nombre reservado con CARABINEROS DE CHILE

San Miguel, diecinueve de febrero de dos mil veintiuno.

Vistos:

Primero: Que comparece don nombre reservado, Cabo 2° de Carabineros de la dotación de la 41° nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de Carabineros de Chile, representado por su General Director de Carabineros señor nombre reservado, por el acto que estima arbitrario e ilegal consistente en Dictamen 11212/1, de fecha 2 de septiembre de 2020 de la Zona Carabineros Santiago Este, que dispuso la baja de las filas de la Institución, el cual vulnera sus garantías constitucionales reconocidas en los numerales 2°, 3° inciso 5 y 16 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone, en primer término, que el acta de notificación de retiro de las filas de la institución fue confeccionada por la Zona de Carabineros de Santiago Este, siendo notificada el día viernes 4 de diciembre del año 2020, a través de Coronel don nombre reservado, Fiscal jefe de la Fiscalía administrativa de la prefectura Santiago Sur, en condiciones que esa notificación debió ser realizada por la Zona de Carabineros Santiago Este, considerando el reglamento 15 de sumarios administrativos, por tanto el acto administrativo debe ser declarado ilegal, ya que vulnera lo establecido en los artículos 11 y 12 de la Ley 19.880.

Agrega que el proceso expulsivo, que aún se encuentra en tramitación, y que da origen al Dictamen 11212/1 fue firmado por el General de Carabineros señor nombre reservado, Jefe de Zona Santiago Este, sin dar lectura al sumario, en el cual no se han ejecutado ni cumplido las diligencias indagatorias.

Acusa irregularidades en dicho sumario consistentes en la existencia de firmas del fiscal que han sido falsificadas, así como de declaraciones que han sido utilizadas como medios de prueba, que también contendrían firmas falsificadas, sin que se le haya otorgado la posibilidad de realizar peritaje caligráfico de las mismas. Al respecto indica que, sin perjuicio de lo anterior, ante la denuncia de la falsificación de firmas, se adjuntó un documento sin foliar donde el fiscal de la causa, Mayor Rodrigo Jara Pulido, responde mediante oficio que sí se trata de sus firmas, lo cual califica como irregular.

Añade que se menciona un reconocimiento de supuestas víctimas, sin que exista constancia de la diligencia de reconocimiento.

Explica que los hechos que se le imputan tienen su origen en un sumario hacia personal de la 50° Comisaria San Joaquín, que no se encuentra finalizado, además, que sin fundamento alguno aplicó el artículo 74 del Código Penal, acumulando las causas sin tener un vínculo común, proponiendo la baja de las filas de Carabineros de Chile, sólo respecto de los sumariados, todos ellos pertenecientes a la 41° nombre reservado, por constituir dicha actuación en su opinión, un obrar ilegal y arbitrario. Destaca, en relación a la acumulación, que los hechos son totalmente diferentes y que las unidades policiales también lo serían, salvo que todas ellas dependen de la misma Prefectura de Carabineros, Santiago Sur, no siendo entonces un fundamento legal, a su juicio, para la acumulación de las causas.

Dice el recurrente que, para que se restablezca el imperio del derecho, sería necesario que se tenga a la vista por esta Corte de Apelaciones el Sumario Administrativo ya señalado, a fin de que se verifiquen las irregularidades denunciadas por este recurso.

Asimismo, solicita que Carabineros de Chile proceda a invalidar el dictamen sumarial N° 11212/1 de fecha 2 de septiembre del año 2020 de la zona de Carabineros Santiago Este, y que los hechos alegados se investiguen de forma separada, que no tengan relación con el sumario que se trata en la 50° Comisaría San Joaquín.

Por último, solicita se ordene a Carabineros de Chile que el sumario sea realizado por una fiscalía administrativa zonal y comience nuevamente, con todas las diligencia indagatorias que la ley y los reglamentos institucionales permite, y que las declaraciones de las supuestas víctimas se realicen de forma legal, adjuntado la copia de sus cedulas de identidad, para conocer sus firmas. Todo ello sin perjuicio de que se inicie un sumario administrativo en Carabineros para establecer responsabilidades sobre el acto arbitrario e ilegal y se aplique las infracciones señaladas en la Ley de transparencia, Solicita, en definitiva, que el acto administrativo recurrido sea declarado ilegal y arbitrario, que se ordene al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la suspensión y/o anulación de la tramitación del Dictamen 11212/1 de la Zona de Carabineros Este, y que el sumario sea ejecutado en un justo y racional procedimiento administrativo, conforme lo establece la propia Ley Orgánica Constitucional de dicho organismo.

Segundo: Que, evacúa informe la Institución recurrida, representada por su General Director de Carabineros señor nombre reservado, al tenor del recurso, solicitando su rechazo por fundamentos que expone.

Expresa, como consideración previa, que el acto administrativo objeto de impugnación consistente en Dictamen N° 11212/1, emanado de la Zona “Santiago Este”, de fecha 2 de septiembre de 2020, da cuenta de un sumario administrativo que se inicia para investigar un delito de cohecho.

Argumenta, con base en lo anteriormente señalado, que el acto que se estima antijurídico por el recurrente emana de una autoridad distinta a la de la Máxima Autoridad Institucional, dado que la Institución de Carabineros es un órgano desconcentrado, por lo que, dada la estructura interna de la Institución, en este caso existe falta de legitimidad pasiva, por lo que la presente acción sería inadmisible.

Respecto de la instancia administrativa en la que se encuentra el sumario mencionado, indica que éste se encuentra actualmente en Recurso Jerárquico, ante la Jefatura de Zona Metropolitana, siendo aquélla la última instancia para definir la situación administrativa de los involucrados en dicho sumario.

Señala, respecto de los aspectos de orden administrativos, que el sumario administrativo constituye un proceso reglado y a su respecto no caben otros trámites o instancias que los previstos en el Reglamento de Sumarios Administrativos N°15, el cual contiene procedimientos debidamente regulados que son reflejo de un justo y debido proceso administrativo, consignando plazos, notificaciones, requisitos, recursos e instancias determinadas, que aseguran cabalmente la protección y ejercicio de los derechos del personal. En el caso del recurrente, el sumario se origina a raíz de la orden de investigar emanada de la 2ª Fiscalía Militar de Santiago, por el delito de cohecho, por medio del cual la Fiscal Militar señora nombre reservado, mediante Oficio N° 1478, de 13 de agosto de 2020, dispuso la realización de diligencias tendientes a esclarecer los presuntos hechos relacionados con el retiro de vehículos de circulación en grúas particulares, mediando cancelación de sumas de dinero hacia personal policial.

Explica, respecto de las irregularidades denunciadas por el recurrente, que la normativa aplicable es el Reglamento de Sumarios, y es aplicable sólo supletoriamente en lo no regulado por la Ley 19.880. Es así como la supuesta vulneración a los artículos 11 y 12 de la precitada normativa, que según el recurrente se produce en el acta de notificación, no sería efectiva, debido a que en dicha actuación se obró conforme lo establecido en el artículo 85 del Reglamento N°15.

Indica, en relación a la denuncia, que no se han ejecutado ni cumplido diligencias, la falsedad de firmas en el expediente, y la falta de peritaje caligráfico, considerada por el recurrente como vulneración a su derecho a defensa, que el Reglamento de Sumarios ya aludido, contiene en su artículo 82 la prerrogativa de que los inculpados soliciten rendir prueba, solicitud que sólo se acogerá si ellas resultan útiles, pertinentes y plausibles para el esclarecimiento de los hechos, lo que en los hechos ocurrió, debido a que las peticiones del recurrente tendían a inhabilitar al Jefe de Zona Santiago Este, así como a determinados funcionarios.

Enfatiza que, respecto del peritaje caligráfico, aquel debió ser suministrado por el solicitante, a su costa, y haberlo señalado en su contestación de “Vista Fiscal”, no obstante, como medida para mejor resolver, se citó al Fiscal del Sumario a reconocer firma en las fojas sindicadas con observación, quien reconoció la autoría de las firmas cuestionadas.

Puntualiza que, respecto de la supuesta acumulación de causas que refiere el recurrente, no existe tal acumulación de procedimientos administrativos, si no que se trata de uno solo, que surge de indagaciones preliminares efectuadas por el Comisario de la 41ª nombre reservado.

Concluye que, por lo anteriormente señalado, no se advierte que se hayan conculcado las garantías del debido proceso, igualdad ante la ley y protección del trabajo, por cuanto las actuaciones efectuadas en el marco del sumario administrativo, que aún se encuentra en tramitación, se han enmarcado con irrestricto apego a las normas contempladas en el Reglamento de sumarios administrativos de Carabineros de Chile, N°15, el cual acompañó a su informe.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio.

Cuarto: Que, adicionalmente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Quinto: Que en cuanto a la alegación de falta de legitimación pasiva del recurrido, esta Corte desestimará tal argumentación por considerar que el Director General de la institución, quien es su jefe máximo, fue representado por el Prefecto que ejerció la potestad disciplinaria preventiva, en el ámbito de su competencia de la Zona “Santiago Este”.

Sexto: Que la medida disciplinaria de baja por mala conducta adoptada de inmediato de verificada la conducta, o bien al inicio del sumario administrativo, reviste el carácter de temporal y revocable conforme resulte del mérito del procedimiento administrativo que se ha decretado de acuerdo a los establecido en el artículo 127 del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal N° 4 letra b) inciso 5° que señala: “Cuando la comisión de una falta que dé origen a un sumario administrativo o investigación, fuere de tal gravedad que haga inconveniente la permanencia del funcionario en la Institución, y, el inculpado confiese su responsabilidad, o ésta se haga evidente, el Jefe que ordene la instrucción del sumario podrá eliminarlo de inmediato por “Conducta Mala”, sin expresar nota de conducta hasta la terminación de la pieza sumarial o de la investigación, oportunidad en la cual deberá fijar la nota que en definitiva le corresponda, o bien modificar o dejar sin efecto la causal de baja, según el mérito del sumario o investigación”.

Séptimo: Que conforme a lo ya reseñado, el acto que se reprocha en la acción constitucional, esto es, la baja de las filas de la Institución de Carabineros de Chile, del Cabo 2° nombre reservado, no obedece a un mero capricho de la autoridad recurrida, puesto que este último actuó en uso de sus facultades legales y dentro de la investigación administrativa ya señalada, la que incluso aún no concluye, y donde el afectado puede ejercer las vías de impugnación que considere oportunas.

Octavo: Que, a mayor abundamiento, la acción que se estima ilegal y arbitraria, atendido lo precedentemente dicho, aparece ajustada a derecho y que por lo demás no constituye un acto definitivo, ni terminal del procedimiento, por lo que, en estas condiciones, la presente acción constitucional no puede prosperar.

Noveno: Que, atendido lo razonado precedentemente, se hace innecesario analizar las restantes peticiones del recurrente, toda vez que mediante esta acción cautelar no es procedente invalidar dictámenes ajustados a derecho, ni ordenar investigaciones administrativas separadas de los sumariados o que las mismas sean llevadas por un Fiscal Administrativo Zonal, por lo que dichas peticiones resultan improcedentes.

Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado.

Redacción del Ministro señor Luis Sepúlveda Coronado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 10.765-2020 Protección.

Pronunciado por esta Primera Sala, integrada por los Ministros señora María Teresa Díaz Zamora, señor Luis Sepúlveda Coronado y abogado integrante señor Ignacio Castillo Val. No firma el abogado integrante señor Castillo, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y posterior acuerdo por encontrarse ausente.