nombre reservado con FUERZA AEREA DE CHILE - COMANDO DEL PERSONAL.

San Miguel, veintidós de mayo de dos mil veinticinco.

Vistos y considerando:

Primero: Que don Pablo Farías Manríquez, abogado, en representación de don nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, empleado público, con domicilio en Base Aérea “El Tepual”, comuna de Puerto Montt, recurre de protección en contra del Comando de Personal de la Fuerza Aérea de Chile, representado por su General de Aviación, don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado ”, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la Resolución Exenta 26909/2025 notificada el 22 de febrero de 2025 la cual rechaza la solicitud de dejar sin efecto la destinación funcionaria, lo que afecta su derecho fundamental consagrado en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República.

Explica que la Resolución Exenta N°26909/2025, rechazó su solicitud de anular la destinación desde la Base Aérea “El Tepual” en Puerto Montt a la Base Aérea de Colina en la Región Metropolitana. Señala que no cuestiona la facultad legal de la institución para establecer destinaciones, sino que denuncia la omisión de sus antecedentes personales y familiares.

Expone que la solicitud de excepción a la destinación se fundó en graves antecedentes socioeconómicos y familiares. Así, relata que su grupo familiar se compone de su madre, con movilidad reducida tras una fractura; su padre, discapacitado, con depresión crónica, problemas auditivos y una cirugía reciente en el hombro; y su hermano menor de edad, diagnosticado con depresión y funcionamiento intelectual limítrofe. Todos residen en un sector rural de Chiloé y dependen exclusivamente del recurrente, tanto en lo económico como en el acompañamiento emocional y logístico. Este contexto fue debidamente informado a los mandos institucionales, quienes contaban con las respectivas evaluaciones sociales.

Enfatiza que su rol como pilar de la familia trasciende lo económico, siendo soporte emocional fundamental para sus padres y figura de referencia para su hermano. Señala que la ejecución de la destinación ordenada generaría una crisis familiar, debilitando gravemente la estabilidad emocional del núcleo, afectando su dignidad y comprometiendo su integridad psíquica. Acompaña documentación médica y administrativa que respalda estos antecedentes.

Solicita que se declare que la entidad recurrida actuó en contra de su dignidad proscribiendo su derecho a la integridad física y psíquica y se deje sin efecto la destinación ordenada en el plan de destinaciones año 2025.

Segundo: Que, evacuando el informe requerido, el General de Aviación, Comandante del Comando de Personal de la Fuerza Aérea de Chile, don nombre reservado, solicita el rechazo del recurso.

Expone que el recurrente ingresó a la institución en 2018, integrándose al Cuadro Permanente como Cabo el 1 de enero de 2020, siendo destinado inicialmente a la III Brigada Aérea en Puerto Montt. En el marco del plan de destinaciones para el año 2025, se le asignó traslado a la Base Aérea Colina en Santiago, conforme a la normativa vigente y la planificación institucional.

Refiere que, una vez notificado el destino, el recurrente presentó solicitud para dejar sin efecto la medida, alegando razones familiares. Dicha solicitud fue analizada y rechazada mediante Resolución Exenta N°26909/2025, en atención a la necesidad institucional de contar con personal calificado y al carácter inherente de las destinaciones a la carrera militar. Sostiene que, si bien se consideran aspectos personales en la elaboración del plan, las necesidades de la institución prevalecen, conforme a la Norma Administrativa NA-RH-2018-83 y al marco legal que regula el personal militar.

Reitera que la facultad de destinar al personal es legal, conforme al D.F.L. N°1 de 1997 y a la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas. Enfatiza que los funcionarios conocen, desde su ingreso, la posibilidad de ser destinados a distintas unidades del país, y que dicha medida no representa una acción arbitraria ni vulnera derechos fundamentales. La Contraloría General de la República ha reconocido que las destinaciones son atribución del jefe superior de servicio, sin que puedan limitarse por conveniencias personales.

En cuanto a los antecedentes familiares invocados por el recurrente -madre con movilidad reducida, padre discapacitado con depresión crónica y hermano con diagnóstico de funcionamiento intelectual limítrofe- indica que fueron debidamente considerados al resolver su solicitud, pero que no constituyen motivo suficiente para alterar la destinación dispuesta. Agrega que tales situaciones no son exclusivas del recurrente y que muchos funcionarios enfrentan condiciones similares sin que ello impida el cumplimiento de los deberes institucionales.

Asimismo, hace presente que el recurrente ha hecho uso de licencias médicas prolongadas desde octubre de 2024, acumulando más de 190 días de inactividad hasta abril de 2025, motivo por el cual aún no se ha concretado su traslado. No obstante, ello no incide en la legalidad de la medida adoptada.

Señala que esta acción cautelar requiere demostrar la existencia de un acto ilegal o arbitrario que prive, perturbe o amenace un derecho constitucional. En el caso concreto, no se ha acreditado ninguna de estas condiciones. El acto impugnado se encuentra amparado legalmente, y no hay evidencia de daño concreto o vulneración efectiva al derecho a la integridad física y psíquica invocado. Tampoco se ha demostrado que la medida ocasione un perjuicio que supere las exigencias propias de la función militar.

Por lo tanto, concluye que la acción interpuesta carece de los requisitos mínimos de procedencia y que la destinación fue adoptada en el ejercicio legítimo de las facultades institucionales, conforme al marco normativo y al interés superior del servicio.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza tutelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal, que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

Cuarto: Que en relación al fondo del presente arbitrio, lo que se pretende a través de él es dejar sin efecto la Resolución Exenta 26909/2025 de 17 de febrero de 2025, que rechaza la solicitud de reconsideración de su destinación desde la ciudad de Puerto Montt a la de Colina.

Quinto: Que sobre el particular, resulta indispensable mencionar que el inciso primero del artículo 145 del DFL N°1/1997, Estatuto de Personal de las Fuerzas Armadas, prevé: “La destinación es la designación del personal para servir en una unidad o repartición, en calidad de planta o agregado, sin especificar el cargo o puesto que en ella le corresponda”.

Por su parte, el inciso primero del artículo 101 de la Constitución Política de la República señala: “Las Fuerzas Armadas dependientes del Ministerio encargado de la Defensa Nacional están constituidas única y exclusivamente por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Existen para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional”. El inciso tercero de dicha norma agrega: “Las Fuerzas Armadas y Carabineros, como cuerpos armados, son esencialmente obedientes y no deliberantes. Las fuerzas dependientes de los Ministerios encargados de la Defensa Nacional y de la Seguridad Pública son, además, profesionales, jerarquizadas y disciplinadas”.

A su turno, los artículos 1 y 2 de la Ley 18.948, en lo pertinente, disponen: “Las Fuerzas Armadas, dependientes del Ministerio encargado de la Defensa Nacional, están integradas sólo por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, constituyen los cuerpos armados que existen para la defensa de la patria, son esenciales para la seguridad nacional y garantizan el orden institucional de la República.

La consecución de los fines anteriores es permanente y descansa en un adecuado nivel de alistamiento del personal y del material y en el cumplimiento del juramento de servicio a la patria y defensa de sus valores fundamentales.

Derivado de las particulares exigencias que impone la función militar y la carrera profesional, los organismos y el personal que la desarrollan, así como sus institutos de formación profesional, se ajustarán a normas jurisdiccionales, disciplinarias y administrativas que se establecen en esta ley y en la legislación respectiva.

El personal que infrinja sus deberes u obligaciones incurrirá en responsabilidad administrativa conforme lo determinen los reglamentos de disciplina y las ordenanzas generales de las respectivas Instituciones, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pueda afectarle”.

El Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, como cuerpos armados, son esencialmente obedientes, no deliberantes, profesionales, jerarquizados y disciplinados”.

En este orden de ideas, el inciso primero del artículo 138 del citado del DFL N° 1/1997 establece: “El personal estará sujeto a los deberes y restricciones inherentes a la profesión militar contenidos en la Ley Nº18.948, Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, en el presente Estatuto, en el Código de Justicia Militar, en el Reglamento de Disciplina respectivo y en la Ordenanza de la Armada, según corresponda. Igualmente, el personal estará sujeto a las obligaciones y prohibiciones establecidas para los empleados de la Administración Civil del Estado en la Ley Nº18.834, Estatuto Administrativo, en cuanto fuere procedente”;

Sexto: Que, la resolución recurrida señala la normativa aplicable y refuerza que: “(…) En este sentido, la atribución institucional en materia de destinaciones, en la forma de decidir cómo distribuir y ubicar al Personal del Cuadro Permanente de la Fuerza Aérea de Chile, responde a un proceso de responsabilidad del Comando de Personal, previa identificación de la competencias, habilidades y aptitudes del recurso humano, con miras a ubicarlo donde mejor respondan a los intereses instituciones y a las demandas y necesidades del personal a lo largo del país, tomando en consideración para ello, variables de carácter profesional y, excepcionalmente, aspectos personales del funcionario”.

Séptimo: Que, sin perjuicio de lo anterior, en el presente asunto necesariamente emergen los principios de resguardo y protección a la familia, que impregnan toda la legislación a partir, no sólo de la Carta Fundamental, sino también desde la perspectiva propuesta desde instrumentos internacionales de contenido general. Así, la relevancia de la familia se observa desde la consagración que se realiza en diversos tratados internacionales sobre derechos humanos, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 16.3, que dispone: "la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado", el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 23.1, que refiere: "la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado", y la Convención sobre Derechos Humanos o "Pacto de San nombre reservado Rica", en el artículo 17.1, que establece: "la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado", entre otros.

Por su parte, el preámbulo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, dispone que: "x) Convencidos de que la familia es la unidad colectiva natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a recibir protección de ésta y del Estado, y de que las personas con discapacidad y sus familiares deben recibir la protección y la asistencia necesarias para que las familias puedan contribuir a que las personas con discapacidad gocen de sus derechos plenamente y en igualdad de condiciones”.

Octavo: Que, en esta dirección, es necesario considerar, que el padre del recurrente presenta una pérdida de la capacidad de trabajo mayor al 50% y que es un adulto mayor dependiente, según consta en certificado médico acompañado. Y que su hermano adolescente tiene un diagnóstico de funcionamiento intelectual limítrofe, según consta de certificado de pertenencia en programa de integración del Liceo Bicentenario al que asiste, antecedentes que demuestran que la solicitud de quien recurre lejos de mostrar renuencia a cumplir sus labores se justifica en atención a las responsabilidades familiares que le empecen, las que no fueron debidamente ponderadas por la recurrida al momento de rechazar su petición de no trasladarse de ciudad.

De esta forma, al no avizorar una justificación racional para el traslado del actor en esta oportunidad, genera que, en la especie, la decisión cuestionada no aparezca revestida de una justificación razonable, lo que la torna en arbitraria.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, la acción constitucional interpuesta en favor de nombre reservado en contra del Comando de Personal de la Fuerza Aérea de Chile, y en consecuencia, se deja sin efecto la decisión de rechazar la reconsideración de la destinación, contenida en la Resolución Exenta 26909/2025 de 17 de febrero de 2025, debiendo en su lugar, dictarse las resoluciones o actos correspondientes, que dejen sin efecto dichas destinaciones.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

N° 1026-2025 Protección.