nombre reservado con HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES

Punta Arenas, veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno.

Vistos:

En los autos Rol 992-2021-Protección, del ingreso de esta Corte de apelaciones, doña nombre reservado, Enfermera Universitaria, cédula de identidad N° RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado; interpone recurso de protección en contra de HOSPITAL DOCTOR LAUTARO NAVARRO AVARIA, persona jurídica de derecho público, RUT RUT reservado, representada por don nombre reservado, ignora profesión, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, en mérito de los fundamentos de hecho y de derecho que expone.

Relata que se desempeña hace más de 30 años como enfermera universitaria en el Hospital Clínico de Magallanes, institución en donde he realizado toda su vida laboral, y en donde siempre fue evaluada con las más altas calificaciones por sus superiores jerárquicos.

Expresa que mediante Resolución Exenta Nro. 5940, de fecha 8 de julio, notificada el día 11 del mismo mes, se le comunicó por parte de la dirección del establecimiento la aplicación de una sanción disciplinaria en mérito de una investigación sumaria administrativa en su contra por un hecho ocurrido en dependencias del servicio de urgencia del hospital. Aclara que no se encontraba en servicio y en circunstancias que concurrió a acompañar a su cónyuge nombre reservado quien estuvo afectado de Covid-19.

Acusa que su empleador pretende hacerle asumir una responsabilidad indefectiblemente funcionaria ante un suceso ocurrido como usuaria particular del centro de salud.

Narra que el día 29 de septiembre de 2020, no encontrándose en servicio, pues estaba con licencia médica, acudió a la Unidad de Emergencia acompañando a su marido como paciente, llegando aproximadamente a las 23 hrs, junto con la ambulancia que lo traslado al recinto hospitalario desde la Clínica Magallanes, recinto en donde se le realizaron exámenes que llevó al Hospital Clínico y aportó como antecedentes. Adiciona que estuvo en el servicio de urgencia hasta las 02:30 Am, por lo que su tiempo de espera fue de unas tres horas aproximadamente y que contando con la autorización de su colega de turno, pudo entrar al box de atención para acompañar a su marido y llevarle algunos elementos personales.

En esas circunstancias, se dirigió hacia la mesa, dónde solo se encontraban el médico y el personal de turno, por cuanto las enfermeras se encontraban en procedimientos técnicos con los pacientes. Reconoce que se sintió molesta ante la falta de información en su calidad de familiar directo de un paciente, pues no se le informó de la espera de resultados de exámenes y del informe del tac de tórax, lo que significó estar cerca de tres horas en la incertidumbre de no conocer dichos resultados. Ante ello, se comunicó con el Dr. nombre reservado, medico de turno, y le dijo que la atención era lenta ya que su marido llevaba de la Clínica Magallanes los TAC de tórax y exámenes de sangre tomados y con diagnóstico de neumonía multifocal por sospecha de Covid 19 y necesidad de soporte en UPC, y menciona que estaba asustada por el riesgo que eso significaba.

Recalca que ante esta falta de información solicitó el ingreso al box, planteada a quien correspondía hacerlo en ese momento y lugar. Niega la recurrente que haya ingresado al box de urgencia sin autorización y manifiesta que no pasó a llevar a nadie.

Argumenta que dada su trayectoria de más de treinta años en el mismo establecimiento conoce la forma y las condiciones en que se trabaja en el servicio de urgencia y que nunca descalificó el trabajo del equipo, ni mucho menos cuestionó el profesionalismo del médico, sólo reclamó por los tiempos de demora en tener contacto del profesional, o personal, con los familiares que esperan con preocupación e incertidumbre lo que ocurre con el paciente. Indica que efectivamente mención a que trabajó en urgencia durante 7 años y en otros servicios del HCM, por lo que conoce el funcionamiento y los tiempos de espera.

Refiere que su larga e impecable trayectoria solo se ha visto empañada con esta injusta acusación, presentada cuando ya se encuentra próxima a culminar sus servicios ya que a mediados del próximo año jubilará del servicio. Plantea que su misma experiencia la llevó a concluir que había demora en la atención de su marido pues, habitualmente el servicio de urgencia tiene la prioridad en procesar los exámenes en forma rápida para que sean evaluados por el médico que los solicitó, y los gases arteriales jamás se demoran tanto tiempo.

Reconoce que estaba molesta y subió el tono de voz, cuestionó la demora en la entrega de información, pero insiste en que ingresó al box de atención con la autorización de la enfermera de turno, y que allí se enteró de que estaban esperando el resultado de los gases arteriales y que de no haber actuado así, probablemente no habría tenido ninguna información. Rechaza haber utilizado expresiones descalificatorias ni mucho menos señaló que todo se hace mal y agrega que nunca se negó a utilizar los elementos de protección personal, pero el estado de preocupación que tenía en ese momento le llevó a olvidar solicitarlos y, por otra parte, tampoco se los ofrecieron. El bolso lo apoyé por un descuido involuntario solamente, en ningún momento quise transgredir los protocolos de urgencia.

Finalmente indica que, después de lo acontecido en el box y haberle entregado el bolso con sus pertenencias a su esposo se retiró del hospital, desconociendo lo que pasó posteriormente.

Declara que no pidió trato privilegiado, que mencionó la experiencia en el contexto de conocer los tiempos que se manejan y afirma que la atención en todo establecimiento de salud debe ser igual para todos, digna y de calidad, por lo que niega rotundamente haber solicitado una atención preferencial a su marido en razón de su calidad funcionaria. Por lo demás, desempeñándose actualmente en una sección distinta del establecimiento, el C.R. Medicina, ni siquiera tiene respecto de sus colegas del servicio de urgencia posición funcionaria alguna que pueda haber tratado de usar indebidamente.

Expone que la sanción disciplinaria impuesta consistente en una anotación de demérito, le causa un perjuicio material evidente puesto que no podrá recibir mejoras remuneracionales que le correspondería recibir a fines del presente año en atención a sus 30 años de servicio en la institución.

Manifiesta que su objeción fundamental a la forma en que se instruyó la investigación sumaria administrativa es la total ausencia de las mínimas garantías procesales durante el desarrollo de la misma. Que es característico de todo procedimiento disciplinario, la necesidad de que el mismo se realice de conformidad con la normativa legal vigente y con irrestricto respeto al derecho de defensa del funcionario afectado por la misma, ello no es más que el reflejo y consecuencia de las garantías constitucionales que la consagran, en especial, la contenida en el Art, 19 N° 3 de la Constitución Política de la República.

El debido proceso en el ámbito administrativo se manifiesta en una doble perspectiva: por una parte, el derecho a defensa que debe ser reconocido como la oportunidad para el afectado de hacer oír sus alegaciones, descargos y pruebas; y, también, como el derecho de exigir de la Administración Pública el cumplimiento previo de un conjunto de actos procedimentales que le permitan conocer con precisión los hechos que se imputan y las disposiciones legales aplicables a los mismos. Igualmente, pertinente resulta, en esta parte, recordar la norma fundamental contenida en el Art. 6° de la Constitución Política de la República, según el cual los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, este es el llamado Principio de Juridicidad, el que debe estar presente en cualquier acto de la administración, como lo es el procedimiento sancionatorio.

La recurrente transcribe íntegramente el comienzo de la formulación de cargos que se efectuó: “VISTOS: Que los antecedentes reunidos en la investigación aparece suficientemente acreditada la responsabilidad funcionaria de la inculpada doña nombre reservado.I RUT reservado, Enfermera Titular grado 12 del C.R. de Medicina del Hospital Clínico Magallanes, por haber ingresado a área restringida la madrugada del día 30 de septiembre en la Unidad de Emergencia, box respiratorio para pacientes Covid-19 positivo, del mismo recinto hospitalario. Invocando cargo y años de trayectoria en el establecimiento, para que su marido tenga atención prioritaria. Incurriendo además en la contaminación de áreas administrativas, sin utilizar Elementos de Protección Personal en contexto de pandemia, siendo Enfermera Universitaria y conociendo los protocolos por su profesión. En relación a las declaraciones incluidas entre las fojas 16 y 49 se formulan en su contra los siguientes cargos:”

Alega que la forma en que se presenta la formulación de cargos adolece, a lo menos, de una grave imprecisión, pues está planteada en términos genéricos, sin señalar cual (es) de los elementos allegados a la investigación fueron los que la llevaron a tener por acreditados los hechos investigados y su responsabilidad en los mismos. No se especifica cómo la fiscal sumariante tuvo por acreditados los hechos, si con la declaración del denunciante, de algún integrante del equipo médico o mediante alguna acción indagatoria de otra naturaleza que no se da a conocer. Lo que es más grave, no hay ninguna referencia a su declaración formulada con fecha 16 de octubre, en que respondió por escrito la totalidad de las preguntas formuladas en el marco de la investigación sumaria.

Arguye que lo planteado afecta gravemente su derecho a una adecuada defensa pues, como es lógico, en un procedimiento cuyo trasfondo es una contradicción de versiones, requiere necesariamente conocer con exactitud cuáles son las acusaciones que se le hacen y sus fundamentos. Asimismo reclama que los cargos formulados con los números 1 y 2, son idénticos:

1.- CARGO PRIMERO: “Haber vulnerado el artículo 61 del Estatuto Administrativo que señala: Serán obligaciones de cada funcionario G) Observar estrictamente el principio de probidad administrativa, que implica una conducta funcionaria moralmente intachable y una entrega honesta y leal al desempeño de su cargo, con preeminencia del interés público sobre el privado.

2.- CARGO SEGUNDO: “Haber infringido la ley 18.575 en su artículo 54 que señala: Las autoridades de la administración del estado, cualquiera que sea la denominación con que las designen la Constitución y las leyes, y los funcionarios de la Administración Pública, sean de planta o a contrata, deberán dar estricto cumplimiento al principio de la probidad administrativa. El principio de la probidad administrativa consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular. Su inobservancia acarreará las responsabilidades y sanciones que determinen la Constitución, las leyes y el Párrafo 4 de este Título, en su caso.”

Además, los cargos citados no señalan la forma en que se infringieron las normas señaladas, pues no hacen referencia a hechos o actos y si bien se encuentran contenidas en leyes distintas, ambas disposiciones son sustancialmente idénticas, por lo que vulnera el principio general del derecho “Non Bis in Idem” el que, en términos generales, puede definirse como la prohibición de que una persona pueda ser sancionada dos veces por el mismo hecho.

A continuación y refiriéndose a la acción de protección, la recurrente hace mención a que es un requisito indispensable para la procedencia de esta acción la existencia de un acto ilegal o arbitrario y que provoque una situación que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas. En este caso, consiste en instruir una investigación sumaria sin las mínimas garantías procesales para el funcionario afectado, que vulnera el derecho al debido proceso legal. Se debe tener en cuenta que, si bien el constituyente no asigna protección al concepto de debido proceso como tal, a través de la acción de protección, restringiendo la misma, en razón de texto, al art. 19 N°3 inciso cuarto, referido al derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, ha sido la doctrina contemporánea la que amplió la protección a los demás incisos.

Lo anterior ha sido respaldado por la jurisprudencia, la que ha considerado arbitrarias e ilegales las actuaciones de orden interno-administrativo, como lo son las derivadas de Reglamentos o estatutos internos, que supongan una vulneración al juicio justo y racional. En efecto, la falta de garantías procesales mínimas causa una indefensión que vulnera la norma constitucional a que se hace mención.

A nuestro juicio, este último criterio protege de mejor forma el respeto a los derechos que la Constitución garantiza a todas las personas, pues de otro modo, el sujetarse a formalidades puede constituir una excusa para su vulneración. Esta garantía de defensa, además de consagrarse en el art. 19 N°3 de la Carta Fundamental, está garantizada, en específico, por la Convención de Derechos Humanos que es ley de la República.

La recurrente narra que hizo presente en dos oportunidades las graves infracciones al debido proceso ocurridas durante la investigación sumaria, al responder los cargos formulados, mediante una solicitud de nulidad y, por la misma vía, al plantear una reposición a la aplicación de la sanción. A lo que se respondió en la Resolución recurrida que “Sobre lo planteado por la recurrente Asesoría Jurídica se pronuncia en memorándum Nro. 3-20, citando jurisprudencia administrativa, pero estima la recurrente que yerra el instructor sumariante en su apreciación pues, en las alegaciones oportunamente presentadas -en dos oportunidades- se cumple cabalmente con lo que requiere la CGR puesto que se describen cabalmente las infracciones procesales cometidas en ambas oportunidades.

Añade que la decisión tomada por el director del Hospital Clínico de Magallanes, vulnera el art. 19 N° 24 inciso primero de la CPR, que garantiza “El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales”, norma que no distingue entre bienes corporales e incorporales, tal y como los define el art. 583 del Código Civil que preceptúa que, sobre bienes incorporales hay, también una especie de propiedad.

Con el mérito de lo expuesto, y conforme a las normas que cita pide tener por interpuesto recurso de protección en contra de HOSPITAL DOCTOR LAUTARO NAVARRO AVARIA, representada por don nombre reservado, ambos ya individualizados someterlo a tramitación y resolver, en definitiva que los actos de la recurrida son arbitrarios e ilegales y que afectan gravemente la garantía constitucional del Art. 19 N° 3 y 24 de la Constitución Política de la República y, en consecuencia, ordene restablecer el imperio del derecho, ordenando dejar sin efecto la sanción disciplinaria impuesta en la resolución que por esta vía se impugna.

nombre reservado, evacua informe con fecha 27 de agosto en representación del HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES “DR. LAUTARO nombre reservado” DE PUNTA ARENAS.

Reseña en primer lugar la acción de autos y los argumentos de la recurrente para luego indicar los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que a su juicio sustentan el rechazo del recurso de protección.

Relata que con fecha 30 de septiembre de 2020, el Médico Jefe del Centro de Responsabilidad Unidad de Emergencia Hospitalaria (CR. UEH) del Hospital Clínico de Magallanes, Dr. nombre reservado, informa por correo electrónico al Director del Hospital, situación comunicada por el Dr. nombre reservado, consisten en que durante el turno de la noche del día 29 de septiembre de 2020, a las 01:00 AM ingresa paciente de iniciales POL, derivado desde la Clínica Magallanes con diagnóstico de Neumonía sospecha COVID19, quien ingresa en buenas condiciones y estable. En ese momento se encontraban con 4 pacientes pendientes por ingresar a hospitalizar por compromiso respiratorio, por lo cual el paciente es conectado a monitor y se mantiene apoyo de oxígeno suplementario manteniendo signos vitales normales. Aproximadamente a los 20-30 minutos de su llegada evalúa al paciente y solicita exámenes para completar evaluación con gasometría arterial (paciente ya contaba con TAC de tórax y exámenes venosos de la Clínica). Durante la espera en su atención, el paciente realiza llamada desde su celular al parecer a su esposa (pese a la prohibición de usar celular durante la atención) en la cual se queja de la atención refiriendo que “lo dejamos tirado en una camilla y no hacíamos nada”, entre otras expresiones inadecuadas e improperios. Hasta ese momento, relata el Dr. del Solar, no había conversado con familiares ya que estaban esperando resultados de exámenes para dar información completa.

Cerca de 1 hora y 30 minutos desde el ingreso del paciente, en sala de espera su esposa insiste en pasar a box de atención, a quien finalmente dejan ingresar con la excusa de venir a dejar ropa a paciente. Al llegar al sector de atención de urgencias respiratorias, familiar (quien resulta ser enfermera del Servicio de Medicina nombre reservado) se presenta diciendo que es funcionaria con más de 30 años de servicio en nuestro hospital y que por lo tanto no podía ser posible que estuviera más de 3 horas esperando en sala de espera (siendo que paciente había ingresado hace tan solo 1 hora y media). Acto seguido, alzando la voz comienza a reclamar al hospital a personal que la atención era demasiado lenta y que todo se hacía mal en esta urgencia, ante lo cual la encaró y le dijo que canalizara sus inquietudes hacia mí para que el personal pudiese continuar con su trabajo.

El profesional médico, indica que intentó explicar la situación a la esposa, y que viera a su alrededor lo colapsado que se encontraban, pero persiste con mismo tono de voz e insiste en apuntar nuestro “mal trabajo”, por lo cual le solicitó que si tiene problemas con nuestra atención deje su reclamo formal como corresponde y que se retire a sala de espera para poder continuar nuestro trabajo. Continúa con la misma actitud e incluso apoya bolso con la ropa de paciente en nuestro mesón de atención (contaminándolo) y se niega a vestir EPP para acercar a despedirse de paciente, violando los protocolos. Finalmente se retira a sala de espera, y al llegar los resultados de exámenes llamo a sala de espera para comunicar información de paciente, pero familiar ya se había retirado.

En vista de los problemas que se generaron, el profesional indica que escribe este correo para dejar constancia y esclarecer lo ocurrido Una vez que la Dirección del hospital toma conocimiento de este suceso procede a verificar si la persona aludida era funcionaria del Establecimiento, constatando que así era. Procediendo, por medio de la Resolución Exenta N° 8.374 de 14 de octubre de 2020, a disponer la instrucción de una investigación sumaria, con el objeto de determinar la responsabilidad funcionaria si procediere, por parte de la E.U. nombre reservado, quien haciendo uso de su cargo habría ingresado al CR. UEH para acompañar a su esposo, incumplimiento los protocolos de prevención de contagio de COVID19 del Hospital.

Se designó como investigadora a la Dra. nombre reservado, Cirujano Dentista, quien aceptó la designación y constituyó la fiscalía. La investigadora tomó declaración al Dr. nombre reservado a fojas 19, quien reiteró lo informado y, además, explicó que a la llegada del paciente el sector respiratorio estaba lleno con sus 7 camas ocupadas, dada la demanda se habilitaron otros box en el sector de pediatría para atención de patología respiratoria, cuyas camas también estaban ocupadas. Dentro de los pacientes que eran atendidos 4 requerían hospitalización por compromiso respiratorio y 1 necesitaba coordinar su ingreso a UCM para monitorización y soporte con cánula nasal de alto flujo. Respecto a los tiempos de espera del paciente, señala que a su llegada inmediatamente es acomodado en una camilla, controlado sus signos vitales, conectado a un monitor y apoyo con oxígeno suplementario, mientras realizaba una rápida evaluación primaria a los pies de la camilla. A los 20-30 minutos de su llegada realiza evaluación completa con sus EPP, con anamnesis detallada y examen físico completo. Entre 60 a 90 minutos de su llegada se toman exámenes, cuyos resultados debía evaluar para completar la atención y determinar en qué unidad quedaría hospitalizado. Al ser preguntado, si doña nombre reservado mencionó su cargo, grado y/o antigüedad en la institución, responde que sí. Asimismo, reitera que no respetó los protocolos establecidos en la unidad, que se negó a vestir EPP y que contaminó el mesón al apoyar el bolso en que traía ropa del paciente. Sin embargo, en relación a esto último señala, que en su impresión ello no fue a propósito, sino que no se habría dado cuenta y que cree que en su actitud tuvo que ver los comentarios que le dijo su marido mediante llamada telefónica. Finalmente, declara que afortunadamente dicho episodio no interfirió en la atención de los demás consultantes, pero si tuvo un impacto emocionalmente desgastante en nuestro equipo.

A fojas 27 la investigadora toma declaración a doña nombre reservado, quien declara que efectivamente ingresó a box de atención previa autorización de su colega, una vez en la unidad se dirige a mesón donde se encontraba el médico y el personal de turno, que se sentía molesta de ver que le podían haber informado que estaban a la espera de exámenes y sentirse tranquila. Declara que sí hizo mención a que trabajó en urgencia 7 años y en otros servicios y que conoce el funcionamiento y tiempos de espera, que estaba molesta y subió el tono de voz, cuestionó la demora en la entrega de información. Agrega que no se negó a utilizar EPP sino que con la preocupación olvidó solicitarlos y tampoco se los ofrecieron y que el bolso lo apoyó por olvido.

A fojas 46 declara doña nombre reservado, Enfermera del CR. UEH, quien estaba esa noche trabajando y presenció la atención del usuario, quien corrobora que al momento del ingreso del paciente se encontraban 4 pacientes a la espera de hospitalización, que doña nombre reservado hace mención a su cargo y antigüedad, alzó la voz refiriéndose a la lentitud y mal desempeño de la unidad. Señala la testigo que, al momento en que ingresó doña nombre reservado a la unidad del paciente se le ofrecieron los Elementos de Protección Personal (EPP), lo cual hace caso omiso. Relata que, mientras se encontraba en el sector respiratorio se acerca muy cerca al mesón donde se encontraban, por lo que le piden que mantenga distancia ya que su marido ingresa como sospecha de COVID19, ante lo cual hace caso omiso y coloca el bolso con ropa de su marido encima del mesón donde realizamos todo lo administrativo y se encuentra el computador. Ante la pregunta, si lo ocurrido interfirió en la atención del resto de los consultantes, responde que por supuesto, los demás pacientes se dieron cuenta del hecho y la incomodidad del personal, por lo que estaba ocurriendo.

A fojas 15 la investigadora incorpora listado de anotaciones de mérito y de demérito de doña nombre reservado; a fojas 31 solicita registro grabaciones de vigilancia del servicio, con los cuales no se contaba conforme fojas 33; a fojas 35 solicita listado de licencias médicas, calificaciones y procedimientos disciplinarios previos; a fojas 41 la investigadora recibe nómina de funcionarios de turno la noche del 29 de septiembre de 2021, y normas vigentes sobre uso de EPP en la atención de paciente COVID.

A fojas 42 consta correo electrónico de Enfermera Supervisora del CR. UEH, doña nombre reservado, quien informa que “para el caso de acceso de familiares al sector covid, este se mantiene restringido igual que en otros sectores del Hospital. Lo anterior no aplica para el caso de niños, situaciones especiales o frente a la solicitud del médico para la entrega de información. En este último caso los familiares no ingresan al área de atención sino que son atendidos en el pasillo del sector (frente a box de Reanimación).”

A fojas 50 a 67 se incorpora documento denominado “Prácticas para la Prevención de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud. Norma Precauciones Estandar”, de la Unidad de Prevención y Control de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud del Hospital Clínico de Magallanes; y a fojas 68 a 79 se incorpora Circular C37 Nº1 de 18 de marzo de 2020, de la Subsecretaria de Redes Asistenciales, sobre “Protocolo de Referencia para Correcto Uso de Equipo de Protección Personal en Pacientes Sospechosos o Confirmados de COVID-19”.

A fojas 80 la investigadora declara el cierre de la etapa indagatoria, y a fojas 81 formula cargos a doña nombre reservado: “por haber ingresado a área restringida la madrugada del día 30 de septiembre en la Unidad de emergencia, box respiratorio para pacientes Covid-19 positivo, del mismo recinto hospitalario, invocando cargo y años de trayectoria en el establecimiento, para que su marido tenga atención prioritaria, incurriendo además en la contaminación de áreas administrativas, sin utilizar Elementos de Protección Personal en contexto de pandemia, siendo Enfermera Universitaria y conociendo los protocolos por su profesión.”

Que, lo anterior “en relación a las declaraciones incluidas entre fojas 16 a 49”, transgrede las obligaciones funcionarias previstas en el art. 61 letra g) de la Ley 18.834, observar estrictamente el principio de probidad administrativa; art. 54 de la Ley 18.575, que impone a los funcionarios públicos el deber de dar estricto cumplimiento al principio de la probidad administrativa y la define; y, el 64 N° 2 de la Ley 18.575 que señala que contravienen especialmente el principio de la probidad administrativa, el hacer valer indebidamente la posición funcionaria para influir sobre una persona con el objeto de conseguir un beneficio directo o indirecto para sí o para un tercero.

A fojas 86 consta notificación de los cargos por correo electrónico, del cual acusó recibo la inculpada con fecha 31 de octubre de 2020.

A fojas 89 y siguientes consta escrito de nulidad de procedimiento disciplinario por falta de requisitos de los cargos y presentación de descargos, de fecha 2 de noviembre de 2020, en los cuales doña nombre reservado reitera lo declarado a fojas 27 del expediente.

A fojas 97 la investigadora emite su Vista Final, señalando que vistos los antecedentes obtenidos en la investigación sumaria y considerando la irreprochable conducta anterior de la inculpada, el encontrarse con licencia médica desde el 27 de abril de 2020 a la fecha, la antigüedad en el cargo desde el año 1990, con calificaciones de distinción, el estado de ansiedad por el estado de salud de su marido en contexto de Pandemia, y que la funcionaria en su declaración admite encontrarse molesta y por esta razón haber subido el tono de voz, junto con cuestionar los tiempos de atención, que admite haber hecho mención a su calidad de funcionaria y a su experiencia en 30 años de servicio, que ingresa a box de atención para pacientes COVID positivo sin utilizar Elementos de Protección Personal, y la gravedad del hecho de contaminar área administrativo siendo Enfermera de profesión, propone que, dado el nivel de gravedad relacionada con la falta cometida, aplicar a doña nombre reservado, funcionaria del CR. Medicina del Hospital Clínico de Magallanes, la medida disciplinaria de censura.

A fojas 99, consta Memorándum Nº 3 de fecha 5 de enero de 2021, de la Unidad Jurídica del Hospital, informando que, en cuanto a la tramitación del expediente, en general se observa bien tramitado, ordenado cronológicamente; todas las hojas cuentan con foliación en letras y números; todas las actuaciones llevan firma de la investigadora, y se efectuaron los apercibimientos legales correspondientes. Asimismo, en cuanto a los plazos legales para su tramitación si bien esta excedió el plazo legal de 5 días hábiles previsto en el art. 126 de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo, ello no constituye un vicio del procedimiento.

En cuanto a la solicitud de nulidad del procedimiento, se fundamenta en que los cargos adolecerían de una grave imprecisión por estar planteados en términos genéricos sin señalar el o los elementos que llevaron a tener por acreditado los hechos investigados. Al respecto, resulta pertinente puntualizar que la jurisprudencia administrativa, contenida, entre otros, en el dictamen N° 77.982, de 2013, de la Contraloría General de la República, ha concluido que los reproches que se formulen en el sumario deben ser concretos y precisos y, necesariamente, deben describir el detalle de los hechos constitutivos de la faltas que se le atribuyen al inculpado y la forma como ellas han incidido en los deberes que establecen las normas legales que se vulneraron, de modo que se les permita asumir adecuadamente su defensa y, a su vez, el servicio pueda fundadamente determinar, si fuere procedente, la aplicación de la medida disciplinaria que en derecho corresponda. Pues bien, del estudio del expediente se desprende que la referida acusación realizada en contra de la inculpada reúne los presupuestos enunciados, ya que en ella se describe pormenorizadamente la conducta y las obligaciones funcionarias transgredidas, así como la normativa vulnerada. Además, es del caso advertir que aparece de forma manifiesta el cabal conocimiento que la afectada tuvo de las infracciones que se le atribuyeron, al presentar las distintas alegaciones y defensas en las instancias que franquea el ordenamiento jurídico.

Luego, la Dirección del Hospital emite la Resolución Exenta Nº 593 de 19 de enero de 2021, rolante a fojas 101, que aplica a doña nombre reservado, la medida disciplinaria de censura, la cual indica en sus considerando expresamente que se aplica: “por haber ingresado a área restringida la madrugada del día 30 de septiembre en la Unidad de emergencia, box respiratorio para pacientes Covid-19 positivo, del mismo recinto hospitalario, invocando cargo y años de trayectoria en el establecimiento, para que su marido tenga atención prioritaria, incurriendo además en la contaminación de áreas administrativas, sin utilizar Elementos de Protección Personal en contexto de pandemia, siendo Enfermera Universitaria y conociendo los protocolos por su profesión.”, transgrediendo con ello, las obligaciones funcionarias previstas en el art. 61 letra g) de la Ley 18.834, observar estrictamente el principio de probidad administrativa; art. 54 de la Ley 18.575, que impone a los funcionarios públicos el deber de dar estricto cumplimiento al principio de la probidad administrativa y la define; y, el 64 N° 2 de la Ley 18.575 que señala que contravienen especialmente el principio de la probidad administrativa, el hacer valer indebidamente la posición funcionaria para influir sobre una persona con el objeto de conseguir un beneficio directo o indirecto para sí o para un tercero.” Y considerando como elementos atenuantes en la ponderación de la sanción: “que la funcionaria reconoce los hechos imputados, pero considerando que fue un hecho causado por el estado ansioso en que se encontraba, sin intencionalidad de producir daño o menoscabo al personal y/o institución, su hoja de vida funcionaria que muestra un excelente desempeño, anotaciones de mérito, y dado el nivel de gravedad relacionado a la falta.” Dando cuenta de que se valoró no solo la declaración de la inculpada a fojas 27, sino que, además, los antecedentes aportados en sus descargos.

A fojas 105, obra presentación de fecha 27 de abril de 2021, de doña nombre reservado, en que solicita la nulidad de todo lo obrado con respecto a la investigación sumaria instruida por Resolución Exenta N°8.374 de 14 de octubre de 2020, y en subsidio, interpone recurso de reposición en contra de la Resolución Exenta N°593 de fecha 19 de enero de 2021, que le aplicó la medida disciplinaria de censura. Acompañando al efecto, certificado de relación de servicios, listado de méritos y deméritos, listado de calificaciones, certificado médico de su marido, informe de alta de su marido y 3 licencias médicas correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre de 2020.

El referido documento fue informado por medio de Memorándum Nº 148 de 23 de julio de 2021 de la Unidad Jurídica del Hospital, observando primeramente, que con fecha 21 de abril de 2021, se habría notificado a la funcionaria sobre la aplicación de la medida disciplinaria de censura contenida en la Resolución Exenta N°593 de 2021, presentando su solicitud de nulidad y reposición con fecha 27 de abril de 2021, no estando dentro del plazo dispuesto en el artículo 126 inciso penúltimo de la Ley 18.834 (Estatuto Administrativo), que concede un término de dos días para la interposición de este recurso, al tratarse de una investigación sumaria. No obstante, se observa, tanto en la resolución que aplicó la sanción como en el acta de notificación, que se concedió a la inculpada el plazo de 5 días hábiles, haciéndose alusión errónea al artículo 141 del cuerpo legal antes citada, lo que habría inducido a error a la recurrente presentando legalmente fuera de plazo su recurso. Sin embargo, en razón de lo expuesto y lo que se concluirá en el presente informe, se analizará la presentación de la recurrente, a fin de emitir un pronunciamiento sobre el fondo de lo discutido.

“a.- Nulidad del procedimiento disciplinario. Solicita la recurrente la nulidad de todo lo obrado, al haberse transgredido su derecho a defensa, ya que como señaló en sus descargos, los cargos serían imprecisos, genéricos, no se señalarían los elementos allegados a la investigación que llevaron a tener por acreditado los hechos.

Que de dicha solicitud no se habría mencionado la resolución acogiéndolo o rechazándolo, lo que constituiría según su opinión, una grave falta. Que sobre lo planteado por la recurrente, esta Asesoría se pronunció en memorándum N°3-2021, señalando que: “Al respecto, resulta pertinente puntualizar que la jurisprudencia administrativa, contenida, entre otros, en el dictamen N° 77.982, de 2013, de la Contraloría General de la República, ha concluido que los reproches que se formulen en el sumario deben ser concretos y precisos y, necesariamente, deben describir el detalle de los hechos constitutivos de la faltas que se le atribuyen al inculpado y la forma como ellas han incidido en los deberes que establecen las normas legales que se vulneraron, de modo que se les permita asumir adecuadamente su defensa y, a su vez, el servicio pueda fundadamente determinar, si fuere procedente, la aplicación de la medida disciplinaria que en derecho corresponda.

Pues bien, del estudio del expediente se desprende que la referida acusación realizada en contra de la inculpada reúne los presupuestos enunciados, ya que en ella se describe pormenorizadamente la conducta y las obligaciones funcionarias transgredidas, así como la normativa vulnerada. Además, es del caso advertir que aparece de forma manifiesta el cabal conocimiento que la afectada tuvo de las infracciones que se le atribuyeron, al presentar las distintas alegaciones y defensas en las instancias que franquea el ordenamiento jurídico.”

Que, por lo anterior, y dado que no se agrega ningún nuevo antecedente a analizar, se reitera lo ya señalado anteriormente, recomendando el rechazo de la solicitud de nulidad de todo lo obrado, por cuanto no se observa un vicio esencial o que tenga influencia decisiva en el resultado de la investigación, como para aplicar tal medida, conforme dispone el artículo 144 de la Ley N°18.834 y artículo 13 de la Ley N°19.880.

b.- Recurso de reposición. Que, en gran parte de su recurso la inculpada reitera lo ya expuesto en sus descargos. Criticándole los tiempos de atención, haciendo presente su cargo y sus años de experiencia en el Hospital. Todo lo anterior, sin respetar los protocolos de dicho servicio, reconociendo que omitió utilizar elementos de seguridad para dicha área y apoyando por descuido su bolso, lo que contaminó dicha área. Sin embargo, niega haber empleado su cargo para recibir una atención privilegiada para su marido.

Que lo reconocido por la recurrente, no varía de lo concluido en el informe final de la investigadora ni en la resolución recurrida, lo cual es compartido por este Asesor, ya que si bien lo niega, en los hechos, de los antecedentes indagados y reconocidos por la propia inculpada, ingresó al área de urgencia sin respetar los protocolos que por su profesión debió conocer, alzando la voz y cuestionado la celeridad del servicio entregado, manifestando su calidad de funcionario del Hospital y sus años de servicio, desconociendo toda medida implementada en este centro de salud y en la Unidad de Emergencias dado el especial contexto sanitario actual producto del Covid-19, lo cual resulta impropio para un funcionario público. Que, en opinión de este Asesor, dicha situación constituye una búsqueda de atención preferencial para su familiar, ya que no corresponde al comportamiento normal de un usuario, el cual por lo demás, autorizaría al personal a solicitar la asistencia de personal de seguridad.”

En este orden, por Resolución Exenta Nº 5.940 de 8 de julio de 2021, la Dirección del Hospital resuelve no ha lugar al recurso de reposición de deducido por doña nombre reservado, en contra de la Resolución Exenta Nº 593 de 2021, que aplica la medida disciplinaria de censura. Siendo notificada personalmente a la inculpada con fecha 12 de julio de 2021.

Respecto a la formulación de cargos, y el supuesto hecho vulneratorio señalar la recurrida que de la sola lectura de la Formulación de Cargos, de fojas 81 y 82 del expediente - que se acompaña en el otrosí de este informe - , queda claramente establecido que los hechos por los cuales se le formula cargo, se fundamenta en “los antecedentes reunidos en la investigación” y, particularmente, como dice la investigadora “En relación a las declaraciones incluidas entre las fojas 16 a 49”. Entre las cuales se encuentra la declaración de doña nombre reservado a fojas 27.

En consecuencia, no existe un motivo razonable para sostener que no se habría señalado los elementos que la investigadora tuvo en consideración al tiempo de efectuar la formulación de cargos cuestionada o que no se haya tenido en cuenta la declaración de la inculpada.

A mayor abundamiento, tanto en la vista fiscal como en la Resolución Exenta Nº 593 de 2021, hay mención expresa a que se tuvo en cuenta su declaración, tanto para dar por acreditada la conducta reprochada como para considerar sus defensas como circunstancias atenuantes de la responsabilidad administrativa y teniendo en cuenta el contexto, circunstancia del caso e historia funcionaria de la recurrente, se aplica la menor de las medidas disciplinarias que contempla en Estatuto Administrativo, esto es, una Censura, consistente en la reprensión por escrito que se hace al funcionario, de la cual se dejará constancia en su hoja de vida, mediante una anotación de demérito de dos puntos en el factor de calificación correspondiente.

En este mismo orden, en relación a que a la recurrente habría sido sancionada dos veces por la misma conducta, infringiéndose en consecuencia el principio de “Non Bis In Ídem”, debemos ser enfáticos en señalar que ello no es efectivo.

En efecto, la Resolución Exenta Nº 593 de 2021, sanciona a la recurrente por una única conducta: “haber ingresado a área restringida la madrugada del día 30 de septiembre en la Unidad de emergencia, box respiratorio para pacientes Covid-19 positivo, del mismo recinto hospitalario, invocando cargo y años de trayectoria en el establecimiento, para que su marido tenga atención prioritaria, incurriendo además en la contaminación de áreas administrativas, sin utilizar Elementos de Protección Personal en contexto de pandemia, siendo Enfermera Universitaria y conociendo los protocolos por su profesión.” Conducta que trasgrede no solo los arts. 61 letra g) de la Ley 18.834 y art. 54 de la Ley 18.575, sino que, además, el 64 N° 2 de la Ley 18.575.

Expresa la recurrida la inexistencia de arbitrariedad e ilegalidad en los hechos que fueron descritos por la recurrente por parte del Hospital Clínico de Magallanes, ni de sus funcionarios, correspondiendo en consecuencia que el recurso sea desestimado. En efecto, conforme al art. 126 del Estatuto Administrativo, la investigación sumaria es un procedimiento fundamentalmente verbal y de lo actuado se levantará un acta general que firmarán los que hayan declarado, sin perjuicio de agregar los documentos probatorios que correspondan, no pudiendo exceder la investigación el plazo de cinco días. Al término del señalado plazo se formularán cargos, si procedieren, debiendo el afectado responder los mismos en un plazo de dos días, a contar de la fecha de notificación de éstos.

Por su parte, la jurisprudencia administrativa de Contraloría General de la República en los dictámenes N° 54.131 de 2007 y 77.982 de 2013, entre otros, ha sostenido que los reproches que se formulen en un sumario deben ser concretos y precisos y, necesariamente, deben describir el detalle de los hechos constitutivos de la faltas que se le atribuyen al inculpado y la forma como ellas han incidido en los deberes que establecen las normas legales que se vulneraron, de modo que se permita asumir adecuadamente su defensa y, a su vez, el servicio pueda fundadamente determinar, si fuere procedente, la aplicación de la medida disciplinaria que en derecho corresponda.

Reitera que la formulación de cargos recurrida reúne todos los presupuestos enunciados, ya que en ella se describe pormenorizadamente la conducta, las obligaciones funcionarias transgredidas, como la normativa vulnerada, y los antecedentes en que se sustenta. Por lo anterior, el actuar de su representada no puede estimarse ilegal, ya que se funda precisamente en disposiciones legales y reglamentarias que regulan su actuar; ni tampoco arbitrario, ya que no obedece a un mero capricho, sino que por el contrario se basa en todo un procedimiento previo en que se investigó la conducta de la recurrente.

En un siguiente punto, alega la ausencia de derechos fundamentales conculcados, refiriendo que la primera de las garantías fundamentales que se sostiene conculcada, por la supuesta falta de precisión de la formulación de cargos al no indicar los elementos de convicción y no hacer mención a la declaración de la recurrente, sería aquella establecida en el Art. 19 Nº 3 de la Constitución Política de la República, referida al Debido Proceso. Destacando que, esta supuesta falta de mención de los elementos de convicción sería grave pues le habría dejado en la indefensión. Sin embargo, como se indicó anteriormente, la recurrente en la investigación sumaria prestó declaración, presentó sus descargos y ejerció el derecho a los recursos previstos en el estatuto administrativo, cuyas alegaciones y defensas fueron analizadas y ponderadas por la investigadora designada y la autoridad que, inclusive, conforme a lo dispuesto en art. 37 de la Ley Nº 19.880, sobre Procedimientos Administrativos, requirió informes jurídicos para una mejor resolución, siendo estos incorporados en los considerandos de cada uno de los actos administrativos debidamente fundamentados.

En cuanto a la segunda garantía constitucional supuestamente infringida con la sanción aplicada, sería la del art. 19 Nº 24, reiterar que a la funcionaria fue sancionada con la menor de las medidas disciplinarias previstas en el Estatuto Administrativo, con una Censura, consistente en un reproche escrito, que en caso alguno acarrea una separación de la institución, como tampoco la aplicación de multas o descuentos remuneracionales, a diferencia de las medidas disciplinarias de Multa, Suspensión del Empleo y Destitución previstas en el art. 121 del Estatuto Administrativo.

Igualmente denuncia la ausencia de privación, perturbación o amenaza alegada, ya que que la recurrente no ha logrado configurar otro de los presupuestos necesarios para la procedencia de la acción, al no haber proporcionado antecedentes suficientes que permitan demostrar que las garantías constitucionales por ella invocadas, se encuentren de algún modo privadas, perturbadas o amenazadas por la conducta de su representada, ya que se fundamenta en supuestos que no serían efectivo.

Finalmente, señala que la acción de protección no es la vía idónea y resulta evidente que la recurrente pretende obtener una revisión de la sanción impuesta por vía jurisdiccional, atacando los presupuestos de la Resolución Exenta Nº 5.940 de 8 de julio de 2021, que rechazó su solicitud de nulidad de todo el procedimiento y recurso de reposición en contra de la Resolución Exenta Nº 593 de 19 de enero de 2021, que le aplicó la medida disciplinaria de censura. Sin embargo, se desprende claramente de los antecedentes allegados al proceso, que dicha resolución fue dictada en el marco de una investigación sumaria tramitada latamente de acuerdo con la normativa vigente y se cumplió con el imperativo de asegurar el derecho al recurso por parte del actor ante los distintos órdenes jerárquicos de la repartición pública.

Plantea que, como ha resuelto esta Iltma. Corte de Apelaciones en casos similares, ingresos Rol 2783- 2019 y 1132-2020 “se advierte que las peticiones formuladas por la recurrente exceden del ámbito de aplicación de esta acción constitucional, toda vez que se pretende, al impugnar la referida resolución, es obtener un nuevo análisis de la prueba rendida en un procedimiento administrativo afinado y una nueva ponderación de la sanción aplicable, es decir situaciones que a todas luces corresponden a pronunciamientos de fondo que se encuentran fuera de la competencia de esta Corte a través de esta acción, tal y como se ha reconocido por nuestra Excma. Corte Suprema, en autos rol 10.203 2010, que dispone: "teniendo en consideración que el control que se ejerce por la presente vía no se encuentra naturalmente destinado a evaluar aspectos de mérito de las actuaciones cumplidas en un sumario administrativo, resulta un planteamiento erróneo del actor intentar que por esta instancia jurisdiccional se revise la investigación y decisión a que se arriba...". Tal como acontece en el presente caso, que por la vía de la acción de protección aduciendo un supuesto vicio de legalidad en la formulación de cargos, se pretende que la Corte entre a conocer del mérito del procedimiento y sanción aplicada por una autoridad administrativa en el ejercicio de sus facultades.

En consecuencia, junto con acompañar documentos que indica, solicita tener por evacuado el informe solicitado respecto del recurso de protección interpuesto en contra del Hospital Clínico de Magallanes, rechazándolo respecto de éste en todas sus partes, con costas.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional para ser ejercitada en un procedimiento de urgencia, informal, inquisitivo, unilateral, breve y concentrado con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

Conforme a su naturaleza y claro objetivo, no genera, en sentido técnico, un juicio ni se persigue con su interposición establecer la responsabilidad civil, penal, infraccional o administrativa del ofensor. Por tanto, no se concibe respecto de una contienda civil entre partes ni da origen a un proceso penal o administrativo, es decir, no se aplica para discutir cuestiones de lato conocimiento respecto de las cuales el legislador ha establecido los procedimientos idóneos para que sean debatidas y resueltas.

SEGUNDO: Que, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos:

a)Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, el hecho calificado como ilegal y arbitrario por la recurrente, lo hace consistir en la decisión de la recurrida de aplicarle una sanción disciplinaria mediante la Resolución Exenta Nro. 5940, de fecha 8 de julio de 2021, que se adoptó en una investigación sumaria a la que reprocha la total ausencia de las mínimas garantías procesales, en especial el derecho a defensa, toda vez que la forma en que se presentó la formulación de cargos adolece, a lo menos, de una grave imprecisión, pues está planteada en términos genéricos, sin señalar cuál de los elementos allegados a la investigación fueron los que llevaron a la Fiscal a tener por acreditados los hechos investigados y su responsabilidad en los mismos, lo que afecta las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 N°3, y N°24 atendido que la sanción impuesta implica a su vez una anotación de demérito la que le acarreará perjuicios remuneracionales.

CUARTO: Que, la parte recurrida, solicita el rechazo del recurso, aludiendo el actuar de su representada no puede estimarse ilegal, ya que se funda precisamente en disposiciones legales y reglamentarias que regulan su actuar; ni tampoco arbitrario, ya que no obedece a un mero capricho, sino que por el contrario se basa en todo un procedimiento previo en que se investigó la conducta de la recurrente. En este orden, alega que los cargos formulados a la recurrente reúnen los presupuestos exigidos por las normas, ya que en ellos se describe pormenorizadamente la conducta y las obligaciones funcionarias transgredidas, así como la normativa vulnerada. Además, es del caso advertir que aparece de forma manifiesta el cabal conocimiento que la afectada tuvo de las infracciones que se le atribuyeron, al presentar las distintas alegaciones y defensas en las instancias que franquea el ordenamiento jurídico, además, los hechos por los cuales se le formularon los cargos, se fundamentaron en los antecedentes reunidos en la investigación y, particularmente, en las declaraciones de testigos que transcribe.

QUINTO: Que, de acuerdo con la naturaleza y claro objetivo de la acción interpuesta, de emergencia y cautelar de derechos preexistentes e indubitados, lo solicitado por la actora en su libelo excede su marco, toda vez al impugnar la referida resolución sancionatoria y la tramitación del procedimiento sumarial previo en el que se sustenta, se pretende obtener un nuevo análisis de la prueba rendida en la que se sustentó la formulación de los cargos en un procedimiento administrativo afinado, y una nueva ponderación de la sanción aplicable como si se tratara de un recurso de apelación, en circunstancias que estos son asuntos que son propios de pronunciamientos de fondo que se encuentran fuera de la competencia de esta Corte a través de esta acción, teniendo en cuenta que el control que se ejerce por la presente vía no se encuentra naturalmente destinado a evaluar aspectos de mérito de las actuaciones cumplidas en un sumario administrativo, tal como lo ha indicado la Excma. Corte Suprema, en los autos rol 10.203-2010, SEXTO: Que, impide igualmente acoger la acción constitucional interpuesta que no se vislumbra la vulneración de garantías fundamentales, en particular, respecto de la infracción al justo proceso del artículo 19 Nº 3, ya que aquella no se encuentra amparada por la acción constitucional en la variante alegada por la actora, sino únicamente respecto de la prohibición de ser juzgado por una comisión especial. Igualmente, no se divisa vulneración a la garantía del artículo 19 N°24 ya que las eventuales mejoras remuneracionales a que alude en relación con un posible beneficio al jubilarse solo constituyen una mera expectativa y no se encuentran ingresadas a su patrimonio como si se tratara de un derecho incluido en el estipendio propio del cargo que detenta.

Por estas consideraciones, y teniendo presente lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política del Estado, y por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo de esta clase de recursos, de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, en contra del Director del Hospital Clínico de Magallanes DR. Lautaro Navarro Avaria, don nombre reservado, todos ya individualizados.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la abogada integrante Sra. Carmen González Mundaca.

Rol Nº 992-2021. Protección.