nombre reservado con COSAM SAN BERNARDO

San Miguel, dieciocho de diciembre de dos mil veintitrés.- Vistos y considerando:

Primero: Que, comparece doña nombre reservado e interpone acción constitucional de protección en contra de la Corporación Municipal de Educación y Salud de nombre reservado, representada legalmente por su Secretario General, don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado de nombre reservado, denunciando que aquélla ha vulnerado sus garantías constitucionales, en específico, las contenidas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere que ingresó el 1 de octubre de 2015 a trabajar en calidad de funcionaria de planta como técnico nivel superior en el área de la salud en la Dirección de Salud de la Corporación recurrida. Sostiene que se pactó en el contrato la asignación establecida en el artículo 45 de la ley N°19.378, la que le fue pagada desde esa fecha de manera regular hasta el año 2022, suma que ascendía a $131.589, conforme dan cuenta las liquidaciones de remuneraciones que acompaña.

Además, precisa que el artículo 30 bis de la ley N°19.378, contempla el “bono de mérito”, cuyo pago consta en las liquidaciones de remuneraciones de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre del año 2021 y en los mismos meses de 2022 pero que, a partir de marzo de 2023, no fue pagado, aun cuando estima que cumple con todos los requisitos para su percepción.

Señala que el 9 de marzo de 2023 -fecha en la que se reincorporó a sus funciones luego de una licencia médica- realizó consultas a fin de conocer los motivos por los que no se le continuó pagando el bono del artículo 45 de la ley N° 19.378, toda vez que, en acuerdo de concejo municipal de 8 de febrero de 2023, se estableció los requisitos para el pago de dicha asignación, los cuales cumplía, sin recibir respuesta hasta la fecha de interposición del recurso.

Estima que el no pago de las asignaciones mencionadas constituye una conducta discriminatoria que le afecta, desde que el 26 de enero de 2023 se determinó las fórmulas de pago de la asignación del aludido artículo 45, sin que exista fundamento alguno para dejar de percibir el bono. Dice que la misma afectación se produce con el no pago del mencionado “bono de mérito”, que debió percibir en su remuneración del mes de marzo de 2023.

Finalmente, manifiesta que siempre ha sido calificada en Lista N°1, tanto en 2020, como en los años 2021 y 2022, lo que hace aún más arbitrario el actuar de la recurrida.

Solicita declarar que los actos referidos son ilegales y que afectan las garantías constitucionales que invoca, por lo que corresponde restablecer el imperio del derecho, ordenando a la recurrida la devolución de los montos arbitrariamente descontados, con expresa condena en costas.

Segundo: Que, informando al tenor del presente recurso, la recurrida señala que, efectivamente, la actora se desempeña como funcionaria del Departamento de Salud desde el 1 de octubre de 2015, a la fecha. Agrega que, la cláusula QUINTA de su contrato -el cual acompaña- establece que sus ingresos se componen de sueldo base, asignación primaria, asignación municipal y artículo N°45 de la ley N°19.378.

Precisa que dicha asignación es de carácter transitorio, ya que debe ser revisada año a año, guardando estricta concordancia con la disponibilidad presupuestaria de la Corporación. Con todo, manifiesta que, de manera errónea, el contrato de la actora incluyó la asignación del artículo 45 antes referido como un componente regular de su remuneración lo que nunca debió suceder.

Tercero: Que, el recurso de protección del artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción cautelar extraordinaria prevista para resguardar -urgentemente- ciertos derechos y garantías esenciales, enumerados en el mismo precepto, que son afectados por actos u omisiones arbitrarias o ilegales que importen perturbación, privación o amenaza en su ejercicio legítimo.

Cuarto: Que, atendida la naturaleza y finalidad de la acción, para que se restablezca el imperio del derecho y se asegure la protección del afectado, es necesario que quien la ejerce acredite la existencia de un derecho o garantía que le asista, que se encuentre debidamente determinada y que corresponda a alguna de las referidas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. Como también es esencial que los hechos arbitrarios o ilegales que se invocan se encuentren comprobados y que ellos hayan producido privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos taxativamente en el citado artículo 20 de la carta fundamental.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio.

Quinto: Que la clave para esclarecer de qué trata esta acción de protección está en precisar si la actuación denunciada es "ilegal" o "arbitraria". A estos efectos, resulta necesario definir estas expresiones contenidas en el artículo 20 de nuestro código político, para evaluar si los actos recurridos pueden ser calificados de tales.

En cuanto a lo ilegal del acto, se debe tener presente que éste lo es si se ha dictado o ejecutado en contravención a las normas que integran el ordenamiento jurídico chileno, es decir, no autorizado por el mismo (si se trata de una acción) o exigido por el mismo (si se trata de una omisión).

La evaluación de legalidad, por tanto, exige contrastar la decisión o el contenido del acto cuestionado con el sistema de normas que integra el derecho nacional vigente, sean del nivel constitucional, legal o infralegal.

En cuanto a la arbitrariedad, cabe entender que un acto es arbitrario en la medida que resulta contrario a la justicia, la razón o las leyes, dictado sólo por la voluntad o el capricho. Sobre el particular, la doctrina ha sostenido que un acto es arbitrario cuando es injusto, irracional, desproporcionado, caprichoso, o movido por el favoritismo o la odiosidad (José Luis Cea Egaña, Derecho Constitucional chileno, tomo II, Editorial Universidad Católica de Chile, 2004, p. 633), y carente de fundamento racional o una manifestación del simple capricho del agente (Verdugo, Pfeffer y Nogueira, Derecho Constitucional, tomo I, Editorial Jurídica de Chile, 2002, p. 339).

Sexto: Que, conforme a lo indicado en el libelo recursivo, en lo medular, la acción se fundamenta en la afectación denunciada por la recurrente a las garantías constitucionales consagradas en los numerales 2 y 24 de la carta fundamental, con ocasión de la decisión de la Corporación Municipal de Educación y Salud de nombre reservado de dejar de pagarle las asignaciones contenidas en los artículos 30 bis -“asignación de mérito”- y 45, ambas, de la ley N°19.378. Con todo, durante la vista de la causa el abogado de la parte recurrente sostuvo en estrado que, una vez deducida la presenta acción constitucional, la recurrida regularizó el pago a la actora de la denominada “asignación de mérito”, con lo que, perseverará sólo en cuanto a la segunda de las asignaciones mencionadas.

Séptimo: Que el artículo 45 de la ley N°19.378 dispone que, “con la aprobación del Concejo Municipal, la entidad administradora podrá otorgar a sus funcionarios asignaciones especiales de carácter transitorio. Dichas asignaciones podrán otorgarse a una parte o a la totalidad de la dotación de salud y fijarse de acuerdo con el nivel y la categoría funcionaria del personal de uno o más establecimientos dependientes de la municipalidad, según las necesidades del servicio. En cualquier caso, dichas asignaciones deberán adecuarse a la disponibilidad presupuestaria anual de la entidad administradora. Estas asignaciones transitorias durarán, como máximo, hasta el 31 de diciembre de cada año”.

Por ende, para la procedencia del beneficio económico antes mencionado se requiere: a) que sea aprobado por el Concejo Municipal; b) contar con presupuesto para otorgarlo; y c) existir necesidades de servicio. En estas circunstancias, es un hecho no controvertido que el H. Concejo Municipal de nombre reservado consideró procedente otorgarlo, según consta de los documentos incorporados por la recurrente, en particular, el Acta de sesión extraordinaria N°41 del H. Consejo Municipal de 8 de febrero de 2023.

Octavo: Que, conforme a los antecedentes acompañados y lo expuesto por las partes han quedado establecidos los siguientes hechos: 1) doña nombre reservado se encuentra contratada desde el día 1 de octubre de 2015 como funcionaria del Departamento de Salud de la Municipalidad de nombre reservado. 2) el contrato de trabajo N°7883, suscrito por las partes, contempla la siguiente clausula quinta: “El trabajador percibirá una remuneración bruta mensual de $606.893 (seiscientos seis mil ochocientos noventa y tres mil pesos), desglosada de la siguiente manera: sueldo base: $193.777; asignación primaria: $193.777; asignación municipal: $116.266; artículo N°45: 103.073. TOTAL REMUNERACIONES: $606.893” (SIC); y 3) La actora percibía en su remuneración mensual, antes de deducir la acción constitucional en estudio, la asignación contenida en el artículo 45 de la ley N°19.378.

Noveno: Que, lo que se tiene en esta causa, es el reconocimiento implícito de la recurrida de no cuestionar la afirmación de la recurrente en cuanto no pagó el bono de la referencia durante 2023 y lo explica en su entendimiento de que fue un error pactarlo como remuneración permanente de ésta.

Décimo: Que, como se dijo, en estos autos se encuentra acompañado el contrato de trabajo de doña nombre reservado, documento que establece de manera expresa la asignación de artículo 45 como parte integrante de la remuneración de aquélla, circunstancia que -necesariamente- ha de ser relacionada con el artículo 1545 del Código Civil que dispone que “todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales”.

Undécimo: Que, lo que en los hechos se ha constatado, es una modificación unilateral del contrato, no observando íntegramente la recurrida, la remuneración que se convino, a causa de su particular interpretación de lo que en realidad debió pactarse, lo que la ha hecho incurrir en una omisión que no se encuentra autorizada por el ordenamiento jurídico. Tal modificación unilateral resulta, además arbitraria, desde que no ha sido fundamentada formalmente ante la actora, máxime, si se tiene en consideración que consta de autos la aprobación administrativa para 2023 a la recurrida, del ítem presupuestario correspondiente a la asignación que se reclama.

Duodécimo: Que, conforme a lo razonado, se acogerá el recurso en los términos que se indicará, sin perjuicio de lo que las partes puedan acordar o accionar en la sede correspondiente, según les parezca más provechoso a sus intereses.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge la acción constitucional de protección deducida por doña nombre reservado en contra de la Corporación Municipal de Educación y Salud de nombre reservado, sólo en cuanto, se ordena a la recurrida estarse estrictamente a los términos pactados en el contrato materia de la causa, debiendo enterar a la actora el bono correspondiente al artículo 45 de la ley N°19.378 de la anualidad 2023.

Redacción del Fiscal Judicial Sr. nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1003-2023-Protección.

Pronunciado por la Cuarta Sala de esta Corte, integrada por la ministra señora María Alejandra Pizarro Soto, el fiscal judicial señor nombre reservado y el abogado integrante señor César Toledo Concha. No obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa no firma el abogado integrante señor Toledo Concha por encontrarse ausente.