nombre reservado con CORPORACION MUNICIPAL TALAGANTE

San Miguel, siete de mayo de dos mil veintiuno.

Vistos:

Primero: Que el abogado Santiago Trincado Moreno, recurre de protección en favor de nombre reservado, Profesor de Historia y Geografía y Secretario del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Corporación Municipal de Salud y Educación de Menores de Talagante, ambos domiciliados en domicilio reservado, en contra de la Corporación Municipal de Salud y Educación de Menores de Talagante, persona jurídica de su denominación, representada legalmente por el Alcalde de la I. Municipalidad de Talagante Sr. nombre reservado o por quien lo reemplace o subrogue, ambas domiciliadas para estos efectos en domicilio reservado, por el acto que considera ilegal y arbitrario consistente en la Resolución de Fiscalía N°2 de 30 de octubre pasado, en que se ordena la suspensión de funciones - con goce de sueldo-, del señor nombre reservado como docente del Liceo Talagante, en el contexto de un sumario administrativo seguido en su contra, que refiere no estar justificado, vulnerando con ello las garantías constitucionales establecidas en los numerales 3 inciso 4º y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, a no ser juzgado por comisiones especiales y el derecho de propiedad.

Señala que el Sr. nombre reservado, recurrente de protección, es dirigente del "Sindicato de Trabajadores de la Empresa Corporación Municipal de Salud y Educación de Menores de Talagante" inscrito con el número 13030079 del Registro Sindical Único de la Inspección Provincial de Talagante desde el día 1 de octubre de 2019 hasta el día 1 de octubre de 2021, ocupando el cargo de secretario de dicha entidad. Agrega que dicha labor responde al hecho de desempeñar sus funciones docentes en el Liceo Talagante dependiente de la Corporación Municipal de Salud y Educación de Menores de Talagante, en adelante Corpotal.

Expone que el 14 de agosto pasado envió una misiva al Alcalde y Presidente del Directorio de la Corpotal, Sr. nombre reservado, haciéndole presente una serie de situaciones ocurridas respecto del Director del Liceo Talagante, con el objeto de que se iniciará una investigación sobre aquellos hechos. Sin embargo, el día 5 de septiembre de 2020 fue notificado a través del Ord. 341 de fecha 4 de septiembre de 2020 de cuatro cartas de denuncia en su contra que habrían sido remitidas al Secretario General de CORPOTAL, mismo Sr. nombre reservado, por el director del Liceo Talagante Sr. nombre reservado, antes denunciado.

Añade que en esa oportunidad, en base a lo establecido en el artículo 54 del Decreto 453 que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.070 del Estatuto de los Profesionales de la Educación, evacuó informe a dicha denuncia en la que señaló de manera específica que se remitieron cuatro cartas de denuncias y todas tienen las mismas características respecto de la imprecisión de los hechos denunciados, sin establecer circunstancias concretas de cuándo habrían ocurrido esos supuestos "hechos" y tampoco incorporando medios probatorios idóneos que permitan considerar la seriedad de las supuestas denuncias. Cuestionando su fecha –hechos de más de un año- y autenticidad-sin firma-.

Aclara que las denuncias realizadas en agosto por su parte fueron desechadas por el ente alcaldicio en concejo municipal del día 10 de septiembre de 2020, presumiblemente pudiendo vincular las mismas a las infundadas denuncias en su contra, donde un concejal de la Ilustre Municipalidad de Talagante, utilizó su plataforma en el Concejo Municipal para ventilar los hechos denunciados, tildando de que habría violencia física y sicológica en su alocución, homologando a su representado con un caso de un femicidio frustrado, lo cual no es sólo desproporcionado sino que también injurioso, evidenciándose que la cadena de resguardo de la "denuncia" entre el denunciante, el Director Sr. nombre reservado y el Secretario General Sr. nombre reservado en algún momento se filtró afectando sus derechos establecidos por la ley.

Expone que el 2 de octubre de 2020 recibió la notificación de la resolución interna 143 de fecha 24 de septiembre de 2020 en la cual se resolvió iniciar un sumario en su contra, tomando diversas declaraciones y en dicho contexto, el día viernes 30 de octubre de 2020 se le notificó la Resolución de Fiscalía N°2 de la misma fecha en que se ordena la suspensión de funciones como docente del Liceo Talagante.

Afirma que la referida resolución incurre en una evidente ilegalidad, por cuanto el artículo 243 del Código del Trabajo establece el fuero que gozan los directores sindicales y el artículo 174 del mismo cuerpo normativo señala la forma en que debe realizarse la autorización judicial para el despido de trabajadores aforados, estableciendo determinadas facultades especiales al juez del trabajo excluyéndolas del dominio del empleador y la suspensión de las funciones de un trabajador aforado se encuentra establecida como facultad exclusiva del juez de letras del trabajo y no puede ser decretada por el empleador, independiente de que haya sido a través de una fiscal, que es dependiente, en este caso, del empleador, vulnerando de manera evidente la garantía constitucional establecida en el artículo 19 número 3 de la Constitución Política de la República en cuanto al derecho a ser juzgado por los tribunales que establece la ley y que estén establecidos antes de la ejecución del hecho y el artículo 19 número 24 en cuanto al derecho de propiedad de los bienes incorporales, en este caso los derechos y prerrogativas establecidas por la ley a los dirigentes sindicales.

Solicita en definitiva se declare que la suspensión de funciones de don nombre reservado, en su calidad de dirigente sindical, es un acto ilegal que vulnera las garantías constitucionales denunciadas y ordenar el reintegro inmediato del señor nombre reservado a sus funciones docentes en el Liceo Talagante, con costas.

Acompaña:

1.- Mandato Judicial y Extrajudicial otorgado por don nombre reservado al compareciente con fecha 9 de octubre de 2020 ante el Notario Público de la Cuadragésima Primera Notaría de Santiago nombre reservado, suplente del Titular don nombre reservado, inscrito en repertorio N°19.334-2020 2.- Certificado de Vigencia del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Corporación Municipal de Salud y Educación de Menores de Talagante;

3.- Correo electrónico de notificación de la decisión de suspender las funciones de don nombre reservado;

4.- Resolución que dispone la suspensión de funciones de don nombre reservado;

Segundo: Que informa al tenor del recurso el abogado don CARLO GUTIERREZ ARAVENA, por la recurrida CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCIÓN DE MENORES, señalando que las denuncias referidas en el recurso, fueron recepcionadas por el representante legal de la Corporación de Educación de Talagante y sostenedor del Liceo en que presta servicios el recurrente. Al efecto, y tratándose de un docente, se hace aplicable el contexto normativo que define el artículo 127 y siguientes de la ley 18.883, en relación al artículo 72 letra b) de la ley 19.070, toda vez que dichas normas establecen el sumario administrativo como el procedimiento idóneo para investigar hechos como los denunciados.

Es por ello, y conforme dispone la normativa precitada, dada la gravedad de los hechos denunciados, se ordenó, mediante resolución interna 143 de fecha 24 de septiembre de 2020, que se iniciara un sumario administrativo tendiente a investigar la veracidad o no de los hechos denunciados. Lo anterior, no solo constituye un imperativo legal, sino que un deber moral, toda vez que los hechos que se relatan en las cartas puestas en conocimiento del representante legal de la Corporación, no solo podrían afectar la dignidad y honra del recurrente, sino que también de los afectados y denunciantes. Conforme a lo anterior, se procede a designar como fiscal a una profesional idónea para investigar los hechos, en virtud de su profesión de abogada, lo que evidentemente otorga garantías de imparcialidad y respeto a las garantías constitucionales que podrían verse trastocadas en el marco del procedimiento sumarial, como lo son la garantía del debido proceso, igualdad ante la ley y respeto de la honra y dignidad humana de los involucrados, por señalar las más relevantes.

En cuanto a la acción de protección, indica que resulta improcedente la aplicación del artículo 174 del Código del Trabajo invocada por el recurrente, toda vez que dicha norma establece el procedimiento de desafuero para dirigentes sindicales previo a un despido, cuestión que en la especie no acaece. En efecto, yerra el recurrente al sostener que "la suspensión de las funciones de un trabajador aforado se encuentra establecida como facultad exclusiva del juez de letras del trabajo y no puede ser decretada por el empleador, independiente de que haya sido a través de una fiscal, que es dependiente, en este caso, del empleador.". Es del caso, que la norma precitada cobra su vigor y aplicación en el marco de un procedimiento de desafuero, pero NO en el contexto de un sumario administrativo, puesto que dicha facultad -suspensión de funciones docentes-, está prevista expresamente en el artículo 134 de la ley 18.883 y se encuentra radicada precisamente en la fiscal y no en el empleador, es decir, en la Corporación de Educación de Talagante.

Aclara que al efecto, el artículo 134 de la Ley 18.883 señala que: "En el curso de un sumario administrativo el fiscal podrá suspender de sus funciones o destinar transitoriamente a otro cargo dentro de la misma municipalidad y ciudad, al o a los inculpados, como medida preventiva".

Arguye que dicha norma contempla medidas cautelares, para asegurar el éxito de la investigación o evitar que se sigan cometiendo irregularidades, que puede dictar el fiscal instructor del sumario administrativo, consistentes en la suspensión preventiva o destinación transitoria a otro cargo, del funcionario inculpado. Es del caso que la fiscal optó por la suspensión de funciones preventiva, la que no es en sí misma una medida disciplinaria, sino una medida provisoria por la cual se aleja momentáneamente de sus tareas a un funcionario. Además, dicha decisión se radica exclusivamente en las facultades que la ley confiere a la fiscal y en ningún caso en el representante legal de la Corporación, motivo por el cual el recurso está mal planteado desde su inicio, al errar en el legitimario pasivo de la acción -presuntamente ilegal y arbitraria-puesto que el acto no emana de la Corporación de Educación de Talagante y menos del representante legal. Asimismo, se equivoca el recurrente al aseverar que resulta aplicable el procedimiento de desafuero, puesto que no estamos en presencia de ningún despido. Es por ambas razones que el recurso debe ser rechazado con costas, máxime si se encuentra patrocinado por abogado habilitado, quien debió advertir tales circunstancias.

Reitera que la decisión de iniciar un sumario administrativo nace de la gravedad de las acusaciones efectuadas en contra del recurrente de autos, con el propósito que sean esclarecidas en cuanto a su veracidad y con el resguardo que otorga una investigación reglada.

Agrega que por aplicación del principio de legalidad establecido en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la Republica, no le corresponde al representante legal de la Corporación recurrida cuestionar ni impugnar la decisión de la fiscal en cuanto a aplicar la medida preventiva estimada como ilegal y arbitraria por el recurrente. En efecto, dada la independencia de que goza la fiscal, es libre de adoptar las decisiones y emitir las resoluciones que estime pertinentes en el ejercicio de sus facultades legales, de manera que no le es licito efectuar un control de legalidad u oportunidad de las decisiones y/o resoluciones emanadas de la fiscal. Aquello, resultaría del todo ilegal, puesto que es la resolución N°2 de fecha 30.10.2020, el acto impugnado en esta sede jurisdiccional, el cual emana de una fiscal independiente.

Manifiesta que el proceso administrativo incoado, lo ha sido en el contexto normativo que define el artículo 127 y siguientes de la ley 18.883, en relación al artículo 72 letra b) de la ley 19.070, toda vez que dichas normas establecen el sumario administrativo como el procedimiento idóneo. Además, el procedimiento administrativo sancionatorio -sumario administrativo-, es un acto reglado que se encuentra predefinido por la ley, de manera que NO estamos frente a una comisión especial, por el contrario, es la propia ley la que señala expresamente la competencia y procedimiento a seguir. Así, encontrándonos en sede administrativa y en una etapa previa a la decisión del asunto por parte de la fiscal, conforme a lo informado en el documento que acompaña en el otrosí, se ha reconocido el ejercicio pleno del derecho a la defensa, pudiendo entregar su versión de los hechos que se le imputan, otorgándose los aumentos de plazo solicitados y entregado y poniendo a disposición toda la información requerida, además de la comunicación oportuna de su condición de inculpado.

Finalmente, respecto a la presunta vulneración de la garantía constitucional establecida en el N°24 del artículo 19 de la constitución, señala que el patrimonio del recurrente no ha sido afectado de ninguna manera, toda vez que la suspensión de la que ha sido objeto, junto con ser transitoria es con goce de sueldo.

Solicita que la acción constitucional de protección sea rechazada, con costas.

Acompaña informe de la fiscal doña María Elena Romero, quien señala: 1) Que por Res. Interna N° 0143 del 24/09/20 del Secretario General se ordenó un sumario administrativo en el Liceo Talagante para investigar las denuncias de los alumnos/as, en contra del profesor Sr. nombre reservado, como asimismo las eventuales irregularidades pedagógicas cometidas por el docente, y cualquier otro hecho relacionado que aparezca en la investigación, designándola Fiscal Administrativo; 2) Que es efectivo que durante el presente sumario se suspendió de sus funciones al docente don nombre reservado, con goce de sueldo; 3) Que en esta etapa el proceso sigue siendo secreto, y que el único que tiene acceso a dicho proceso es el denunciado y su abogado; 4) Que el acusado realizó sus descargos y se trabaja en la vista; 5) Que no tiene inconveniente alguno en entregar mayor información si así lo solicita esta Corte, lo que cumpliría a través de algún medio que garantice la no divulgación de dichas piezas, toda vez que se podría afectar derechos del sumariado y de quienes han prestado declaración, dada la naturaleza de las acusaciones.

Tercero: Que el recurso de protección es una acción de carácter cautelar que tiene por objeto resguardar el legítimo ejercicio de los derechos fundamentales señalados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, frente a un acto u omisión arbitrario o ilegal de agentes determinados que provoque su conculcación, suficiente para provocar la actividad jurisdiccional que se traducirá en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio del derecho y dispensar protección a la persona agraviada. De este modo, si no se comprueba la existencia de un acto u omisión arbitrarios o ilegales, resulta innecesario entrar a analizar los demás supuestos.

Igualmente constituye un supuesto de la presente acción, la existencia previa de los derechos que se dicen vulnerados en el carácter de indubitados, dado que ésta no es la vía para declararlos.

Cuarto: Que lo cuestionado es la suspensión con goce de remuneraciones que ha experimentado el funcionario recurrente, la que encuentra su origen en un sumario administrativo seguido en su contra.

En este contexto, los artículos 126 y 127 de la Ley 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, disponen que, si la naturaleza de los hechos denunciados o su gravedad así lo exigiere, el alcalde dispondrá, mediante decreto, la instrucción de un sumario administrativo, designando al fiscal que estará a cargo del mismo.

Por su parte, el artículo 134 de la misma ley establece que en el curso de un sumario administrativo el fiscal podrá suspender de sus funciones o destinar transitoriamente a otro cargo dentro de la misma municipalidad y ciudad, al o a los inculpados, como medida preventiva. La medida adoptada terminará al dictarse el sobreseimiento, que será notificado personalmente y por escrito por el actuario, o al emitirse el dictamen del fiscal, según corresponda.

Tal dictamen, conforme al artículo 137, se emitirá una vez contestados los cargos o vencido el plazo del período de prueba, y contendrá una proposición del fiscal respecto a la absolución o sanciones que a su juicio corresponda aplicar. Elevará los antecedentes al alcalde, quien resolverá dictando al efecto un decreto en el cual absolverá al inculpado o aplicará la medida disciplinaria, en su caso (artículo 138).

En relación con las anteriores, la letra b) del artículo 72 del DFL 1 de 1996 del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº19.070, Estatuto de los Profesionales de la Educación y sus modificaciones, dispone que los profesionales de la educación que forman parte de una dotación docente del sector municipal, dejarán de pertenecer a ella por falta de probidad, conducta inmoral, establecidas fehacientemente en un sumario, de acuerdo al procedimiento establecido en los artículos 127 al 143 de la ley N°18.883, en lo que fuere pertinente, considerándose las adecuaciones reglamentarias que correspondan; mientras que el inciso final del mismo artículo 72 prescribe que tratándose de los casos establecidos en las letras b) y c), se aplicará lo establecido en el artículo 134 de la ley N°18.883.

Quinto: Que a partir de las disposiciones referidas, se concluye que la suspensión decretada respecto del funcionario recurrente se ha ordenado en plena conformidad con las facultades que la ley le confiere a la fiscal designada para instruir el sumario (artículo 134 de la Ley 18.883, en relación con el artículo 72 de la ley 19.070), precisamente en el marco de un procedimiento disciplinario, por lo que ha ejercido facultades expresamente consagradas en la normativa aplicable y que facultaban a la fiscal para disponer la suspensión del funcionario en el contexto de un sumario administrativo.

Sentada esta premisa, cabe ahora considerar lo dispuesto en el artículo 174 del Código del Trabajo, en cuanto prescribe que, en el caso de los trabajadores sujetos a fuero laboral, el empleador no podrá poner término al contrato sino con autorización previa del juez competente, quien podrá concederla en los casos de las causales señaladas en los números 4 y 5 del artículo 159 y en las del artículo 160.

Y agrega el inciso segundo de la norma recién referida, que “El juez, como medida prejudicial y en cualquier estado del juicio, podrá decretar, en forma excepcional y fundadamente, la separación provisional del trabajador de sus labores, con o sin derecho a remuneración”.

Paralelamente, el artículo 8 ter de la Ley Nº19.070 (Estatuto de los Profesionales de la Educación) prescribe que gozarán del fuero en los términos establecidos en el artículo 243 del Código del Trabajo (fuero sindical) en todo aquello que no les sea incompatible, los profesionales de la educación regidos por esta ley, que tengan la calidad de director de una asociación gremial. En estos casos, el empleador no podrá poner término al contrato sino con autorización previa del juez del trabajo, el que podrá concederla tratándose de docentes regidos por el Título IV en los casos establecidos en los literales b), c), d), h), i) y l) del artículo 72, y respecto de otros profesionales de la educación en los casos señalados en el inciso primero del artículo 174 del Código del Trabajo. En ambos casos, se aplicará lo dispuesto en el inciso segundo del señalado artículo 174.

Sexto: Que el análisis de las normas reseñadas en las motivaciones precedentes muestra que las reglas contenidas en la Ley 18.883 en lo relativo al sumario administrativo como sistema disciplinario, y aquellas que regulan el fuero sindical en el Código del Trabajo y en la Ley 19.070, tienen ámbitos de aplicación diversos entre sí, desde que están previstas para normar instituciones distintas, cuyos propósitos difieren entre sí, y que rigen en momentos y procedimientos también distintos.

En efecto, el fuero sindical y sus reglas operan como una forma de protección del empleo de quienes ocupan cargos directivos en sindicatos, imponiendo al empleador la obligación de pedir al juez laboral autorización para ponerle término. En cambio, las normas del sumario administrativo están previstas para la investigación de hechos o situaciones que eventualmente pudieren configurar una causal de destitución del funcionario. De ahí que, el acto terminal de un sumario sea la recomendación (dictamen) que el fiscal instructor puede hacer al alcalde para sobreseer o destituir. En este contexto, la ley faculta expresamente al fiscal para suspender al funcionario durante la tramitación del procedimiento administrativo.

Como se ve, llegado el momento del último acto del sumario (el dictamen del fiscal), aun no se entra en el ámbito de aplicación del artículo 174 del Código del Trabajo, norma que solo deviene en aplicable una vez que el alcalde decide aplicar la medida disciplinaria de destitución, caso en el cual debería ocurrir al juez laboral a fin de pedir autorización para ello. Solo llegado a este punto, se puede estimar aplicable el inciso segundo de esta norma, por la que se regula una potestad cautelar que se ejerce en el marco del proceso judicial de desafuero.

Así las cosas, resulta que la suspensión del funcionario fue decretada precisamente en el marco de un procedimiento administrativo disciplinario, por la fiscal instructora, y en ejercido de una facultad expresamente consagrada en la normativa aplicable, en la oportunidad prevista para ello y en cumplimiento de los fines para los que ha sido establecida.

Siendo así, no se advierte ilegalidad ni arbitrariedad alguna; por el contrario, la suspensión que se reclama por esta vía se enmarca en un procedimiento administrativo tramitado en forma legal, por quien tiene las facultades para hacerlo, actuando dentro de la esfera de su competencia y en la forma que prescribe la ley.

Séptimo: Que, en consecuencia, por no ser ilegal ni arbitrario el acto reclamado, debe rechazarse el presente recurso, sin que resulte necesario referirse a la vulneración de los derechos fundamentales cuyo ejercicio legítimo se dice perturbado o amenazado.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, con lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección interpuesto en favor de don nombre reservado, en contra de la Corporación Municipal de Salud y Educación de Menores de Talagante.

Notifíquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante José Ramón Gutiérrez Silva.

N° 10685-2020-Protección.

Pronunciada por la Sexta Sala Zoom de la Iltma. Corte de Apelaciones de San Miguel integrada por la ministro Señora María Soledad Espina Otero, Fiscal señora Viviana Toro Ojeda y Abogado Integrante Sr. José Ramón Gutiérrez Silva.

Se deja constancia que no firma la Fiscal Judicial Sra. Viviana Toro Ojeda no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo, por encontrarse ausente.