Protección contra “Empresa de Transportes Colectivos Viluco S

Certifico que alegaron por el recurso el abogado señor Eduardo Jara y contra el abogado señor Claudio Burgos. San Miguel, 4 de febrero de 2021. Constanza Rendich Salaverry, Relatora San Miguel, cuatro de febrero de dos mil veintiuno.

Proveyendo escritos folios 7103, 7153 y 7159: Téngase presente.

Proveyendo escrito folio 7158: A sus antecedentes.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Primero: Que comparece nombre reservado quien interpone recurso de protección en contra de la “Empresa de Transportes Colectivos Viluco S. A.” representada legalmente por nombre reservado, por el hecho ilegal y arbitrario consistente en impedir al vehículo PPU HWZB-38-2, de su propiedad, prestar servicios dentro del recorrido de la empresa, vulnerado con ello las garantías establecidas en el artículo 19 N°s 21 y 24 de la Constitución Política de la República.

Explica que es socia de la empresa recurrida manteniendo el vehículo ya señalado para cubrir los recorridos designados a la sociedad; en estas circunstancias el 6 de abril del año en curso alrededor de las 12:00 horas se le comunicó a su chofer por parte del señor nombre reservado que estaba suspendido y que no podía trabajar en la línea de colectivos hasta que la recurrente firmara tres contratos con la empresa recurrida: un contrato de comodato de letrero, un contrato de comodato de teléfono asignado al chofer, y, contrato de administración, control y organización. Indica que, si bien estos contratos le fueron entregados previamente, se negó a firmarlos por tener falencias, inexactitudes y ser muy amplios, por lo que la sanción de facto que se le ha aplicado se torna en arbitraria e ilegal y se mantiene hasta la fecha siendo permanente en el tiempo.

En cuanto a los dos primeros contratos señala que no prestan utilidad alguna ya que, no se refieren a un nuevo letrero distinto del que ya se utiliza en su automóvil y el mismo mantiene radio además del teléfono personal del chofer, por lo que es innecesario y se negó a firmarlos.

Respecto al tercer contrato refiere que, mediante el mismo se obliga a entregar la tenencia del móvil a la empresa y se la faculta a inscribir o cancelar, sin expresión de causa, su inscripción en el registro nacional de servicio público de pasajeros, destinarlo a las vías de recorrido de la recurrida o no determinarlo, además, de amplias facultades de administración, control y organización; todo lo anterior vulnera los estatutos de la sociedad y las normas reglamentarias y legales que regulan el transporte de pasajeros ya que es solo la autoridad la que puede decretar la cancelación del registro de un vehículo ni es necesario para la circulación de su vehículo suscribir el contrato que se le pretende obligar a celebrar.

Afirma que la decisión de obligar a celebrar tales contratos se adoptó en la Asamblea de Socios de 18 de febrero del año 2020 a la que no fue formalmente citada a pesar de reconocer que se entregó tal citación a su chofer nombre reservado. Que si se la quería sancionar debió realizarse a través del comité de disciplina establecido en título VIII de los estatutos de la sociedad, cuestión que no ha ocurrido, tampoco se le ha dado respuesta por parte de la directiva a su situación, a pesar de sus reclamos, sólo mediante presiones, se le ha indicado que si firma podrá trabajar.

Expresa que todo lo anterior resulta ilegal y arbitrario tanto respecto a las normas que regulan el transporte de pasajeros, como el Decreto Supremo N° 212, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de 1992, y los estatutos internos de la sociedad recurrida en que se regulan las sanciones y, en particular, la sanción de cancelación de la inscripción de un vehículo.

De esta manera se han vulnerado, por un lado, su derecho a desarrollar una actividad económica lícita establecido en el artículo 19 N° 21 de la Constitución Política, toda vez que no hay motivo para que en forma unilateral se le imputa realizar el servicio de transporte habiendo cumplido las normas legales e internas de la sociedad que lo regulan a cabalidad ; y, por otro lado, su derecho de propiedad, consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución, por impedirle disfrutar los frutos civiles que le generaba su taxi colectivo los que ascendían a $40.000 pesos diarios hasta el momento de su suspensión y prohibición de circulación.

Solicita se acoja su recurso ordenando a la recurrida cesar de inmediato con la privación, perturbación de las garantías constitucionales vulneradas.

Segundo: Que comparece nombre reservado, en representación de la sociedad “Empresa de Transportes Viluco S. A.” quien informa al tenor del recurso solicitando su rechazo con expresa condena en costas.

Plantea como cuestión previa la caducidad del presente recurso ya que el plazo para interponer la presente acción es de 30 días corridos, contados desde que ocurre el acto o amenaza que motiva el recurso o desde que tuvo conocimiento de dicho acto o amenaza, o desde que aquel produce sus efectos; en el caso, como la propia recurrente señala, los hechos acaecieron el día 6 de abril del año en curso por lo que el plazo antes indicado transcurrió con creces.

En subsidio, en cuanto al fondo, explica que el “Contrato de servicios de administración, control y organización” se justifica en el ejercicio de las facultades y obligaciones en su calidad de titular de la inscripción del servicio en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros ante la Secretaría Regional Metropolitana de Transportes y Telecomunicaciones que lo indica como único responsable ante la administración en lo que dice relación con el funcionamiento del servicio en cuestión, por lo menos hasta que no se acredite que se ha procedido legalmente a reemplazarlo.

Explica que de acuerdo a la norma indicada, su parte como responsable del servicio de transporte en su modalidad de taxi colectivo del Servicio N° 102, de la Comuna de Buin, al momento de inscribir los vehículos debe informar y/o entregar a la Secretaría Regional de Transportes y Telecomunicaciones todos los antecedentes que señala la misma norma, y entre ellos está el título jurídico que habilita a la sociedad a destinar los vehículos al servicio, siendo responsable, también, de comunicar cualquier modificación o variación en los datos incorporados al Registro Nacional.

De esta manera la normativa obliga la existencia de un vínculo jurídico que habilite a la sociedad responsable destinar los vehículos a un determinado servicio, título que es normalmente de mera tenencia, en el caso de autos, este título o vínculo jurídico no existía, ya que los antiguos directorios de la sociedad no se habían preocupado de cumplir con esta disposición legal cuestión que se pretende realizar a través del contrato en cuestión.

Indica que en el mes de enero del año 2019 se informó a los socios en reunión informativa la decisión de elaborar este documento para cumplir las exigencias del Seremi de Transportes, a dicha reunión asistió la recurrente. Luego, en reunión informativa de 28 de agosto del mismo año se dio lectura al modelo de contratos y se entregó copia a cada uno de los dueños de vehículos, dándoles un plazo de 15 días corridos, para que fueran revisados por el contador y el abogado en cuanto a los aspectos legales.

Más tarde, en reunión informativa de 18 de febrero del presente año se entregaron los contratos para su firma, acordándose en esta misma Asamblea o reunión informativa que aquel que no firme el contrato no tendrá salida del paradero ya que se entiende que es una exigencia urgente de la seremi de transportes. Recalca que no es aplicable a este caso el apartado de las sanciones del reglamento interno de la empresa, ya que por acuerdo de la asamblea y dada la gravedad de la omisión y el tiempo transcurrido, se fijó para este caso la suspensión, como medida administrativa interna y sólo para este caso en particular. Agrega que de la totalidad de los socios 27 firmaron el contrato, 3 no lo hicieron por no estar prestando el servicio por decisión propia dada la pandemia Covid 19 siendo la recurrente la única que no lo ha hecho.

Afirma, en consecuencia, que el acto recurrido se ajusta a la legalidad y, además, no ha sido arbitrario, esto es, contrario a la razón o movido por mero capricho de su parte, puesto que sólo se ha cumplido con las exigencias legales que impone principalmente el Decreto 212 de 1992.

En cuanto a los contratos de comodato de letrero y de entrega de teléfono señala que el Directorio no solicitó a los accionistas ni a los prestadores de servicio su suscripción, porque finalmente no resultaban necesarios para los fines del servicio que presta la sociedad.

Finalmente, respecto a las garantías supuestamente vulneradas señala que, al contrario de lo que arguye la recurrente, en lo referente al derecho a desarrollar cualquier actividad económica, al momento de solicitar la firma de un título exigido por la autoridad de transportes su representado no hace sino proteger su derecho a desarrollar la actividad económica en la sociedad al impedir con ello que se le sancione con la cancelación de su vehículo en el servicio; respecto al derecho de propiedad, indica que nunca se la ha privado de sus derechos como accionista, ni se ha negado tal calidad, solo se pretende cumplir las normas establecidas para el transporte público de pasajeros.

Pide, en definitiva, rechazar el recurso en todas y cada una de sus partes, con expresa condenación en costas.

Tercero: Que conforme fuera ordenado con fecha 18 de diciembre de 2020, informó don Francisco Undurraga Andrade, abogado, actuando en representación de don nombre reservado, Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región Metropolitana, y señaló que la empresa recurrida Transportes Viluco S.A. cuenta con una inscripción vigente en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros, según lo dispuesto en la Resolución exenta N°4526 del 27 de junio de 2017, para taxis colectivos rural, y su funcionamiento está autorizado hasta el año 2025.

Señaló que para poder prestar servicios se debe estar inscrito en el registro mencionado, y los requisitos de dicha inscripción están establecidos en el Decreto Supremo N° 212 de 1992 del ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, denominado “Reglamento de los Servicios Nacionales de Transporte Público de Pasajeros”, que en su artículo 8 letra e dispone que el interesado debe acompañar a su solicitud “Constancia de la existencia de un título que lo habilita a destinar los vehículos al servicio, firmada por el responsable del servicio y el o los propietarios de los vehículos salvo lo dispuesto en el inciso 3° del artículo 15”. Así, explicó que lo exigido es la constancia de la existencia del título, más no el título en sí mismo.

Agregó que la inscripción del vehículo patente HWZB-38, se solicitó el 1 de diciembre de 2017, señalando como responsable a la Empresa Transportes Viluco, y dentro de los antecedentes se encuentra la constancia firmada por el representante legal de la empresa y la propietaria del vehículo, en que se declara la existencia de un título jurídico, consistente en un poder fechado en noviembre de 2017, por lo que se cumplió con el requisito.

Finalmente indicó que no le corresponde dirimir contiendas de carácter particular entre el responsable del servicio y el propietario del vehículo y acompañó la resolución exenta N°4526 y la solicitud y antecedentes de inscripción del automóvil patente HWZB-38.

Cuarto: Que el artículo 20 de la Constitución Política concede acción de protección al que por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos que enumera, podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

Quinto: Que, acerca de la extemporaneidad de la acción constitucional alegada por el recurrido, en orden a haber transcurrido con creces el plazo de treinta días para su interposición, que establece el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, cabe señalar que si bien en el recurso se señala que fue en el mes de abril del 2020 cuando se le impidió al taxi colectivo salir a trabajar, las partes están contestes en que dicha suspensión se ha mantenido hasta la fecha, por lo que los efectos del acto alegado se siguen produciendo en el tiempo, razón por la que la alegación de extemporaneidad será desestimada.

Sexto: Que en cuanto al fondo del asunto, se alega como acto vulnerador de las garantías constitucionales de la recurrente, el haber suspendido para el trabajo el taxi colectivo del que es dueña, por no haber firmado una serie de contratos, exigidos por la directiva de le empresa recurrida, y de ello es posible concluir que el presente recurso se trata de un conflicto entre una socia –la recurrente- y la administración de la sociedad –la recurrida- materia que, por expresa disposición del artículo 227 del Código Orgánico de Tribunales, es de arbitraje forzoso, y que excede con creces los márgenes de una acción jurisdiccional de carácter cautelar.

Séptimo: Que, consecuencialmente, y no concurriendo los supuestos de la acción constitucional propuesta, la protección impetrada habrá de ser rechazada, siendo innecesario emitir pronunciamiento respecto de las garantías que se estiman conculcadas.

Por estas consideraciones y conforme lo dispone el artículo el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol 10021-2019 Protección.

Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por los Ministros señora María Teresa Díaz Zamora, señor Luis Sepúlveda Coronado y señora Adriana Sottovía Giménez.