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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 10280-202030 nov 2020

nombre reservado con DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

Fecha
30 de noviembre de 2020
Corte
Corte de Apelaciones de San Miguel
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de San Miguel, Rol N° 10280-2020, sentencia de 30 de noviembre de 2020

Resumen

Se rechaza la protección contra el Departamento de Extranjería: la autoridad competente para pronunciarse sobre las solicitudes presentadas desde Cuba es el Ministerio de Relaciones Exteriores y el servicio ya respondió las peticiones, sin obrar ilegal ni arbitrariamente.

Texto íntegro

San Miguel, treinta de noviembre de dos mil veinte.

Visto:

Comparece el ciudadano cubano don nombre reservado, barbero, domiciliado en domicilio reservado, quien recurre de protección en contra del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, representado por su Jefe Nacional don nombre reservado, domiciliados en domicilio reservado, sosteniendo la afectación ilegal y arbitraria de las garantías consagradas en el artículo 19 Nºs 2 y 3 de la Constitución y pide que, acogiéndose la presente acción constitucional, se ordene al recurrido revisar las solicitudes de prórroga de visa temporaria y de permanencia definitiva ingresadas al servicio el 24 de junio y 13 de julio del año en curso desde Cuba, para que se le señale si reside legalmente en Chile, pudiendo regresar sin problema desde Cuba, o bien, en caso de haberse rechazado, si debe realizar el trámite para regularizar su situación y así retornar al país.

Refiere haber ingresado irregularmente junto a su cónyuge nombre reservado, el 28 de marzo de 2018 desde Perú a Chile, oportunidad en que funcionarios de la Policía de Investigaciones no le habrían sellado su pasaporte ni otorgado tarjeta única migratoria. Luego, a mediados de abril de 2018 arribó a Santiago sin pedir refugio, pues inició el procedimiento de regularización extraordinaria; estampándosele visa temporaria NºRUT reservado, con vigencia por un año, a contar del 17 de mayo de 2019. Desde entonces se desempeñó como barbero iniciando actividad ante el Servicio de Impuestos Internos; arrendó con su mujer el inmueble donde habita y desarrolla una vida normal.

El 16 de marzo pasado viaja a Cuba para visitar al hijo de su cónyuge, pues no lo veía hace casi un año; mas no pudo regresar, pese a contar con domicilio reservado de abril siguiente, a consecuencia de las medidas administrativas dispuestas por la actual pandemia mundial. Encontrándose en Cuba, solicitó erróneamente prórroga de visa temporaria Mercosur N°3947560, denegándosele el 22 de junio del año en curso, al no ser titular de este tipo de visa. Sin embargo, esperando la pronta recepción de la resolución que hubiese acogido a trámite su solicitud de prórroga, solicitó prórroga de visa temporaria normal N°6655466, el 24 de junio de 2020, no obteniendo respuesta alguna al respecto. Así, el 13 de julio siguiente solicitó permanencia definitiva Nº7407422; pero tampoco se le habría brindado respuesta al efecto. Por lo anterior, intentó viajar al día siguiente, impidiéndosele al tener visa vencida, pese a habérsele informado por Policía Internacional que podía reingresar al territorio nacional.

Acompaña al efecto, copia cédula de identidad; copia de pasaporte; certificado de matrimonio; copia de visa temporaria N°RUT reservado; certificado de nacimiento del hijo de su mujer; copia de solicitud N°3947560 de prórroga de visa temporaria Mercosur; copia de resolución de 22 de junio de 2020 que deniega visa temporaria Mercosur; copia de solicitud N°6655466 de prórroga de visa temporaria; copia de solicitud de permanencia definitiva N°7407422 y certificado de antecedentes.

Informa al efecto, por la recurrida, el abogado don Felipe Rosselli Ambuchi y pide el rechazo de la presente acción ante la ausencia de obrar ilegal, arbitrario y lesivo de las garantías constitucionales invocadas que pudieren ser atribuido a su respecto, pues se observó lo dispuesto en los artículos 6 y 12 del Decreto Ley N°1.094 de 1975 o “Ley de Extranjería” y artículos 15 y 16 del Decreto Supremo N°597, de 1984 o “Reglamento de Extranjería”. Señala las circunstancias relativas a la permanencia regular pretérita del actor y su familia en el territorio nacional y la tramitación administrativa invocada respecto a la prórroga de la visa temporaria, otorgada por un año desde el 17 de mayo de 2019, solicitada tras haber vencido el plazo de su vigencia. En lo pertinente, se refiere a la notificación de visas Nº25245, de 30 de octubre último, remitida por carta certificada al domicilio registrado en el Servicio, mediante la que no se acoge a trámite por incompetencia su solicitud de prórroga de visa temporaria y corresponderle al Ministerio de Relaciones Exteriores a través de los consulados pronunciarse al respecto. De tal manera, el actor no mantendría titularidad de algún permiso de residencia vigente y sus prórrogas declaradas inadmisibles por improcedencia e incompetencia, por lo que no existirían solicitudes pendientes de resolución. Por lo anterior, hizo presente el impedimento concurrente tanto en el actor para ingresar a Chile, atendido lo dispuesto en el Decreto Supremo N°482 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, cuanto en los demás extranjeros que pretendieren hacerlo como turistas hasta el 11 de noviembre último, por las medidas dispuestas por la actual pandemia mundial.

Acompaña a su informe los siguientes documentos, Parte Policial N°1673 remitido el 6 de abril de 2018 por la Prefectura de Extranjería y Policía Internacional de Arica y Parinacota a la Intendencia Regional de Arica y Parinacota; resolución exenta N°58614 dictada el 04 de marzo de 2019 por el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública; comunicación electrónica N°6471939 emitida el 22 de junio de 2020 por el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública; minuta N°965 enviada el 19 de octubre de 2020 por la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones de Chile; y Notificación Visas N°25245 practicada el 30 de octubre de 2020 por el Departamento de Extranjería y Migración, más su despacho por correo certificado.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Es una acción destinada a cautelar derechos fundamentales, frente a menoscabos derivados de acciones u omisiones de carácter ilegal o arbitrario, en las que pueden incurrir autoridades o particulares. Se ha considerado entonces que dicha acción cautelar supone la concurrencia de ciertos presupuestos. A saber: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de esa acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho fundamental; c) que ese derecho esté señalado como objeto de tutela en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y d) que conforme el auto acordado de la Excma. Corte Suprema Sobre Tramitación del Recurso de Protección, el mismo debe sea interpuesto dentro del plazo fatal de 30 días corridos desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticia o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos. Tales lineamientos deben ser tenidos en cuenta a la hora de resolver el asunto sometido al conocimiento de esta magistratura.

Segundo: Que, de la lectura del recurso, es dable colegir que el acto que se califica como ilegal o arbitrario, por parte del recurrente, es aquel que consiste en la omisión de responder sus solicitudes conforme el punto 10) de su escrito, que se transcribe… “Lamentablemente SS. Iltma. no he recibido respuesta ni en uno ni en otro caso de parte de la recurrida, inclusive escribí varias veces a Migración y Extranjería explicando mi situación acá en Cuba siendo el punto álgido de toda esta situación el intento que hice de viajar el 14 de julio de 2020 en un vuelo charter, pero no me dejaron viajar por tener la visa vencida, pese a que el día anterior escribí a Policía internacional, quienes me respondieron textualmente que de acuerdo a la normativa vigente, puede ingresar a territorio nacional”.

Tercero: Que, la presente acción cautelar, como se ha señalado, está destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que el artículo 20 de la Carta Fundamental determina, lo cual se puede ejecutar mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias, que ordene esta Corte o la Excma. Corte Suprema, según sea la instancia de conocimiento del recurso respectivo, con el objeto de restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio. En el caso de marras, de la lectura de los antecedentes que se imputan como fundantes del libelo recursivo, y en especial del punto 12) del mismo, fluye que se han efectuado peticiones a la parte recurrida, que no correspondía, como lo sostiene el propio recurrente que indica … “ S.S. sé que producto del desespero presenté dos solicitudes de regularización que en condiciones normales no lo habría hecho, pero quiero que entienda Migración y Extranjería que, por lo señalado en el numeral 7 de esta presentación debo regresar a Chile, y necesito saber alguna respuesta sea para mi solicitud de prórroga de visa temporaria, o de Permanencia definitiva”.

Cuarto: Que, como ya se ha señalado, la ilegalidad o arbitrariedad del acto impugnado es uno de los presupuestos indispensables para que prospere una acción constitucional de este tipo. En consecuencia, es ineludible examinar tales extremos, esto es, la legalidad y fundamentos del acto reprochado.

Al efecto, resulta pertinente hacerse cargo de dilucidar cuál es la autoridad competente ante la cual debían efectuarse las presentaciones, que eventualmente, pudieran dar solución a la situación personal que afecta al recurrente, en cuanto poder regresar a desde Cuba a Chile.

Quinto: Que, el Decreto Ley N°1.094, de 1975, denominada Ley de Extranjería, en su artículo 6°, incisos primero y segundo, dispone … “El otorgamiento y prórroga de las autorizaciones de turismo y de las visaciones a los extranjeros en Chile será resuelto por el Ministerio del Interior, a excepción de aquellas correspondientes a las calidades de residente oficial, la que será otorgada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Las visaciones de los extranjeros que se encuentren fuera de Chile, serán resueltas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo con las instrucciones generales conjuntas que impartan los Ministerios del Interior y el de Relaciones Exteriores, ajustadas a la política de migraciones fijadas por el Supremo Gobierno.” .

Por su parte, el Reglamento de Extranjería, Decreto Supremo N°597, de 1984, en su artículo 12 señala… “El otorgamiento de las visaciones a los extranjeros que se encuentren fuera de Chile será resuelto por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el que autorizará para tal efecto a los funcionarios de Servicio Exterior, de acuerdo con las instrucciones generales que imparta conjuntamente con el Ministerio del Interior. Dichas instrucciones deberán ajustarse a la Política de Migraciones fijada por el Supremo Gobierno.”.

Conforme es dable concluir de las normas transcritas, resulta evidente que solicitar un pronunciamiento por parte de la recurrida -Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública- con relación a las presentaciones efectuadas por el ciudadano cubano don nombre reservado, desde su país natal, no es procedente, toda vez que la autoridad competente es el Ministerio de Relaciones Exteriores, motivo suficiente para rechazar el presente recurso, como se dirá en lo resolutivo.

Sexto: Que, sin perjuicio de lo expuesto en el considerando precedente, es importante dejar establecido que ante la solicitud de visa temporaria, denominada MERCOSUR, efectuada el 06 de abril del presente, la misma fue rechazada de plano, el 22 de junio de 2020, pues no se relacionaba con un titular de ésta, conforme documento emanado por parte de la recurrida, signado con el código de trámite 3947560 , acompañado a su informe y que fuera remitido al correo electrónico registrado por el recurrente. Igualmente, en cuanto a la petición de prórroga de visa temporal, a través de documento N°25245, de 30 de octubre del presente, se indicó que dicha solicitud no se acogía por incompetencia de la autoridad ante la cual se presentaba, respuesta que igualmente le fue remitida al solicitante, a su domicilio registrado, por carta certificada, domicilio reservado, cuyo texto y recibo de correo fue igualmente presentado ante esta Corte. Antecedentes que hacen colegir que el presente recurso carece del fundamento básico que lo motiva, a saber, la falta de pronunciamiento de la autoridad recurrida, respecto de solicitudes que se le efectuaran, por lo que se reitera la decisión de rechazo del mismo, pues la autoridad no ha obrado en forma ilegal ni arbitraria.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza la acción impetrada por don nombre reservado en contra del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, representado por su Jefe Nacional don nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante don Carlos Castro Vargas.

N° 10.280-2020-Protección.

Pronunciado por las ministras señora María Teresa Letelier Ramírez, señora María Alejandra Pizarro Soto y el Abogado Integrante señor Carlos Castro Vargas.