nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO

San Miguel, veinte de mayo de dos mil veinticinco.

Al folio 10 y 11: Téngase presente.

Al folio 12: A sus antecedentes.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que nombre reservado, nutricionista, domiciliada en domicilio reservado, interpone recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Lo Espejo, RUT RUT reservado, representada legalmente por su alcaldesa Javiera Paz Reyes Jara, ambas con domicilio en domicilio reservado, por el acto ilegal y/o arbitrario consiste en la dictación del Decreto Alcaldicio N°0995, de 19 de febrero de 2025, notificado el 24 de febrero de 2025, que resolvió poner término a su relación laboral y declaró vacante el cargo por salud incompatible, vulnerando los derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 números 1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que ingresó al Departamento de Salud en el 2018 y fue nombrada planta el 23 de diciembre de 2021, siempre cumpliendo adecuadamente con sus funciones y sin antecedentes disciplinarios. Destaca, además, una serie de cursos y diplomados realizados, y la obtención de un magíster, como parte de su constante perfeccionamiento profesional.

Alega haber sido objeto de hostigamiento laboral y persecución política desde el año 2022, situación que, según indica, culminó con su desvinculación. Refiere que el proceso de calificación correspondiente al período 2022-2023 fue impugnado y posteriormente declarado ilegal por la Contraloría General de la República, a través de la Resolución N°E534240 de 30 de agosto de 2024, la que ordenó retrotraer el procedimiento. A pesar de ello, señala que se le siguió excluyendo de sus funciones, lo que considera como una forma de impedirle ejercer su cargo y justificar, posteriormente, su desvinculación.

Indica que el fundamento esgrimido por la Municipalidad para declarar la vacancia del cargo fue el uso de licencias médicas por más de seis meses en un período de dos años, junto con la declaración de salud recuperable emitida por la SEREMI de Salud mediante Resolución Exenta N°145750. No obstante, alega que este diagnóstico no fue acompañado del correspondiente pronunciamiento de la COMPIN respecto de la compatibilidad de su salud con el desempeño del cargo, requisito que considera indispensable de acuerdo con la Ley N°21.050, que introdujo modificaciones al artículo 148 del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.

Sostiene que ya había retomado sus labores a fines de 2024, luego de que Contraloría acogiera su reclamo, y que no existía impedimento para seguir desempeñándose en su función. Afirma que la decisión de la Municipalidad fue adoptada sin motivación suficiente y sin un análisis técnico individual de su caso, lo que califica como un acto administrativo arbitrario, ilegal y carente de los elementos esenciales exigidos por la Ley N°19.880.

Expone, además, que el decreto impugnado vulnera el principio de supremacía constitucional, al contravenir lo dispuesto en la Carta Fundamental y afectar directamente los derechos protegidos por los artículos 19 N°1, 2 y 24. Respecto del derecho a la integridad física y psíquica, argumenta que la medida ha afectado gravemente su salud mental, provocando un daño que ha requerido tratamiento psicológico. En cuanto a la igualdad ante la ley, denuncia haber sido objeto de un trato discriminatorio, señalando que otros funcionarios en condiciones similares no fueron desvinculados. Finalmente, sostiene que se ha vulnerado su derecho de propiedad, en tanto se le privó ilegítimamente del derecho a la estabilidad en el empleo y de las remuneraciones asociadas, incorporadas válidamente a su patrimonio.

Pide se deje sin efecto el Decreto Alcaldicio N°0995, de 19 de febrero de 2025; se ordene a la Municipalidad de Lo Espejo a reintegrarla nuevamente a sus funciones estatutarias, y todos aquellos emolumentos, remuneraciones, estipendios, bonificaciones, entre otros, correspondientes y debidamente reajustados entre la fecha de su separación ilegal y la de su efectivo ingreso; y que se condene en costas a la recurrida por no tener motivo plausible para litigar.

Segundo: Que informa al tenor del recurso Santiago Trincado Moreno, abogado en representación de la Ilustre Municipalidad de Lo Espejo, solicitando el rechazo de la acción constitucional, con costas.

Reconoce la relación laboral de la recurrente con la Municipalidad, su desempeño en el CESFAM Pueblo Lo Espejo y su historial de licencias médicas, sumando 367 días en un período continuo o discontinuo superior a seis meses en dos años. Argumenta que esta situación configura una causal legal de salud incompatible con el desempeño del cargo, según lo dispuesto en los artículos 48 letra g) de la Ley N° 19.378 y 148 de la Ley N°18.883, lo que habilita legalmente a la Administración a declarar la vacancia del cargo.

Como alegación previa, sostiene que el recurso de protección no es la vía idónea para impugnar el Decreto Alcaldicio N° 995 de febrero de 2024, al existir mecanismos específicos, administrativos y judiciales, que la recurrente no utilizó. Insiste en que esta acción constitucional requiere urgencia y derechos indubitados, condiciones que no concurren en el presente caso.

Como alegación de fondo, refiere que el acto impugnado está debidamente motivado conforme a los estándares legales, para ello cita dictámenes de la Contraloría General de la República y jurisprudencia de la Corte Suprema, los cuales confirman que, ante un diagnóstico de salud recuperable y el uso excesivo de licencias médicas, la autoridad está facultada para declarar la vacancia por salud incompatible. Asimismo, afirma que no es exigible evaluar específicamente la compatibilidad individual de la salud del funcionario con el cargo, ya que dicha competencia no recae en la COMPIN ni en la Administración.

Respecto a la alegación de persecución política, niega cualquier motivación distinta al ejercicio de una facultad legal y discrecional, indicando que no se ha aportado prueba que respalde la imputación.

Descarta igualmente la existencia de vulneración a derechos fundamentales. En cuanto al de integridad física y psíquica, señala que la medida fue adoptada en base a antecedentes objetivos y no constituye arbitrariedad. Frente a la igualdad ante la ley, arguye que otros 19 funcionarios en situación similar fueron objeto de la misma decisión, y la recurrente no demuestra tratos diferenciados. Finalmente, descarta la existencia de una afectación al derecho de propiedad, ya que los derechos invocados carecen del carácter de indubitados.

En conclusión, solicita el rechazo íntegro del recurso, con expresa condena en costas, alegando que la acción no es procedente ni en su forma ni en su fondo, ya que el acto administrativo impugnado fue emitido conforme a derecho y sin vulnerar derechos fundamentales.

Tercero: Que el recurso de protección consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley - o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, uno o más de los derechos fundamentales protegidos por el referido artículo 20 de la Carta Política.

Cuarto: Que como se advierte del recurso, el acto que se califica como arbitrario es la Decreto Alcaldicio N°0995, de 19 de febrero de 2025, notificado el 24 de febrero de 2025, que declaró la vacancia del cargo que desempeñaba la actora, por salud incompatible.

Quinto: Que las normas que regulan la situación de la recurrente están contenidas en la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo, que en su artículo 150 dispone: “La declaración de vacancia procederá por las siguientes causales: a) Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo; b) Pérdida sobreviniente de alguno de los requisitos de ingreso a la Administración del Estado; c) Calificación del funcionario en lista de Eliminación o Condicional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50, y d) Por no presentación de la renuncia, según lo señalado en el artículo 148, inciso final.”

Por su parte, el artículo 151 del mismo cuerpo legal establece que: “El Jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

No se considerará para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 115 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.

El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo.”

Como se observa de la normativa transcrita y de los antecedentes expuestos, la causal de cese en el cargo de la recurrente corresponde a salud incompatible, declarado por la Ilustre Municipalidad de Lo Espejo, mediante el Decreto Alcaldicio N°0995, de 19 de febrero de 2025, toda vez que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, declaró recuperable la salud de la recurrente.

Sexto: Que es del caso señalar que, la duración de sus ausencias con motivo de las licencias médicas, 367 días, ciertamente se enmarcan en la situación prevista en el inciso primero del artículo 151 del Estatuto Administrativo precedentemente transcrito.

De lo anterior, necesariamente se sigue que la recurrida actuó dentro de la esfera de sus atribuciones, en un caso expresamente facultado por el ordenamiento jurídico para hacerlo, lo que impide calificar su accionar como ilegal. A su vez, tampoco resulta arbitrario, desde que de su lectura se comprueba que en el Decreto cuestionado se expresan claramente los motivos por los que se arriba a la conclusión que la salud de la recurrente es incompatible con el cargo para el que fue contratada y la consecuente declaración de vacancia del cargo que sirve, cumpliendo con el estándar de fundamentación exigido por los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

Séptimo: Que, a mayor abundamiento, se debe tener en consideración el principio de servicialidad consagrado en el artículo 1° de la Carta Fundamental, en virtud del cual, la Administración del Estado debe cumplir las necesidades públicas en forma continua y permanente mediante los servicios públicos.

En este sentido, uno de los requisitos para acceder a la función pública es contar con una salud compatible con el desempeño del cargo, ello en armonía con el objetivo de dicha labor que corresponde a prestar el servicio de atención pronta y eficiente a los usuarios, lo que conforme a la situación fáctica descrita no aparece cumplida, pues el estado de salud de la funcionaria no ha permitido la labor permanente y continua, a la que está obligada la Administración del Estado.

Octavo: Que en estas condiciones, no se advierte la existencia del acto ilegal y arbitrario denunciado, toda vez que la Ilustre Municipalidad de Lo Espejo, frente al pronunciamiento por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez acerca de la recuperabilidad de salud de la actora, en consideración a los antecedentes médicos aportados por ésta, decidió fundadamente en virtud de lo estatuido en el artículo 151 del cuerpo normativo ya citado, que lo faculta expresamente para ello, disponer la vacancia del cargo.

Por consiguiente, la decisión de declarar la vacancia del cargo que desempeñaba la recurrente ha sido adoptada de manera razonable y fundadamente, en un caso previsto por la ley y con el fin de precaver el debido servicio, al que está obligada la Administración.

Noveno: Que, al no existir acto arbitrario ni ilegal, el presente arbitrio no puede prosperar, resultando innecesario analizar y pronunciarse sobre la vulneración a algún derecho fundamental.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Lo Espejo.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Protección N°1072-2025