Protección contra DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD

nombre reservado, veintidós de abril de dos mil veintiuno.

VISTOS:

PRIMERO: Que don Juan Pablo Collao Arenas, abogado, deduce recurso de protección en favor de nombre reservado, cédula de identidad Nro. RUT reservado, Ingeniero, domiciliado para efectos de este recurso en Ramón Subercaseaux 1268, Dpto. 1204, Comuna de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra del DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA, con domicilio en domicilio reservadoº piso, por el acto que estima ilegal y arbitrario, consistente en la Resolución Exenta Nº153303 del 12 de agosto de 2020 que rechazó la solicitud de permanencia definitiva del señor nombre reservado.

Refiere que este último envió su solicitud de Permanencia Definitiva en septiembre de 2018 vía correo certificado, siendo informado en enero de 2019 que dicha solicitud no fue acogida a trámite por no haber acompañado copia del RUN a los documentos solicitados. Ante ello, realizó nuevamente la solicitud de manera online el 17 de junio de 2019, adjuntando toda la documentación requerida. Luego, el 4 de febrero de 2020 la recurrida acogió a trámite su solicitud de permanencia definitiva, sin requerirle mayores antecedentes, considerando suficiente la ya aportada. Seguidamente, el 2 de diciembre del mismo año, al revisar en la página web de auto consulta de la recurrida, tomó conocimiento del rechazo de su solicitud, cuya resolución es de 12 de agosto de 2020, en la que se le informaba el referido rechazo y el otorgamiento de una visa temporaria.

Alega que la recurrida no puede invocar en la resolución final del trámite como causal del rechazo que el recurrente supuestamente no remitió la documentación requerida por la autoridad migratoria para el análisis y resolución de la solicitud de permanencia definitiva, toda vez que con anterioridad no se le señaló que faltara algún documento, ni se le otorgó plazo alguno para subsanar aquello.

En cuanto a uno de los requisitos que se exige, esto es, si cuenta con recursos necesarios que le permitan vivir en Chile, sin constituir una carga social, manifiesta que el señor nombre reservado cuenta con suficiente estabilidad económica, respecto de la cual aportó la información necesaria a su solicitud, con la que demostró recibir una remuneración superior a la mínima que fija la ley por el pago de servicios a un trabajador, dando cabal cumplimiento a ese requisito. Detalla que al 17 de junio de 2019, fecha del envío de su solicitud de Permanencia Definitiva, el recurrente consignó el contrato de trabajo suscrito con la empresa Hunter Douglas Chile S.A., el 1º de diciembre 2018, ocupando el cargo de proyectista estructural, percibiendo una remuneración base mensual de $1.090.326. De lo que es evidente, que dicho monto excede el ingreso mínimo mensual, tanto a la época de la presentación como actualmente, percibiendo adicionalmente, la gratificación legal de conformidad con lo establecido en el artículo 50 del Código del Trabajo.

Relata que si bien dicho contrato fue pactado en principio a plazo fijo, con fecha 1 de enero de 2019 pasó a ser indefinido, oportunidad en la que se aumentó su renta base a $1.324.216, demostrando de esta forma la estabilidad laboral del señor nombre reservado. Relación laboral que se mantuvo vigente hasta el 6 de septiembre 2019, data en la que terminó por renuncia voluntaria del trabajador, comenzando a laborar desde el 9 de septiembre de 2019 en la empresa Consultores de Ingeniería Spa, percibiendo una remuneración base mensual de $1.189.898, más la gratificación legal del 25%. Contrato que fue suscrito por un período de tres meses, pasando a ser indefinido el 9 de diciembre de 2019, hasta la fecha, con una renta imponible de $1.486.763, tal como consta del certificado de cotizaciones de FONASA.

Indica que durante la vigencia de su visa anterior (desde 28 de diciembre de 2017 hasta 28 de diciembre de 2018), acumuló 9 cotizaciones con sueldos muy superiores al mínimo, sin que como reitera, la recurrida le requiriera otros antecedentes respecto de este punto.

Agrega que el Departamento de Extranjería y Migración le otorgó visa temporaria, indicándole: “Para que se materialice el beneficio indicado, Ud. deberá reservar su hora de atención para "estampados de visas en pasaportes" ingresando al sitio web http://reservahora.extranjeria.gob.cl, con lo cual podrá ser atendido en la fecha y hora que le sea asignada, y deberá concurrir a las oficinas de este Departamento, presentando esta Notificación, más su pasaporte vigente para el correspondiente estampado de la visa.”. Sin embargo, pese a lo expuesto, actualmente se encuentra vigente el Estampado Electrónico (EE), para todos los extranjeros a los que se les haya otorgado una visación de residencia en Chile, cuya finalidad es la de ser un Certificado Electrónico de residente que materializa la entrega de visas y prórrogas a nivel nacional, y que son emitidos utilizando la plataforma online “Simple”. De esta manera, fue eliminado el estampado presencial, mediante el cual el extranjero debía solicitar cita en su oficina más cercana, anuncio que se realizó el 23 de septiembre de 2020.

Concluye que la recurrida puso a su disposición un estampado electrónico para visa temporaria, sin haber sido debidamente notificado de ello, impidiéndole recurrir en contra de esa decisión que le otorga dicha visa. Además, alega que en el evento de aceptar y activar el estampado electrónico de la visa temporaria que la autoridad migratoria le otorgó, ese documento tendría su vigencia a partir de la fecha en la que es activado, y no desde el vencimiento de su visa anterior que es como corresponde en derecho, esto en una clara violación a lo que estatuye el artículo 130 del Reglamento de Extranjería.

Manifiesta que el Departamento de Extranjería y Migración con este Estampado Electrónico (EE), está pretendiendo que pierda la continuidad de su visa anterior, como consecuencia del período de tiempo a todas luces desproporcionado, en que la autoridad migratoria mantuvo en estudio su solicitud, el cual se extendió por más de un año.

Alude al deber de la recurrida de fundamentar sus decisiones de conformidad con la normativa aplicable y a los antecedentes aportados por la recurrente, señalando que la recurrida ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental, inexcusabilidad, transparencia y publicidad en tanto dilató la decisión de la solicitud de permanencia definitiva presentada por el recurrente por más de un año, excediendo el plazo establecido en el artículo 27 de la Ley N° 19.880.

Arguye que la Resolución Exenta impugnada no solo constituye un acto ilegal, sino que además resulta arbitraria, por la ausencia de algún motivo que justifique la determinación en ella contenida, lo que da cuenta que ha obedecido al mero capricho de la autoridad que la expidió.

Concluye que, con su actuar, la recurrida ha infringido la garantía constitucional de igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, toda vez que ha dado al señor nombre reservado un trato desigual en relación a otros solicitantes, a los que encontrándose en iguales circunstancias les fue otorgada la permanencia definitiva, y en caso de requerir la autoridad migratoria documentación adicional o complementaria, ello les fue comunicado a través de notificaciones de subsanación dictadas en atención a lo establecido en el artículo 31 de la Ley 19.880, incluyendo información relativa a sus ingresos económicos con el fin de actualizar la enviada inicialmente, dado el lapso de tiempo transcurrido en sus tramitaciones.

Por lo expuesto, pide dejar sin efecto la Resolución Exenta Nº153303 de 12 de agosto de 2020 que rechazó la solicitud de permanencia definitiva, ordenando a la recurrida otorgarla sin más demora al estar cumplidas las restantes exigencias legales, con costas.

SEGUNDO: Que por su parte, el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a través del abogado don Carlos Poblete Acuña, informa al tenor del recurso, solicitando su rechazo.

Esgrime al efecto, que por Resolución Exenta N° 382.566 de 26 de diciembre de 2017 de la entidad informante, se otorgó permiso de residencia temporaria por un año a don nombre reservado, el que estuvo vigente hasta el 28 de diciembre de 2018. Adiciona que conforme a lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto Ley 1094, Ley de Extranjería, el recurrente solicitó permiso de permanencia definitiva el 17 de junio de 2019 y mediante Resolución Exenta N° 153.303 de 12 de agosto de 2020 del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se rechazó la solicitud de permanencia definitiva del extranjero recurrente otorgándose en subsidio una visa temporaria por un año, por no observar las normas sobre plazos establecidos, ya que el período transcurrido entre sus permisos de residencia es superior a 90 días, y por no contar con estabilidad económica, y por tanto carecer de recursos que le permitan vivir en Chile, sin constituir una carga social.

Luego menciona que dicha Resolución Exenta fue comunicada al recurrente mediante Notificación Nº71.797 de fecha 12 de agosto de 2020 del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. También, que el actor no ha estampado la visa temporaria otorgada en la Resolución administrativa precitada, y que no presentó recursos administrativos en su contra.

Refiere que a fin de fundar la solicitud de permanencia definitiva, los extranjeros deben acompañar diversos documentos mencionados en el artículo 127 del Decreto Supremo N° 597, encontrándose facultada la autoridad para solicitar a los extranjeros requirentes, documentos adicionales a los señalados en la norma precitada.

Añade que el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública en su sitio web www.extranjeria.gob.cl señala como debe ser presentada cada solicitud de permiso de residencia, los documentos necesarios y las instrucciones para cada tipo de trámite, destacando que en el caso de la solicitud de permanencia definitiva, el solicitante debe acompañar determinados documentos que singulariza.

En lo atingente al caso, señala que la solicitud de permanencia definitiva del extranjero fue rechazada por no haber acreditado sustento económico suficiente durante el período de su visación, es decir, del 28 de diciembre de 2017 al 28 de diciembre 2018, en atención que el Sr. nombre reservado, presentó en su solicitud un Certificado, de 14 de junio de 2019, de FONASA, donde se acredita que los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2018 no registra cotizaciones, por lo que se presume que no percibió remuneración alguna.

Así, conforme los datos aportados por el señor nombre reservado, se estimó que el recurrente no acreditó sustento económico suficiente para solventar su permanencia en el país y por consiguiente, la Resolución Exenta que rechazó la solicitud de permanencia definitiva del extranjero en referencia, otorgándose en subsidio una visa temporaria por un año, ha sido dictada de acuerdo al artículo 64 N°4 del Decreto 1094 de 1975, Ley de Extranjería que dispone: “Pueden rechazarse las solicitudes que presenten los siguientes peticionarios:…Los que no tengan o no puedan ejercer profesión u oficio, o carezcan de recursos que les permitan vivir en Chile sin constituir carga social”. También, menciona que el artículo 63 de la Ley de Extranjería en su número 4 señala que deben rechazarse las solicitudes de aquellos extranjeros “que no cumplan con los requisitos que habilitan para obtener el beneficio impetrado.”

Concluye que la exigencia de acreditar el sustento económico de un extranjero en el país, en el contexto de una solicitud de permanencia definitiva, no resulta arbitraria, exigiéndose lo mismo respecto de todos aquellos que se encuentren en la misma situación que el recurrente, por lo que no se ha vulnerado lo dispuesto en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política. Además, sostiene que el extranjero ingresó su solicitud de permiso de permanencia definitiva el día 17 de junio de 2019, es decir, 5 meses y medio después de que venció su permiso de residencia temporaria, encontrándose irregular en el territorio nacional durante los meses ya señalados, por tanto registra una infracción al Reglamento de Extranjería, señalada en su artículo 138.

Explica que los extranjeros luego de estampar el visado temporal y cumplir el año de visa, pueden re postular a permanencia definitiva en el país, si acreditan un sustento económico continuo o cumplen con los requisitos señalados en la normativa migratoria vigente. No obstante lo anterior, hace presente lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 19.880, que establece el principio de impugnabilidad de todo acto administrativo, instancia que no ha sido agotada por el recurrente, no habiendo siquiera efectuado alguna solicitud tendiente a revocar los actos recurridos. Por último, informa que el extranjero recurrente no ha estampado electrónicamente su visación temporaria, teniendo la posibilidad vigente para ello.

Por lo expuesto, sostiene que en este caso no ha existido un acto u omisión arbitrario o ilegal imputable a esa autoridad, que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos enumerados por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, motivo por el que pide el rechazo del recurso.

TERCERO: Que para la acertada decisión del asunto sometido al conocimiento y decisión de esta Corte, es preciso reiterar que la acción de protección contenida en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, debe ser ejercida ante actos u omisiones arbitrarios o ilegales que provoquen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías con resguardo constitucional, para que en su caso, se adopten las providencias necesarias en el restablecimiento del imperio del derecho, asegurándose la debida protección del perjudicado. De lo que se sigue, que se trata de un procedimiento extraordinario, de emergencia, cuyo objetivo es remediar pronta y eficazmente los efectos lesivos de un actuar ostensiblemente contrario al ordenamiento jurídico o carente de fundamento o caprichoso, reparándose así el amago provocado a derechos o prerrogativas derivadas de situaciones ciertas y definidas y, por ello, con resguardo constitucional preferente. Todo ello sin perjuicio de los demás derechos que puedan hacerse valer ante la autoridad o los Tribunales correspondientes.

CUARTO: Que atendido lo anterior, es necesario determinar si ha existido de parte de la entidad recurrida un acto ilegal o arbitrario que amenace, perturbe o prive al señor nombre reservado en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos o garantías establecidos en la Constitución Política de la República.

QUINTO: Que al efecto, de los dichos del recurrente, la entidad recurrida y de los antecedentes allegados por estos, apreciado todo ello en su conjunto y conforme a las reglas de la sana crítica, es incuestionable que no existe discusión entre los intervinientes en cuanto a que el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, dictó la resolución exenta N° 153303 de 12 de agosto de 2020, por la que rechazó la solicitud de permanencia definitiva de don nombre reservado, fundada en no haber observado las normas sobre plazos establecidos en la legislación migratoria, incurriendo en lo preceptuado, en el artículo 64 N°6 de la Ley precitada, en relación con el artículo 138 N°6 del Reglamento de Extranjería, pues el periodo transcurrido entre sus permisos de residencia es superior a 90 días, y en no contar con estabilidad económica y por tanto, carecer de recursos que le permitan vivir en Chile sin constituir una carga social, incurriendo en lo preceptuado, en el artículo 64 N°4 de la Ley 1094 de 1975, en relación con el artículo 138 N°4 del Reglamento de Extranjería. Resolución que precisamente constituye el acto que el recurrente reprocha.

SEXTO: Que por consiguiente, encontrándose acreditado el acto cuestionado, corresponde determinar si este es ilegal o arbitrario.

SEPTIMO: Que al respecto, como se ha indicado en lo que antecede, es inconcuso que sirviendo de fundamento a la aludida resolución por una parte no haber respetado los plazos estatuidos en la legislación migratoria y por otra, en la circunstancia de no haberse acreditado ingresos suficientes para vivir en Chile, sin ser una carga social, es manifiesto que tal rechazo no obedece a una insuficiencia en la documentación susceptible de ser subsanada en los términos del artículo 31 de la ley 19.880, pues los antecedentes que daban cuenta de ambas circunstancias fueron agregados oportunamente, y no obstante la demora en la tramitación, la decisión fue adoptada con el mérito de los antecedentes acompañados a la solicitud, sin que dicha decisión pueda ser reprochada de ilegal, puesto que emanó del órgano facultado para emitirla, conforme a lo dispuesto en los artículos 13 del DL 1094 y 178 inciso final del Reglamento de Extranjería, que entrega al Jefe del Departamento de Extranjería la facultad de resolver aprobando o rechazando las solicitudes a que se refiere el artículo 13. Además es claro que se ajustó a la normativa pertinente, en cuanto el artículo 15 N° 4 del citado decreto ley prohíbe el ingreso al país a los extranjeros que “no tengan o no puedan ejercer profesión u oficio, o carezcan de recursos que les permitan vivir en Chile sin constituir carga social.”, norma que debe relacionarse con el artículo 64 N° 4 del mismo estatuto, que dispone que pueden rechazarse, entre otras, las solicitudes que presenten “Los que por circunstancias ocurridas con posterioridad a su ingreso a Chile queden comprendidos en los N°s 4 o 5 del artículo 26”, cuyo es, a juicio de la autoridad encargada de calificarlo, el caso del actor.

OCTAVO: Que por otra parte, tampoco puede considerarse dicha resolución arbitraria por falta de fundamentos, pues de la simple lectura de la referida resolución es claro que ella se encuentra debidamente fundada y justificada en las normas que regulan la materia, sin que se advierta la necesidad de otra argumentación al respecto. En efecto, el artículo 127 del Reglamento de Extranjería menciona en su número 5 los diversos documentos en que pueden fundarse las solicitudes de permanencia definitiva, sin que haya faltado en la especie alguno de ellos, sino que el mérito de los mismos no resultaron suficientes para acreditar los requisitos exigidos en la normativa ya referida. Decisión que en todo caso no es susceptible de ser revertida por esta vía constitucional cautelar, desde que como se ha señalado, el acto reprochado no es ilegal ni arbitrario, sin perjuicio que tanto el ordenamiento normativo al que se ajustó y la ley 19.880 consultan la posibilidad de reconsiderar lo decidido, sea de oficio o a petición del extranjero interesado.

NOVENO: Que por lo expuesto en los anteriores razonamientos, no concurriendo en este caso las exigencias del artículo 20 de la Constitución Política de la República, forzoso es concluir que este recurso deberá ser rechazado.

En mérito de lo expresado y, vistos, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA el presente recurso de protección deducido por don Juan Pablo Collao Arenas a favor de don nombre reservado, en contra del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Acordada con el voto en contra de la Ministra Sra. Vásquez, quien estuvo por acoger el recurso impetrado y disponer que la autoridad competente realice un nuevo análisis de los antecedentes del peticionario, por estimar que no es posible fundamentar el rechazo de su petición en una falta a los plazos señalados en la normativa, como tampoco en la supuesta carga que el extranjero residente significaría para nuestra sociedad.

Para ello tuvo en consideración que si bien es efectivo que la solicitud de permanencia definitiva fue presentada excediendo al plazo de 90 días, esta disidente estima arbitrario que la administración justifique en dicha circunstancia el rechazo, cuando ha demorado más de un año en emitir un pronunciamiento, habiéndole incluso remitido al interesado una comunicación por la cual le informaba que su trámite avanzaba a etapa tres. Tratándose de un cuestionamiento por plazo de interposición, lo correcto en su opinión, habría sido un pronunciamiento de admisibilidad en un tiempo coetáneo a aquél en que se presentó la solicitud en términos de no extender el perjuicio que conlleva a una persona prolongar de manera excesiva la incerteza sobre su condición de permanencia en el país.

Del mismo modo, considera arbitrario pretender emitir un juicio de rechazo basado en ser carga social, transcurrido tanto tiempo, por la sola circunstancia de no aparecer registro de pago de tres meses de cotizaciones previsionales, en el contexto de haber demostrado ejercicio laboral bajo subordinación y dependencia en el lapso inmediatamente anterior y en el posterior, por periodos más largos y con remuneraciones muy superiores al sueldo mínimo, toda vez que con ello demostró a todas luces, no ser una carga social para nuestro país.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redactado por la Ministro señora María Soledad Espina Otero.

Rol N° 10.805-2020. Protección.

Pronunciada por la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por los Ministros señor Diego Simpértigue Limare, señora Carolina Vásquez Acevedo y señora María Soledad Espina Otero.