nombre reservado con FISCO CHILE

San Miguel, veintisiete de enero de dos mil veintiuno.-

Vistos:

PRIMERO: Que comparece Andrés Felipe Cruz González, abogado, en representación de nombre reservado, profesor, quien deduce recurso de protección en contra del Fisco de Chile, representado por la presidenta del Consejo de Defensa del Estado doña nombre reservado, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la desvinculación de sus funciones como profesor a contrata en la Fuerza Aérea de Chile, acto que vulneraría sus garantías constitucionales consagradas en los numerales 1, 2, 3 inciso 5°, 16, y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Manifiesta que el señor nombre reservado comenzó a trabajar con el cargo de profesor a contrata en la asignatura de defensa personal, en específico la rama deportiva de taekwondo, en el Grupo Escuela de Aviación del Capitán nombre reservado, desde el año 2002 hasta la fecha de interposición de su acción, desempeñándose, además, a contar de 2015 en calidad de profesor de artes marciales en la Escuela de Especialidades Sargento Primero Adolfo Menadier Rojas, ambos dependientes de la Fuerza Aérea de Chile. Se refiere a la forma de cálculo de sus remuneraciones añadiendo que su representado ha permanecido de manera continua e ininterrumpida en la institución por 18 años en virtud de contratos sucesivos que se han renovado año tras año, siendo remunerado en virtud del sistema establecido en el artículo 174 del DFL N° 1 de las Fuerzas Armadas. Expresa que durante todos los años que se desempeñó en sus funciones jamás tuvo una calificación deficiente, y siempre fue calificado en lista 1, la cual es la lista de mérito en las calificaciones de los miembros de la Fuerzas Armadas y en general de cualquier empleado público. Añade que siempre mantuvo buenas relaciones con sus alumnos y excelentes calificaciones docentes semestrales. Sin embargo, con fecha el 1 de octubre del año 2020 se dictó la resolución exenta RA N°140/1045/2020, emitida por el Comando de Personal de la Comandancia en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile y firmado por el General de Aviación nombre reservado, comandante del comando de personal, que pone término anticipado a su designación a contrata como profesor civil sin señalar fundamentos de hecho y derecho para explicar el motivo de la desvinculación. Refiere que su representado se encontraba calificado en lista 2, considerada “normal” dentro de las Fuerzas Armadas, lo que en ningún caso amerita su desvinculación toda vez que el Estatuto Administrativo como la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, señalan que para que una calificación amerite desvinculación requiere estar en dos ocasiones en lista N°3 o en una ocasión en lista N°4, lo cual no se da en este caso. Agrega, que dicha resolución pasa por alto su antigüedad de trabajo ya que ha permanecido en la institución por 18 años de manera ininterrumpida lo que implica, como ha resuelto la Excelentísima Corte Suprema (38.681-2017), que a partir de la segunda renovación de contrato, el contrato de los funcionarios públicos pasa a ser indefinido (sic) aplicando para ello el artículo 89 de la Ley N°18.834 y lo recogido por la Contraloría General de la República con ocasión de su dictamen N° 85.700 de 28 de noviembre de 2016. De esta manera, afirma, que para que su representado fuera desvinculado, el recurrido debió ceñirse a las causales señaladas en el artículo 146 de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo, las cuales no se incorporan de manera alguna en el acto administrativo de desvinculación impugnado el que no hace alusión a ningún fundamento de derecho y de hechos lo que lo torna en ilegal y arbitrario. Añade, además, que su representado mantuvo nombramiento con vigencia del 1 de enero del año 2020, hasta el 30 de junio del año 2020, y, al haber continuado sus funciones debía entenderse prorrogada su contrata hasta el 31 de diciembre del año en curso, como disponen los artículos 10 y 89 de la ley N° 18.834 y la jurisprudencia administrativa recogida en el dictamen N° 16.512 de la Contraloría General de la República en cuanto al principio de confianza legítima naciendo un derecho indubitado a la estabilidad y permanencia en el empleo público de un funcionario a contrata, como es el caso de señor nombre reservado. Expresa que, de igual manera, el actuar del recurrido infringe el artículo 76 del DFL N°1 de 1997, que señala las listas de calificación del personal de las fuerzas armadas en razón de que su representado, tuvo una calificación que seguía siendo aceptable, y aprobatoria, en lista dos es decir “normal”, lo cual es absolutamente contradictorio con un cese de las funciones, ya que se alude a una baja en la calificación que no alcanza para sacar al recurrente de lo aceptable para un funcionario público no existiendo causal legal para su desvinculación. También se vulnera el artículo 1545 del Código Civil, ya que la administración al desconocer la naturaleza indefinida del contrato de trabajo que liga al funcionario público con la institución a lo menos hasta el 31 de diciembre del año 2020, no se hace más que infringir la ley del contrato. Reitera que la decisión cuestionada es arbitraria ya que el acto administrativo no funda correctamente las razones de derecho que llevan a la autoridad a desvincular a su representado, ni señala causa legal justificada alguna, para argumentar y darle razonabilidad al cese del vínculo laboral, en virtud del tenor literal del artículo 11 de la Ley 19.880 y además porque no se funda en ninguna disposición normativa la desvinculación, toda vez que el contrato es de carácter indefinido, debiendo por tal existir motivo fundado para proceder a desvincularlo. En cuanto a los derechos vulnerados, indica que se infringe el derecho a igualdad ante la ley por cuanto el acto administrativo de fecha 1 de octubre del año 2020, establece una diferencia arbitraria en el igual tratamiento que debe adoptarse para un funcionario público en iguales condiciones. Toda vez que su representado fue desvinculado en contravención de los artículos 11 y 41 inciso cuarto de la Ley 19.880 al carecer de fundamentos de hecho y derecho en los que se sustenta y, consecuentemente, le aplica un trato distinto a lo que correspondería a cualquier otro funcionario público en su misma situación. Reclama que de igual manera se vulnera su derecho a la libertad de trabajo al privarlo de la posibilidad de continuar ejerciendo las funciones como profesor a contrata de la Fuerza Aérea de Chile vulnerándose la “legítima confianza” en que su empleo se mantendría por lo menos por la temporalidad de la nueva prórroga renovación, es decir, hasta el 31 de Diciembre de 2020 y no considerando que la condición anterior de su contrata desde el año 2002 lo que convierte su relación laboral en una de carácter indefinido. En cuanto al derecho de propiedad estima que la resolución impugnada transgrede su derecho adquirido de permanecer en sus funciones en virtud de las sucesivas renovaciones realizadas desde el año 2002 que le permiten gozar del derecho a estabilidad en el empleo previsto en el artículo 89 de la ley N° 18.834 como ha reconocido la Excelentísima Corte Suprema y la Contraloría General de la República. Finalmente, opina que se ve afectado su derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, ya que el comando de personal ha realizado un acto de juzgamiento al momento de pronunciar el acto administrativo recurrido sin señalar la causa legal de la desvinculación, comportándose el órgano administrativo en los hechos como un tribunal especial, no establecido previamente por el legislador, lo cual claramente viene en significar una vulneración de la garantía aludida, derecho que es preexistente e indubitado y que deriva del carácter indefinido del contrato de trabajo de su patrocinado. Solicita a esta Corte que: 1.- Se decrete arbitrario y/o ilegal el acto recurrido consistente en el acto administrativo de desvinculación de sus funciones como profesor a contrata en la FACH de su representado, de la cual tomó conocimiento con fecha 1 de octubre del año 2020; 2.- Se ordene reestablecer el imperio del derecho, declarando arbitrario e ilegal el acto recurrido, ordenando a la recurrida a dejar sin efecto la desvinculación de sus funciones como profesor a contrata en la FACH de su representado, y que en definitiva se ordene a la recurrida a reintegrar a sus funciones como profesor a contrata de la Fuerza Aérea, con el reintegro de sus remuneraciones conforme al último nombramiento celebrado por el recurrente; 3.- Se condene en costas a la recurrida.

SEGUNDO: Que comparece Marcelo Chandía Peña, Abogado Procurador Fiscal de San Miguel del Consejo de Defensa del Estado, por el Fisco de Chile-Fuerza Aérea de Chile quien informa al tenor del recurso solicitando su rechazo con costas. En primer lugar refiere que los hechos materia de la presente acción ya fueron objeto de pronunciamiento por parte de esta Ilustrísima Corte en Rol ingreso N° 7.101-2020 en que se impugnó la decisión adoptada por la Junta de Selección de Empleados Civiles y Personal a Contrata de la Fuerza Aérea de Chile, correspondiente al período 2019-2020, la que en su primer período de sesiones acordó proponer el término anticipado del nombramiento del profesor Civil nombre reservado, a contar del 1 de octubre de 2020 solicitando al tribunal dejar sin efecto la medida adoptada, por considerarla ilegal y/o arbitraria, y que en definitiva, se ordenara a la Fuerza Aérea reintegrarlo a sus funciones como profesor civil, invocando a su favor idénticos argumentos a los expresados en el presente recurso. Dicha acción fue rechazada con fecha 20 de agosto del año pasado y, luego, confirmada por la Excelentísima Corte Suprema. Hace presente que la materialidad del objeto que se reclama, trasunta el reconocimiento de un beneficio, cual es, lo ilegal o arbitrario de su desvinculación anticipada de contrata de profesor civil de la recurrida, y que , la causa de pedir, del recurso anterior, como del actual, es la decisión de la Junta de Selección Calificatoria que propuso esa desvinculación, lo cual acepta y dispone en un acto terminal fundado, la Comandancia del Personal, de la FACH, acto que se asienta, en los mismos fundamentos jurídicos esgrimidos por el actor en el anterior recurso. Debido a ello, a fin de evitar decisiones contradictorias, tratándose de los mismos hechos, y la misma pretensión procesal, pide se declare la improcedencia del recurso que informa, por cuanto ya existe un pronunciamiento de esta Corte mediante el cual declaró la legalidad de los actos en que se funda el término anticipado del nombramiento como personal a contrata del recurrente, estableciendo expresamente en dicha sentencia, que la calificación del recurrente y el término de su nombramiento se fundó en un procedimiento ajustado a derecho, y que la decisión adoptada cuenta con la motivación necesaria. Como segunda cuestión previa plantea la extemporaneidad de la acción intentada toda vez que, como ya se dijo, el 15 de julio de 2020, el mismo recurrente interpuso ante este tribunal recurso de protección, tramitado bajo el Rol de ingreso N° 7.101-2020, en contra del Fisco de Chile-FACH, impugnando la decisión adoptada por la Junta de Selección de Empleados Civiles y Personal a Contrata de la Fuerza Aérea de Chile, correspondiente al período 2019-2020, la que en su primer período de sesiones acordó proponer el término anticipado del nombramiento del profesor Civil nombre reservado, a contar del 1 de octubre de 2020, solicitando al tribunal dejar sin efecto la medida adoptada, por considerarla ilegal y/o arbitraria, y que en definitiva, se ordenara a la Fuerza Aérea reintegrarlo a sus funciones como Profesor Civil, invocando a su favor idénticos argumentos a los expresados en el presente recurso señalando expresamente que tomó conocimiento de esta decisión el 16 de junio del mismo año, motivo por el cual este recurso se presentó habiendo transcurrido en exceso el plazo que contempla auto acordado sobre tramitación del recurso de protección. En cuanto al fondo, señala que el recurrente comenzó a prestar servicios como Personal a Honorarios, a partir del 1 de noviembre de 2002, para luego ser objeto de una serie de nombramientos, todos bajo distintas condiciones, de acuerdo a las necesidades académicas de cada semestre, hasta el 30 de junio del año en curso y, luego para el segundo semestre del año 2020, fue nombrado en tres oportunidades, bajo distintas condiciones (entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2020, y mientras sean necesarios sus servicios, por la jornada de 20 horas semanales, a través de la resolución exenta RA Nº 140/764/2020 de fecha 19 de junio de 2020. Adicionalmente, a través de la resolución exenta RA Nº 140/774/2020 de fecha 30 de junio de 2020, se lo nombra por una jornada de 4 horas semanales, a contar del 1 de julio de 2020 y hasta el 16 de diciembre de 2020; y por la jornada de 2 horas semanales, a contar de 21 de septiembre de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2020, a través de la resolución exenta RA Nº 140/763/2020 de fecha 19 de junio de 2020). Refiere que, en estas circunstancias con motivo del proceso de calificaciones relativo al período 2019-2020, a que es sometido el personal civil de la Institución, fue notificado con fecha 16 de junio de 2020 del acuerdo adoptado por la “Junta de Selección de Empleados Civiles y Personal a Contrata” de la Fuerza Aérea de Chile, en su primer período de sesiones, en orden a bajar la nota del concepto N° 4, de 5.95 a 4.00, quedando con un promedio general de 5.40, clasificándolo en lista 2, proponiéndose el cese de su nombramiento como Profesor Civil, a contar del 1 de octubre de 2020. Señala que la decisión adoptada por la Junta de Selección tuvo en consideración la sanción disciplinaria impuesta al actor que se originó en una investigación preliminar ordenada por el Director de la Escuela de Aviación por resolución reservada Nº EA(PER) 183/1993, de 22 de marzo de 2019 debido a una serie de anomalías detectadas en la cantidad de horas asignadas, realizadas y pagadas a los profesores de educación física de la Escuela de Aviación en el año 2018, área en la cual el recurrente prestó servicios como profesor civil. Expresa que la citada Investigación fue resuelta por el Director de la Escuela de Aviación mediante Resolución Reservada Nº (EA)PER 449/5135 de fecha 15 de julio de 2019 estableciendo responsabilidad administrativa del personal institucional que en ella se indica, por las irregularidades detectadas, ordenando, en el caso del profesor nombre reservado, dejar una constancia en la hoja de vida de anotaciones relevantes de éste, del siguiente tenor: “por efectuar un trabajo poco prolijo, en cuanto a la ejecución irregular de las horas asignadas para cada uno de ellos, a modo de dejar establecido que esta situación será observada en el próximo proceso de calificaciones”. Tal resolución le fue notificada personalmente al recurrente el 22 de julio del mismo año manifestando su conformidad en el mismo acto y no ejerciendo recurso alguno para impugnar lo resuelto. Relata que, como se dijo, en el contexto del periodo calificatorio 2019-2020 la Junta de Selección de Empleados Civiles y Personal a Contrata, por resolución de 11 de junio propuso cesar su nombramiento como Profesor Civil a contar del 1 de octubre de 2020, actuando de conformidad a sus facultades legales y a los antecedentes personales del funcionario que obraron en su poder; resolución de la que presentó recurso de reconsideración el 19 de junio el que fue rechazado siendo notificado mediante Oficio CP.D.RR.HH.DM. “R” Nº 16561/190/03 de fecha 2 de julio de 2020 del Comandante del Comando de Personal, del cual tomó conocimiento con fecha 7 de julio de 2020. Indica que, en tal resolución se le comunicaba su derecho a apelar de la decisión tomada de acuerdo al artículo 106 del DFL N° 1 de 1997 presentando argumentos y defensas ante un órgano colegiado distinto, compuesto por autoridades distintas a las que conforman las Juntas de Selección, instancia que no fue ejercida por el recurrente. Posteriormente, se dictó la Resolución RA N° 140/1045/2020, de fecha 25 de septiembre de 2020, del Comando de Personal, que dispuso el término anticipado a la designación a contrata de don nombre reservado. Indica que el personal a contrata de las fuerzas armadas, de acuerdo al artículo 3° del DFL N° 1 de 1997 que regula sus funciones, es aquel que desempeña un empleo de carácter transitorio, cuyo nombramiento se efectúa para satisfacer, con normas especiales para el cese de sus funciones previstas en el artículo 254 y, en lo referente al caso, en el artículo 101 de la misma norma que señala que las Juntas de Selección de empleados civiles y personal a contrata podrán proponer el término anticipado del nombramiento o su no renovación, como resultado del proceso de calificación y selección. Refiere que tales decisiones no son actos desmotivados ya que su procedimiento las obliga a obtener la información necesaria para formarse un juicio acertado de cada caso que estudien (artículo 104 del citado D.F.L.) y, por otra parte, la circunstancia que el recurrente haya podido expresar en su recurso de reconsideración los argumentos apropiados para su defensa y que dicha Junta haya deliberado sobre el mismo y se haya notificado el resultado de dicha deliberación al afectado, da cuenta que la determinación, de proponer el término anticipado de sus funciones, no obedecería a una decisión arbitraria o irreflexiva, sino a una decisión razonada y motivada de un organismo colegiado, advirtiéndose que el recurrente renunció tácitamente, en su proceso de calificaciones, a la posibilidad de deducir contra la decisión adoptada por dicha Junta, el recurso de apelación contemplado en el artículo 106 del Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas. Cuestiona la aplicación pretendida por el accionante respecto a las normas del Estatuto Administrativo que cita en su recurso ya que no son aplicables al personal a contrata de las fuerzas armadas que tiene normas propias al efecto tanto en cuanto a sus derechos como al cese de funciones, al efecto, D.F.L. N° 1, de 1997, Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, en sus Capítulos VI, VII, denominados “De los derechos del personal” y “Otros derechos del personal”, respectivamente, que no contempla disposiciones tendientes a garantizar la estabilidad en el empleo, en los términos expresados por el Estatuto Administrativo. Sostiene que el cargo que servía el recurrente se norma por el artículo 3º del D.F.L. (G) Nº 1 de 1997, Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, que establece en su letra b), que el Personal a Contrata es aquel que desempeña un empleo de carácter transitorio, cuyo nombramiento se efectúa para satisfacer necesidades institucionales y conforme lo dispuesto en los artículos 174 y 175 de esta norma, facultándose de acuerdo a ella y lo previsto en los artículos 56, 57 y 66 del DNL - 350, a realizar las modificaciones que se estimen necesarias en su nombramiento permitiendo, consecuentemente, el término anticipado del profesor nombre reservado, en caso que la autoridad competente decida darle curso a la proposición de cese de funciones acordada a su respecto, por la Junta de Selección como es el caso de autos. Añade que en el caso de marras no existe un derecho indubitado como pretende el recurrente pues el propio recurrente ha señalado que ha prestado servicios en calidad de contrata para la Fuerza Aérea de Chile, como profesor de artes marciales en la Escuela de Especialidades de dicha Institución, razón por la cual no existe un derecho emanado de un supuesto contrato de trabajo como argumenta, cuestión, por demás, que sería objeto de un juicio declarativo de lato conocimiento en caso de pretender aplicar dicha institución a la situación alegada. Expresa que no existe un actuar ilegal y/o arbitrario realizado por la Fuerza Aérea, como se ha señalado reiterando que esta Corte ya emitió su pronunciamiento respecto de la situación del recurrente, resolviendo en definitiva que no había ilegalidad alguna, pues la Junta de Selección actuó en la oportunidad y conforme a sus facultades legales, lo cual luego derivó en la decisión del Comando de Personal, Autoridad competente para ordenar la materialización del término anticipado de su nombramiento a contrata, descartándose la simple discrecionalidad en la dictación de la resolución recurrida. Además, la Junta de Selección de Empleados Civiles y Personal a Contrata de la Fuerza Aérea de Chile, y posteriormente, el Comandante del Comando de Personal, en todas sus actuaciones con estricto apego a la legalidad vigente y dentro del ámbito de su competencia, careciendo la acción cautelar intentada por el recurrente de todo fundamento ya que la Junta de Selección procedió a proponer un término anticipado de contratación del Personal a Contrata nombre reservado, con motivo del estudio de los antecedentes contenidos en la calificación y hoja de vida del funcionario, en conformidad a las disposiciones que la facultan para tales efectos, siendo soberana en cuanto a las apreciaciones que emitan sobre la idoneidad, eficiencia profesional y condiciones personales de los calificados, y, posteriormente, se formalizó su desvinculación de la Institución, actuaciones todas que se realizaron en estricto cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria vigente; sin que exista en el caso del recurrente la aplicación del principio de la confianza legítima, como lo pretende hacer valer en su libelo. Al respecto señala que ante los dictámenes de la Contraloría General de la República que se refieren a este principio se ha entendido que en caso de que la autoridad decida no renovar una contrata, o renovarla en condiciones diferentes, o disponer su término anticipado, dicha decisión debe efectuarse a través de la emisión del pertinente acto administrativo, el que debe contener la decisión formal adoptada y los hechos y fundamentos de derecho en que se sustenta la decisión. Es decir, se debe tratar de una decisión motivada, para lo cual y a modo ejemplar, ese mismo órgano contralor ha considerado como fundamento suficiente la evaluación de la calificación del funcionario, tal como lo señala en el Dictamen Nº 6.400 de 2018. Además, para que opere tal principio en el vínculo funcionario entre el recurrente y la Institución, debió haber sido reclamado cuando se le comunicó al señor nombre reservado la renovación de su nombramiento como profesor civil en condiciones distintas a las anteriores, es decir, cuando se modificó la duración de su nombramiento por un período inferior al de una anualidad, comunicación que se realizó al respecto a sus nombramientos para el primer semestre del año 2020 sin reparo alguno por su parte. Afirma que no hay vulneración de los derechos constitucionales indicados por el recurrente ya que, en cuanto a la igualdad ante la ley, la resolución del Comando del Personal, fundada en el acuerdo adoptado por la Junta de Selección, fue ejercida de la misma manera que para el resto del Personal a Contrata que se encontraba en similares condiciones que el recurrente, en el marco del proceso de calificaciones, no resultando efectivo lo aseverado en su recurso. En lo concerniente a la presunta infracción de la garantía constitucional del artículo 19 N° 3, inciso 5, de la Constitución Política de la República, expresa que no corresponde calificar el acto administrativo del Comando de Personal como un juzgamiento emitido por una comisión especial, ya sea por considerarla como tribunales ad hoc, que ejercen jurisdicción respecto a un situación o persona determinada, sin haber sido establecidos por ley con anterioridad a los hechos puestos bajo su conocimiento; o como un órgano administrativo que ejerce atribuciones fuera del marco previsto por la ley para su ejercicio, o que ejerce una atribución que la ley no le reconoce, o reconoce a los tribunales de justicia. Reiterando que aquellas son órganos, convocados y conformados anualmente por ley, de acuerdo con lo normado en el artículo 26 de la Ley Nº 18.948, Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, que las mandata para el conocimiento, estudio y valorización de las calificaciones del personal, elaboración de las listas de clasificación, formación del Escalafón de Complemento y la Lista Anual de Retiros y consideración de las solicitudes de reincorporación. Respecto a la presunta vulneración de la garantía constitucional reconocida en el artículo 19 Nº 16 de la Constitución Política de la República, señala que no advierte, de qué manera las consecuencias del acuerdo adoptado por la Junta de Selección, en orden a proponer el termino anticipado de su contratación, podrían constituir una privación, perturbación o amenaza a su libertad de trabajo, habida consideración a que la propuesta de su cese de funciones, aún no ha sido materializado por la autoridad competente, correspondiendo que ésta pondere la dictación o no, del respectivo acto administrativo que eventualmente formalizará tal acuerdo de cese; además de no encontrarse en un caso en que sea aplicable el principio de confianza legítima como se explicó en su libelo. Tampoco puede entenderse afectada la propiedad sobre su empleo, puesto que la estabilidad del mismo se encuentra garantizada mientras no concurra alguna de las causales legales de terminación, como ha sido propuesto en el caso de autos. Solicita tener por evacuado en tiempo y forma, el informe solicitado en la acción constitucional de autos, y en su mérito, rechazar la acción constitucional de protección deducida, con costas.

TERCERO: El recurso de protección de garantías constitucionales estatuido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye, jurídicamente, una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deban tomar ante un acto u omisión, arbitrario o ilegal, que impida, perturbe o amenace ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurrente con los fundamentos que señala, en lo medular pide que se deje sin efecto la resolución exenta RA N° 140/1045/2020, de 1° de octubre del año pasado, dictada por el Comando de Personal de la Comandancia en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile y firmado por el General de Aviación nombre reservado, comandante del comando de personal, que pone término anticipado a su designación a contrata como profesor civil sin señalar fundamentos de hecho y derecho para explicar el motivo de la desvinculación, y que se ordene a la recurrida dejar sin efecto su desvinculación de sus funciones como profesor a contrata en la FACH, y que en definitiva la recurrida lo reintegre a sus funciones como profesor a contrata de la Fuerza Aérea, con el pago de sus remuneraciones conforme al último nombramiento celebrado por el recurrente.

QUINTO: Que, sin embargo, con anterioridad, con el mismo propósito, ya se interpuso recurso de protección en contra de la misma recurrida, cuyo rol es el N° 7101-2020, de esta misma Corte de Apelaciones, y que con fundamentos similares, y derivados atendido el estado del proceso administrativo que lo afectó, pidió que se declare ilegal o arbitrario aquel que dispuso poner término a su contrata como profesor en la FACH, de la cual se tomó conocimiento el 16 de junio de 2020, ordenando que se mantenga en sus funciones, con costas. Esta acción constitucional fue rechazada por esta Corte y, con posterioridad, la Excma. Corte Suprema confirmó lo resuelto.

SEXTO: Que, ahora, lo distinto es que como culminación del proceso ya indicado, se dictó el 1° de octubre del año pasado la resolución exenta RA N° 140/1045/2020, que dispuso poner término anticipado a su contrato, lo que motivó la presente acción.

SEPTIMO: Que por una cuestión formal, como se ha expuesto, no se puede rechazar por extemporáneo el presente recurso de protección.

OCTAVO: Que, sin embargo, respecto del fondo de la cuestión debatida, cabe concluir que si hubo análisis y pronunciamiento, y lo que resta saber es si lo resuelto en definitiva, contenido en la citada Resolución Exenta cuestionada es arbitrario o ilegal. En efecto, en dicha sentencia, rol N° 7101-2020, en los considerandos octavo y noveno se señaló que no se encuentra la ilegalidad alegada, ya que la Junta de Selección de Empleados Civiles y Personal a Contrata de la Fuerza Aérea de Chile, actuó en la oportunidad y conforme a sus facultades, en una hipótesis de recomendación, que también se encuentra prevista en la Ley, y así, la respectiva decisión de la Junta, cuenta con el necesario sustento y motivación, para efectuar la calificación rebajando de lista al recurrente y proponiendo su desvinculación, lo que permite descartar la simple discrecionalidad en la dictación de la resolución recurrida.

NOVENO: Que es necesario recordar que el artículo 101 del D.F.L. N° 1 de 1997 del Ministerio de Defensa Nacional dispone que: “Serán atribuciones de las Juntas de Selección de empleados civiles y personal a contrata las contenidas en las letras a), b), c), d) y g) del artículo 97. Asimismo, estas Juntas podrán proponer el término anticipado del nombramiento a contrata o su no renovación, como resultado del proceso de calificación y selección.” Y el artículo 254 que: “254.- El personal a contrata cesa en sus funciones por las siguientes causales:

a) Aceptación de renuncia.

b) Por vencimiento del plazo de contratación.

c) Por término anticipado del contrato, y d) Fallecimiento.

El término anticipado del contrato procederá en los casos en que las funciones de este personal dejen de ser necesarias, que su permanencia sea perjudicial para el servicio o afecte a la disciplina, al orden, a la conveniencia del servicio o su calificación sea insuficiente. También procederá en los casos de salud incompatible con el servicio.”

Y, por su parte, en lo que dice relación con la fundamentación cabe citar al profesor nombre reservado, quien en su comentario sobre la Corte Suprema y la motivación del acto administrativo, cita el Dictamen N° 59.669, de 11 de agosto de 2016, en el que la Contraloría General de la República sostuvo que: “... en lo referente a la fundamentación contenida en el acto de cese, se debe hacer presente que, acorde con lo establecido en los artículos 11, inciso segundo, y 41, inciso cuarto, de la ley N° 19.880, las decisiones de la Administración deben ser fundadas, siendo procedente expresar las pertinentes consideraciones en los respectivos actos administrativos. En este punto es forzoso señalar que la Administración debe ejercer sus atribuciones con razonabilidad y de manera fundada, para lo cual se debe tener presente que la ponderación de los hechos corresponde primariamente a los órganos de la Administración activa, de manera que procede que esta Entidad Fiscalizadora objete una determinación si del examen de los antecedentes se aprecia alguna infracción a la normativa legal o reglamentaria que rija la materia de que se trata, o bien, si se observa alguna decisión de carácter arbitrario, hipótesis que no se configuran en este caso. Ello, pues se advierte que el decreto en análisis se encuentra debidamente motivado conforme a lo expresado en sus considerandos, respecto de lo cual es útil prevenir que el legislador no explicitó razones particulares para ejercer la potestad en cuestión, como lo entienden los recurrentes”.

DECIMO: Que en el caso en estudio en la Resolución Exenta RA N° 140/1045/2020 se puede leer en los considerandos que “A- El Certificado No 01/2020 Junta de Selección de Empleados Civiles y Personal a Contrata año 2020, en virtud de la facultad prevista por el artículo 101 del D.FL. (G) N° 1 de 1997, Estatuto del Personal de la Fuerzas Armadas, ha acordado proponer el término anticipado del nombramiento como profesor civil del personal que se indica, como resultado del proceso de calificación y selección correspondiente al período 2019-2020. B.-Lo establecido en el artículo 254 letra c) del D.FL. (G) No 1 de 1997, "Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas". C.- Que no aplica cobro de caución.” Y resuelve poner término anticipado a la designación a contrata de nombre reservado, entre otros.

UNDECIMO: Que la estructura de la resolución si bien se justifica en prácticas repetidas en la administración pública, ella no se encuentra ajustada rigurosamente a los principios que regulan en la actualidad este tipo de actos, pero ello no nos permite concluir que sea arbitraria o ilegal, ya que, por una parte, se hace mención al Certificado N° 01-2020 de la Junta de Selección de Empleados Civiles y Personal a Contrata, al proceso de calificación y selección correspondiente al período 2019 y 2020, lo que derivó en proponer el término anticipado del nombramiento como profesor civil del personal, por lo que la recurrente no puede alegar que no tenía conocimiento de las razones por las cuales se tomó la decisión antes señalada, lo que tuvo como consecuencia la dictación de la Resolución Exenta RA N° 140/1045/2020. Y, por otro lado en la sentencia definitiva dictada en el Recurso de Protección Rol N° 7101-2020 se concluyó que no se encuentra la ilegalidad alegada, la Junta actuó en la oportunidad y conforme a sus facultades, en una hipótesis de recomendación, que también se encuentra prevista en la ley, y, más aún, en el motivo noveno señala expresamente que la decisión cuenta con el necesario sustento y motivación para efectuar la calificación rebajando de lista al recurrente y proponiendo su desvinculación, lo que permite descartar la simple discrecionalidad en la dictación de la resolución recurrida, por lo que rechaza la citada acción constitucional.

DUODECIMO: Que, en consecuencia, no se hará lugar a la acción deducida en autos.

DECIMO TERCERO: Que los antecedentes acompañados han sido valorados de acuerdo con las reglas de la sana crítica.

Por estas consideraciones, citas legales, y lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, no se hace lugar a la acción constitucional interpuesta en favor de nombre reservado.

Se deja constancia que se hizo uso de las facultades contenidas en el artículo 82 del Código Orgánico de Tribunales.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Diego Simpértigue Limare.

Rol N° 10.506-2020.-Protección 9692.ha UZ BLANCA Pronunciado por la Cuarta Sala integrada por los ministros señor Diego Simpértigue Limare, señora María Soledad Espina Otero, y el abogado integrante señor Carlos Castro Vargas. Se deja constancia que no firma la ministro señora María Soledad Espina Otero, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y posterior acuerdo del fallo, por estar con permiso de conformidad a lo dispuesto en el art.347 del Código Orgánico de Tribunales.