nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR

San Miguel, diecinueve de abril de dos mil veintiuno.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece doña nombre reservado, chilena, divorciada, cartógrafo, tasadora encargada de la Oficina de Convenio Municipal SII, domiciliada en domicilio reservado, e interpone acción de protección de garantías constitucionales en contra de la Ilustre Municipalidad de Peñaflor, representada por su alcalde don Nibaldo Meza Garfia, ambos domiciliados en domicilio reservado, por el acto arbitrario e ilegal consistente en la dictación del Decreto Alcaldicio N° 2549, de 30 de noviembre de 2020, mediante el cual se dispuso la no renovación de su contrata para el año 2021, en consideración a la condición presupuestaria y de dotación de servicio.

Expone que fue contratada por la Ilustre Municipalidad de Peñaflor en calidad de suplente grado 10, Escalafón Técnico, mediante Decreto Alcaldicio N° 4176, de 23 de noviembre de 2018, habiendo comenzado a cumplir sus labores el día 5 de noviembre y hasta el 31 de diciembre del 2018. Detalla que el 18 de enero de 2019 fue nombrada en calidad “a contrata” asimilada a la planta profesional, grado 9, para cumplir funciones como tasadora de bienes raíces en la Dirección de Administración y Finanzas, nombramiento vigente por razones de buen servicio desde el 1 de enero de 2019 hasta el 30 de junio de la misma anualidad. Agrega que se le renovó en su cargo hasta diciembre de 2019 y luego sucesivamente hasta el 31 de diciembre del 2020.

Reseña que para desempeñar su cargo participó de un concurso público y fue capacitada por dos meses como tasadora/fiscalizadora. Enfatiza que durante un año y medio estuvo a cargo de dos personas que prestaban apoyo a la labor de tasador y durante la pandemia su carga laboral aumentó significativamente ya que desarrollaba labores técnicas y administrativas a la vez.

Indica que en sus calificaciones que comprenden el período entre enero y agosto del 2019, obtuvo nota 7,0. Hace presente que jamás se ha ausentado de su trabajo sin motivo justificado y que nunca ha presentado problemas de puntualidad. Añade que el 1 de agosto del presente año comenzó a cursar el Diplomado “Planificación del nombre reservado y Territorial” enfocado en la gestión municipal, que consta de 4 cursos que finalizó y aprobó.

Refiere que el 11 de noviembre del 2020 presentó su candidatura al TRICEL para postular a un cargo directivo en la Asociación de Funcionarios N° 1, ya que cumplía con todos los requisitos y arguye que este fue el hecho que detonó la decisión de no renovar su contrata. Explica que el 1 de diciembre la funcionaria encargada de las contrataciones le pidió sus antecedentes para su renovación y le informó que estaba lista su contrata 2021. Al día siguiente en horas de la tarde se les informó a los funcionarios de la suspensión de elecciones que se realizarían el 3 de diciembre, citándose a una asamblea en la que señalaron se darían las explicaciones.

Hace presente que el día de las elecciones suspendidas aparecieron en el reloj control rayados con ofensas directas en su contra, ello porque era la probable ganadora de las elecciones. Precisa que fuentes extraoficiales le habrían manifestado que la autora fue la secretaria del alcalde.

Expone que antes de celebrarse la asamblea se les informó que el motivo de la suspensión había sido lo prevenido en la Ley N° 21.235, que señala que “Los procesos electorales de directivas sindicales, de delegados sindicales regidos por el Código del Trabajo o de directivas de las asociaciones de funcionarios de la Administración del Estado regidas por la ley № 19.296, que se hubieren iniciado antes de la declaración de estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, de fecha 18 de marzo de 2020, en virtud del decreto, supremo № 104, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, o aquellos que debieron iniciarse durante dicho estado de excepción, y que en ambos casos no hubieren podido finalizar antes de la fecha de publicación de esta ley se entenderán suspendidos de pleno derecho, en el estado en que se encuentren”.

Aduce que, sin embargo, el inciso tercero de su artículo único indica: “Con todo, si la organización sindical respectiva o aquellas asociaciones de funcionarios regidas por la ley № 19.296 estimaren que existen las condiciones para realizar el proceso electoral, éste podrá ser llevado a efecto de conformidad a sus normas estatutarias y disposiciones legales vigentes”.

Refiere que, de ese modo, envió un correo electrónico a todos los funcionarios y los convocó para reunirse en un espacio público el 4 de diciembre para definir fecha, candidatos y todo lo que conlleva un proceso eleccionario.

Dice que el día 4, aproximadamente a las 10:00, fue informada verbalmente del término de su contrata. Así, el día 14 siguiente y aun cuando estaba con licencia médica, fue a la oficina de recursos humanos a buscar su documentación y se le entregó sus decretos de nombramiento, sus últimas calificaciones vigentes correspondientes al periodo entre enero y agosto del año 2019 y que la califica con nota 7.0, entre otros. Pero no le entregaron el decreto que ponía término a su contrata y tampoco sus calificaciones correspondientes al 2020. Ante su insistencia la mandaron a hablar con el tesorero municipal, señor nombre reservado, también tesorero de la directiva actual de la Asociación y principal opositor a su candidatura; y pese a que no es su jefe directo, ni posee las competencias técnicas o profesionales para supervisar su trabajo, en ese breve período de 10 minutos la precalificó, bajando sus notas a un 4.6. Esgrime que esas calificaciones no son válidas, pues no se han sometido a la comisión evaluadora y añade que incluso se decidió no calificar al resto de los funcionarios para ese año, por la circunstancia del teletrabajo.

Indica que solo tomó conocimiento del Decreto de no renovación porque ella lo fue a retirar a la oficina de correos el pasado 22 de diciembre y sólo ahí pudo advertir que se aludía a una supuesta situación presupuestaria y de dotación de servicio.

Cita el Dictamen N° 85.700, de 28 de noviembre de 2016, de la Contraloría General, actualizado por el Dictamen de 2 de marzo de 2018, que sostiene que la relación a contrata que excede los dos años, como ocurre en la especie, se transforma en una relación indefinida, conforme al principio de confianza legítima que impide a la Administración cambiar su práctica, con efectos retroactivos o de forma sorpresiva, cuando una actuación continuada haya generado en la persona la convicción de que se le tratará en lo sucesivo y bajo circunstancias similares, de igual manera que lo ha sido anteriormente. Añade que, en cuanto al plazo, el referido dictamen considera que, a partir de la segunda renovación, el acto administrativo que pone término a la contrata también debe dictarse antes del 30 de noviembre de cada año.

Arguye, a su turno, que la decisión de no renovar una designación debe contener el razonamiento y la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se sustenta, lo que tampoco acontece.

Añade que las contratas, que son temporales o transitorias, no son precarias en el sentido de estar expuestas al arbitrio de la autoridad de turno.

Estima vulneradas sus garantías de los números 2, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Solicita se acoja el recurso, se declare ilegal y/o arbitrario el Decrete Alcaldicio N° 2549, de 30 de noviembre de 2020 mediante el cual se dispuso la no renovación de su contrata para el año 2021, disponiéndose la renovación de la misma, debiendo reincorporarla a sus servicios y proceder al pago de sus remuneraciones y cotizaciones previsionales desde el momento en que se produjo la separación hasta la efectiva reincorporación, reintegro que se debe realizar en las mismas condiciones en las que se desempeñaba al momento de ser desvinculada, declarándose expresamente, además, que la renovación de su contrata es de carácter indefinida, todo con expresa condena en costas.

Segundo: Que informa al tenor del recurso don Víctor Jesam Torres, abogado, en representación de la municipalidad recurrida, quien luego de negar todos los hechos aseverados por la recurrente y expresar que no ha acompañado medio probatorio alguno para fundar sus asertos, expone que los motivos que fundaron la desvinculación corresponden a la transitoriedad de las contratas, el hecho de que estas no pueden superar un gasto superior, en su conjunto, al cuarenta por ciento del gasto de remuneraciones de la planta, el que sus labores no se hacían indispensables para el municipio, lo informado por su jefe directo y, finalmente, la nota estampada por el alcalde en el memorando citado.

Por su parte arguye que a la recurrente no le asiste la confianza legítima, pues los dictámenes de la Contraloría General de la República han determinado que es generada por la práctica de la reiteración continuada de renovaciones de contratas por un período que alcanza a más de dos años. Añade que la actora ingresó al municipio en calidad de suplencia y con ello concluye que estuvo a contrata solo a partir del 1 de enero de 2019 y hasta el 31 de diciembre de 2020.

Asevera que el acto administrativo impugnado se ha dictado de conformidad con la ley, es debidamente fundamentado y se ha motivado en una deficiente evaluación del servidor; la modificación de las funciones del órgano y/o su reestructuración, que hagan innecesarios los servicios del empleado o requieran que este desarrolle funciones diversas a las desempeñadas, o por un lapso inferior al año calendario; la supresión o modificación de planes, programas o similares, o una alteración de su prioridad, que determinen que las labores del funcionario ya no sean necesarias o dejen de serlo antes de completarse el año siguiente; nuevas condiciones presupuestarias o de dotación del servicio que obliguen a reducir personal; y la reducción de la dotación docente o de la dotación del sector de atención primaria de salud, conforme a lo prescrito en las leyes números 19.070 y 19.378, respectivamente.

Finalmente niega que exista alguna vulneración a las garantías invocadas por la actora y también aduce que esta vía cautelar no es la vía idónea para discutir este asunto.

Pide el rechazo del recurso, con costas.

Tercero: Que el recurso de protección, del artículo 20 de la Constitución Política, es una acción cautelar extraordinaria, prevista para resguardar urgentemente ciertos derechos y garantías esenciales, enumerados en el mismo precepto, que son afectados por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, que importen perturbación, privación o amenaza en su ejercicio legítimo.

Cuarto: Que, atendida la naturaleza y finalidad del recurso, para que se restablezca el imperio del derecho y se asegure la protección del afectado, es necesario que quien lo invoca acredite la existencia de un derecho o garantía que le asista, que se encuentre debidamente determinado y que corresponda a alguno de los referidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. Como también es esencial que los hechos arbitrarios o ilegales que se invocan se encuentren comprobados y que ellos hayan producido privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos taxativamente en el citado artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio.

Quinto: Que la clave para elucidar de qué trata esta acción de protección está en precisar si la actuación denunciada es "ilegal" o "arbitraria". A estos efectos es recomendable definir estas expresiones contenidas en el artículo 20 de la Carta Fundamental, para evaluar si el acto recurrido puede ser calificado de tal.

En cuanto a lo ilegal del acto, se debe tener presente que este lo es si se ha dictado o ejecutado en contravención a las normas que integran el ordenamiento jurídico chileno, esto es, no autorizado por el mismo (si se trata de una acción) o exigido por el mismo (si se trata de una omisión).

La evaluación de legalidad, por tanto, exige contrastar la decisión o el contenido del acto cuestionado con el sistema de normas que integra el derecho nacional, sean del nivel constitucional, legal o infralegal.

En cuanto a la arbitrariedad, cabe entender que un acto es arbitrario en la medida que es contrario a la justicia, la razón o las leyes, dictado sólo por la voluntad o el capricho.

De acuerdo con la doctrina, un acto es arbitrario cuando es injusto, irracional, desproporcionado, caprichoso, o movido por el favoritismo o la odiosidad (José Luis Cea Egaña, Derecho Constitucional chileno, tomo II, Editorial Universidad Católica de Chile, 2004, p. 633), y carente de fundamento racional o una manifestación del simple capricho del agente (Verdugo, Pfeffer y Nogueira, Derecho Constitucional, tomo I, Editorial Jurídica de Chile, 2002, p. 339).

Sexto: Que, en consecuencia, de lo razonado se colige que para la procedencia de la acción tutelar deducida se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) existencia de la acción u omisión reprochada; b) ilegalidad o arbitrariedad de esa conducta; c) directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegidas por esta vía; d) posibilidad material y jurídica de la Corte de brindar la protección debida mediante la adopción de medidas tendientes a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los afectados ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Séptimo: Que la conducta que la actora reprocha a la recurrida consiste en la dictación del Decreto Alcaldicio N° 2549, de 30 de noviembre de 2020, de la Municipalidad de Peñaflor, mediante el cual la autoridad edilicia dispuso la no renovación de su contrata para el año 2021, en consideración a la condición presupuestaria y de dotación de servicio.

Tal acto administrativo conculcaría, en opinión de la recurrente, las garantías constitucionales contempladas en los numerales 2, 16 y 24 del artículo 19 de la carta fundamental.

Octavo: Que, para el análisis de fondo del postulado de protección formulado en autos, es útil tener en cuenta que, de lo expuesto por recurrente y recurrido, son hechos pacíficos los siguientes:

a) Mediante Decreto Alcaldicio N° 4176, de 23 de noviembre de 2018, doña nombre reservado fue nombrada en calidad de suplente en el cargo vacante, “Planta Técnico”, “Grado 10”, para cumplir funciones en la Dirección de Administración y Finanzas, a contar del 5 de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2018, y mientras fueran necesarios sus servicios.

b) Mediante Decreto Alcaldicio N° 376, de 18 de enero de 2019, la actora fue nombrada en calidad de “contrata”, asimilada a la “Planta Profesional”, “Grado 9°”, para cumplir funciones como tasadora de bienes raíces en la Dirección de Administración y Finanzas, desde el 1 de enero de 2019 y hasta el 30 de junio de la misma anualidad.

c) Mediante Decreto Alcaldicio N° 3465, de 27 de agosto de 2019, la recurrente fue nombrada en la misma calidad y para las mismas funciones referidas anteriormente, desde el 1 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2019.

d) Por decretos alcaldicios N° 333, de 22 de enero de 2020, y N° 1584, de 16 de junio de 2020, la actora fue nombrada en los mismos términos señalados con anterioridad, desde el 1 de enero y hasta el 30 de abril de 2020, y desde el 1 de mayo y hasta el 31 de diciembre de 2020, respectivamente.

e) Finalmente, mediante Decreto Alcaldicio N° 2549, de 31 de noviembre de 2020, la entidad edilicia dispuso “la no renovación de la contrata, asimilada a planta profesional, grado 9°, de doña nombre reservado […] para cumplir funciones en la tesorería municipal, en la dirección de Administración y finanzas”. Este acto administrativo indica en su considerando cuarto, después de referirse a las normas generales sobre la transitoriedad de las contratas, que “en su calidad actual, mediante memorándum N° 164 de fechas 27 de noviembre de 2020, de tesorero municipal, el cual solicita la no renovación para el año 2021, de acuerdo a informe de desempeño del Tesorero Municipal de doña nombre reservado, no se hace indispensable su labor de planta municipal o función esencial de la municipalidad, por lo que, en consideración a la condición presupuestaria y de dotación de servicio”.

Noveno: Que la actora sostiene que, en su calidad de funcionaria pública, le es aplicable el principio de confianza legítima, pues se desempeñó en la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Peñaflor, ejerciendo el mismo cargo, desde el 5 de noviembre de 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2020, es decir, por más de dos años, tiempo exigido por la jurisprudencia judicial y administrativa para que opere dicho principio; en cambio, para la recurrida, ello no es así, pues la primera contratación de la actora fue en calidad de suplente, entre el 5 de noviembre y el 31 de diciembre de 2018, por lo que no superaría el plazo de dos años a contrata que la referida jurisprudencia exige.

Décimo: Que, como ha señalado la Excma. Corte Suprema (por ejemplo, en Rol 127.479-2020) “en la actualidad, constituye jurisprudencia administrativa que, si una relación a contrata excede los dos años y se renueva reiteradamente una vez superado ese límite, se transforma en un vínculo indefinido, conforme al principio de confianza legítima que la Contraloría General de la República comenzó a aplicar decididamente con ocasión del Dictamen N° 85.700 de veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, actualizado por el Dictamen N° 6.400 de dos de marzo de dos mil dieciocho, principio que ha sido recogido por la jurisprudencia reciente de esta Corte”.

Por consiguiente, se encuentra bastante asentado que la decisión de no renovar una contrata vulnera el principio de la confianza legítima del funcionario que alberga la justa expectativa de ser recontratado para el año siguiente, confianza que, en todo caso, se configura, a juicio de la jurisprudencia administrativa y judicial, cuando concurre el referido elemento temporal estabilizador, esto es, que se hayan producido renovaciones sucesivas mayores a dos años de dichas contratas.

Mediante el mencionado Dictamen N° 6.400, la Contraloría General de la República precisó que la decisión de no renovar o desvincular al funcionario antes del vencimiento del plazo de la designación, debe materializarse a través de un acto administrativo fundado debidamente, puesto en conocimiento del funcionario, exento del trámite de toma de razón acorde con lo establecido en el N° 19 del artículo 7° de la resolución N° 10, de 2017 de la misma Contraloría, siempre que esta confianza legítima haya nacido conforme al presupuesto temporal antes señalado. De ese modo, el órgano contralor ha dispuesto que para considerar fundado el respectivo acto deberá contener “el razonamiento y la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se sustenta"; por lo que no resulta suficiente para fundamentar esas determinaciones la expresión “por no ser necesarios sus servicios” u otras análogas, agregando distintas hipótesis de motivaciones que ese órgano contralor considera admisibles o no de invocar.

Undécimo: Que, así las cosas, para que un funcionario pueda estimar aplicable el principio de confianza legítima en su favor basta que se haya desempeñado por más de dos años en el cargo a contrata y si, en la especie, la recurrente desde el año 2018 venía desempeñándose en el mismo Departamento y en la misma institución, primero en calidad de suplente —puesto que no era posible contratarla en ese momento a honorarios, por razones presupuestarias, según indica el Decreto Alcaldicio N° 4176, en el considerando 2°— y finalmente a contrata, obviamente le asiste la legítima confianza de continuar desempeñándose como tal, sin que obste a ello la primitiva contratación en una modalidad diversa.

Duodécimo: Que, por consiguiente, siendo aplicable en el caso sub iudice el principio en análisis, resulta evidente que la decisión de no renovar a la funcionaria que recurre debe sustentarse en un acto administrativo debidamente fundado, por lo que corresponde determinar si la decisión municipal cumple con tal exigencia.

Decimotercero: Que, según se ha dicho, además de consideraciones genéricas relativas a la naturaleza de las contratas, el acto administrativo cuestionado arguye que “en su calidad actual, mediante memorándum N° 164 de fecha 27 de noviembre de 2020, de tesorero municipal, el cual solicita la no renovación para el año 2021, de acuerdo a informe de desempeño del Tesorero Municipal de doña nombre reservado, no se hace indispensable su labor de planta municipal o función esencial de la municipalidad, por lo que, en consideración a la condición presupuestaria y de dotación de servicio”.

El memorándum N° 164, a que se hace referencia fue emitido por don nombre reservado, tesorero municipal, señalando lo siguiente:

“En atención a la renovación del personal a contrata para el año 2021, se informa que debido a la considerable baja de la carga laboral que ha presentado la Oficina Convenio SII (Bienes Raíces), como también al negativo informe de desempeño de la Encargada Sra. nombre reservado, es que adjunto remito a Ud. documentación que acredite Io antes expuesto, con el propósito de evaluar la permanencia en sus funciones de la Sra. nombre reservado”.

Se adjunta, anexo al documento anterior, un “Segundo Informe Cuatrimestral” de la recurrida, correspondiente al período que va desde el 1 de septiembre de 2019 al 31 de diciembre de 2019, emanado de su jefe directo, el Sr. nombre reservado, en el cual se inserta un cuadro, que contiene una columna denominada factor y otra subfactor. Así, en el factor “Rendimiento” se señala como subfactor, lo siguiente:

“a) Cantidad de trabajo: […] baja, debido a que la atención de público es de 05 personas (aprox.) no informa a su superior sobre sus labores diarias o semanales, no existe carta Gantt u otro instrumento con sus compromisos laborales.

b) Calidad de labor realizada; buena, pero al realizar su labor en solitario, y sin tener control de sus labores realizadas por el suscrito, hace que no sea posible deducir que sí está trabajando o realizando una labor distinta al trabajo, debido a que no reporta avances de convenio SII sobre los vecinos de Peñaflor”.

Posteriormente, en relación con el factor “Cond. Personales”, señala lo siguiente:

“a) Conocimiento del Trabajo: conoce bien su trabajo, lo que hace que su postura ante sus compañeros de oficina de menor escalafón y jefatura sea en ocasiones de forma irónica, lo que genera un tenso ambiente laboral, al interior de la Tesorería, y también no reporta ni entrega antecedentes de su labor realizada a sus superiores.

b) Interés por el Trabajo: No demuestra interés solo realiza comentarios a procedimientos establecidos en Tesorería, DAF y direcciones municipales en general, pero sin aportar con ideas constructivas para mejorar la normativa establecida.

c) Trabajo en Grupo: se limita a realizar solo sus labores asociadas y no apoya a sus compañeros de oficina, lo que genera poca productividad laboral de parte de ella, y no muestra interés para realizar labores de cobranza o Tesorería”.

Por último, en el factor “Comp. Funcionario”, se señala, en el subfactor correspondiente, lo siguiente:

“a) Asistencia y Puntualidad: cumple con el horario de entrada y salida, pero al no registrarse marca en reloj control de asistencia en la hora de colación no cumple el horario establecido que fue informado cuando ingresó a cumplir funciones en Tesorería.

b) Cumplimiento de Normas: en este sentido en forma regular no estás en su puesto de trabajo sin informar su destino al suscrito, en algunas ocasiones ha llegado a la oficina con bolsas de supermercado que fue a comprar en horario de trabajo, según lo informado por sus compañeros de oficina”.

Decimocuarto: Que, por su parte, la actora acompañó un documento que contiene las calificaciones que le fueran otorgadas por su desempeño durante el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2018 y el 31 de agosto de 2019, por una comisión integrada por seis personas que el referido documento indica. Todos los factores —cantidad de trabajo, calidad de la labor realizada, conocimiento del trabajo, interés por el trabajo que realiza, capacidad para realizar trabajos en grupo, asistencia y puntualidad y cumplimiento de normas— fueron calificados con nota 7.0, siendo su puntaje final de 70 (setenta) y calificada, por consiguiente, en Lista 1.

Decimoquinto: Que, de lo reseñado en los dos basamentos anteriores, se aprecia una evidente contradicción entre las apreciaciones que efectúa el jefe directo de la recurrente sobre su desempeño en el trabajo y las calificaciones que le efectuara la comisión respectiva durante el período inmediatamente anterior. En este orden de consideraciones, si bien se deduce que el motivo esgrimido por la recurrida para no renovar la contrata sería un desempeño deficiente de la actora, en opinión de su jefe directo, tal circunstancia no estaría refrendada por sus calificaciones anuales, por lo que mal podrían servir de fundamento para no renovar la contrata que, en los hechos, equivale a una medida expulsiva. Dicho de otro modo, fue la propia administración la que al calificar a la recurrente del modo en que lo hizo, estimó que su desempeño era digno de distinción, al incluirla en Lista 1, pero acto seguido decidió no renovar su contrata para el año 2021, cuestión que en los hechos se asimila a la eliminación del servicio.

Decimosexto: Que, por lo demás, el fundamento que se esgrime en el acto impugnado es contradictorio, desde que, por un lado, el tesorero municipal califica deficientemente a la recurrente y, por el otro, señala que, por tal circunstancia no es “indispensable su labor de planta municipal o función esencial de la municipalidad”, pues la calificación deficiente no torna en prescindible la labor que la actora efectuaba.

Decimoséptimo: Que, en las condiciones apuntadas, el acto administrativo que puso fin a la contrata de la recurrente no se encuentra debidamente fundado, desde que los argumentos esgrimidos, esto es, el desempeño deficiente de la actora, se encuentra contradicho por las calificaciones que la misma administración ha efectuado de aquella. Por consiguiente, se debe concluir que el Decreto Alcaldicio N° 2549, de 30 de noviembre de 2020, es ilegal por contravenir la exigencia de fundamentación exigida por los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880 y, por la misma razón, deviene en arbitrario, al quedar desprovisto de motivación, vulnerándose la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad de la actora sobre sus remuneraciones, garantizados en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, la acción deducida por doña nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Peñaflor, representada por su alcalde don Nibaldo Meza Garfia, y se deja sin efecto el Decreto Alcaldicio N° 2549, de 30 de noviembre de 2020, mediante el cual se dispuso la no renovación de su contrata para el año 2021, y, como consecuencia de ello, la recurrida deberá reintegrar a la recurrente a sus funciones una vez ejecutoriada la presente sentencia y deberá pagar a ésta todas las remuneraciones que le correspondían en razón de su cargo desde la fecha en que estuvo separada del mismo.

Redacción del Abogado Integrante Adelio Misseroni Raddatz.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Rol N° 10.839-2020 Prot.

Pronunciada por la primera sala de esta Corte presidida por el ministro Roberto Contreras Olivares e integrada por la ministra Carmen Gloria Escanilla Pérez y por el abogado integrante señor Adelio Misseroni Raddatz. No firma el Abogado integrante señor Misseroni, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y posterior acuerdo por encontrarse ausente.