investigaciones, en los que tuvo participación la persona que menciona. Sucesos que ciertamente conmocionaros la opinión pública y por lo mismo condujeron a los medios de comunicación a buscar información para ser entregada a la comunidad, contexto en el que tiene lugar el reportaje de que se trata.

Por todo lo expuesto, solicita lo más arriba indicado.

QUINTO: Que a fin de dilucidar el asunto sometido a la decisión de esta Corte, se hace necesario señalar, que la acción de protección contenida en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, debe ser ejercida ante actos u omisiones arbitrarios o ilegales que provoquen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías a que dicha norma se refiere, para que en su caso, se adopten las providencias necesarias en el restablecimiento del imperio del derecho, asegurándose la debida protección del perjudicado. De lo que se sigue, que se trata de un procedimiento extraordinario, de emergencia, cuyo objetivo es remediar pronta y eficazmente los efectos lesivos de un actuar ostensiblemente contrario al ordenamiento jurídico o carente de fundamento o caprichoso, reparándose así el amago provocado a derechos o prerrogativas derivadas de situaciones ciertas y definidas y, por ello, con resguardo constitucional preferente. Todo ello sin perjuicio de los demás derechos que puedan hacerse valer ante la autoridad o los Tribunales correspondientes.

SEXTO: Que atendido lo anterior, es preciso determinar si ha existido de parte de los recurridos un acto ilegal y/o arbitrario que amenace, perturbe o prive a los reclamantes de protección, del legítimo ejercicio de alguno de los derechos o garantías establecidos en la Constitución Política de la República, especialmente en este caso, aquellos contemplados en los numerales 2, 3 inciso segundo y 4 del artículo 19 de la carta fundamental.

SEPTIMO: Que al efecto, no existe discusión entre los recurrentes y recurridos y se corrobora del documento agregado a fojas 21 y siguientes, como de las páginas 12 y 13 del Cuerpo D del diario El Mercurio de fecha 30 de abril de este año, guardado en custodia de esta Corte con el N° 041-2011, que efectivamente el día recién señalado se publicó en el referido medio de prensa escrita, bajo el título “La Investigación que reveló a los millonarios tras el robo de cobre”, un reportaje sobre la investigación llevada a cabo por la Fiscal Yasne Pasten sobre el robo de alambre de cobre y otros ilícitos relacionados con éste, en el que entre otros aspectos, se consigna con el epígrafe “organigrama de la asociación” los nombres de las personas que en los lugares que se indican participarían en la misma.

También es un hecho reconocido por los recurrentes y recurridos, que los primeros fueron formalizados junto a otras personas, con fecha 15 de marzo de 2009 por diversos delitos, entre ellos, los señalados en el aludido reportaje. A lo que se adiciona que según consta de los documentos allegados por la señora Fiscal recurrida y guardados en custodia de esta Corte con el N° 60-2011, el órgano persecutor dedujo acusación, entre otros, contra los recurrentes, con fecha 24 de mayo de este año por los hechos que en ella se describen, constitutivos según el parecer del Ministerio Público de los delitos tributarios descritos en el artículo 97 N° 4 incisos 1° y 2°, en grado de consumados y reiterados, de receptación y de asociación ilícita, estos últimos también en grado de consumados previstos y sancionados en las disposiciones penales que se indican.

OCTAVO: Que lo precedentemente referido, permite dar por suficientemente acreditada la publicación del reportaje más arriba señalado, sustentado en la entrevista otorgada por la funcionaria del Ministerio Público anteriormente mencionada, y con ello, el hecho constitutivo del acto que en concepto de los recurrentes, amenaza, perturba y priva, el legítimo ejercicio de su derecho de igualdad ante la ley, la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos y el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, consagrados en los numerales 2, 3 y 4 del artículo 10 de la Constitución Política de la República.

NOVENO: Que sin perjuicio de no indicarse en el libelo recursivo ni inferirse del mismo como tampoco de los antecedentes allegados, cual o cuales de los derechos constitucionales que se dicen amagados estaría amenazado, perturbado y/o del que habrían sido privados los recurrentes, como tampoco la forma en que con tal publicación se habría causado aquello, atendido lo precedentemente concluido y teniendo presente que de los demás elementos de convicción que arroja la causa, no es posible advertir que el acto antes anotado se hubiere repetido o reiterado total o parcialmente en el mismo u otro medio de comunicación, ni existe atisbo alguno que dicha conducta fuere a realizarse nuevamente, lleva necesariamente a colegir que dicho actuar concluyó, se completó o agotó con la publicación en cuestión.

DECIMO: Que en consecuencia, ésta constituye una actuación ya producida, cuyos efectos no pueden ser revertidos. Por lo que no existiendo una conducta o acto que requiera la adopción o disposición urgente de alguna medida tendiente al restablecimiento del imperio del derecho, única situación que autoriza la procedencia de esta acción cautelar de derechos fundamentales, necesariamente conduce a desestimar el presente recurso, sin perjuicio de otros derechos.

Se suma a lo dicho, que las peticiones planteadas en orden a prohibir al “…diario El Mercurio y en general a los medios de comunicación social, divulgar, publicar, informar o dar a conocer cualquier antecedente directo relativo a los testigos, imputados, cargos, documentos, y en general los datos relativos a la investigación causa RUC N°… de la nombre reservado; también prohibir al Ministerio Público y a los fiscales entregar información o formular declaraciones a los medios de comunicación social durante el desarrollo del juicio y se ordene al diario el Mercurio permitir dentro de un plazo de tres días o el que esta Corte determine, la aclaración por el recurrente, nombre reservado, que se estima pertinente de acuerdo a derecho….”, clara y ciertamente exceden las atribuciones de este Tribunal a través de este arbitrio, máxime si la investigación criminal se encuentra formalizada y por ende judicializada, correspondiendo por tanto efectuar tales planteamientos al Tribunal pertinente.

DECIMO PRIMERO: Que por lo expuesto en los anteriores razonamientos, no se emitirá pronunciamiento por innecesario, en relación a la ilegalidad o arbitrariedad que se atribuye a dicho actuar, como tampoco si con él efectivamente se vulneran derechos constitucionales, ni en relación a las demás alegaciones de los recurridos.

En mérito de lo expuesto, y, vistos, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que regula la materia, SE RECHAZA el recurso de protección deducido a fojas 1 por don nombre reservado y a fojas 30, haciéndose parte del mismo, de don nombre reservado, en contra de la nombre reservado, el diario El Mercurio y de doña nombre reservado.

Anótese, regístrese, notifíquese y en su oportunidad archívese.

Redactada por la Ministro, señora María Soledad Espina Otero.

N° 109-2011 Prot.

Pronunciada por las Ministros señoras María Soledad Espina Otero, Ana María Arratia Valdebenito y la señora Fiscal Judicial doña nombre reservado.

En San Miguel a veinticinco de octubre de dos mil once, notifiqué por el Estado Diario la resolución precedente.