nombre reservado con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION REGIONAL

Punta Arenas, veintitrés de julio de dos mil veinte.

VISTOS:

Comparece ante esta Corte de Apelaciones don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, quien deduce acción constitucional de protección en contra del Servicio de Impuestos Internos, representado por su Directora nombre reservado., ambos con domicilio en domicilio reservado, solicitando se adopten las medidas necesarias que estime pertinentes para restablecer el Estado de derecho y dar la debida protección [a sus derechos].

Explica que realizó su declaración de impuesto a la renta del año 2020 en el mes de abril. Durante el año realizó los respectivos pagos de impuestos y esperaba la devolución de dichos impuestos como un “ahorro personal” con el que podría paliar la situación económica que vive en este tiempo ya que es trabajador independiente, dedicado al área de barbería y lógicamente durante el tiempo de cuarentena no tuvo ninguna posibilidad de generar ingresos, de ahí la importancia de dichos fondos para el sustento de su familia.

Señala que con fecha 08 de junio pasado, se comunicó con la recurrida, ya que durante mayo no recibió la devolución que esperaba, ocasión en que se le informa que al momento de presentar su formulario por internet escogió la opción de derivar la totalidad de su devolución a pago previsional; señaló que se trataba de un error y que el formulario no es claro respecto a la entrega de esta posibilidad, discutiendo que ello se encuentre ajustado a derecho, en cuanto a la imposibilidad de corregir ni admitir retracto, dado que le impide ejercer su voluntad real y que finalmente se traduce en un perjuicio económico para él, lo que vulnera su derecho de propiedad garantizado en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República.

Refiere que la ley de procedimientos administrativos, establece en el artículo 4º, como un principio de tales procedimientos, la impugnabilidad, lo que justamente no ha permitido, en el caso concreto, el Servicio de Impuestos Internos. En este caso se la impedido corregir, retractarse o impugnar un acto que no se condice con su verdadera voluntad, y que le priva de su derecho a los recursos económicos, que le son de absoluta necesidad en un momento de crisis. Por lo que solicita se arbitren los medios necesarios, por razones humanitarias que permitan que su voluntad real y expectativa de recibir el monto del cual es titular.

Acompaña la declaración de impuesto a la renta correspondiente al año tributario 2020 elaborada por el actor y certificado de declaración de Renta por Internet.

Informa por la parte recurrida Servicio de Impuestos Internos, la Directora de XII Dirección Regional Punta Arenas, doña nombre reservado, quien solicita el rechazo de la acción en todas sus partes.

Refiere como antecedentes previos, que el actor es contribuyente de Impuesto a la Renta de Segunda Categoría, con el giro servicio de peluquería, durante el año comercial 2019, emitió boletas de honorarios por dichos servicios profesionales, registrando ingresos brutos, por un total de $12.534.720, y pagos provisionales mensuales por la suma de $1.250.536. Además, percibió ingresos como trabajador dependiente, por la suma de $262.583. Además según la información remitida por las instituciones previsionales respectivas, el recurrente declaró y pagó cotizaciones previsionales, durante el año comercial 2019, por la suma de $95.590. El 09 de abril del año en curso el contribuyente efectuó su declaración de impuesto a la renta para el Año Tributario 2020, momento en el cual -respecto del pago de sus cotizaciones previsionales como trabajador independiente- optó por el régimen de cobertura total con cargo a las retenciones de impuestos efectuadas durante el año comercial 2019; razón por la cual, de acuerdo al cálculo efectuado el monto de $1.250.536, fue imputado a las cotizaciones por el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, Seguro de accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, Ley SANNA, previsionales y de salud; determinándose un Impuesto Global Complementario a pagar de $40.517, monto que fue enterado directamente en arcas fiscales por el reclamante al presentar su declaración.

Hace presente que el Decreto Ley Nº 3.500 en su artículo 92 F, prescribe que “Las cotizaciones obligatorias señaladas en el inciso primero del artículo 92 se pagarán anualmente de acuerdo al siguiente orden: i) con cargo a las cantidades retenidas o pagadas en conformidad a lo establecido en los artículos 74, N° 2°, 84, letra b), 88 y 89 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, con preeminencia a otro cobro, imputación o pago de cualquier naturaleza…”. De esta forma, los montos retenidos por concepto de pagos provisionales mensuales, se destinan en forma preferente al pago de cotizaciones, y en el evento que se determinen impuestos a pagar, el contribuyente deberá enterar en arcas fiscales las sumas que cubran los mismos. El monto resultante a pagar, a que se hace referencia en el caso de autos, corresponde al Impuesto Global Complementario determinado, por las rentas percibidas por el contribuyente, que no pudo ser absorbido por los pagos provisionales efectuados, durante el año comercial 2019, ya que fueron destinados al pago de las cotizaciones previsionales previstas en la ley, de lo que se concluye que la acción deducida es injustificada.

Alega la extemporaneidad de la acción interpuesta, ya se aquella de dirige en contra de la supuesta retención efectuada por el Servicio de Impuestos Internos, con ocasión de la presentación de su Declaración de nombre reservado a la Renta, del Año Tributario 2020, hecho que ocurrió con fecha 09 de abril de 2020, misma fecha en que realizó el pago de impuesto global complementario determinado, data desde la cual tomó conocimiento cierto que los pagos provisionales mensuales enterados en arcas fiscales, durante el año comercial 2019, iban a ser destinados a cubrir totalmente el pago de sus cotizaciones previsionales como trabajador independiente, por lo cual, a la fecha de interposición de la presente acción, esto es, el 15 de junio de 2020, el plazo de 30 días ya referido se encontraba latamente vencido. Ello por cuanto, al momento de efectuar su declaración de impuestos, el recurrente pudo visualizar, en la propuesta elaborada por el organismo, cuáles serían los descuentos que se le iban aplicar, tanto en el evento que de que escogiera la opción de cobertura total, como en el de cobertura parcial, para el pago de estas cotizaciones previsionales, con el objeto de que pudiera ejercer dicho derecho con pleno conocimiento; siendo infundadas sus alegaciones en orden a haber recibido la información en fecha posterior, con lo cual únicamente se pretende crear un nuevo plazo para la interposición del recurso.

Sostiene que la Ley Nº 20.255 sobre Reforma Previsional, que creó un sistema de pensiones solidarias de vejez e invalidez, complementario del sistema de pensiones a que se refiere el Decreto Ley N° 3.500, de 1980; estableció que los trabajadores independientes que emitan boletas de honorarios, se incorporarán gradualmente al sistema de pensiones, a contar del 1° de enero de 2012, a fin de que obtengan una cobertura en materia de salud y de pensiones, similar a la de los trabajadores dependientes. Estas modificaciones entraron en vigencia, a partir del proceso de Operación Renta, del Año Tributario 2019, cuando, en virtud de la promulgación y publicación de la Ley N° 21.133, se estableció que las personas que obtienen rentas que se clasifican en Segunda Categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta, por la cual emiten boletas de honorarios por un monto bruto anual o superior a cuatro ingresos mínimos mensuales, estarán obligados a cotizar, según el régimen de cobertura al que opten al momento de efectuar su Declaración de nombre reservado a la Renta. Cabe precisar que, este derecho de opción, solo se puede ejercer hasta el año 2028, tras el cual, procederá únicamente el régimen de cobertura total.

Precisa que los trabajadores que emiten boletas de honorarios pueden optar por dos regímenes de cobertura de cotización: a) completa, por la cual por el 100% de su renta imponible; quienes elijan esta modalidad, destinarán toda su retención a las cotizaciones para todos los regímenes de protección social, por lo que quedarán cubiertos en un 100% desde el primer día; y b) parcial: Hasta el año 2028, el trabajador independiente puede optar por una alternativa transitoria, que consiste en la posibilidad de que las cotizaciones para Pensiones (AFP) y Salud (Fonasa o Isapres), se calculen con una base imponible menor a la aplicada para el sistema de cobertura total, la cual irá aumentando año a año.

De lo anterior concluye que la obligación de cotizar es obligatoria y anual; el ejercicio de la opción de cobertura total o parcial, se materializa al momento de presentar el trabajador independiente su Declaración de nombre reservado a la Renta y el pago de dichas cotizaciones, se hace con cargo los pagos provisionales mensuales a cuenta de sus nombre reservado, efectuados por los contribuyentes durante el año anterior, lo que permitirá dar cobertura a estos contribuyentes para todos los regímenes previsionales, entre el mes de julio del año del pago y el mes de junio del año siguiente.

La normativa en comento es ajena a la tributaria y, por tanto, escapa del ámbito de competencia del Servicio. De esta forma, la única intervención que le cabe es la de contribuir, por mandato legal, al cálculo de las cotizaciones previsionales, la que se informa al contribuyente mediante la propuesta de la Declaración de nombre reservado a la Renta, la que se obtiene directamente de la información proporcionada por las respectivas administradoras de fondos de pensiones y de la Superintendencia de Salud y Seguridad Social. La recaudación y pago de dichas cotizaciones, corresponde al Servicio de Tesorería, órgano encargado del entero de las sumas correspondientes a las respectivas instituciones previsionales.

Agrega, en cuanto a la situacion particular del recurrente, que éste no solicitó una devolución de impuestos, en su Declaración de Impuestos sino que determinó un Impuesto Global Complementario a pagar y al momento de optar por el régimen de cobertura total, decidió que los pagos provisionales mensuales enterados durante el año comercial 2019, fueran destinados en su totalidad al pago de sus cotizaciones previsionales en su calidad de trabajador independiente, siendo por tanto absolutamente aplicable la retención efectuada, considerando además que el actor es menor de 55 años y durante el año comercial 2019, percibió ingresos brutos por honorarios, por un monto total de $12.534.720, posee una remuneración imponible para cotizaciones previsionales ascendente a $10.027.776; y durante el año comercial 2019, percibió además rentas como trabajador dependiente por la suma de $262.583, y declaró y pagó cotizaciones por $95.590, según información proporcionada por terceros a este Servicio; no encontrándose exento del pago de las cotizaciones previsionales que establece la Ley N° 21.133.

Conforme a lo anterior, afirma que la recurrida no ha incurrido en ilegalidad alguna, toda vez que, en el caso concreto, cumplió con la obligación impuesta por la ley de calcular el monto de las cotizaciones, con la finalidad de destinarla a las cotizaciones señaladas en la ley, acorde a las tasas legalmente establecidas, determinadas sobre la base imponible de las cotizaciones según el régimen de cobertura total al cual se acogió el recurrente, todo ello en su calidad de trabajador independiente.

Ahora bien, en relación con lo señalado por el recurrente, en orden a no tener la opción de corregir su declaración, el artículo segundo transitorio, es claro al señalar que la oportunidad para ejercer el derecho de opción, entre el sistema de cobertura total y parcial, es al momento de presentar la respectiva Declaración de nombre reservado a la Renta, no estableciendo ninguna posibilidad de cambiar de régimen una vez ejercido este derecho.

Aclara que al momento de ingresar a la página web del Servicio de Impuestos Internos, para los efectos de realizar esta declaración, todo contribuyente, de acuerdo con su situación particular, puede visualizar una propuesta elaborada por este organismo, en la que puede revisar los descuentos que se le van a realizar en el evento que escoja opción de cobertura total o la de cobertura parcial, para el pago de sus cotizaciones previsionales como trabajador independiente, con el objeto que pueda ejercer este derecho con pleno conocimiento.

Destaca que la declaración de impuestos de un contribuyente es, jurídicamente, un acto propio; quien siempre ha sido libre para aceptar o no las propuestas realizadas por este Servicio, en lo que dice relación con el contenido de las mismas; asimismo, recalca que la obligación de los trabajadores independientes de cotizar en los sistemas previsionales es de naturaleza legal, como asimismo el deber de cálculo y retención que impone la ley a los organismos que intervienen en este proceso. En este sentido, no procede aplicar el principio de impugnabilidad del acto administrativo, a que se hace referencia el actor en su libelo; no resultando aplicable en la especie el artículo 25, del Pacto de San nombre reservado Rica, ya que el derecho de opción fue ejercido voluntariamente por el propio contribuyente, y no corresponde a una decisión de ninguna autoridad.

Niega haber incurrido en una conducta arbitraria, pues la forma en que debe realizarse la cotización obligatoria para los trabajadores independientes viene dada por mandato legal expreso.

En virtud de lo expuesto, no se configura la vulneración de garantía constitucional alegada, toda vez que, la retención de carácter legal realizada para fines de previsión, que en el caso de autos comprende la totalidad de los pagos previsionales mensuales realizados en el año calendario anterior, como consecuencia del régimen de cobertura total efectuado por el requirente; además de acuerdo al sistema de pensiones vigente, los montos retenidos y enterados en las respectivas instituciones previsionales, se mantienen dentro de la esfera del patrimonio del cotizante o ceden en su exclusivo beneficio.

Encontrándose la causa en estado de ser vista, se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar, que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en la Constitución y que puedan establecerse sumariamente.

SEGUNDO: Que, el hecho vulneratorio calificado como ilegal y arbitrario por el actor, lo hace consistir en la retención de los dineros enterados ante la recurrida como pagos provisionales mensuales de impuestos durante el año 2019 y la destinación de la totalidad de dichos fondos al pago de cotizaciones previsionales de trabajador independiente, lo que le impidió obtener una devolución de impuestos en el marco de la Operación Renta del año Tributario 2020; toda vez que no ha sido su intención real que se disponga de dichos dineros de ese modo, no contando con una información clara al momento de efectuar la declaración, impidiéndole el servicio una retractación respecto de la opción de cobertura total de cotizaciones previsionales.

TERCERO: Que, a su turno la recurrida insta por el rechazo del recurso, alegando –en síntesis- la extemporaneidad de la acción y la improcedencia del mismo, por no haber incurrido en actuar ilegal o arbitrario, limitando su conducta a cumplir el mandato legal, siendo el recurrente quien, ha optado por un régimen de cobertura de cotizaciones previsionales que ha justificado la no devolución de impuestos; decisión que no es susceptible de impugnación al no tratarse de un acto de autoridad.

CUARTO: Que, en cuanto a la extemporaneidad de la acción, en cuanto a la alegación de extemporaneidad formulada, el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, en su numeral 1º, señala “El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos”.

QUINTO: Que, que de acuerdo a lo expresado, el recurrente tomó conocimiento, al momento de formular su declaración de impuesto a la renta, el día 09 de abril del año en curso, de que no se generaron excedentes que pudieren ser objeto de devolución por parte del servicio recurrido, por lo que conforme a la norma transcrita, disponía de 30 días corridos, contados desde dicha fecha para interponer la acción, situación que en la especie no se verifica, ya que el recurso se dedujo recién el 15 de junio del año en curso, por lo que fue presentado largamente vencido el plazo con que contaba para ello, de lo que deviene indefectiblemente el rechazo de la acción constitucional entablada al no haber sido ejercida oportunamente.

SEXTO: Que, sin perjuicio de lo anterior, para acoger la acción constitucional debe constatarse el carácter preexistente e indubitado del derecho afectado, condición que, estima esta Corte, no se verifica en la especie, porque el derecho cuya protección se persigue por esta vía -cautelar y de emergencia- no tiene el carácter de indiscutido.

Así, sería necesario para resolver lo controvertido, determinar el monto de impuestos a pagar y la procedencia de una eventual devolución de dineros, y, además, valorar la prueba rendida al efecto, lo que, atendida la naturaleza de la discusión, excede el marco de la acción interpuesta, ya que ésta, en ningún caso, constituye una instancia de declaración de derechos sino que de protección de aquellos que, como se dijo, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria.

Por estas consideraciones y visto, además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra del Servicio de Impuestos Internos, representado por su Directora nombre reservado, ya individualizados.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

ROL Nº 956-2020. PROTECCIÓN.