nombre reservado CONTRA DON nombre reservado, ALCALDE DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA Y DON nombre reservado DIRECTOR DEL CONSULTORIO GRANJA SUR

60 / Sesenta San Miguel, treinta de mayo de dos mil catorce.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: A fojas 4 don nombre reservado, actuando personalmente, deduce recurso de protección, sosteniendo que es médico y que presta servicios en el programa Servicio de Atención Primaria de Urgencia de La Granja (en adelante SAPU La Granja), dependiente de esa Municipalidad; que el 20 de marzo de 2014 se dirigió a él, el nuevo Coordinador del trabajo de ese centro, Dr. nombre reservado para informarle que habían decidido no darle más turnos desde el mes de abril, aduciendo que habían recibido el reclamo de un paciente por supuestos malos tratos de su parte, de lo cual nunca se le informó, no se le pidieron descargos, ni tampoco se realizó investigación alguna. Refiere que el coordinador, el día 25 de marzo, lo habría llamado a su teléfono y le habría indicado que “mejor no hiciera más turnos y que por favor modificara su boleta para eliminar el turno de hoy”

Indica que la queja del paciente es sólo una excusa para generar su salida y, en su lugar, sólo traer médicos colombianos (nacionalidad del Sr. nombre reservado) algunos de los cuales aún no han rendido el examen EUNACOM (examen único nacional de conocimientos de medicina). Adjunta carta dirigida al señor Alcalde dando cuenta de los mismos antecedentes.

Solicitó el restablecimiento a su lugar de trabajo, indemnización por “daño del buen nombre”, ya que lo que se hizo con él fue en público en dependencias del SAPU y en presencia de compañeros de trabajo y pacientes. Pide también se resuelva la salida del Coordinador Dr. nombre reservado.

SEGUNDO: A fojas 46, el abogado Nelson Vásquez Villanueva, en representación de nombre reservado, Alcalde de la I. Municipalidad de La Granja y nombre reservado Directora (s) del CESFAM Granja Sur, informa conjuntamente. Señala que la acción resulta ininteligible, atendido que no se expone en el libelo cuál o cuáles serían a juicio del recurrente las garantías constitucionales supuestamente conculcadas, sin perjuicio se desprende que en éste se alude a su supuesta desvinculación o término de su contrato bajo la modalidad de honorarios para la realización de turnos para el programa denominado Servicio de Atención Primaria de Urgencia que se desarrolla en el Centro de Salud Familiar Granja Sur, producto de lo que describe como un procedimiento discriminatorio del médico coordinador del Programa SAPU en ese Cesfam atendido que es de nacionalidad colombiana, privilegiando a médicos de su misma nacionalidad, por sobre otros, hecho que descartan de plano.

En primer término alega que se pretende impugnar una decisión adoptada por el médico Coordinador del Programa Salud en orden a no otorgar más turnos, lo que resulta ajeno a la finalidad propia del recurso de protección, que constituye una acción de emergencia para restablecer el imperio del derecho.

En cuanto al fondo del asunto, refiere que el programa antes mencionado se desarrolla con médicos que trabajan bajo la modalidad de honorarios, tal como fue instruido por la Contraloría General de la República, mediante dictamen 23.216 el año 2013, por lo que no resulta procedente efectuar contrataciones a plazo fijo o con carácter de indefinido, es así que mediante Decreto Alcaldicio 4.210 de 31 de diciembre de 2013 se autorizó la contratación bajo dicha modalidad del recurrente, debiendo el médico coordinador realizar (ejecutar) una programación mensual de turnos, con todos aquellos profesionales que tienen la disponibilidad para prestar sus servicios.

Sostiene que las motivaciones que tuvo dicho coordinador para no asignarle turnos al Dr. nombre reservado, obedecieron exclusivamente a una serie de reclamos de pacientes y funcionarios del SAPU del Cesfam Granja Sur, por actuaciones del referido profesional, que no se condicen con el respecto y trato digno en la atención de usuarios de una comuna como La Granja, que representan a un sector de los más desposeídos de nuestro país.

Existe la constancia de tres reclamos de pacientes, sumado a reclamos de los propios funcionarios del Programa SAPU, que hicieron presente al Director del Cesfam Granja Sur, referido a los cambios de ánimo que experimentaba el Dr. durante la prestación de sus servicios, hecho que resentía al equipo de trabajo, situación que incluso constató personalmente dicho director, en la atención otorgada por parte del recurrente en un caso que indica Agrega que el médico coordinador del Servicio de Atención Primaria de Urgencia, realizando una auditoría a las atenciones prestadas en el referido servicio durante el mes de febrero, sumado al relato del cuerpo médico que prestó servicios los días 18 y 20 de febrero de 2014, pudo determinar que los turnos de atención desde las 17:00 a 24:00 horas fueron realizadas por la médico cirujano nombre reservado, cónyuge del recurrente, otorgando prestaciones médicas fingiendo la firma del Dr. nombre reservado, lo que reviste un hecho de gravedad, toda vez que ella, no mantiene un vínculo contractual con dicho servicio.

Sostiene que en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 20.584 que regula los derechos y deberes de los pacientes, en su artículo quinto que se dispone el derecho a su trato digno, es que se dispuso lo indicado precedentemente por parte del coordinador del SAPU, decisión que se encuentra debidamente fundada tanto en los hechos como en el derecho.

Concluye que no existe ni ha existido ningún acto ilegal ni arbitrario que amenace las garantías constitucionales que acusa conculcadas el recurrente, por lo que pide el rechazo de acción intentada, con expresa condenación en costas.

TERCERO: La defensa común de las recurridas ataca primeramente la admisibilidad del recurso, extremo que ya fuere revisado como condición procesal del libramiento de la resolución de 21 de abril pasado, que rola a fs. 9, sin perjuicio de lo cual (renovada la cuestión por el alegato contenido en el informe) es preciso volver la mirada nuevamente a esa alegación formal.

CUARTO: La defensa formal se hace recaer en que el asunto que motiva el recurso no se ajustaría a las finalidades del recurso de protección, que según sus propios términos es “restablecer la vigencia del derecho (…) se trata de una acción cautelar de origen constitucional que protege a los individuos mediante ciertas providencias que evitan que los efectos del acto arbitrario e ilegal amague un derecho indiscutido y palmario, pero en ningún caso puede tener por objeto la declaración o constitución de derechos…” , agregando que se trata de un cuestión de lato conocimiento, quedando radicada en la Contraloría General de la República la potestad de fiscalizar a las municipalidades, en aspectos relacionados con su funcionamiento y personal.

QUINTO: La cautela constitucional del artículo 20 de la Carta Política tiene plena aplicación al caso, precisamente por los fundamentos que postula el recurrido, pues lo que se impetra de la jurisdicción conservadora es -sin respecto del fondo del asunto- la adopción de medidas céleres y eficaces para proteger un derecho o interés legítimo, el que, en la especie, arranca del vínculo contractual existente entre las partes, dato inconcuso en este proceso.

SEXTO: Que, en el mismo orden de consideraciones, no soslaya el tribunal cierto déficit formal en la postulación del recurso, particularmente en lo que hace a la precisa determinación de los derechos amenazados o lesionados. Ello ha sido tolerable precisamente por la naturaleza cautelar de la acción garante de derechos fundamentales, que rebaja los formalismos de una postulación propia de los procedimientos ordinarios prevista por el ordenamiento en general, y en el caso, incluso ha podido incoarse directamente por el propio recurrente, quien no es abogado.

En tal contexto, formulada con claridad la cuestión de hecho y postulada suficientemente por el recurrente la conducta que se estima contraria a la Constitución, las recurridas -por una parte- han podido aprehender con claridad el fenómeno que constituye el reproche que se hace a su conducta (y consecuencialmente podido articular una cumplida defensa en esta sede) y por otra, ha quedado esta jurisdicción habilitada para -determinación de la conducta ilícita mediante- subordinar los hechos el derecho fundamental afectado, adoptando los arbitrios necesarios para restablecer el imperio del mismo.

SÉPTIMO: Las cuestiones de hecho no disputadas son que el médico nombre reservado Mdningelli prestaba servicios mediante la ejecución de turnos en el Consultorio La Granja del Centro de Salud Familiar de esa comuna (programa SAPU), perteneciente a la Municipalidad recurrida, recibiendo a cambio, una retribución mensual en dinero en forma de honorario, conforme a un valor-hora predeterminado; de acuerdo a turnos asignados y efectivamente realizados.

Tal vínculo jurídico estuvo precedido por el Decreto 4210 de 31 de diciembre de 2013, expedido por el Alcalde Subrogante, como Jefe Superior del Servicio, que autorizó “la contratación a honorarios” de 113 personas –entre ellos el actor- para el período que corre entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014, para servir diversos cargos del área médica y administrativa (documento de fs. 23)

Ha quedado esclarecido también desde el propio reconocimiento de ambas recurridas, que la decisión de no asignársele más turnos a nombre reservado Meningelli, que se materializa finalmente el 25 de marzo de 2014, fue adoptada por el Coordinador Médico del Cesfam de la I. Municipalidad de la Granja Dr. nombre reservado (informe de ambas recurridas, carta del Dr nombre reservado), quien detenta inequívocamente potestades directivas y organizativas al interior del Cesfam, potestades refrendadas por ambas denunciadas, comoquiera que han respondido justificando la medida adoptada por el directivo (vid Carta de fs. 11, planilla de asignación de turnos de fs. 13)

OCTAVO: Resulta inconcuso entonces que, en lo que a la configuración formal del vínculo jurídico atañe, une al Municipio con el recurrente un contrato de arrendamiento de servicios profesionales regulado por el derecho común, de tipo consensual (al no haberse formalizado instrumentalmente, sin perjuicio del acto administrativo habilitante que lo motiva) y que se ha ejecutado, sujeto a un plazo previsto en la misma resolución que lo origina, aspecto este último que viene a contrariar lo señalado por las recurridas en su informe cuando indican que, en armonía con lo prescrito por la Contraloría General de la República “no resulta procedente efectuar contrataciones a plazo fijo…”

NOVENO: Establecida la relación convencional entre recurrente y el Municipio, la cuestión de la conclusión de tales servicios no ha podido quedar sujeta a la mera discrecionalidad de uno de los contratantes y subordinada a la potestad unilateral de la Administración, aun cuando se invoquen razones que a su entender justifiquen el término del vínculo, las que han sido esgrimidas en el informe.

Ya porque se aplique el estatuto legal común (por el cual la Administración se vincula jurídicamente con las personas que le prestan servicios para la realización de sus múltiples fines públicos a través vínculos de derecho privado, diversos al vínculo estatutario público que caracteriza la clásica relación con los funcionarios del Estado) o, todavía, mediante un vínculo regulado por la ley especial del trabajo; en cualquier caso, las formas de conclusión contractual están reguladas por procedimientos ante órganos independientes y con competencia asignada por ley, normas que, en el caso, han sido desatendidas por las recurridas, mediante un acto de autotutela discrecional que el derecho no puede amparar (privación absoluta de asignación de turnos al médico recurrnte en el marco de un contrato vigente), contrariando el orden sustantivo y procesal común y la interdicción de intangibilidad contractual unilateral que prescribe el artículo 1545 del Código Civil.

En estas contravenciones significativas por las que se sustrae el contrato del orden normativo aplicable, radica la ilegalidad de la conducta que conculca la garantía constitucional.

La arbitrariedad -inescindible del ilícito- deviene de la propia contravención a la normativa ordinaria preterida, pues la desatención del derecho vigente en la actuación de la autoridad pública lleva ínsita la sinrazón de actuar al margen de la racionalidad que subyace a las normas jurídicas que han debido observarse entre contratantes.

DÉCIMO: En el caso que se analiza, se constata que se ha procedido a la terminación de un contrato de manera unilateral por parte del Cesfam La Granja Sur, de la Municipalidad de La Granja, materializado por la cesación intempestiva de la asignación de turnos que venían desempeñándose desde agosto de 2012, al margen del ejercicio de acciones y procedimientos legales por lo que las recurridas han vulnerado el derecho fundamental del médico nombre reservado previsto por el artículo 19, número 3, inciso quinto de la Constitución Política (“Nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley, y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho”) y amparado expresamente por el arbitrio cautelar de protección.

DÉCIMO PRIMERO: El contenido esencial de tal derecho se encuentra descrito expresamente por la norma constitucional, que consigna -a diferencia de otros casos- la base fáctica del valor reconocido y amparado por la carta fundamental, el que se traduce en una de las dimensiones orgánicas reconocidas a la garantía del debido proceso, cual es el derecho a ser juzgado únicamente por el juez natural, extremo claramente vulnerado en la acción de autotutela prohibida que acometen las demandadas.

DÉCIMO SEGUNDO: Es procedente entonces cautelar mediante este arbitrio extraordinario el statu quo contractual que invoca el recurrente, que ha sido alterado por la medida inconstitucional de las recurridas, sin perjuicio de los derechos y acciones que pudieren caberle a los contratantes en sede ordinaria, emanados de la relación convencional que los une y ante el juez previsto por la ley para sancionar el derecho en el caso concreto.

DÉCIMO TERCERO: Finalmente, es preciso señalar que los remedios cautelares pertinentes han de ajustarse exclusivamente a las accione necesarias y suficientes para restablecer el imperio del derecho, desestimándose aquellas sugeridas que alcanzan a terceros o extremos indemnizatorios que exceden el objeto de este arbitrio extraordinario.

DÉCIMO CUARTO: Que no ha habido otros derechos amagados.

Por estas consideraciones y lo dispuesto además por los artículos, 6, inciso segundo, 19, número 3, 20 de la Constitución política de la República y Auto Acordado de la E. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de Protección, se resuelve.

I. Hacer lugar a la acción de protección declarándose que las recurridas la Ilustre Municipalidad de la Granja y el Cesfam La Granja Sur, de ese Municipio, incurrieron en un acto ilegal y arbitrario al cesar en la asignación de turnos al recurrente, en el SAPU La Granja, debiendo disponer su readmisión a la máxima brevedad al régimen regular de ejecución de los servicios y turnos médicos conforme al vínculo a honorarios dispuesto por el Decreto Alcaldicio N° 4210/178.188 de 31 de diciembre de 2013.

II. No condenar en costas a las recurridas por haber litigado con motivo plausible Comuníquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

Ingreso de Corte N° 103-2014 Pro.

Pronunciado por las Ministras señora Lya Cabello Abdala, señora María Teresa Díaz Zamora y señora María Leonor Fernández Lecanda.

San Miguel, treinta de mayo de dos mil catorce, notifiqué por el estado diario la resolución precedente.

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