nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA

San Miguel, veintinueve de junio de dos mil veintidós.

Vistos:

Primero: Que comparece doña nombre reservado, funcionaria pública, domiciliada en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección de garantías constitucionales en contra de la I. Municipalidad de La Cisterna, representada legalmente por su alcalde don Joel Olmos Espinoza, ambos domiciliados en domicilio reservado, por la dictación del Decreto Alcaldicio Nº489 de 10 de febrero de 2022, que dispone invalidar su nombramiento en el cargo de Jefatura grado 11º de la EMR sin expresión de causa alguna válida, estimando que dicho acto es ilegal y arbitrario y vulnera sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley, debido proceso, del derecho de propiedad en el cargo y a la libertad de trabajo y su protección.

Explica que la recurrente nombre reservado ingresó a prestar funciones a la Ilustre Municipalidad de la Cisterna, en calidad de contrata, el día 1 de mayo de 1996, desde ese tiempo se ha desempeñado en distintas dependencias, funciones y escalafones siendo renovada sucesivamente desde el año 2016 en un cargo administrativo, asimilado al grado 11º EM, en Relaciones Públicas a la Oficina de Transparencia Municipal, como jefa (S).

Luego ingresó a la Planta Municipal mediante un concurso público de antecedentes, el que fuera convocado de acuerdo al Decreto Alcaldicio Nº 924 del 2020 y nombrada en calidad de Titular, mediante Decreto Alcaldicio Nº819 de 27 de marzo de 2020 para desempeñarse en el cargo de Jefatura grado 11º de la EMR, a contar del 20 de marzo del 2020, ingresando a dicho régimen estatuario, contemplado en la Ley 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, para desempeñarse en la Secretaria Municipal, como encargada de la transparencia activa y pasiva del Municipio.

En estas circunstancias mediante Oficio N° 104614 de 15 de mayo de 2021, la Contraloría General de la República, instruyó a la Municipalidad dar inicio a un proceso de invalidación del concurso referido; lo que se inició a través del Memorándum N° 466 de la Dirección de Asesoría Jurídica de igual fecha y del Decreto Alcaldicio N° 2514 de 20 de mayo -ambas resoluciones que no le habrían sido comunicadas ni notificadas- no pudiendo preparar ni ejercer adecuadamente su derecho a la defensa ya que sólo fue citada a una reunión no comunicándole a qué se refería, con vulneración de lo previsto en el artículo 53 de la ley 19.880.

Luego, una vez notificado el acto impugnado, interpuso oportunamente un recurso de reposición ante la recurrida el que no fue resuelto, certificando su rechazo hasta el 05 de abril de 2022.

Plantea que a propósito de la adjudicación de su cargo procedió a actuar de buena fe y adquiriendo el compromiso acorde a su nueva remuneración lo que ya se incorporó plenamente a su patrimonio, afirmando que el acto no puede afectar a terceros que han actuado de buena fe, rompiendo la confianza legítima entre el ente que produjo el acto administrativo y las personas a la cuales se afectó con él además de vulnerar su derecho de propiedad sobre el antes dicho cargo.

Afirma que el decreto alcaldicio cuestionado no contiene fundamentación alguna de las razones por las cuales la Municipalidad toma la decisión de invalidar su nombramiento, entendiendo que según Oficio N° 104614 de 15 de mayo de 2021, de la Contraloría General de la República, la provisión del cargo no fue un supuesto error de su parte sino de la recurrida al proveer el cargo debiendo, al invalidar el nombramiento, dejar al funcionario en el mismo estado que se encontraba anteriormente, esto es, en calidad de contrata, asimilado al Jefatura grado 11º de la EMR ya que debió renunciar a su cargo administrativo grado 12 al momento de asumir. Además, el proceso invalidatorio se excedió en los plazos legales, situación reconocida por nuestros Tribunales como elemento transgresor de la garantía del debido proceso.

Pide acoger la presente acción en todas sus partes, declarando ilegal y arbitrario el acto administrativo recurrido, adoptando todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar su debida protección, en especial, ordenar que la recurrida deberá dejar sin efecto el Decreto Alcaldicio N° 489 de 10 de febrero de 2022, que dispone la invalidación de su nombramiento, debiéndosele pagar todas las remuneraciones no percibidas durante el tiempo que haya estado separada de la Municipalidad o lo que sus Ilustrísimas señorías consideren con expresa condenación en costas; en subsidio de lo anterior, ordenar a la Ilustre Municipalidad de La Cisterna, asimilarla en calidad a contrata por la anualidad del 2022, al cargo de Jefatura grado 11º de la EMR, reconociendo su continuidad desde que comenzó a trabajar en la municipalidad, debiéndosele pagar todas las remuneraciones no percibidas durante el tiempo que haya dejado de percibirlas o lo que sus Ilustrísimas señorías consideren con expresa condenación en costas;

Segundo: Que informó al tenor del recurso la abogada Directora de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de La Cisterna, solicitando su rechazo con expresa condena en costas.

Relata que el día 17 de febrero de 2020, se dictó el Decreto Alcaldicio N° 924, mediante el cual se llamó a Concurso Público en el Municipio de La Cisterna, destinado a proveer una serie de cargos, entre los cuales se encontraban tres cargos de Jefatura Grado 11°. En el desarrollo del concurso, la Comisión Selectiva Evaluadora tuvo a la vista la postulación de siete personas que pasaron cada una de las etapas establecidas. Ordenadas en orden decreciente de acuerdo a sus puntajes, la recurrente nombre reservado estaba en el número cuatro. Luego, al momento de elaborar la terna para la designación del cargo, esta quedó integrada en el número uno, por doña nombre reservado con una nota final de 39,5, en el dos por doña nombre reservado con una nota final de 37, y en el tres, por doña nombre reservado con una nota final de 30,9. De esta terna, el Alcalde de la comuna procedió a seleccionar a doña nombre reservado.

Conforme a ello el 18 de marzo de 2020, mediante Decreto Alcaldicio N° 1453, se procedió a resolver el citado concurso, designando a la recurrente en uno de los tres cargos de Jefatura Grado 11° E.M.R. y, consecuencialmente, a través del Decreto SIAPER N° 819 de 27 de marzo de 2020, se procedió, en primer lugar, a aceptar la renuncia de doña nombre reservado al cargo Administrativo de la Contrata Municipal Grado 12°, para luego nombrarla en calidad de titular cargo Grado 11 E.M.R. del escalafón Jefatura de la Planta Municipal.

Explica que en ejercicio del derecho que le concede el artículo 156 de la ley 18.883, que aprueba Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, doña nombre reservado recurrió ante la Contraloría General de la República, reclamando por la forma en que había sido resuelto el concurso, solicitando que sea ella la funcionaria designada, por ser la que tenía el primer lugar y el mayor puntaje en la terna que fue presentada al Alcalde. Añade que su reclamo, si bien fue desestimado en un primer momento, fue reconsiderado por el órgano contralor, a través del Oficio N° E104614/2021, de 12 de mayo de 2021, y se ordenó al municipio iniciar un proceso de invalidación parcial del citado concurso.

Al efecto aclara que Contraloría resolvió que la señora nombre reservado quien había obtenido 39,5 puntos, ubicándose en el primer lugar de la terna, se encontraba en la hipótesis prevista en el artículo 55 de la ley 18.883, que dispone que los funcionarios, al llegar al grado inmediatamente inferior al inicio de otra planta en que existan cargos de ingreso vacantes, gozarán de preferencia para su nombramiento, en caso de igualdad de condiciones en el respectivo concurso.

Por lo anterior mediante Decreto Alcaldicio N° 2514, de 20 de mayo de 2021, se dio inicio al proceso de Invalidación Parcial ordenado por la Contraloría General de la República. Refiere que se requirió información desde el Departamento de Recursos Humanos (hoy Gestión y nombre reservado), a efectos de verificar cuál era la situación de la señora nombre reservado en el escalafón municipal informando mediante Memorándum 207 de 02 de junio de 2021, que ella era funcionaria Grado 13° E.M.R., ubicada en el lugar 8 de su grado. En consecuencia, la señora nombre reservado cumplía con el presupuesto que exige el artículo 55 señalado Agrega que el día 23 de agosto de 2021, tuvo lugar la instancia de audiencias previas con las funcionarias involucradas, nombre reservado y nombre reservado, a efectos de ofrecer la oportunidad de hacer sus descargos respecto al proceso de invalidación que se estaba llevando adelante, conforme lo dispone el artículo 53 de la ley Nº 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de la Administración del Estado.

Luego la Dirección de Asesoría Jurídica informó al Alcalde a través del memorándum N° 1090, de 16 de noviembre de 2021, el término del procedimiento de invalidación, y las condiciones que se debían tener presente para que se dictara el acto correspondiente dictándose el Decreto Alcaldicio N° 489 de 10 de febrero de 2022, que invalida de forma parcial, el Concurso Público iniciado por Decreto Alcaldicio N° 924 de 17 de mayo de 2020, y, específicamente el Decreto Alcaldicio N° 819 de 27 de marzo de 2020, que nombró a doña nombre reservado, en el cargo de Jefatura Grado 11 de la planta Municipal. Este acto fue notificado a la recurrente el 18 de febrero de 2022, quien interpuso el día 25 del mismo mes y año recurso de Reposición, el cual estaba siendo conocido y estudiado por el municipio al momento de ser notificados de la presente acción.

Plantea que, encontrándose aún pendiente este recurso administrativo, el 25 de abril de 2022, la Dirección de Asesoría Jurídica del Municipio sugirió al Alcalde de la comuna, la decisión de suspender los efectos del Decreto Alcaldicio de invalidación, tal como había sido solicitado por doña nombre reservado en su escrito de reposición, mientras se resolviera el pronunciamiento respecto al fondo del recurso. Dicho pronunciamiento fue acogido por el Alcalde, mediante el Memorándum N° 194 de fecha 05 de mayo de 2022, por el cual ordenó notificar dicha decisión a la funcionaria, diligencia que se practicó el día 09 de mayo de 2022. Conforme a lo anterior el recurso de reposición de la recurrente está siendo conocido por la administración, por lo cual, en ningún caso se pudo configurar la existencia del silencio negativo, como se quiere presentar.

Conforme a ello argumenta que la presente acción no es el medio que la ley franquea para impugnar la resolución de marras ya que, como dispone el artículo 53 inciso final ya citado, el acto invalidatorio será siempre impugnable ante los Tribunales de Justicia, en procedimiento breve y sumario, es decir, conforme a las reglas dispuestas en los artículos 680 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, ante un juez de letras en lo civil y no a través del Recurso de Protección.

En cuanto al fondo, plantea la inexistencia de un derecho indubitado por parte de la recurrente ya que la posibilidad de acceder al Cargo de Jefatura Grado 11º E.M.R., estuvo sujeto a la revisión que hiciera la Contraloría General de la República, cuya intervención fue provocada por la reclamación presentada por doña nombre reservado, funcionaria de este municipio que representó su disconformidad con la forma en que fue resuelto el concurso, haciendo uso del derecho que le otorga el artículo 156 de la ley 18.883. En este sentido, en tanto el órgano contralor no se pronunciara, su permanencia en el cargo estaba sujeta a la condición suspensiva que éste fuera rechazado, lo que no ocurrió, por lo que la recurrente tenía solo una mera expectativa y no un derecho adquirido.

Afirma que el proceso de invalidación se ciñó a los requisitos que la Ley de Bases de Procedimientos Administrativos dispone, bajo los estándares y presupuestos fijados por el artículo 53 de esa ley, iniciándose por acto administrativo de la autoridad competente, dentro del plazo que la ley establece, previa audiencia de los involucrados y encontrándose debidamente fundado. Agrega que doña nombre reservado nunca ha dejado de pertenecer a este municipio.

Señala que, conforme a lo anterior, no existe afectación a las garantías constitucionales referidas por la recurrente por lo que su acción debe ser desestimada con expresa condena en costas;

Tercero: Que a requerimiento de esta Corte informó nombre reservado, Contralor Regional, señalando respecto al procedimiento de autos que doña nombre reservado, funcionaria de planta de la Municipalidad de la Cisterna, perteneciente al escalafón administrativo, quien también participó en el concurso público en comento, dedujo reclamo ante su órgano y en contra del municipio de La Cisterna por cuanto no se habría respetado el derecho preferente que le asistía a ser nombrada en el cargo concursado al designar como ganadora del certamen a la recurrente nombre reservado, trasgrediendo con ello lo previsto en el artículo 55 de la ley Nº 18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, que establece que los funcionarios al llegar al grado inmediatamente inferior al inicio de otra planta en que existan cargos de ingreso vacantes, gozarán de preferencia para el nombramiento, en caso de igualdad de condiciones, en el respectivo concurso, debiendo para ello, según dispone el artículo 56 del mismo cuerpo estatutario, reunir los requisitos del cargo vacante y no estar sujetos a las inhabilidades contempladas en el artículo 53 del estatuto municipal.

Al resolver el referido reclamo, se comprobó que el cargo concursado correspondía a uno originado en el estamento de Jefaturas de la planta de la Municipalidad de La Cisterna, contenida en reglamento municipal Nº 1, de 2019, el que se inicia en el grado 12 del escalafón municipal, en tanto que la señora nombre reservado ocupaba el grado 13 del escalafón de administrativos, es decir, precisamente el grado inmediatamente inferior al escalafón en que se originó la vacante. De igual forma se advirtió que la señora nombre reservado ocupó -al tener el más alto puntaje en el certamen-, el primer lugar de la terna propuesta al Alcalde, por lo que se cumplían las condiciones para la hipótesis prevista en el artículo 55, por cuanto tal disposición resulta aplicable también en el caso en que el funcionario de que se trata obtenga un puntaje superior al resto de sus oponentes, cumpliendo con creces el requisito mínimo exigido en dicha normativa.

En consecuencia, se indicó al municipio que -en la medida que la señora nombre reservado no estuviese sujeta a alguna de las inhabilidades contempladas en el artículo 53 de la ley N° 18.883 y cumpliera con los requisitos del cargo al que concursó- arbitrara las medidas para regularizar la situación de la interesada, iniciando un proceso de invalidación parcial del concurso público en cuestión.

Producto de lo anterior, la Municipalidad de La Cisterna, una vez verificado el cumplimiento de las condiciones requeridas en el citado oficio, dio inicio al procedimiento invalidatorio mediante el Decreto Alcaldicio Nº 2.514, de 2021, el cual concluyó con la dictación del Decreto Alcaldicio Nº 489, de 2022;

Cuarto: Que el acto reclamado en la especie es la dictación del Decreto Alcaldicio 489 de la I. Municipalidad de La Cisterna, que dispuso la invalidación del concurso público en virtud del cual la recurrente había sido designada en un cargo de jefatura grado 11 de la planta municipal, dejando sin efecto dicho nombramiento.

El reproche se funda, por una parte, en supuestos vicios del procedimiento invalidatorio y, por otra, en la insuficiente fundamentación del decreto mismo, siendo esa la materia a la cual esta Corte debe abocarse, sin atender a las alegaciones relativas al recurso de reposición interpuesto por la actora ante la Municipalidad, cuya resolución está pendiente y paralizado el procedimiento en virtud de la presentación del presente recurso de protección;

Quinto: Que el recurso de protección tiene por objeto el restablecimiento del imperio del derecho de quien se vea privado, perturbado o amenazado en el ejercicio legítimo de alguna de las garantías contempladas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, a consecuencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, o bien arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él;

Sexto: Que el inciso primero del artículo 53 de la ley N° 19.880 faculta a la autoridad administrativa para invalidar, de oficio o a petición de parte, los actos contrarios a derecho, previa audiencia del interesado, siempre que lo haga dentro de los dos años contados desde la notificación o publicación del acto.

De lo anterior se sigue –y no forma parte del reproche- que la recurrida estaba facultada legalmente para invalidar el anterior acto administrativo que, luego de efectuado el concurso público, había designado a la recurrente en el cargo de planta jefatura grado 11 de la planta municipal. Tampoco aparece cuestionado que la invalidación se produjo dentro del plazo de dos años previsto en la norma recién citada, puesto que tanto la resolución del concurso como el nombramiento de la Sra. nombre reservado datan de marzo de 2020 y la invalidación se decretó el 10 de febrero de 2022, es decir, dentro del plazo de dos años a que se refiere la norma citada.

Séptimo: Que, en lo que concierne a la previa audiencia del interesado, la recurrente alega que fue citada telefónicamente a una reunión, sin saber de qué se trataba, por lo que no pudo preparar ni ejercer su defensa, motivo por el cual estima no haberse cumplido tal requisito. Sin embargo, consta del documento aparejado por la recurrida que, con fecha 23 de agosto de 2021 se celebró una reunión entre la recurrente y la Dirección Jurídica de la Municipalidad recurrida, manifestando la primera no tener conocimiento “formal” del motivo de su citación; una vez se le explicó por la Dirección Jurídica que se había iniciado el procedimiento de invalidación del concurso mediante el cual se le había designado en el cargo, se le interrogó sobre si tenía algo que decir al respecto, a lo cual respondió: “Por supuesto, bueno, yo participé en ese concurso pensando que todas las cosas estaban correctas como lo estipula la ley cuando se llama a un concurso público en el cual encuentro que en estos momentos se me está perjudicando erróneamente por esta entidad edilicia en el cual yo no tengo responsabilidad o participación alguna en ella, siendo que yo actué sobre la base del proceso regular de administración con la confianza y expectativa que mi situación se considera como un derecho correspondiente a mis principios que se basa en ciertos valores y principios emanados de la propia constitución, el cual fue vulnerado en el presente caso.

En ese tiempo, cuando se hizo el concurso, se supone que ellos debieran haber sabido cual era el procedimiento de la terna sabiendo cómo proceder. A mi psicológicamente se me han producido problemas de quedar como en el aire, siendo que no es mi responsabilidad. En este caso, debió actuar la junta calificadora en conjunto con la jefa de Recursos Humanos.

Así cumpliendo también con todos los requisitos de las bases de la época, hace un año y meses atrás. El hecho de haber tomado las medidas correspondientes en la fecha que estipula el decreto de invalidación, si se hubiese comunicado la persona afectada que soy yo, nombre reservado, me hubiese dado la posibilidad de concursar en los otros concursos posteriores, o de haber pasado a la planta de acuerdo a lo publicado el 20 de diciembre de 2020. Encuentro que se me negó toda posibilidad de poder pertenecer a la planta como corresponde y de verdad que encuentro que están vulnerados todos mis derechos como persona, como funcionaria, en esta situación que me encuentro.

Eso sería todo.”

La norma del artículo 53 antes citada no establece una formalidad determinada para dar cumplimiento a la “previa audiencia del interesado” que consagra como requisito para el ejercicio de la facultad de invalidación, estimándose que en este caso dicho requisito puede darse por cumplido al haberse dejado constancia -en acta suscrita por la afectada- del hecho de habérsele noticiado de la determinación de la Contraloría en relación al concurso mediante el cual había sido nombrada y del inicio del proceso invalidatorio, así como de lo que ella estimó del caso manifestar al respecto, conforme se transcribió precedentemente. Las alegaciones relativas a la forma de citación a esa reunión y la falta de conocimiento previo del tema a tratar, que le habrían impedido preparar su defensa, no pueden ser consideradas, desde que no se trata de un proceso controversial en el cual ella hubiese debido defenderse y, en principio, sus quejas respecto de la situación en que tal determinación la dejaba parecen haber sido atendidas por el municipio, al disponer que “El Departamento de gestión y nombre reservado consignará lo pertinente en la hoja de vida de la interesada cuyo cargo es dejado sin efecto, y hará las gestiones para regularizar la continuidad laboral de la misma en esta corporación, para que sea ubicada en la misma condición funcionaria de que gozaba antes del nombramiento invalidado.”;

Octavo: Que, en torno a que el acto administrativo cuya invalidación se autoriza debe ser uno “contrario a derecho”, ello tampoco ha sido cuestionado en el recurso, que más bien discurre sobre la presunción de legalidad que ampararía el nombramiento de la recurrente, así como la confianza legítima que le asistiría en cuanto a la conservación de dicho cargo, por haber actuado de buena fé al postular a él y en los perniciosos efectos personales que le produce la invalidación de tal nombramiento. Sin embargo, sólo alude al fondo del acto mismo cuando expresa que “Es del caso señalar que, a quien se pretende dejar en el cargo que se me ha conferido, se encontraba en el escalafón administrativo, lugar N°8, sin que en el procedimiento que se impugna se indique cómo fue posible además como paso por alto los otros escalafones y a quienes pudo haber importado mejor posición aquello.”

Cabe tener presente, al respecto, que el proceso invalidatorio se inició por orden de la Contraloría General de la República, al detectarse –frente a un reclamo de otra funcionaria que había participado en el mismo concurso- que se había incurrido en un error al nombrar a la recurrente Sra. nombre reservado, en circunstancias que a la reclamante le asistía derecho preferente para ser designada en la plaza a la que había postulado, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley N° 18.883 sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales debido a que, habiendo obtenido 39,5 puntos en el concurso y ubicándose en el primer lugar de la terna, se encontraba en la hipótesis prevista por la norma citada, en cuanto dispone que los funcionarios al llegar al grado inmediatamente inferior al inicio de otra planta en que existan cargos de ingreso vacantes –cuyo era el caso de la reclamante Sra. nombre reservado-, gozarán de preferencia para el nombramiento, en caso de igualdad de condiciones, en el respectivo concurso, siempre que cumplieran las demás exigencias legales.

De lo dicho se desprende que el acto invalidado era ciertamente contrario a derecho, al haber trasgredido la norma del artículo 55 del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, en los términos indicados en el informe de la II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago y en el Oficio N° E 104614 de ese organismo contralor, que dispuso iniciar el procedimiento de invalidación del concurso reclamado.

En todo caso, valga mencionar que lo dispuesto por la entidad de control y acatado por el municipio fue dar inicio a un proceso de invalidación del concurso, lo que culminó con la dictación del decreto impugnado, sin que ello implique automáticamente el nombramiento de quien reclamó del concurso, de manera que las alusiones de la recurrente relativas a la situación funcionaria de dicha reclamante en nada afectan lo debatido en esta acción cautelar, sea para validar su nombramiento o para invalidar el acto que lo dejó sin efecto.

Noveno: Que el artículo 42 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades dispone que “Las municipalidades serán fiscalizadas por la Contraloría General de la República, de acuerdo con su ley orgánica constitucional, sin perjuicio de las facultades generales de fiscalización interna que correspondan al alcalde, al concejo y a las unidades municipales dentro del ámbito de su competencia.”

Dicha fiscalización comprende, naturalmente, el control de la legalidad de los actos de la Administración establecido en el artículo 98 de la Constitución Política, Administración que está constituida -entre otros organismos- por las municipalidades, conforme lo establece el inciso segundo del artículo 1° de la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

En tal sentido, no podía la municipalidad recurrida desatender lo dispuesto por su entidad fiscalizadora, habiendo procedido conforme a la normativa que la regula al dar inicio al procedimiento invalidatorio del concurso cuestionado, que culminó con la invalidación del mismo y, consecuentemente, dejó sin efecto el nombramiento de la recurrente;

Décimo: Que, en cuanto al hecho de que el proceso invalidatorio haya excedido los plazos legales, ello no redunda en la ilegalidad del acto con que culminó, desde que tales plazos no son fatales para la administración y sobre todo teniendo en cuenta que mediante dicho procedimiento se pretendió, precisamente, corregir la ilegalidad que afectaba a un acto anterior, verificando la efectiva infracción al artículo 55 de la ley 18.883 y el cumplimiento de las demás condiciones que otorgaban a quien impugnó la decisión del concurso un mejor derecho que el de la Sra. nombre reservado. Además, tal demora no ha causado perjuicio alguno a la actora, desde que por decisión alcaldicia y a petición suya en el recurso de reposición iniciado ante la municipalidad se ordenó suspender los efectos del Decreto Alcaldicio N° 489 “en tanto esté pendiente el pronunciamiento del recurso de reposición interpuesto”, pronunciamiento que aún no se ha emitido, al suspenderse la tramitación de dicha reposición por la interposición del presente recurso de protección;

Undécimo: Que, conforme a lo anterior, el acto impugnado no es ilegal y tampoco puede ser considerado arbitrario, desde que no obedece a un mero capricho o sinrazón, sino que se trata de una decisión adoptada en cumplimiento de lo ordenado por la entidad a quien corresponde la fiscalización de la legalidad de los actos del municipio recurrido, mencionándose entre sus fundamentos –expresamente- el oficio de la II Contraloría Regional Metropolitana que así lo ordenaba. Dicho fundamento, unido a los demás que se consigna en el decreto impugnado, resulta suficiente para descartar la arbitrariedad que la recurrente reprocha, sin que fuera menester aludir en él a su situación personal ni menos contrastarla con la de otros funcionarios, como parece requerirlo el recurso al invocar citas jurisprudenciales que no se relacionan con la situación debatida, sino con el término de funciones o desvinculación de personal a contrata, ajenas del todo a la materia debatida en el presente recurso;

Duodécimo: Que, no siendo ilegal ni arbitrario el acto reclamado, deberá rechazarse el presente recurso, sin que resulte necesario referirse a cada una de las garantías constitucionales cuyo ejercicio legítimo se dice perturbado o amenazado;

Décimo tercero: Que, se ha dado tramitación y se resuelve la presente acción cautelar pese a lo dispuesto en el inciso final del artículo 53 de la ley 19.880, que estatuye que “El acto invalidatorio será siempre impugnable ante los Tribunales de Justicia, en procedimiento breve y sumario”, teniendo para ello en cuenta la disposición del artículo 20 de la Constitución Política, que permite el ejercicio de la presente acción de cautela de derechos fundamentales “sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer (el afectado) ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

Y VISTOS, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en contra de la I. Municipalidad de La Cisterna por la dictación del Decreto Alcaldicio Nº 489 de 10 de febrero de 2022.

Comuníquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la ministro Sra. Cienfuegos.

Rol N° 10.177-2022 protección.

Pronunciado por la Quinta Sala de esta Corte, integrada por las ministras señoras Ana Cienfuegos Barros, Ma. Catalina González Torres y el abogado integrante señor Francisco Ferrada Culaciati.

No obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, no firma por encontrarse ausente el señor nombre reservado.