Protección contra INSPECTOR PROVINCIAL DEL TRABAJO DE TALAGANTE

San Miguel, a veinticuatro de noviembre de dos mil veinte.

VISTOS:

PRIMERO: Que nombre reservado & TOMBOLINI LTDA, representada por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, recurre de protección en contra del INSPECTOR PROVINCIAL DEL TRABAJO DE TALAGANTE, don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado,de esa comuna, por haber rechazado mediante resolución Nº198 de 11 de septiembre del corriente, el recurso de invalidación presentado por su parte respecto de la resolución N° 7425/18/52, que aplicó diversas multas a su representada.

Indica que dichas multas tienen su origen en una denuncia efectuada por nombre reservado ante la recurrida, añadiendo que existió una causa tramitada ante el “Tribunal Laboral de Peñaflor” (sic) en materia de accidente laboral, proceso en el cual se rechazó la demanda incoada por la persona aludida en todas sus partes, refiriéndose latamente al contenido de dicha sentencia.

En lo pertinente al acto recurrido, manifiesta que éste vulnera el principio de imparcialidad, según el cual “La Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte” (sic), ello en cuanto el rechazo de la demanda aludida, habría dejado sin motivación al acto administrativo, contradiciendo la decisión de un juez de la república.

Expone el contenido del acto recurrido, el cual en su concepto vulnera su derecho a la igualdad y al debido proceso. Ello porque su parte no tuvo conocimiento oportuno de lo resuelto por el Inspector Provincial, ni del expediente de fiscalización, lo que le impidió ejercer el derecho a observar u objetar documentos. Alega que además se vulneró el principio de transparencia y publicidad que rige a la administración pública, añadiendo que se ha intentado aplicar a su respecto la irretroactividad de la ley, ya que en el acto cuestionado se hace referencia a un ordinario de 11 de mayo de 2020 en relación a hechos ocurridos en el año 2018, lo que “evidencia un esfuerzo extraordinario por torcer la sentencia y las pruebas que acompañó esta parte” (sic).

Manifiesta que la decisión recurrida carece de motivación, ya que analiza la sentencia judicial aludida de manera errónea, tergiversándola y excedido con ello sus facultades legales, en relación a lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política, ya que la cuestión ha sido sometida al pronunciamiento de tribunales.

Menciona que el ejercicio del poder punitivo por los órganos de la Administración del Estado no escapa al deber básico de ser ejercido en la forma prescrita por la ley, y más precisamente, al principio del debido proceso, ya que las garantías de un racional y justo procedimiento se aplican no sólo en el ámbito judicial, sino que también es una condición que se debe exigir en el marco del procedimiento administrativo.

Solicita a esta Corte que declare la ilegalidad y/o arbitrariedad de la resolución 198, ya singularizada, declarando la invalidación “del acto administrativo que se singularizó”, dejando sin efecto las multas aplicadas a su representada.

SEGUNDO: Que por su parte, la recurrida informa al tenor del recurso, sosteniendo en primer término, la improcedencia de la acción interpuesta atendida la naturaleza del acto recurrido, ya que la presente vía constitucional no puede ser utilizada como sustituto jurisdiccional de un procedimiento específico. En tal contexto, el recurso de autos es del todo improcedente, por cuanto éste se ha interpuesto respecto de una resolución administrativa acerca de la cual la ley establece procedimientos específicos de impugnación, tanto en sede administrativa, conforme a lo establecido en los artículos 53 y siguientes de la Ley Nº19.880, como en sede judicial, mediante un procedimiento breve y sumario que contempla el artículo 53 de la ley ya citada.

Añade que existen además procedimientos para reclamar de las resoluciones de multa administrativa, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 420 letra e), 503, 504 y 512 del Código del Trabajo, procedimientos judiciales que pueden resolver en un plazo brevísimo un reclamo de multa, ponderando la prueba de los litigantes.

Se refiere a la naturaleza de la acción de protección, la que no ha sido concebida por el legislador como un procedimiento declarativo y menos de mera certeza, sino que como una acción de tipo cautelar y de emergencia para la adecuada tutela jurídica de ciertas garantías constitucionales.

En lo que respecta el fondo del arbitrio deducido, explica que la Resolución Nº 198 es el resultado de la presentación del recurso de invalidación de las multas Nº7425.2018.52 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9 de 24 de junio de 2018. Las que a su turno corresponden al corolario de la fiscalización Nº 1303/2018/482, llevada a cabo con motivo de una denuncia presentada por un accidente laboral.

Indica que la resolución de multa fue notificada el 7 de julio de 2018, mientras que el recurso de invalidación de la actora se ingresó a la oficina de la Dirección Regional del Trabajo Metropolitana Poniente el 7 de julio de este año, realizándose la audiencia de acuerdo el 14 de agosto recién pasado conforme al artículo 53 de la ley 19.880.

Indica que el recurso de invalidación fue desechado por Resolución Nº 198 de fecha 11 de septiembre del año en curso, en la que se mantuvo la resolución de multa por los fundamentos que reproduce. Específicamente, acorde se lee del motivo 18 de la resolución: “atendido a los hechos expuestos, el recurso debe ser rechazado toda vez que se puede acreditar mediante la documentación contenida en el expediente de fiscalización Nº 1303.2018.482 la existencia de un vínculo de subordinación y dependencia toda vez que se observa certificados de pago de cotizaciones previsionales.”

Se explaya respecto de las facultades de la Dirección del Trabajo y las del Inspector Provincial, expresando que la actuación de su representada se ajusta plenamente a sus prerrogativas. Así, el artículo 53 de la ley 19.880 establece la facultad de la autoridad administrativa para de oficio o a petición de parte, invalidar los actos contrarios a derecho previa audiencia del interesado, siempre que lo realice dentro de los dos años contados desde la notificación o publicación del acto.

Sostiene que el presente recurso carece de los requisitos constitucionales para su interposición, ya que la resolución criticada fue expedida con estricta sujeción a lo dispuesto en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República, a lo dispuesto en el artículo 53 de la ley 19.880, el Código del Trabajo y del D.F.L. Nº 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo. Por su parte, la decisión administrativa no es arbitraria, pues no es el fruto del mero capricho del Inspector Provincial del Trabajo.

Denuncia la improcedencia del argumento de la actora en cuanto a fundar su recurso en la afectación a la garantía establecida en el artículo 19 N°2 de la Constitución, ya que no puede calificarse el proceso de fiscalización como discriminatorio, porque en caso alguno se observa que exista la aplicación de parámetros subjetivos, particulares o caprichosos.

Adiciona que tampoco existe una transgresión que prive, perturbe o amenace la garantía establecida en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política, pues la actuación de la recurrida se enmarca dentro de sus facultades legales, sin que se haya arrogado atribuciones propias de los tribunales de justicia. Dice que la resolución fue adoptada luego de haber analizado los antecedentes presentados por la empresa, señalando además, que existió un procedimiento administrativo que terminó con las resolución de multa cuya invalidación se solicitó, y culminó con la resolución materia de este recurso, acto reclamable, ya sea a través del procedimiento administrativo dispuestos en los artículos 53 y siguientes de la Ley Nº19.880, sobre la Revisión de los Actos Administrativos o a través del procedimiento judicial. Destaca finalmente que el acto administrativo, no es uno que se dirija a resolver un conflicto, y requiere el rechazo del recurso con costas.

TERCERO: Que para dilucidar el asunto sometido a la decisión de esta Corte, es preciso reiterar que la acción de protección contenida en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, debe ser ejercida ante actos u omisiones arbitrarios o ilegales que provoquen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías con resguardo constitucional, para que en su caso, se adopten las providencias necesarias en el restablecimiento del imperio del derecho, asegurándose la debida protección del perjudicado. De lo que se sigue, que se trata de un procedimiento extraordinario, de emergencia, cuyo objetivo es remediar pronta y eficazmente los efectos lesivos de un actuar ostensiblemente contrario al ordenamiento jurídico o carente de fundamento o caprichoso, reparándose así el amago provocado a derechos o prerrogativas derivadas de situaciones ciertas y definidas y, por ello, con resguardo constitucional preferente. Todo ello sin perjuicio de los demás derechos que puedan hacerse valer ante la autoridad o los Tribunales correspondientes.

CUARTO: Que atendido lo anterior, es necesario determinar si ha existido de parte de la recurrida un acto ilegal o arbitrario que amenace, perturbe o prive a la reclamante de protección en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos o garantías establecidos en la Constitución Política de la República, especialmente en este caso, aquellos contemplados en los números 2 y 3 del artículo 19 de la carta fundamental.

QUINTO: Que al efecto, del mérito de las aseveraciones de la recurrente y recurrida en sus respectivas presentaciones y los documentos allegados por estas, es inconcuso que la situación de hecho ocurrida al trabajador cuyo accidente habría motivado la imposición de las multas cuya invalidación se persigue por esta vía, fue objeto de revisión por un tribunal ordinario de justicia, de manera que no corresponde en esta sede de cautela urgente revisar el fondo de dicha cuestión, puesto que aquello excede el alcance de la acción de protección.

SEXTO: Que de otro lado, la materia que se pretende resolver mediante el presente arbitrio, vale decir, dejar sin efecto la imposición de una serie de multas a la recurrente, además de ser una cuestión respecto de la que el legislador ha establecido medios de impugnación tanto por vía administrativa o judicial, ciertamente requiere ser ventilado en un procedimiento contradictorio, en el que los afectados puedan hacer valer sus pretensiones, alegaciones y defensas y rendir las pruebas que estimen conducentes a la defensa de sus respectivos intereses, lo que también escapa de esta acción cautelar de emergencia.

SEPTMO: Que por lo expuesto, no concurriendo en la especie los presupuestos exigidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, forzoso es concluir que esta acción de protección deberá ser desestimada.

En mérito de lo expuesto y, vistos, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, el recurso de protección deducido por nombre reservado & Tombolini Ltda. en contra del Inspector Provincial del Trabajo de la Inspección Provincial del Trabajo de Talagante, don nombre reservado.

Comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactada por la Ministro señora María Soledad Espina Otero.

N°Protección-10487-2020.

Pronunciada por esta Cuarta Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por las Ministros señora Soledad Espina Otero, Fiscal Judicial señora nombre reservado y abogado integrante señor José Ramón Gutiérrez Silva. No firma el abogado integrante señor Gutiérrez, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y posterior acuerdo por encontrarse ausente.