Protección contra ORGANIZACIÓN CAMINO A UN SUEÑO

Punta Arenas, diez de diciembre de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Comparece ante esta Corte de Apelaciones doña nombre reservado, chilena, labores, en representación de doña nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, don nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, doña nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, don nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, don nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, don nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, doña nombre reservado, cédula de identidad RUT reservado, doña nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, don nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, don nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, doña nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, don nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, don nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, doña nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, doña nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, don nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, doña nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, doña nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, doña nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado y don nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado.

Los recurrentes deducen acción constitucional de protección de garantías constitucionales en contra de la ORGANIZACIÓN CAMINO A UN SUEÑO (en adelante, e indistintamente “La Organización”), RUT NºRUT reservado, representada conforme a la información que obra en poder de esta parte, por la Sra. nombre reservado, de domicilio para estos efectos en domicilio reservado; en virtud de una serie de actos que los recurridos, por sí mismos, han concurrido en actuaciones ilegales y arbitrarios en el marco de la administración de la Organización Comunitaria Funcional señalada, toda vez que esta organización a través de sus representantes se ha negado constantemente a rendir cuenta sobre administración de los bienes adquiridos en favor de sus miembros y, a sí mismo, son arbitrariamente amenazados de exclusión de la Organización de forma ilegal.

Argumentan que través de estos actos arbitrarios e ilegales, la Organización constantemente ha amenazado, socavado y conculcado reiterativamente, hasta la fecha, las garantías constitucionales de sus representados, la amenaza de exclusión además tiene gravosas consecuencias económicas, por lo que dicha amenaza se corresponderá con un detrimento real y efectivo de sus patrimonios de manera actual.

Arguyen que los hechos que narrarán, son de tal entidad que, en definitiva, amenazan, lesionan y vulneran el legítimo ejercicio de las garantías fundamentales de las que su parte es legítimo titular, a saber: i) la protección de la integridad física y psíquica de la persona; ii) el derecho a la igualdad; iii) el derecho a la propiedad; todos derechos fundamentales que se encuentran consagrados en el artículo 19 N° 1, 2, y 24; respectivamente.

Indican como antecedentes preliminares que la recurrida de autos, Agrupación Camino a un Sueño, Rut Nº RUT reservadorecibe su personalidad jurídica conforme a la normativa legal vigente de la Ley Nº 19.418, sobre “juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias”, debidamente inscrita en la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, que rola en el Registro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro, bajo el Nº 109047.

Refieren que el principal objetivo de la constitución de la organización fue gestionar, para distintas personas con problemas habitacionales, la compra y adquisición de terrenos, en virtud del cual cada participante de la Organización llegaría a ser dueño de un terreno en particular, y así, poder gestionar ya sea personalmente, a través de la organización, con Bienes Nacionales o con la repartición estatal pertinente, la solución habitacional que cada uno precisará.

Informan que la Organización adquirió dos inmuebles, el primero de ellos, correspondiente al terreno Sector Pampa Redonda Hijuela Lote Nº79 (camino a Enap), dicho terreno, era adquirido para ser subdividido entre 45 socios, que abonaron los dineros que eran necesarios para dicha compra, denominado “Terreno 1”. Los recurrentes socios de la misma Organización adquirieron el terreno que se encuentra inscrito a fojas 47 Nº81 del Registro de Propiedad de la ciudad de Punta Arenas, del año 2011, todo esto conforme da cuenta escritura pública de compraventa de fecha 13 de diciembre de 2011, y anotada bajo el repertorio Nº333 6-11, de la Notaría de don nombre reservado, el inmueble denominado el lote número veintiocho a dos, de los siguientes deslindes y dimensiones especiales: LOTE NUMERO VEINTOCHO A DOS: Polígono: I-J-G-F-I.- NORTE, Trazo F-G en ciento dieciséis coma sesenta y tres metros con otros propietarios; SUR, Trazo J-I en ciento doce coma setenta y cinco metros con Lote veintiocho A uno de la presente subdivisión; ORIENTE, Trazo G-J en cuarenta y uno coma cero metros con otros propietarios; y PONIENTE, Trazo I-F en cuarenta y cuatro coma setenta y cinco metros con camino público.- Superficie: cinco mil metros cuadrados. Rol de Avalúo número cinco mil veintisiete guión trescientos setenta y cuatro de la comuna de Punta Arenas, en adelante “TERRENO 2”.

Conforme a lo señalado, y como podrá ver en plano que se acompañará a esta presentación, los terrenos adquiridos, especialmente el Terreno 2 fueron debidamente subdivididos en su oportunidad, lo que era reconocido por cada uno de los socios, y tal como da cuenta el plano acompañado, dichos terrenos tenían su propia subdivisión bajo un número particular, y el nombre del propietario de este, así las cosas, y solo como vía de ejemplo. Conforme a dicho plano el Lote Nº28 A 2-7 tenía una superficie de 181,00 m2 y corresponde a doña nombre reservado, Rut Nº RUT reservado.

Hacen presente que, en su mayoría, los socios de cada uno de los terrenos han pagado un monto especifico a la Organización para la adquisición de sus terrenos, y como acto privado y de la autonomía de la voluntad les obligaba entre socios a respetar dicho acuerdo. Cada socio ha pagado aproximadamente ocho millones de pesos por esas acciones y derechos. Luego agregan que se han suscitado una variedad de complejidades, en cuanto principalmente a dos asuntos en particular: a) La Agrupación a través de sus representantes legales ha querido impedir constantemente y hasta la fecha que sus representados puedan hacer ocupación, uso, cercamiento, o cualquier tipo de intervención sobre el espacio que han acordado previamente destinar para el uso particular de cada uno de los socios del Terreno Nº2; y b) la prohibición constante en contra de sus representados (titulares del terreno 2) de participar de las reuniones, asambleas, decisiones, ser elegidos y votar por los cargos directivos, recibir información acerca de las cuentas de la asociación y otros.

A su parecer, todo esto constituye una actividad ilegal y arbitraria por la que recurrimos para que con un cabal conocimiento de los hechos pueda precaver todas las medidas que sean necesarias para reestablecer el imperio del Derecho.

Identifican como el primer hecho recurrido la prohibición de acceso y uso, con lo anteriormente señalado, y conforme a los libros originales de miembros, mis representados han sido parte de la Organización Camino a Un Sueño desde sus orígenes, y los que se han agregado lo han hecho en virtud del pago que correspondía para hacer uso del Terreno Nº 2, ya individualizado, con anterioridad. Citan el articulo 19 Nº24 de la Constitución Política de la República, en cuanto a la garantía del Derecho a la Propiedad, en este sentido, si bien es efectivo que conforme a la inscripción de dominio vigente en lo externo se trata de la Organización la titular de los bienes comentados, no se puede desconocer que cada uno de sus representados goza de su derecho a propiedad, a lo menos, en cuanto este le ha sido garantizado individualmente sobre una porción de terreno señalado por acuerdo interno en la Organización, y además las acciones y derechos de participar de la Organización, que es obvio para esta parte es un derecho que es susceptible de ser avaluado económicamente. Para un mayor entendimiento, el acuerdo que la Organización habría adoptado para con sus representados, y no obstante dar cuenta de ello en los planos de subdivisión, era la siguiente extensión para cada uno de sus representados Argumentan que son titulares de las acciones y derechos que le corresponden en la Organización y además los que le corresponden por el acuerdo de voluntades sobre los terrenos recién señalados. Así también lo entendía, por ejemplo la Corte Suprema, al señalar: “(...) Sobre los derechos o bienes incorporales existe también el derecho de propiedad, aunque la ley lo expresa diciendo “una especie de propiedad” para no identificarlo con el derecho de propiedad de las cosas corporales, por tratarse de un derecho de propiedad de clase o calidad distinta (...) resulta indudable que esta especie o clase de propiedad sobre los derechos incorporales también se encuentra protegida por el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución” (citado por Cea 2004:527-28, de considerandos 2º y 3º de la sentencia de la Corte Suprema del 6 de abril de 1989, en Fallos del Mes, nº 365, p. 126). Luego, el Tribunal Constitucional, en su sentencia rol 207, considerando 54, del 10 de febrero de 1995, ha dicho: “resulta evidente que los derechos que los dueños de las acciones que gozan de la preferencia para acordar que no se les reparta dividendos y que las sumas que les hubieren correspondido se capitalice (...) constituyen un bien incorporal, cuya propiedad se encuentra asegurada por la Constitución”.

Agregan lo que dispone nuestro Constituyente y que a su vez también es indiscutido en nuestra legislación, a saber, que el derecho de propiedad incluye en sí mismo el de usar, gozar y disponer (agregando incluso algunos el de Administrar). En la especie, estas facultades y características propias del dominio no se logran verificar en los hechos, ya que sus representados han sido impedidos de ni siquiera poder servirse de la propiedad en ningún aspecto. Lo que no sólo es contrario al acuerdo que la Organización tenía previamente, sino que además contraria al espíritu general de nuestra legislación en esta materia, impidiendo de forma genérica la libre circulación de los bienes, y dejándoles en un sentido “fuera de la circulación comercial”.

Estos hechos se han verificado en reiteradas oportunidades, y con distintos miembros titulares del Terreno Nº2, así no obstante esta ser una amenaza constante y actual, a continuación, se dan a conocer vía de ejemplo, que en el mes de junio de 2018 algunos de sus representados fueron a conversar a la Dirección de Obras Municipales de la ciudad, para ver las posibilidades de agilizar las subdivisiones del Terreno Nº2, cuya respuesta fue positiva por tratarse de una zona de extensión urbana. Dicho departamento, explicó cuáles eran las vías más idóneas para conseguir dicho fin. Estas tareas llevadas a efecto les hacen contratar tanto a un topógrafo Sr. nombre reservado y consultar gestiones la con arquitecto Sra. nombre reservado; habiendo determinado la factibilidad y los valores para realizar dichos trabajos, en el mes de julio de 2018, la presidenta de la Organización, solicita directamente a la arquitecta finalizar su trabajo de subdivisión del Terreno Nº2 y siendo enfáticos en que no podían realizar trabajos en el terreno porque esto “afectaría a los demás socios”. Así mismo, individualmente los miembros de la organización y titulares del Terreno N°2, han insistido constantemente que se les permita, cercar, construir y todo esto les ha sido impedido, y prohibido por parte de la actual directiva, reiterando la misma argumentativa de una supuesta “afectación” a los demás socios.

Indican que se encuentran en un estado de total incertidumbre, toda vez que ignoran la real situación de su terreno, y la verdadera razón por la que la “Directiva” ha impedido tan enérgicamente y repetidamente en el tiempo su posibilidad de hacer uso de los bienes que les son propios, actos gravosos que se mantienen hasta la actualidad.

A mayor abundamiento, a sus representados no se les ha dado cuenta clara respecto a las cuentas de la asociación, ignorando el estado actual de las cosas, y cada uno de sus representados teme que por la negligente administración de la Organización se vean expuestos a perder sus terrenos que con tanto esfuerzo y dedicación han intentado obtener.

Plantean, como segundo hecho recurrido, la prohibición de participación, plantea la garantía de igualdad ante la ley, por lo que es interesante notar que la ley dispone de forma expresa la prohibición del establecimiento de diferencias arbitrarias, el que por definición del diccionario de la Real Academia Española, lo define como: “Sujeto a la libre voluntad o al capricho antes que a la ley o a la razón.” A su vez, el profesor Cea, ya citado con anterioridad, lo define como el acto o proceder contrario a la justicia o a la razón, infundado o desproporcionado en relación con los fines perseguidos para la consecución de un objetivo lícito y determinado.

En ese mismo sentido se ha pronunciado nuestro Tribunal Constitucional que dispone: “El principio de igualdad significa, como lo ha sostenido la Corte Suprema y este Tribunal en el Rol 53, que las normas jurídicas deben ser iguales para todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias y, como consecuencialmente, diversas para aquellas que se encuentren en situaciones diferentes. Por discriminación arbitraria se ha entendido siempre una diferencia irracional o contraria al bien común.” (STC, de 6 de diciembre de 1994, rol 203, considerando 11).

Lo dicho hasta ahora resulta del todo aplicable a los recurridos, toda vez que, de forma irracional, injustificada han negado, reiteradamente, el derecho a participar y a ser informado que cada socio que representa tiene, y que en la especie ha visto vulnerado.

Hacen presente que la Ley que regula a la recurrida se trata en específico de la Ley Nº 19.418 que Establece Normas Sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias, y que respecto a esta materia regula en el artículo Nº11 de dicha normativa lo que sigue: Artículo 11.- Los miembros de las juntas de vecinos y de las demás organizaciones comunitarias tendrán los siguientes derechos: a) Participar en las asambleas que se lleven a efecto, con derecho a voz y voto. El voto será unipersonal e indelegable; b) Elegir y poder ser elegido en los cargos representativos de la organización; c) Presentar cualquier iniciativa, proyecto o proposición de estudio al directorio. Si esta iniciativa es patrocinada por el diez por ciento de los afiliados, a lo menos, el directorio deberá someterla a la consideración de la asamblea para su aprobación o rechazo; d) Tener acceso a los libros de actas, de contabilidad de la organización y de registro de afiliados; y e) Proponer censura a cualquiera de los miembros del directorio, en conformidad con lo dispuesto en la letra d) del artículo 24.

Alegan que han sido reiterativamente excluidos de reuniones, hasta el último mes de julio cuando los supuestos representantes de la agrupación, al asistir a la reunión se les exigió que salieran del lugar donde esta se estaba realizando bajo el argumento de que esta reunión era para tratar temas del “Terreno 1” y que de continuar en el lugar la asamblea “no podría continuar”. Aún más grave resulta el hecho que actualmente no saben a ciencia cierta quien se encuentra representando como Directorio en su totalidad, dado que muchos de los que ostentaban estos cargos, y contra quien se recurre también en particular, no han dado información de su renovación y sobre lo que sospechan fundadamente que, convocando sólo a los miembros que les eran favorables a sus intereses han realizado de forma secreta renovación del Directorio, lo que es gravoso además por tratarse de actos prohibidos por la Ley que regula la Organización. Con lo anterior, no es extraño que sus representados teman también haber sido excluidos de la Organización, lo que como han venido razonando tendría gravosas consecuencias sobre los derechos que estos mismos han adquirido y esto porque la representante de la Organización también ha amenazado oralmente y en reiteradas oportunidades con excluir de la Organización sin tener ninguna base legal para realizarlo.

Consignan que, a la fecha, tampoco se ha verificado la realización de la rendición de cuenta que dictamina el artículo 22 de la Ley que regula a la Organización, toda vez que dicho artículo exige rendición de cuentas anuales respecto al manejo e inversión de los recursos del patrimonio de la organización e incluso exige “el funcionamiento general durante el año precedente”. Todo este manto de sospecha, de incertidumbre y de claroscuro sobre la administración y manejo de la Organización se produce efectivamente porque quienes ejercen actualmente como Directorio (de hecho o con condiciones legales lo ignoran), lo han hecho levantando dichas dudas, no queriendo bajo ninguna circunstancia dar cuenta a sus representados de sus actuaciones y del porqué sin expresión de causa se les impide aún hoy utilizar como habían convenido los terrenos, ni participar activamente en la Organización.

A mayor abundamiento, el artículo 31 de la ley in comento, establece la obligación legal de confeccionar anualmente un balance o cuenta de resultados, según el sistema contable con el que operen y someterlos a la aprobación de la Asamblea y agrega el mismo artículo “el incumplimiento de esta obligación será causal de censura para todo el directorio de la organización.”

No obstante, lo dicho, hasta la fecha no tienen noticia cierta de la administración, sus representados son impedidos de participar, vetados de las decisiones, no son informados anualmente de las cuentas ni el estado del patrimonio, y hasta la fecha no han querido informar respecto a esta situación. Como se verá existe una serie de actos, repetidos y sostenidos en el tiempo a través de los cuales los actores vienen siendo excluidos de su derecho a participar en la vida de la Organización, y en el sentido estricto han sido vulnerados en su garantía y derecho a la igualdad, dado que son discriminados al solo arbitrio del Directorio y bajo ningún fundamento. Conviene recordar que, por su parte, el artículo 553 del Código Civil, dispone: “Los estatutos de una corporación tienen fuerza obligatoria sobre toda ella, y sus miembros están obligados a obedecerlos bajo las sanciones que los mismos estatutos impongan.”.

Arguyen que al particular, no es baladí hacer mención de estos elementos porque la Organización contra la que se recurre es integrada además por lo menos por otras 40 personas, que en este momento se encontrarían en una arbitraria situación de “privilegio” por sobre sus representados, dado que estos socios al parecer, si estarían siendo informados, convocados y permitidos de participar “en pleno” de la vida de la Organización, perpetrando así en contra de sus representados una maquinaria de discriminación extendida en el tiempo.

Plantean que el recurrido, se ha conducido de forma vulneradora para con los derechos de su representados, y que sin causa legal ha afectado sus garantías constitucionales, todos estos derechos que se encuentran debidamente protegidos y garantizados en el artículo 19 Nº 1, 2 y 24; que además están debidamente resguardados por la acción de protección del art. 20 de la CPR, que en este acto se deduce a favor de sus representados para que, en definitiva, en conocimiento de los hechos descritos, tenga a bien reestablecer el imperio del derecho.

Solicitan tener por interpuesta la presente acción de protección, declararla admisible, y solicitar informe al recurrido dentro del plazo de 5 días y, acoger, en definitiva, la acción deducida ordenado: (A) Declarar como ilegal toda amenaza o acto que excluya a sus representados de la organización señalada, ya sea de las directivas, reuniones o convocatorias; (B) Declarar como ilegal toda privación que puedan unilateralmente ejercer la organización para el ingreso a la propiedad que le corresponde a cada miembro; (C) Ordene a Organización Camino a Un Sueño disponer la transferencia inmediata del terreno que le corresponde a sus representados para que estos compren y adquieran para sí conforme se señalará; (D) Dictar las demás medidas que el Tribunal, considere necesarias para restablecer el imperio del derecho y tutelar la protección de las garantías constitucionales que mediante esta acción se buscan restablecer; (E) en subsidio, solicita que la Corte arbitre las medidas necesarias que, con mejor conocimiento de los hechos, estime pertinentes para restablecer el estado de derecho y dar la debida protección a los recurrentes, y (F) Condenar en costas a los recurridos.

Comparece don nombre reservado, en representación de la recurrida “Camino a un Sueño” evacuando su informe, inicia su presentación planteando un resumen del recurso y luego alega vaguedad y falta de antecedentes que expliquen y den fundamento al recurso de protección interpuesto.

Sostiene que los recurrentes no informan que la antigua expresidenta de la agrupación recurrida doña nombre reservado y quien en aquel entonces, supuestamente les vendió porciones de terreno, en su calidad de representante legal de la Agrupación, resultó ser investigada penalmente por el delito de apropiación indebida de dineros en perjuicio de esta Agrupación, declarando esta última, en estrados haberse extraviado la lista de socios de que estuvo compuesta la Agrupación, listado de socios respecto de la cual la nueva directiva de la agrupación, no la posee. Siendo precisamente los dineros que los recurrentes supuestamente pagaron a la agrupación, para la adquisición del terreno Nº2, los indebidamente apropiados. Pues bien, dicha causa concluyó con la salida alternativa de suspensión condicional del procedimiento, entre cuyas condiciones impuestas a la imputada, consistió en pagar a título de indemnización de perjuicios una suma de dinero en beneficio de la Agrupación recurrida. ($ 3.530.000)

Indica que los dineros que los recurrentes señalan haber pagado a la agrupación, jamás ingresaron a las arcas de la agrupación, por lo que doña nombre reservado, es quien debe responderle a los recurrentes por los dineros que supuestamente le pagaron, toda vez que dicha persona si bien representó a la agrupación, su representación era limitada para la ejecución de ciertos y determinadas actuaciones, cuestión que dicha persona no cumplió. Doña nombre reservado optó por renunciar voluntariamente a la agrupación soslayando razones de índole personal, renuncia que operó con fecha 13 de agosto del año 2012. Siendo así las cosas, quien mantuvo toda la documentación y lista de socios era precisamente la ex representante legal ya indicada, quien declinó en sede penal, debiendo esa parte, mediante la nueva directiva y en atención a la negativa de la ex representante, comenzar todo un proceso de reconstrucción, y recolección de documentos, y demás antecedentes que permitan dar con la lista de miembros que conformaban originalmente la agrupación, de entre las cuales no se encuentran identificados los recurrentes.

Asiente que el denominado “libro o lista original de miembros de la agrupación” es un hecho controvertido entre las partes, dado que su representada cuenta únicamente con la lista de socios originalmente presentada ante el Servicio de Vivienda y Urbanismo, de entre los cuales no se encuentran los recurrentes, y por otro lado, la parte recurrente tampoco acredita en su recurso que los recurrentes forman parte de la agrupación, limitándose únicamente a individualizarlos en su recurso, tal como lo indica en el punto número 8 del libelo del recurso.

Alegan que no existe una vulneración de garantías constitucionales indicadas por el recurrente, si en primer término los recurrentes no figuran en la lista original de miembros presentado ante el SERVIU que su representada ha debido averiguar, ni mucho menos han acreditado haber efectuado pagos a la agrupación por la compra de porciones de terrenos, debiendo en consecuencia la nueva directiva mantener el statuo quo de las cosas, y regirse por la lista de miembros que conformaron originalmente la agrupación.

Añade que la nueva directiva de la agrupación debe velar por los intereses de los miembros que forman parte actual de la agrupación de acuerdo con la lista oficial ingresada al SERVIU, para el cual fue creada esta agrupación. En efecto y sin perjuicio de esta lista oficial de miembros, resulta que los recurrentes de protección tampoco figuran dentro de las 54 personas que votaron el día 3 de agosto de 2009, época en que se constituyó la organización y en tales condiciones, y mientras ello no sea aclarado entre las partes mediante un proceso declarativo de lato conocimiento u otro juicio diverso, que no es del caso conocer mediante el presente arbitrio, poder recién adoptar las providencias que sean del caso.

Indica que mientras ello no suceda, su representada no se encuentra en condiciones de reconocerles su calidad de miembros de esta agrupación, porque bien pudo tratarse de actos privados celebrados entre los recurrentes con la antigua ex representante legal de la agrupación, y además porque la nueva directiva de la agrupación tiene por obligación velar por mantener una correcta administración de la organización, de acuerdo a los fines de la misma, motivos por los cuales no se encuentra en condiciones de celebrar actos jurídicos que puedan significar poner en riesgo para los demás miembros que forman parte hoy en día de esta agrupación, sus bienes o aportes a esta agrupación, y que por no cumplir ello, después estos mismos repitan en contra de la agrupación recurrida por la responsabilidad de sus actuales miembros. Indica que mientras no se acredite y se esclarezca la calidad de miembros de los recurrentes, su parte se abstendrá de poner en riesgo a la agrupación que representa, y esto, no es significativo de arbitrariedad alguna.

Señalan que la decisión de la agrupación recurrida de no reconocerlos como miembros de la misma no proviene de una actitud arbitraria o caprichosa, sino que se debe únicamente a que los mismos no figuran en ninguna lista o libro original de miembros que maneja la agrupación recurrida, y que no es otra, que la lista que fue presentada ante el SERVIU, como tampoco dentro de las 54 personas que se encontraban presentes cuando se constituyó la organización el día 3 de agosto de 2009.

Expresa que en tales condiciones, su representada se encuentra imposibilitada de efectuar actos jurídicos con los recurrentes, como sería la transferencia de terrenos a su favor, sin que previamente estos últimos acrediten haber conformado alguna lista de miembros de la agrupación recurrida. Mención aparte y en forma excepcional, sí se reconoce dentro de la lista oficial presentada al SERVIU a los recurrentes doña nombre reservado, don nombre reservado, y a don nombre reservado, pero no obstante este reconocimiento ninguno de estos últimos como de los demás recurrentes han acreditado haber pagado a la agrupación y con ello haber comprado porciones de terreno de la cual su representada se encuentre obligada a transferir, razones por las cuales en este punto el recurso igualmente deviene en improcedente.

Considera que la parte recurrente si bien hace mención en el punto Nº8 de su recurso, al libro original de miembros, no acompaña ningún antecedente que desacredite las actuales listas que se encuentran incorporadas en autos, o bien puede tratarse tal como lo indica la recurrente, de miembros que fueron incorporándose más tarde a la agrupación, pero que son cuestiones que esta parte desconoce. Sustenta que la agrupación recurrida no ha impedido en ningún momento el derecho que tienen los recurrentes de incorporarse y formar parte de esta agrupación, y con ello tener derecho a participar de las convocatorias que se celebren y no obstante ello los recurrentes han decidido desconocer a la directiva de la nueva agrupación, absteniéndose de participar en las convocatorias. Sostiene que atendido a que los recurrentes no se encuentran identificados ni en la lista oficial ingresada al SERVIU como tampoco dentro de las personas que participaron y votaron al momento de constituirse la asamblea, con fecha 3 de agosto de 2009, su representada no obstante ello no ha impedido que estos puedan incorporarse a la agrupación y con ello poder participar de las reuniones en las mismas condiciones que lo hacen los demás miembros. Ejemplo de esto es que su parte ha mantenido reuniones de coordinación y comunicación vía correo electrónico con alguno de los recurrentes a fin de convocar a reuniones para tratar temas relacionados con la materia del recurso y que la parte recurrente omite indicar en su recurso.

Relata que la actual presidenta de la agrupación ha tenido contacto con algunos de los recurrentes a fin de reunirse a conversar esta situación. Al parecer es la misma parte recurrente quien se niega a reconocer a la nueva directiva de la agrupación, dado que las solicitudes de reunión solo tienen por objeto tratar materias propias que son materia del recurso, pero en ningún momento los recurrentes han solicitado formalmente ser ingresados a esta agrupación con esta nueva directiva. Llama la atención que desde que asumió la nueva directiva, esto es, en el año 2016 a la fecha, los recurrentes acusen recién en el año 2019 que se les habría impedido participar de reuniones, es decir, a 3 años de funcionamiento de la nueva directiva, lo cual aparece como poco verosímil.

Agrega que resulta también importante tener presente que si bien los recurrentes aducen que su representada les estaría impidiendo participar de reuniones para lo cual indican que se les habría vulnerado la garantía del articulo 19 Nº2 de Igualdad ante la Ley, no explican en forma satisfactoria el modo en cómo se habría producido supuestamente la afectación de tal garantía, y en cambio omiten indicar su incumplimiento con el pago de las cuotas ordinarias que le corresponde pagar a cada miembro de la agrupación, y que permite suponer la concurrencia de su calidad de miembro como tal. Lo que se establece en el artículo 15 del estatuto de la agrupación. Atendido lo recién expuesto, cobra aún más fuerza el hecho de que los recurrentes actualmente no ostentan la calidad de miembros de esta agrupación, y si por el contrario pretenden dicha declaración, entonces debiese ventilarse ello en un procedimiento distinto al presente recurso. Por su parte, la petición de los recurrentes de ordenar por intermedio de esta Ilustrísima Corte, que su representada proceda a “transferir” un terreno a su favor resulta absolutamente inoportuna a los fines de tutela urgente que busca toda acción constitucional de protección, cuestión que es propia de un juicio de lato conocimiento.

Manifiesta que es preciso recordar en este punto, que es requisito de procedencia de este arbitrio constitucional, el que el recurrente acredite ejercer un “derecho indubitado”, situación que no ocurre en el presente caso, pues la parte recurrente pretende derechamente desconocer la posesión inscrita que tiene su representada sobre el terreno que pretende la contraria, según inscripción de dominio que acompaña. Es también pertinente considerar que el recurso de protección no es una acción constitucional llamada a constituir derechos, sino que se trata más bien de un procedimiento breve y eficaz para restituir a los márgenes del derecho una situación de hecho que ha sobrepasado sus límites, no siendo un procedimiento que permita resolver conflictos que requieran de un procedimiento de lato conocimiento. A mayor cauce, la jurisprudencia mayoritaria de los tribunales y la propia Corte (Rol. 78-2017) ha fallado que el recurso de protección no es la vía idónea para la constitución de derechos, sino que por el contrario únicamente busca las medidas de resguardo, amparo, o restablecimiento de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión ilegal o arbitrario.

En síntesis, esta petición de la letra c) resulta tan absurda que incluso en el caso hipotético que se decida acogerla, haría incurrir a cualquier Corte del País, incluso la nuestra, en una verdadera transgresión al derecho de propiedad que ampara la posesión inscrita que posee la agrupación recurrida, con todas las consecuencias y responsabilidades que ello implica, debiendo en consecuencia ello ser ventilado en un procedimiento de lato conocimiento. La agrupación recurrida ostenta posesión inscrita sobre el terreno que pretenden los recurrentes, no teniendo estos, título alguno que los habilite para suponer y entender afectado algún derecho de propiedad de que dicen haberse afectados. En este punto, la parte recurrente es confusa en su recurso, dado que, por un lado, alega que se les habría vulnerado la garantía constitucional del derecho de propiedad, pues se funda en que no se le permitirían ocupar, hacer uso y cercar las porciones de terrenos que le corresponderían a cada uno de los recurrentes y, por otro lado, afirma y reconoce después, que la propietaria de dicho terreno es la agrupación recurrida. Existe en este acápite, una tremenda falta de coherencia en lo explicado en el recurso. Nos preguntamos ¿Cómo se puede entender afectado un derecho de propiedad sobre un terreno del que los recurrentes no son dueños?. Adiciona que resulta patente la falta de claridad del recurso en relación con este punto. En efecto, es dable mencionar que es únicamente la agrupación quien ostenta el dominio de los terrenos que pretenden los recurrentes, y ello fluye de forma prístina de la inscripción dominical. Es su representada quien mantiene inscripción de dominio a su nombre, y en ningún caso son los recurrentes. Por el contrario, la parte recurrente indica más tarde, que mantendrían acciones y derechos sobre este predio, y que no podrían desconocerse, en circunstancias que ni siquiera han acompañado en autos, las referidas inscripciones de dominio debidamente inscritas ante el Conservador de Bienes Raíces de esta ciudad, como para entender más tarde alguna vulneración a la garantía del 19 Nº 24 de la CPR. Así las cosas, podemos concluir que los recurrentes no poseen ninguna inscripción alguna de acciones y derechos de dominio que vengan amparar supuestamente las porciones de terreno que habrían pagado a la agrupación recurrida.

Argumenta que la antigua representante legal de la agrupación doña nombre reservado, únicamente se encontraba facultada para comprar un terreno a nombre de la agrupación, se le confirió por parte de los miembros de la agrupación (31 miembros) (ninguno de los recurrentes) poder únicamente para comprar un terreno, pero en ningún caso facultada para vender el mismo a terceras personas, (los recurrentes) ni mucho menos acciones y derechos, todo ello conforme al mandato especial que se le confirió en reunión, razones por las cuales es la misma parte recurrente la que debe ejercer las acciones civiles que les correspondan en contra de quienes resulten responsables a fin de hacer valer los derechos que dicen corresponderle. Lo anterior fluye del acta número 23 celebrada el 3 de junio del año 2011 y reducida a escritura pública con fecha 28 de julio de ese mismo año.

Exteriorizan que si los recurrentes dicen haber comprado acciones y derechos, cuestión que no es efectivo, entonces debieron como mínimo haber solicitado los respectivos mandatos que tenía la ex representante para poder venderles lo que dicen haber comprado (porciones de terrenos). Argumenta que en esta misma proyección, es pertinente recordar que la responsabilidad penal solo puede hacerse efectivo en las personas naturales, sin perjuicio de los casos excepcionales en que puede ser responsable penalmente una persona jurídica, que no es del caso. Es decir, las personas jurídicas, al igual que las personas naturales, responden civilmente por hechos que le son imputables personalmente; así como también responden, además, por el hecho ajeno cometido por sus dependientes, pero dentro de ciertos límites.

Por todos los fundamentos antes mencionados, sumado a la falta de claridad y coherencia del recurso, en relación con la parte petitoria del mismo, en relación a la supuesta afectación de garantías constitucionales que no detalla cómo se configuran y tampoco encuentran sustento en los hechos, involucrando materias que son propias de substanciar en un procedimiento de lato conocimiento, solicitamos a SSI., el rechazo del recurso de protección.

Solicita tener por evacuado informe ordenado en autos y, en definitiva, declarar que se rechaza el recurso de protección interpuesto por la parte recurrente, por ser manifiestamente infundado, por cuanto la agrupación recurrida “Camino a un sueño” no ha vulnerado ninguna de las garantías constitucionales referidas en el recurso, todo ello con expresa condenación en costas.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en la Constitución y que puedan establecerse sumariamente.

Conforme a su naturaleza y claro objetivo, no genera, en sentido técnico, un juicio y tampoco se persigue a través de su interposición establecer la responsabilidad civil, penal o administrativa del ofensor.

nombre reservado: Que, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto Constitucional; y, por último; d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida.

TERCERO: Que, el presente recurso se funda en la circunstancia que los recurridos han incurrido en una serie de actos que, por sí mismos, resultan ilegales y arbitrarios, en el marco de la administración de la Organización Comunitaria Funcional señalada, toda vez que esta organización, a través de sus representantes, se ha negado constantemente a rendir cuenta sobre la administración de los bienes adquiridos en favor de sus miembros y, asimismo, son arbitrariamente amenazados de exclusión de la Organización de forma ilegal.

Argumentan que a través de estos actos arbitrarios e ilegales, la Organización constantemente ha amenazado, socavado y conculcado reiterativamente, hasta la fecha, las garantías constitucionales de sus representados, la amenaza de exclusión además tiene gravosas consecuencias económicas, causando un detrimento real y efectivo de sus patrimonios de manera actual.

CUARTO: Que, el reproche que se ha transcrito en el considerando precedente, adolece de la precisión que este arbitrio constitucional exige, incumpliendo el primero de los requisitos señalados en el fundamento segundo, a saber, que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente los recurridos han realizado el acto que se les atribuye. En efecto, se extraña en la descripción de los hechos fundantes del recurso, el señalamiento de alguna circunstancia fáctica, precisa y determinada que haya provocado una amenaza, amago o perturbación del derecho de propiedad del recurrente, toda vez que se imputa la comisión de una serie de actuaciones ilegales y arbitrarias, consistente en negarse a rendir cuenta sobre la administración de la organización y la amenaza de la exclusión de la misma, sin que se haya acompañado antecede alguno que acredite su libelo pretensor.

QUINTO: Que, a mayor abundamiento, resulta que el conflicto que presenta el recurso, no corresponde a una materia que deba ser dilucidada mediante esta acción cautelar de urgencia, toda vez que la discusión de fondo que plantea se centra, a fin de cuentas, en la determinación de la existencia de un eventual delito y la participación que en él le pudo caber a la recurrida, ya sea en calidad de autor, cómplice o encubridor, lo que no es susceptible de resolverse por esta vía.

SEXTO: Que, de esta manera y por los motivos anteriores, no se advierte ilegalidad o arbitrariedad en el actuar del recurrido, por lo que el presente recurso deberá ser rechazado.

Por estas consideraciones y visto, además lo prevenido en los artículos 19 y 20 de la Carta Fundamental y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZA, el recurso de protección intentado por doña nombre reservado, deducido en contra de Organización Camino a un Sueño.

Redacción el Ministro Sr. Stenger.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección N° 977-2019.