Protección contra Superintendencia de Seguridad Social

nombre reservado, catorce de abril de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece ante esta Corte de Apelaciones nombre reservado, RUT NUM000, trabajadora de cocina dependiente de la Fuerza Aérea de Chile, domiciliada en domicilio reservado, nombre reservado, quien interpone dos acciones de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), representada por su Superintendenta, ambas con domicilio en domicilio reservado, nombre reservado, solicitando se declare que la recurrida ha actuado ilegal y arbitrariamente al rechazar las licencias médicas N°NUM001 y N°NUM002, lo cual importaría una privación, perturbación y amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 N°1 y N°4 de la Constitución Política de la República.

Funda sus acciones constitucionales en el rechazo de las citadas licencias médicas, ambas extendidas por 30 días, la primera por el período del 29 de octubre al 27 de noviembre de 2025 y la segunda desde el 28 de noviembre al 27 de diciembre de 2025, rechazadas por las respectivas Resoluciones Exentas de la SUSESO por considerar el reposo médico injustificado.

Relata que su hijo menor nombre reservado fue diagnosticado al nacer con Tetralogía de Fallot, cardiopatía congénita grave que requirió cirugía correctora de corazón abierto el 6 de junio de 2025 en el Hospital Luis Calvo Mackenna de Santiago.

Señala que tras la operación los médicos tratantes indicaron que el menor no podía exponerse a ambientes de alta circulación de niños, dado el riesgo de infección postquirúrgica. Relata además que el menor fue diagnosticado con epilepsia y que sufrió un paro cardiorrespiratorio a consecuencia de un cuadro infeccioso respiratorio, requiriendo manejo en UTI. Aduce que paralelamente desarrolló un cuadro severo de estrés postparto, insomnio, pérdida de apetito y angustia constante, siendo evaluada por profesional de salud mental, quien indicó tratamiento psiquiátrico y reposo médico. Agrega que no cuenta con red de apoyo familiar en nombre reservado.

Solicita, en definitiva, se dejen sin efectos las resoluciones que rechazaron las licencias médicas; se ordene el pago de los subsidios correspondientes, declarando que el reposo médico se encontraba debidamente justificado y se disponga que no proceda la restitución de suma alguna a su empleador.

Informa Tomás Garro Gómez, abogado, en representación de la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, solicitando el rechazo de ambas acciones, con costas.

En lo principal de cada presentación, alega la extemporaneidad de las acciones, señalando que la recurrente tenía conocimiento cierto del rechazo de las licencias médicas desde que reclamó de ellos ante la SUSESO con fechas 5 de diciembre de 2025 y 19 de diciembre de 2025, respectivamente, esto es, con antelación superior a los 30 días corridos que contempla el numeral 1° del Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección.

En subsidio, informa en cuanto al fondo. Señala que la SUSESO estudió los antecedentes médicos del caso por parte de profesionales del Departamento Contencioso, incluyendo médicos psiquiatras de la Unidad Médica, y concluyó en cada instancia que el reposo prescrito no se encontraba médicamente justificado. Sostiene que los informes médicos acompañados no permiten establecer incapacidad laboral más allá de los 90 días de reposo ya autorizados, que no se describen síntomas de gravedad incapacitantes, que no se acredita psicoterapia en curso y que la propia perito psiquiatra designada por la COMPIN concluyó que el reposo no tendría fines terapéuticos en términos de salud mental de la usuaria, sino de orden psicosocial, vinculados al cuidado del hijo menor.

Arguye que no existe actuación ilegal o arbitraria, que los derechos invocados no corresponden a los protegibles por esta acción en materia de licencias médicas —materia propia del derecho a la seguridad social, excluida del artículo 20 de la Constitución—, y que jamás nació el derecho al subsidio por incapacidad laboral al no haberse autorizado las licencias.

Con fecha 30 de marzo de 2026, se declaró admisible el recurso Rol N°139-2026 y, atendido lo dispuesto en el numeral 13 del Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, ordenó su acumulación a la causa Rol N°99-2026.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional de naturaleza cautelar que tiene por objeto evitar las consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales taxativamente señaladas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al afectado.

Para que proceda la acción se requiere: a) la existencia de un acto u omisión imputable al recurrido; b) que dicho acto u omisión sea ilegal o arbitrario; c) que de él se derive una privación, perturbación o amenaza al ejercicio de un derecho indubitado, preexistente y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y d) que se trate de alguna de las garantías protegidas por la vía del artículo 20 de la Carta Fundamental.

SEGUNDO: Que, en el caso de autos, el acto estimado ilegal y arbitrario por la recurrente consiste en el rechazo de las licencias médicas N°NUM001 —extendida por 30 días a contar del 29 de octubre de 2025— y N°NUM002 —extendida por 30 días a contar del 28 de noviembre de 2025—, confirmado mediante las Resoluciones Exentas N°NUM003 de 26 de febrero de 2026 y N°NUM004 de 15 de marzo de 2026, respectivamente, ambas de la SUSESO, que rechazaron los recursos de reconsideración deducidos por la recurrente.

TERCERO: Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad planteada por la recurrida, cabe tener presente que el numeral 1° del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección establece que el plazo fatal de 30 días corridos se cuenta desde la ejecución del acto u omisión supuestamente ilegal o arbitrario, o desde que el afectado tomó conocimiento cierto del mismo. En la especie, la recurrente conocía fehacientemente el rechazo de sus licencias médicas por la COMPIN al haber reclamado ante la SUSESO con fecha 5 de diciembre de 2025 (respecto de la LM N°NUM001) y con fecha 19 de diciembre de 2025 (respecto de la LM N°NUM002), sin embargo, interpuso las presentes acciones los días 3 y 24 de marzo de 2026, respectivamente, computándose así plazos superiores a 30 días desde dicha fecha de conocimiento cierto. Con todo, la Corte Suprema ha resuelto de manera reiterada que cuando la recurrente agota previamente los recursos administrativos disponibles y la resolución final de la autoridad técnica es la que ocasiona o confirma el agravio, el plazo se cuenta desde esa última resolución.

En consecuencia, atendido que las acciones se interpusieron dentro de los 30 días siguientes a las resoluciones definitivas de la SUSESO, se desestimará la alegación de extemporaneidad y se procederá a resolver en cuanto al fondo.

CUARTO: Que, para resolver la controversia planteada, es necesario precisar que el artículo 16 del Decreto Supremo N°3, de 1984, del Ministerio de Salud, establece que la COMPIN o la ISAPRE, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas, reducir o ampliar el período de reposo solicitado, dejándose en todos estos casos constancia de la resolución con los fundamentos tenidos a la vista.

El artículo 21 del mismo cuerpo reglamentario faculta a dichos organismos para disponer de diversas medidas de mejor acierto, incluida la realización de peritajes médicos. Por su parte, el artículo 2°, letra c), y el artículo 3° de la Ley N°16.395, en relación con su artículo 27, confieren a la SUSESO la calidad de autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, con facultad para resolver las reclamaciones de los usuarios en materias de seguridad social dentro del ámbito de su competencia.

QUINTO: Que, de las normas precedentemente señaladas aparece que tanto la COMPIN como la SUSESO se encuentran dotadas legalmente de facultades para pronunciarse fundadamente acerca de la autorización o rechazo de las licencias médicas. En este entendido, esta Corte no se halla en situación de calificar el mérito o pertinencia de las decisiones de dichas entidades desde el punto de vista clínico, debiendo controlar únicamente que tales decisiones se hayan emitido con arreglo a la legalidad vigente y que no aparezcan como carentes de racionalidad o fundamento.

SEXTO: Que, examinados los antecedentes del proceso, consta que ambas licencias médicas fueron evaluadas en múltiples instancias por profesionales médicos competentes.

En el marco del procedimiento administrativo, se realizó un Peritaje Psiquiátrico Online N°NUM005 de fecha 9 de octubre de 2025, por la Dra. nombre reservado, especialista en psiquiatría designada por la Subcomisión Magallanes, quien diagnosticó a la recurrente con Trastorno de Adaptación (F43.3), GAF 80, y concluyó explícitamente que el reposo laboral no tenía fines terapéuticos en términos de salud mental de la usuaria, sino de orden psicosocial, vinculados al estado de salud de su hijo.

Las licencias médicas fueron asimismo revisadas por el Dr. nombre reservado, psiquiatra de la Unidad Médica de la SUSESO, y posteriormente por el Dr. nombre reservado y el Dr. nombre reservado, todos especialistas en psiquiatría, quienes coincidieron en que los antecedentes médicos evaluados —que consignaban tratamiento con escitalopram 10 mg y clotiazepam, sin acreditación de psicoterapia, sin ajustes farmacológicos que den cuenta de agravamiento ni compromiso funcional de intensidad incapacitante— no permitían establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá de los 90 días de reposo ya autorizados previamente.

SÉPTIMO: Que, la resolución impugnada no puede tildarse de ilegal, pues ha sido dictada por el órgano administrativo competente —la SUSESO—, en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley N°16.395, respetando el procedimiento contemplado en el Decreto Supremo N°3, de 1984, y contando con el informe técnico de especialistas en psiquiatría.

Tampoco puede reputarse arbitraria, desde que la decisión de rechazar las licencias médicas se encuentra sustentada en antecedentes médicos concretos, debidamente ponderados, que llevan a concluir que el reposo prescrito carece de rol terapéutico acreditable respecto del estado de salud mental de la propia recurrente, más allá de la comprensible y atendible situación de estrés derivada del cuidado del hijo enfermo. La circunstancia de que la recurrente discrepe de la valoración médica efectuada por los organismos técnicos competentes no basta, por sí sola, para configurar un acto ilegal o arbitrario susceptible de ser corregido por esta vía de emergencia constitucional.

OCTAVO: Que, desde otra perspectiva, cabe tener en cuenta que la materia sobre la cual versa la presente acción dice relación con el derecho a la licencia médica y al consecuente subsidio por incapacidad laboral, que constituyen aspectos específicos del derecho a la seguridad social consagrado en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Dicha garantía no se encuentra contemplada en la enumeración taxativa que efectúa el artículo 20 de la Carta Fundamental para los efectos de la acción de protección, lo que constituye un obstáculo adicional para el acogimiento del recurso. En efecto, el solo otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo no implica el nacimiento de un derecho de propiedad sobre el subsidio por incapacidad laboral, pues para ello se requiere, entre otros requisitos, que la licencia sea previamente autorizada por el organismo administrador competente, lo que en la especie no ocurrió.

NOVENO: Que, en suma, la valoración de los antecedentes que obran en el proceso, apreciados conforme a las reglas de la sana crítica según lo prevé el N°5 del Auto Acordado, permiten descartar la existencia de ilegalidad o arbitrariedad en el proceder de la recurrida. Por el contrario, las decisiones de rechazo de las licencias médicas fueron adoptadas por los órganos administrativos legalmente facultados para ello y cuentan con la debida fundamentación médica y jurídica que permite conocer y comprender el contenido y la motivación de los actos reclamados. No habiéndose configurado ninguno de los presupuestos exigidos por el artículo 20 de la Constitución Política de la República para la procedencia del recurso de protección, las acciones deducidas no pueden prosperar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Carta Fundamental y en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZAN, sin costas, las acciones de protección interpuestas por nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, en los autos Rol N°99-2026 y Rol N°139-2026.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese y archívese oportunamente.

Redacción de la Ministra Suplente Sra. Berta Roxana Salgado Salamé.

Rol Protección N°99-2026 (acumulada Rol N°139-2026). -