nombre reservado con TELEVISION NACIONAL DE CHILE

San Miguel, veintiséis de febrero de dos mil veintiuno.- VISTOS Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que comparece el Senador de la República, don Manuel José Ossandón Irarrázabal, y la estudiante nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana, e interponen recurso de protección en contra de Televisión Nacional de Chile, (en adelante TVN) empresa pública del giro de su denominación, representada legalmente por don nombre reservado, Director de Programación y en contra de nombre reservado, periodista, ambos domiciliados en domicilio reservado, en razón del acto ilegal y arbitrario que han desarrollado, consistente en la utilización de cámaras aéreas de alta tecnología, montadas en vehículos aéreos no tripulados operados a distancia (en adelante “drones” o “dron”), con las cuales las recurridas captaron imágenes y videos de su domicilio ubicado en la comuna de Pirque, Región Metropolitana, durante los días 8 y 11 de noviembre de 2020, afectando con ello sus garantías constitucionales de protección de la vida privada, inviolabilidad del hogar, y derecho a la integridad física. Exponen que la recurrida TVN ha emitido durante el año 2020 el programa Informe Especial, del cual la periodista recurrida forma parte haciendo de presentadora e investigadora desde el año 2010 a la fecha. Expone que TVN y la periodista De Allende Salazar con el objetivo de obtener imágenes sensacionalistas para su programa y, sin reparar en límite alguno, para los efectos de realizar el programa utilizaron drones de vigilancia y grabación para obtener tomas aéreas de su domicilio, de su residencia particular y, adicionalmente, existen sospechas fundadas de que también captaron imágenes de su persona y/o familia al interior de la residencia particular, ubicado en la comuna de Pirque, Región Metropolitana durante los días 8 y 11 de noviembre de 2020. Imágenes y videos que posteriormente fueron utilizados por las recurridas en el programa “Informe Especial”, en reportaje titulado “Pago de contribuciones de parlamentarios ¿Cómo andamos por casa?, emitido el día 12 de noviembre de 2020. Agrega que nombre reservado, observó que el domingo 8 de noviembre había por lo menos un hombre, de unos 50 años, mirando con binoculares hacia el interior del hogar, para luego acercarse más con el objeto de ver qué ocurría dentro, sospechando que se trababa de un investigador o periodista que trabajaba para las recurridas, preparando el terreno para la posterior grabación. Luego, durante la semana siguiente, la misma persona, quien se encontraba al interior del hogar, podando plantas en el jardín de la casa cuando sintió un zumbido muy fuerte, dándose cuenta que en el aire, por sobre la casa y los patios interiores de ésta, se encontraba volando un dron, aparatos que se encuentran equipados con cámaras de video que graban en alta resolución, lo que la asustó. Posteriormente, miró hacia la calle, pero no vio a nadie que estuviera con algún control remoto, por lo que las personas que realizaron la grabación y operaban el dron se encontraban lejos del sitio y/o resguardados en algún lugar o vehículo. En cuanto al derecho afirma que las garantías constitucionales vulneradas son la protección de la vida privada, del artículo 19 N° 4, de la Constitución Política de la República; la inviolabilidad del hogar, contenida en N° 5 del mismo artículo; y el derecho a la integridad física, del N° 1 de la misma norma, toda vez que existe una alta probabilidad de que una falla en el sistema del dron utilizado implique un accidente que afecte al interior de su hogar. Además, estima que se ha infringido la Ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada, como también a la normativa técnica de operación de drones. Por otro lado, existe arbitrariedad ya que la utilización de drones para vigilar y grabar un domicilio y eventualmente su persona o familia obedece a un acto caprichoso o sin razón, pues aquello no era un medio idóneo, necesario ni proporcional para emitir libremente una opinión o para informar a la audiencia, toda vez que existe diversa documentación, antecedentes o declaraciones que podían suplir aquella deficiencia de grabaciones aéreas, para informar de todas formas lo que tenía por objeto el reportaje en cuestión. Fue una decisión personal de las recurridas, optar por realizar las grabaciones con drones de videovigilancia, de manera que se trató de un actuar totalmente arbitrario. Pide, en definitiva, declarar que los actos recurridos son arbitrarios e ilegales, que afectan las garantías ya señaladas, se restablezca el imperio del derecho ordenando a las recurridas eliminar o bajar el programa de “Informe Especial”, reportaje titulado “Pago de contribuciones de parlamentarios ¿Cómo andamos por casa?, emitido el día 12 de noviembre de 2020, de todas las páginas en que esté disponible; destruir en presencia de los recurrentes o su representante todas las imágenes, videos, fotos o grabaciones de cualquier tipo que se hayan obtenido de nuestro hogar o en que aparezca algún familiar o su persona, en cualquier dispositivo o sistema de almacenamiento que las recurridas mantengan en su poder. En subsidio, se ordene a las recurridas a editar el programa, eliminando las imágenes de su domicilio, debiendo volver a subirlo sin aquellas grabaciones de su domicilio y su persona, obtenidas con afectación de garantías constitucionales. En subsidio, otras medidas que el Tribunal estime pertinentes para restablecer la protección de las garantías constitucionales afectadas. Todo con costas.

SEGUNDO: Que la recurrida TVN informa expresando que, respecto de las garantías supuestamente violentadas, el recurso no imputa actuaciones específicas, sino más bien recoge lo que ha señalado la jurisprudencia y la doctrina en términos generales y para casos distintos al que se presenta. En definitiva, no señala cómo las garantías han sido supuestamente vulneradas sino sólo entrega una serie de hipótesis ficticias. Señala que TVN es una empresa pública, autónoma del Estado, que tiene por objeto establecer, operar y explotar servicios de televisión así como otras plataformas de entrega de información. En ese sentido, dentro de las funciones propias de TVN en su rol de la Televisión Pública de Chile se abarca la entrega de contenidos variados como la entretención, información, educación, cultura, etc., lo que se hace respetando las Orientaciones Programáticas (en adelanto OP) que el canal ha definido y que contiene un conjunto de normas y criterios cuyo propósito es ajustar las decisiones de los trabajadores a la Política Editorial con el fin de cumplir su misión como canal público. Dentro de ellos, el criterio de Honestidad Profesional es el más importante y que se entiende, como se define en las referidas Orientaciones. También expone que el “Rigor profesional”, también descrito en las OP es parte del actuar de todos los funcionarios de TVN a la hora de revisar cada caso y cada tema a grabar. Esto se traduce en basarse en datos fidedignos y exactos entregados por fuentes oficiales; buscar pruebas que reafirmen o no lo que puedan comentar testigos y en definitiva, realizar investigaciones serias, carentes de prejuicios y respaldadas por antecedentes concretos. Pide, en definitivo, el rechazo del recurso de protección deducido ya que no existe ningún acto arbitrario e ilegal. Sin embargo, agrega que, en definitiva, de acuerdo a lo expuesto en el mismo libelo, la acción que los recurrentes estiman vulneratorio de garantías constitucionales consiste en que durante los días 8 y 11 de noviembre de 2020, en el marco de la producción del programa Informe Especial, se utilizó un dron para captar imágenes aéreas del domicilio del senador nombre reservado. Por su parte, respecto de la recurrente nombre reservado, respecto de la cual se sostiene en el libelo, como hecho fundante de la acción de protección, que el día 8 de noviembre habría “por lo menos un hombre de unos 50 años mirando con binoculares”. Adicionalmente, en días posteriores a ello, en un día indeterminado y mientras podaba plantas del jardín, habría sentido un zumbido que provenía de un dron que volaba sobre su casa. Pero la grabación que realizó Televisión Nacional de Chile para captar las imágenes de la propiedad se realizó durante el mes de junio de 2020, con el objeto que expertos realizaran una tasación destinada a chequear si las contribuciones que paga el senador nombre reservado coinciden o no con lo que debiera pagar. Afirma que, en lo fundamental, si se revisa el reportaje, queda en evidencia que no se captó ni exhibió a ninguna persona ni hecho privado sino sólo las características de la propiedad con el objeto de materializar la investigación periodística. Por otro lado, expresa que no es efectivo que como que se sugiere que se habrían captado imágenes de las personas que habitan el interior de la propiedad en el desarrollo de sus actividades privadas, lo que es falso y, lo mismo ocurre con el hecho que la recurrente habría visto por lo menos un hombre, sugiriendo que “alguien” de TVN espiaba con binoculares la casa del senador. Reitera que en ninguna de las imágenes que se exhiben en el programa aparecen personas sino que únicamente la propiedades y con el único fin de tasarlas para efectos del cálculo del impuesto territorial. No se detalla la dirección de las propiedades ni se dan señas para que el público pueda conocer las direcciones exactas. Sostiene que el programa que se impugna entrega información objetiva respecto de hechos de relevancia pública, por lo que su actuar está amparado por la garantía del artículo 19 número 12 de la Carta. Por otra parte, alega que lo que se pretende es una censura intolerable.

TERCERO: Que informa, también, la periodista nombre reservado, pidiendo el rechazo del recurso interpuesto, con costas. Expone que respecto de las garantías supuestamente violentadas el recurso no le imputa ninguna actuación específica sino que señala que es periodista de Televisión Nacional de Chile y una de las presentadoras del importantísimo programa de investigación periodística de nuestro país, “Informe Especial”. Se indica que en ese contexto, habrían utilizado drones para captar imágenes de la casa de los recurrentes. Precisa que el recurso dedica largos pasajes a señalar lo que la jurisprudencia y la doctrina han entendido por garantías fundamentales, por ilegalidad y muchos conceptos genéricos y para casos distintos al que se presenta. En definitiva, no señala cómo las garantías han sido supuestamente vulnerada sino sólo entrega una serie de hipótesis ficticias. Expone que la recurrente sostiene que su actuar es ilegal y arbitrario, por cuanto se habría vulnerado lo dispuesto por la Ley 16.628 y lo dispuesto por la normativa técnica del uso de drones, en especial el numeral 151.103 letra g) de la DAN 151 de la Dirección General de Aeronáutica Civil (en adelante DGAC), cuando establece que el uso de drones "no podrá violar los derechos de otras personas en su privacidad y su intimidad”, agregándose que estos hechos serían constitutivos del delito establecido por el artículo 161-A del Código Penal; y, respecto de la arbitrariedad, únicamente la define señalando que su actuar obedece a un acto “caprichoso". Alega la informante, enseguida, que el recurso es extemporáneo, ya que el acto que se imputa como arbitrario e ilegal y supuestamente vulneratorio de garantías constitucionales es el consistente en la utilización de cámaras aéreas de alta tecnología, montadas en vehículos aéreos no tripulados, lo que se habría producido entre los días 8 y 11 de noviembre de 2020, pues así lo habría visto la recurrente nombre reservado. Al respecto afirma que ningún equipo del programa Informe Especial participó de una grabación para el referido programa entre las fechas que sostiene el recurso, más aún, el programa fue emitido el día 12 de noviembre de 2020 por lo que no es posible que el día inmediatamente anterior pudiera captarse imágenes de la propiedad ya que en este caso las imágenes fueron entregadas a expertos tasadores y los programas pasan por un proceso de edición. Aclara que las imágenes fueron captadas en invierno. Entonces, al haberse interpuesto el recurso el 23 de noviembre de 2020 y considerando que los hechos que denuncia como vulneratorios se produjeron, de acuerdo a la información que han recopilado, el 30 de junio de 2020, el recurso es extemporáneo. Luego, alega la inexistencia de algún acto ilegal o arbitrario. Respecto de lo pedido por Jacinta, en cuanto a que se elimine imágenes de su persona, éstas no existen. Sostiene que la realización del reportaje que tuvo a mi cargo, consiste en una investigación seria respecto del pago de contribuciones de nuestros parlamentarios. En este contexto, se realiza en ejercicio de lo establecido por el numeral 12 del artículo 19 de la Carta Fundamental así como por el artículo primero de la ley 19.733.- Respecto de la recurrente nombre reservado, se sostiene en el libelo, como hecho fundante de la acción de protección, que el día 8 de noviembre habría “por lo menos un hombre de unos 50 años mirando con binoculares”, más aún, en días posteriores a ello, en un día indeterminado y mientras podaba plantas del jardín, habría sentido un zumbido que provenía de un dron que volaba sobre su casa. En cuanto a las imágenes captadas, si se revisa el reportaje queda en evidencia que no se captó ni exhibió a ninguna persona ni hecho privado, sino sólo las características de la propiedad con el objeto de materializar la investigación periodística. También expone que la acción de protección no es la vía idónea para el reclamo ya que lo que se pretende es censurar. En el mismo sentido, el recurso también denuncia una supuesta infracción a la ley 19.628.- sobre tratamiento de datos personales ya que exhibir la imagen del senador nombre reservado, en un programa de televisión, constituye una vulneración a lo dispuesto por los artículos 4 y 10, en relación a los literales f) y g) de la referida ley, lo que demuestra que ésta no es la vía idónea para el reclamo que se pretende, ya que la Ley 19.628 contempla procedimientos específicos, así como también la normativa de la DGAC contempla un procedimiento para investigar la efectividad de la vulneración a estas normas, por lo que una vez más, la acción de protección resulta ser inidónea para resolver la vulneración que se denuncia.

CUARTO: Que el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando se han visto conculcadas, aun en grado de amenaza, las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, según lo dispone el artículo 20 de la Carta Fundamental. En tales casos, la Corte de Apelaciones respectiva puede adoptar todas las medidas conducentes a lograr que cese la perturbación de tales garantías. Para tales efectos, deben concurrir los siguientes requisitos que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada; que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; que de la misma se siga directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

QUINTO: Que respecto de la extemporaneidad alegada por la recurrida nombre reservado, fundada en que las imágenes, vía drones, se habrían tomado en el mes de junio, mientras que el recurso se interpuso en el mes de noviembre, ambos de 2020, excediéndose el plazo de 30 días que establece el auto acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, será rechazada ya que, por una parte, no está acreditado el primero de los hechos, esto es, cuando se habrían utilizado los drones para filmar la propiedad de uno de los recurrentes y, en segundo lugar, en todo caso también la eventual violación o amenaza a los derechos y garantías constitucionales se habría producido cuando se exhibió por televisión abierta las imágenes cuestionadas, esto es, el 12 de noviembre de 2020, mientras que el recurso fue interpuesto el 23 del mismo mes y año, por lo que se encuentra dentro del plazo previsto por la norma antes citada.

SEXTO: Que en cuanto a que existen otros procedimientos regulados en distintas leyes para solucionar este tipo de conflictos, planteado por la periodista recurrida, será rechazado por cuanto una cuestión es haber infringido reglas legales y otra distinta es transgredir derechos y garantías constitucionales y, por lo mismo, el artículo 20 de la Constitución Política de la República, que contiene el Recurso de Protección, en la parte final del inciso primero dispone imperativamente que la Corte de Apelaciones respectiva que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

SEPTIMO: Que en esta causa la controversia se encuentra vinculada con derechos y garantías constitucionales contenidos en los números 1, 4 y 5 y 12 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. El primero dice relación con la integridad física y psíquica de las personas, el segundo, resguarda la vida privada, el tercero la inviolabilidad del hogar y el cuarto el derecho a emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier formar y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley.

OCTAVO: Que, por su lado, las partes concuerdan en que se emitió un reportaje en el programa Informe Especial, de TV, que dio cuenta acerca del pago de contribuciones de autoridades públicas, como son los parlamentarios de nuestro país, y que con este propósito se apoyó en imágenes tomadas por drones de las propiedades cuestionadas.

NOVENO: Que, por otro lado, es de público conocimiento las características que tiene el programa Informe Especial de TVN, hecho reconocido a través de los años en que se ha mantenido en los medios de comunicación, por lo que interesa de sobremanera conocer en el presente caso cuáles son los límites del ejercicio de la función periodística cuando ella puede afectar especialmente la vida privada o la inviolabilidad del hogar, como es lo que se denuncia en la presente acción constitucional.

DECIMO: Que, en el caso en estudio, no existen dudas que los periodistas, ejerciendo legítimamente su función y ajustándose a la ley, pueden utilizar información pública, a la que casi sin dificultades se puede acceder, y de esa forma dar a conocer determinados hechos a la comunidad, lo que pudieron conseguir a través del Conservador de Bienes Raíces respectivo y el Servicio de Impuestos Internos, pero para fundar mejor su trabajo, y teniendo presente que se trata de un medio audio visual donde se daría a conocer como es la televisión, mostraron imágenes de la propiedad denunciada que obtuvieron a través de drones que circularon por los aires cerca del inmueble. Al revisar las imágenes exhibidas se puede observar que se filmó y dio a conocer a través de TVN no solo el entorno y exterior de la propiedad sino que también su interior, no observándose, en todo caso, a persona alguna. En este sentido, los mismos recurridos reconocen que antes de emitir un programa existe una etapa que es la “edición”, circunstancia que lleva a tener dudas acerca de toda la información visual que manejan, aunque afirman que no existen otras, y, en todo caso, no se ha demostrado lo contrario.

De este modo, en el caso que nos ocupa los recurridos fueron más allá del legítimo ejercicio de su derecho a informar, al utilizar drones que sobrevolaron el inmueble en cuestión captando diversas imágenes del interior sin autorización de sus ocupantes, que luego fueron exhibidas en el programa denominado “Informe Especial”, vulnerando con ello derechos fundamentales de los recurrentes.

UNDECIMO: Que, sin embargo, el artículo 20 de la Constitución Política de la República no solo protege los derechos y garantías cuando han sido vulnerados sino también cuando existe amenaza de violación de los mismos. En efecto, emplea los siguientes términos “el que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías”. En este caso, si bien no está acreditada la violación de los derechos y garantías denunciados, pero si, e incluso por lo mismo que sostienen los recurridos, existe una amenaza de transgresión a la vida privada y a la inviolabilidad del hogar, por cuanto al utilizar los medios tecnológicos que reconocen perfectamente pudo ocurrir que cuando los drones filmaban la propiedad del recurrente pudo invadirse la vida privada y por el lugar, la inviolabilidad del hogar. Entonces, como se dijo, una clara amenaza de vulneración.

DUODECIMO: Que la actuación arbitraria e ilegal en que incurrieron las recurridas desde luego afectan las garantías consagradas en los números 4 y 5 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, desde que importa una vulneración al derecho a la vida privada de los actores, así como al derecho de la inviolabilidad del hogar, afectación que se produce aún cuando en las imágenes exhibidas sólo aparezca el inmueble al interior de los cierres perimetrales que lo protegen y no alguno de sus ocupantes, toda vez que al momento de hacerse se ignora si el dron captará o no a personas en su interior. Por lo mismo incluso resulta factible que las exhibidas no sean necesariamente todas las captadas.

DECIMO TERCERO: Que cabe tener presente, además, que la lesión se produce no solo cuando las imágenes se exhiben al público sino que también cuando la información se guarda en archivos personales o institucionales, como puede ser en TVN.

DECIMO CUARTO: Que el profesor Eugenio Evans Espiñeira, en la Revista de Derecho de la Universidad Finis Terrae, Segunda época año II, Nº1-2014 Derechos y garantías La inviolabilidad del hogar y de la correspondencia: nuevas perspectivas dogmáticas y jurisprudenciales, citó a los profesores Verdugo, Pfeffer y Nogueira, quienes señalan que la intimidad no es más que “el derecho a poder estar solo si uno lo desea, a mantenerse apartado de la observación de los demás sin ser molestado, sin intromisiones en lo más personal de su vida, es en cierta medida una emanación de la libertad personal y merece por lo mismo respeto y protección”. Evidentemente al colocar un dron encima de una propiedad para obtener imágenes se amenaza el derecho a la vida privada y la inviolabilidad del hogar, aun cuando solo se tenga el propósito de filmar los exteriores. Las personas no podrían obtener la tranquilidad que la Constitución Política garantiza en su hogar si otro u otros instalan un dron para filmar la propiedad desde arriba, cualquiera sea su intención.

DECIMO QUINTO: Que cabe destacar que hoy día la función del periodismo es muy importante y destacada, pero, como la misma ley lo señala, debe tener sus límites, más aun ahora que existen nuevos medios tecnológicos que permiten realizar mejor la función de informar, pero al mismo tiempo con el respeto debido a las normas que nos rigen El profesor Evans, ya citado, en su publicación también señala que “Con este sentido, insistimos, la Ley Fundamental contiene normas que se dirigen justamente a reconocer y resguardar la privacidad e intimidad de las personas. A modo de introducción, en relación a la inviolabilidad del hogar, la doctrina ha postulado que la expresión hogar, en el derecho constitucional chileno, equivale a recinto privado y abarca, por tanto, no sólo la vivienda de la familia sino que también las oficinas, los hoteles, y toda edificación o predio que no tenga el carácter de abierto al acceso público o de bien nacional de uso público. Es así como el hogar es un concepto amplio y es el lugar donde la familia y sus integrantes pueden estar en intimidad. La idea del constituyente fue garantizar que la persona fuera respetada en sus actividades básicas y donde estuviere iniciando su acción exterior o desarrollando sus actividades más personales. El ámbito de protección debía comprender todo lugar privado, con especial énfasis en el hogar y sus extensiones naturales, a fin de preservarlos de toda invasión externa.”

DECIMO SEXTO: Que, en definitiva, TVN y la periodista recurrida pudieron informar acerca de lo que estiman tiene interés público respetando la legislación vigente, sin transgredir ningún derecho o garantía constitucional accediendo a información que es pública, pero al filmar la propiedad de los afectados, como se dijo, no solo se mostró su exterior sino que también su interior, lo que amenaza los derechos contenidos en los Nos. 4 y 5 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que el recurso será acogido por estas razones, en los términos que se dirá en lo resolutivo.

DECIMO SEPTIMO: Que en cuanto al derecho contenido en el N° 1 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, ello no ha sido acreditado de ninguna manera, por lo que, no se acogerá el recurso por este motivo.

DECIMO OCTAVO:: Que los antecedentes aportados por las partes han sido valorados de acuerdo con las reglas de la sana crítica.

Por estas consideraciones, citas legales, y atendido lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que regula la tramitación y fallo del Recurso de Protección, se hace lugar a la acción constitucional deducida por Manuel José Ossandón Irarrázabal, y la estudiante nombre reservado en contra de Televisión Nacional de Chile y en contra de nombre reservado, solo en cuanto no podrán en el futuro utilizar nuevamente drones u otra tecnología para filmar el interior de las propiedades de los recurrentes cuando sean sometidos a trabajo periodístico, debiendo, en todo caso, eliminar las imágenes obtenidas en el caso de autos, vía drones mostrando la propiedad de los recurrentes.

Se previene que la ministro nombre reservado no comparte el considerando undécimo.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Se deja constancia que se hizo uso de la facultad contenida en el artículo 82 del Código Orgánico de Tribunales.

Redacción del Ministro Diego Simpértigue Limare.

Rol N° 10.649-2020-PROT- Pronunciada por esta Cuarta Sala Zoom de la Iltma. Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por los ministros señor Diego Simpértigue Limare, señora Ana Cienfuegos Barros y señora Liliana Mera Muñoz. No firma la Ministro señora Cienfuegos y señora nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y posterior acuerdo por encontrarse la primera con feriado legal y la segunda ausente.