nombre reservado con CARABINEROS DE CHILE

1 San Miguel, veintidós de febrero de dos mil veintiuno.

Vistos:

Comparece doña nombre reservado, C.P.R. Administrativo de Carabineros, domiciliada domicilio reservado”, comuna de Peñaflor y recurre de protección en contra de don nombre reservado, en su calidad de General Inspector de Carabineros de Chile, Director Nacional del Personal de Carabineros de Chile, domiciliado en domicilio reservado. Funda su recurso en la Resolución Exenta Nº 1556, de 26 de noviembre de 2020, que puso término a su designación a contrata, por vencimiento, que se encontraba vigente hasta el 31 de diciembre de ese año, conforme a la causal establecida en el Numeral 4 del Art. 57 de la Directiva del Personal Contratado por Resolución (CPR), aprobada por Orden General Nro. 1957, de 18 de febrero de 2010.

Expone la recurrente que padece un tumor cerebral diagnosticado el 19 de octubre de 2018 en el Hospital de Carabineros y que por esa razón se encuentra con licencia médica, por lo que el término de su contrato administrativo vulnera a su respecto las garantías constitucionales contenidas en los números 16 y 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Agrega que, dada su condición, la causal de término del contrato de trabajo contenida en el artículo 161 del Código del Trabajo debe ser acreditada, pues no puede fundarse en la propia voluntad del empleador, en tanto que sus calificaciones debieron ponderarse de acuerdo a lo señalado en el artículo 16 del reglamento N° 8 de Selección y Ascensos de Carabineros de Chile.

Hace presente que en 2018, fue calificada en Lista de méritos y que, tanto en 2019, como en 2020, fue calificada con 19 puntos por el Comisario de la Unidad pero, ante su recurso jerárquico, la Comisión Evaluadora de C.P.R. la ubicó en Lista 1 de méritos, con 36 puntos. Aduce que el nuevo mando de la 23° Comisaría de Talagante, donde desempeña sus funciones administrativas, no tuvo la oportunidad de apreciar sus capacidades profesionales, dado que se mantuvo ausente de sus labores por motivos de fuerza mayor, por lo que la evaluación realizada a su desempeño se basa en una apreciación subjetiva, que no se basa en hechos reales para avalar tal determinación.

Finaliza el recurso solicitando que se disponga su mantención en la institución de Carabineros de Chile, renovando su contrato y ordenando la reincorporación a sus funciones.

Informando al tenor del recurso, la recurrida señala que se contrató a la recurrente a contar del 27 de febrero de 2012, como administrativo con contrato por resolución, grado 14º de la Escala de Sueldos de Carabineros de Chile; nominación que se mantuvo hasta el 25 de enero de 2016, en que se renovó su contrato en grado 13º, el que fue prorrogado anualmente y en los mismos términos hasta 2020.

Posteriormente –prosigue el informe-, la Dirección Nacional de Personal, mediante la Resolución Exenta Nº 1556, de 26 de noviembre de 2020, resolvió poner término al contrato de la recurrente, por no renovación, conforme lo establecido en el número 4) del artículo 57 de la Directiva del personal contratado por resolución (C.P.R.), notificada de manera personal con la misma fecha.

A continuación, el informe refiere que los nombramientos a contrata son de carácter transitorio y tienen por objeto la satisfacción de determinadas necesidades institucionales.

En cuanto al principio de la confianza legítima, expresa que no alcanza para afectar las facultades de las respectivas autoridades en cuanto a la decisión de renovar, o no, las contratas, a lo que añade que en el caso particular la causal de término del contrato es el vencimiento del plazo de la contratación –no el artículo 161 del Código del Trabajo, que no aplica-, a lo que añade la consideración de la baja evaluación de desempeño correspondiente al año 2020 en que la recurrente obtuvo 21 puntos, de un total de 48, con opinión desfavorable del calificador y recomendación de no renovar el contrato, según razones expuestas por su mando directo. Indica que en esa evaluación se tuvo en cuenta el bajo rendimiento en sus competencias, calidad y efectividad de la función que desarrolla y mantener una censura a raíz de investigación administrativa en que se estableció que incurrió en hechos que van en contra de las directrices institucionales.

En cuanto a la licencia médica referida por la actora, señala que su uso no impide el término del vínculo contractual de la funcionaria, por no renovación, toda vez que el goce de dicho beneficio no confiere al empleado inamovilidad en su cargo a contrata.

En cuanto a las garantías constitucionales que estima conculcadas, refiere que el recurso no explica cómo el acto administrativo que impugna por la presente vía cautelar podría perturbarlas y agrega que la actora no está en posesión de un derecho indubitado, precisamente por la naturaleza transitoria del vínculo, así como la facultad de la institución de poner término al mismo, de conformidad a la ley.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

1º) La acción constitucional de protección constituye una medida de tutela urgente prevista para proporcionar remedio pronto y eficaz frente a la vulneración de los derechos y garantías que contempla el artículo 20 de la carta fundamental, causada por una acción u omisión que sea ilegal o arbitraria. Este es el contexto que justifica una intervención jurisdiccional rápida que ampare suficientemente el derecho amagado, sin adentrarse en aspectos propios de un pronunciamiento de fondo, ordinario o especial.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos tutelados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amenazados, perturbados o privados en su legítimo ejercicio;

2º) Según lo anotado en lo expositivo, doña nombre reservado acciona de protección en contra del General Inspector de Carabineros de Chile, Director Nacional del Personal de Carabineros de Chile, por la Resolución Exenta N° 1556, de 26 de noviembre del año pasado, que puso término a su contrato, por vencimiento del plazo, cuya vigencia se extendió hasta el 31 de diciembre último. La recurrente sostiene que ese acto afecta en su perjuicio las garantías previstas en los números 16 y 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que pide que se la mantenga en su designación, ordenándose la reincorporación a sus funciones.

La recurrida, a su turno, asevera que el actuar que el recurso cuestiona ocurre en el contexto de un nombramiento a contrata, de naturaleza temporal, cuya no renovación se basa en el número 4) del artículo 57 de la Directiva del personal contratado por resolución (C.P.R.) y las consideraciones contenidas en la resolución exenta en mención;

3º) Como un primer aspecto a ser abordado en la resolución del libelo en estudio, se dejará expresado que la garantía normada en el número 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, el derecho a la seguridad social, no se encuentra contenido en el catálogo de derechos y garantías cubiertas por la acción de protección preceptuada en el artículo 20 de ese ordenamiento principal.

Por su parte, el número 16 de la misma disposición concierne a la libertad de trabajo y su protección. La dimensión de esta garantía protegida por la acción constitucional en estudio se circunscribe a la libertad de trabajo, el derecho a su libre elección y la libre contratación, y lo dispuesto en el inciso cuarto de dicha norma. Sin embargo, el escrito del recurso no llega a describir la manera específica en que lo estatuido en este precepto habría resultado vulnerado por la recurrida. No obstante, lo expresado por la recurrente deja ver que su cuestionamiento se basa en el término de su contrato, pese a encontrarse con licencia médica, y que su objetivo está dirigido a la conservación del cargo que mantenía por medio de la renovación de la contrata que venía sirviendo. A esto se referirán las siguientes reflexiones;

4º) Según lo informado por la parte recurrida la señora nombre reservado fue contratada por Carabineros de Chile, en modalidad de contrato por resolución (CPR), a contar del año 2012. Asimismo, es un hecho pacífico en autos la dictación de la Resolución Exenta N° 1556, de 26 de noviembre de 2020, que puso término al contrato, por vencimiento del mismo.

Examinada esa resolución administrativa, se observa que, además del vencimiento del plazo de la contratación, se hace referencia a la Evaluación de Desempeño de la citada funcionaria, en la que, en definitiva, quedó ubicada en Lista N° 2, Satisfactoria; como también, se alude a la propuesta del Evaluador, refiriendo un bajo nivel de profesionalismo de la evaluada en el cumplimiento de sus funciones “toda vez que mantiene una Censura en base a una investigación administrativa que se instruyó, a raíz de no haber entregado documentación pendiente al momento de hacer uso de feriado legal, lo que demuestra una abierta falta de compromiso”;

5º) Conforme al artículo 3º, letra c), de la ley 18.834 sobre el Estatuto Administrativo, el empleo a contrata es “aquel de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución”. Más adelante, el artículo 10 de esa ley dispone: “los empleados a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos”.

Asimismo, es relevante referir que, según el artículo 1º de la Directiva del Personal Contratado por Resolución (C.P.R) de Carabineros de Chile, estatuto al que ambas partes aluden, “Se entiende por Personal Contratado por Resolución aquel que desempeñe determinadas funciones en Carabineros de Chile en forma transitoria, sin constituir escalafones ni ocupar plazas de la planta institucional fijada por la Ley N° 18.291 y sus modificaciones, por el lapso o período que la resolución respectiva determine o mientras sean necesarias sus funciones, pudiendo durar como máximo hasta el 31 de diciembre de cada año”.

A su vez, el artículo 57, número 4, de ese ordenamiento expresa: “Son causales de término del contrato por resolución: 4) El vencimiento del plazo del plazo de la contratación”.

De lo anotado, se obtiene que los empleados a contrata de la Administración del Estado se distinguen de los “de planta” por la transitoriedad de sus cargos y, puntualmente, en el caso del personal contratado de Carabineros de Chile, su normativa dispone que expiran cada 31 de diciembre, salvo que medie su prórroga;

6º) Acorde a lo expuesto en el motivo inmediatamente anterior, se ha hecho evidente que el término del contrato por medio de la Resolución Exenta N° 1556, de 26 de noviembre de 2020, cuestionado por la recurrente, se apega, tanto a la naturaleza del cargo al que atañe, así como a las normas que lo rigen, contando, además, con un fundamento explicitado, referido a la evaluación de su desempeño y la propuesta de no renovación derivada de lo informado por el evaluador.

La alegación de haberse encontrado la señora nombre reservado cursando una licencia médica al tiempo de producirse el término de su contrato –circunstancia afirmada, pero no comprobada con especificidad-, no es pertinente ni alcanza para neutralizar el efecto natural, establecido y conocido por aquélla acerca de la transitoriedad del cargo que servía, lo mismo que de su fecha prevista de expiración de pleno derecho, vale decir, de manera automática;

7º) De acuerdo a todo ello, no es posible concordar con quien recurre en la existencia de un acto ilegal o arbitrario que hubiere quebrantado sus derechos fundamentales –desde luego, no aquellos que se indican en su libelo-, en atención a que el tratamiento que le ha brindado la recurrida al constatar el término de su nombramiento a contrata por el solo ministerio de la ley, resulta ajustado al ejercicio de sus funciones y competencias legales, fruto de un procedimiento administrativo prestablecido; con expresión de las razones que lo fundan, asociadas al desempeño demostrado por la actora; y sin que se hubiese encontrado ligada a un deber jurídico en el sentido de proceder a su renovación;

8º) Por consiguiente, al no verificarse los presupuestos de la presente acción, el postulado de protección no podrá prosperar.

Y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado.

Acordada con el voto en contra de la ministra Pizarro, quien estuvo por hacer lugar al recurso, para dejar sin efecto la Resolución Exenta Nº 1.556, de 26 de noviembre de 2020, dictada el 30 de noviembre de 2020; ordenar el reintegro de la recurrente a su contrata para el año 2021, y el pago de las remuneraciones devengadas durante el lapso de separación del servicio. Para opinar de este modo tuvo presente las siguientes razones:

1ª) Los ocho años de servicio en cargos a contrata de la recurrente no condicen con el estándar o patrón de temporalidad que se encuentra a la base de lo normado en los artículos 3º de la ley 18.834 y 7º de la ley 18.961 para esa clase de designaciones. No debe perderse de vista que, de acuerdo a su sentido natural, lo transitorio de la función se asimila a lo temporal, que dura algún tiempo, y es pasajero; calificativo de precariedad que no cabe emplear al caso de quien ha visto renovar su nominación a contrata desde febrero de 2012 y, específicamente, desde junio de ese año en la 23ª Comisaría de Carabineros de Talagante;

2ª) Ese contexto se traduce, de manera innegable, en una especie de seguridad o estabilidad acerca de que en el mismo habrá de mantenerse, a menos de mediar un desempeño deficiente, traducido en la calificación anual dispuesta para ese efecto, o una sanción disciplinaria incompatible con la permanencia en el cargo, o la renuncia.

Cabe poner de relieve que la alusión contenida en la Resolución exenta N° 1.556 a una “Censura en base a una investigación administrativa que se instruyó”, además de imprecisa, evidentemente no fue suficiente para separar a la recurrente de su cargo, no sólo porque su mención se agota como motivo del puntaje que le asignó el evaluador, sino también porque, después de éste, la Comisión Evaluadora de Desempeño lo incrementó dejando a la evaluada en una lista distinta a la de “Eliminación”; proceder que, es evidente, no habría podido tener lugar si la “Censura” hubiera originado, por fuerza, el término de la contratación por ser causal de destitución;

3ª) En casos de características similares, la Excma. Corte Suprema ha dicho que la permanencia por años en un cargo a contrata genera en quien lo sirve "(…) la confianza legítima de mantenerse vinculado con la Administración, de modo tal que su relación estatutaria sólo puede terminar por sumario administrativo derivado de una falta que motive su destitución o por una calificación anual que así lo permita, supuestos fácticos que no concurren en la especie” (ECS N° 83.695-2020 y 92.148-2020);

4ª) En consecuencia –a juicio de esta disidente y, más allá de haberse encontrado o no la señora nombre reservado en uso de una licencia médica-, que la recurrida haya optado por no renovar para el año 2021 la contrata en que se encontraba designada la recurrente, aludiendo únicamente a razones de desempeño plasmadas en la propuesta del evaluador y de las comisiones Evaluadora y Revisora, cuya conclusión fue la de haberse “formado la convicción que resulta factible la no renovación de contrato de la Administrativo C.P.R. nombre reservado”, según reza la Resolución exenta N° 1.556, ha devenido en una vulneración de la garantía constitucional de igualdad ante la ley, constatación que ameritaba el pronto remedio que la presente vía procesal permite.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la ministra Alejandra Pizarro.

N° 10.825-2020 Protección.- Pronunciada por la Segunda Sala, integrada por las ministras señora María Teresa Letelier Ramírez, señora María Alejandra Pizarro Soto y señora Dora Mondaca Rosales.