nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

Punta Arenas, veinticinco de agosto de dos mil veintiuno.

Vistos:

En los autos Rol 952-2021-Protección, del ingreso de esta Corte de Apelaciones, el abogado don JUAN JOSÉ ARCOS SRDANOVIC, en representación de doña nombre reservado, chilena, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado; interpone recurso de protección contra la Superintendencia de Pensiones, Rol Único Tributario N°76.960.424-3, representada legalmente por don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, todos ellos, en la comuna de Punta Arenas, Región de Magallanes.

Solicita que se restablezca el imperio del derecho a la vida, integridad física y psíquica, a su derecho de propiedad, y se declare otorgar la realización de exámenes pertinentes para otorgar la respectiva pensión por invalidez total, sin perjuicio de adoptar las demás medidas que se estime pertinentes, con costas Expone que el día 11 de junio del presente año se le notificó una resolución respecto de un recurso de reposición que interpuso en contra de la Superintendencia de Pensiones “Comisión médica central” solicitando una pensión de invalidez total, informándole el rechazo de este, señalando que otorgaban invalidez parcial transitoria, con una incapacidad global de 51%.

Asevera que dicho acto resulta del todo ilegal y arbitrario en el sentido que para llegar a una conclusión por la junta médica, ésta no tuvo nuevos antecedentes a la vista para arribar a tal decisión, no hubo exámenes nuevos que acrediten las condiciones de supuesta mejora referente a los cuadro de osteomioarticulares que la aqueja. Agrega que este cuadro a medida que avanza el tiempo empeora de manera avasallante y en periodos no es capaz de poder ejercer labores cotidianas tales como comer, realizar laborales del hogar, y le impide trabajar.

Alega que la resolución en comento, es inconsistente debido a que el 08 de enero del año 2021 se le otorgó un 50% de invalidez y presentando un reclamo para la reevaluación de aquello, es que con fecha 05 de abril del presente año se aumentó el porcentaje de invalidez parcial transitoria a un 60%; y con posterioridad se procedió a bajar el porcentaje de invalidez a un 51%.

Arguye que teniendo la misma patología sin mejora alguna, los porcentajes de invalidez varían, si no se tienen en consideración los antecedentes expuestos ante la Comisión médica central.

Añade que producto de tres operaciones, que no tuvieron resultados favorables, quedó con menos movilidad de lo que anteriormente tenía y que adicionalmente debe operarse la mano izquierda que según lo informado por el médico tratante está en peores condiciones que su mano derecha. Hace presente que la enfermedad es incurable y avanza cada día más, tanto así que el diagnostico de su médico tratante es que en los próximos años perderá la movilidad de sus manos, y por consiguiente se le hará imposible ejercer su trabajo, lo que conjuntamente trae aparejado un menoscabo económico directo dado que no puede y no podrá seguir ejerciendo su labor como técnico paramédico.

Declara que, sin perjuicio de la fecha que se le notificó la resolución señalada al comenzar a relatar los hechos, tal perturbación no cesará hasta el día en que se obtenga una resolución definitiva con los antecedentes actualizados que dé cuenta de su situación actual y de lo que a futuro en un corto tiempo le ocasionará tal enfermedad y adicionalmente debe lidiar con el hostigamiento constante en su trabajo en el cual la incitan a renunciar o a firmar algún documento que de término a su relación laboral, con el Hospital Clínico de Magallanes Atendido lo expuesto, pide se ordene a la Superintendencia de Pensiones declarar la invalidez total (100%) y proceda a otorgar la respectiva pensión.

Citando el derecho aplicable y explayándose respecto de la integridad psíquica y sus consecuencias somáticas, alega que lo expuesto resulta arbitrario e incide en forma directa en una afectación del derecho que la Constitución Política de la República asegura al recurrente en su artículo 19 N° 1, resultando evidente que el hecho de encontrarse imposibilitada de trabajar, sin recibir la contraprestación económica de su empleador y sin tampoco recibir del Estado el subsidio correspondiente, afecta su integridad física y síquica. Asimismo, se afecta su derecho de propiedad atendido que, al dejar de percibir su remuneración correspondiente, le ocasiona un real y efectivo desmedro a su derecho de propiedad, dado que la afectación directa recae en su patrimonio, menoscabando su situación económica actual, la que en las circunstancias expuestas, se ha visto disminuida considerablemente por ser el único ingreso que mantiene en la actualidad.

Finaliza solicitando que se tenga por interpuesto recurso de protección en contra de la Superintendencia De Pensiones, ya individualizada, y acogiendo el mismo se declare otorgar la realización de exámenes pertinentes para otorgar la respectiva pensión por invalidez total, sin perjuicio de adoptar las demás medidas que se estimen pertinentes a fin de restablecer el imperio del derecho, con costas.

Informa la recurrida Superintendencia de Pensiones, mediante Oficio Ordinario N° 22519 de 11 de Agosto de 2021, y como cuestión previa opone excepciones: 1. Falta de legitimación pasiva de la Superintendencia de Pensiones. Fundado en que del libelo se desprende que el acto objeto del recurso, es una Resolución de la Comisión Médica Central (la que no identifica) y no de ese Organismo Fiscalizador.

Explica que la recurrente procura relacionar y establecer una suerte de dependencia orgánica de las Comisiones Médicas Regionales y Central creadas por el artículo 11 del D.L. N° 3.500 de 1980, con la Superintendencia. Sin embargo, en los actos administrativos emitidos por aquellas, no le cabe intervención alguna. Las Comisiones carecen de personalidad jurídica y patrimonio propios, pertenecen a la Administración Central del Estado y no son representadas, ni tienen dependencia de la recurrida. Correspondiendo su representación judicial al Consejo de Defensa del Estado.

Manifiesta que la normativa que las regula no establece la pertenencia de la Comisión Médica como parte integrante de la Superintendencia de Pensiones, sino lo contrario. Resume señalando que los artículos 4, 11 y siguientes, del D.L. N° 3.500 de 1980 y su Reglamento contenido en el D.S. N° 57 de 1990, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, (artículos 18, 19, 20 y 37) establecen que las Comisiones Médicas Regionales y la Comisión Médica Central están conformadas por tres médicos cirujanos, designados por el Superintendente de Pensiones, previo concurso público, contratados a honorarios por la Superintendencia, estableciendo expresamente lo contrario de lo que afirma la recurrente, no son dependientes de este Servicio. Lo más relevante es que están dotadas de autonomía en cuanto al conocimiento y resolución de la invalidez sometida a consideración de ellas, en tanto que reserva a esta Superintendencia facultades de supervigilancia y fiscalización administrativa, como de dictarles normas operativas de la calificación de invalidez. Por consiguiente, la Superintendencia de Pensiones no tiene la representación judicial ni extrajudicial tanto de las comisiones médicas regionales, como de la Comisión Médica Central, a las que la actora imputa haber vulnerado sus derechos fundamentales. Añade que las facultades de la Superintendencia de Pensiones - potestades de derecho estricto - se encuentran contenidas en los artículos 94 del DL N° 3.500, de 1980; 3° del DFL N° 101 de 1980 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y 47 de la ley 20.255, catálogos de atribuciones que en ninguna parte conceden a este Servicio la prerrogativa de representar a las Comisiones Médicas. Ratificando lo señalado cita jurisprudencia.

Finalizando este acápite indica que el presente recurso de protección debe ser declarado inadmisible, ya que la Superintendencia de Pensiones carece de legitimación pasiva para ser recurrida respecto de lo obrado por la Comisiones Médicas Regionales y Central.

En un segundo punto y en subsidio del anterior refiere que es inadmisible la acción deducida en autos por cuanto la situación reclamada excede el ámbito del Recurso de Protección, conforme a lo prescrito por el artículo 20 de la Constitución, puesto que tiene por finalidad poner en ejercicio las facultades jurisdiccionales de los Tribunales de Justicia, con el propósito de salvaguardar los derechos de las personas de un modo directo e inmediato, es decir que, por esta vía, es posible amparar el ejercicio legítimo de derechos indiscutidos y preexistentes, no un pronunciamiento declarativo como pretende la recurrente ni que se deje sin efecto un acto administrativo, como son las Resoluciones de la Comisión Médica Central, pidiendo se ordene revisar el procedimiento a un estado anterior a la dictación de aquéllas, ya que no se trata de una acción de nulidad de derecho público ni un recurso de casación. Consecuente con ello, no resulta admisible por medio de esta acción cautelar, resolver discusiones de fondo que constituyen materias de lato conocimiento.

En subsidio de las alegaciones anteriores, informa que la recurrente identifica erróneamente a las comisiones como pertenecientes a la Superintendencia, además, omite identificar la Resolución y estima que la Superintendencia de Pensiones ha vulnerado sus derechos consagrados en el artículo 19 Nº 1 y 24, el artículo 20 de la Constitución Política del Estado.

Alega la recurrida que la Superintendencia ejerce una labor de supervigilancia administrativa de las Comisiones Médicas, dándole normas y sustento operativo, sin embargo, aquellas actúan con autonomía en cuanto al conocimiento y calificación de las invalideces sometidas a su consideración, y en estos autos se debió requerir un informe a la Comisión Médica Central, pues este Organismo carece de dichos antecedentes.

Agrega que conforme a los antecedentes remitidos por la Comisión Médica Central es posible informar lo siguiente: La señora nombre reservado, registra una única presentación de fecha 13 de agosto de 2020, tramitada inicialmente a nivel regional por la Comisión Médica de Punta Arenas (CMR). Los Impedimentos invocados fueron: Escleorosis Aórtica e Hipertensión Pulmonar. Seguidamente, fue entrevistada con médico asignado, Dr. Mayanz el día 12 de noviembre de 2020 y por médico asesor, Dr. Sáez el día 17 de noviembre de 2020, quien estimó su solicitud fundada.

El médico asignado requirió informes de Interconsultor traumatólogo (Dr. Díaz), psiquiatra (Dr. Larraguibel) y oftalmólogo (Dr. Pérez). La Comisión Médica Central analizó los informes emitidos por los especialistas señalando en Acta de Sesión sus conclusiones.

En cuanto a la Rizartrosis, artrosis de pulgar, describió que la presentaba desde larga data, siendo operada a derecha con pobre resultado en términos de control del dolor y pérdida funcional, registrando tres cirugías de rizartrosis a derecha y artrodesis de metacarpofalángica derecha, con dolor permanente en ambos pulgares y pérdida de motricidad fina con pulgares y disminución de fuerzas mano derecha. Además, consignó que no había terapias pendientes, ya que la cirugía a izquierda fue rechazada por malos resultados de la cirugía a derecha. El perito propuso configurar según pautas un impedimento clase III, rango bajo, la CMR concordó con ello y configuró el impedimento con 35% de menoscabo laboral. Sobre el déficit de visión, consignó que desde el punto de vista de su visión existe una hipermetropía severa que corrige con lentes, pero que de acuerdo con lo informado por perito oftalmólogo interconsultor, correspondía configurar el impedimento por restricción de campo visual 25%, lo que fue confirmado por la CMR otorgando 25% de menoscabo laboral a dicho impedimento.

En relación al Trastorno Depresivo, refirió que corresponde a episodios depresivos leves a moderados, autolimitados y que no correspondía configurar impedimento, pues en anamnesis el médico asignado señaló: “control con psiquiatra y terapia con fluoxetina. Último control hace "al menos dos años”. Relativo a la Valvulopatía Mitral y Aórtica se señaló que presentaba ecocardiograma sin carácter significativo morfológico por el examen ni funcional, con Fracción de Eyección bien, por ello no se configuró. La Hipertensión Arterial se registró sin repercusión en órgano blanco, por lo que la CMR la configuró en clase I, rango medio con 7% de menoscabo laboral. En cuanto a la Obesidad, se determinó IMC 37.5, no era posible configurar sin patologías configuradas en clase III de acuerdo con lo establecido en pág. 79 de las Normas de evaluación. Dichas patologías en clase III deben relacionarse con la Obesidad, en el caso de la afiliada, la Rizartrosis no se relaciona.

Narra que teniendo en consideración los antecedentes e informes médicos consignados en el expediente de calificación de invalidez de la recurrente, la Comisión Médica Regional emitió el Dictamen N° 015.5/2021 de 8 de enero de 2021, en que otorgó Invalidez parcial (51% de menoscabo laboral y luego, sumó 9 factores complementarios, lo que daba 60% de menoscabo laboral total). Seguidamente, el 8 de febrero de 2021, la afiliada reclamó en contra del citado Dictamen argumentando que los cuadros osteomioarticulares y visuales no fueron debidamente valorados. Insistió en problemas por sus extremidades superiores, cardiovasculares y mentales. Por su parte el Médico Asesor del Afiliado, Dr. nombre reservado, señaló que la descripción del examen por sus manos corresponde a clase IV según la norma, por lo que solicitó se le otorgara invalidez total.

A continuación, la Comisión Médica Central (CMC) procedió a revisar el caso realizando el siguiente análisis: En cuanto al impedimento traumatológico el médico asignado sugirió configurar Rizartrosis bilateral con menoscabo de clase III, rango bajo, en su informe describió cicatriz en base de pulgar derecho, aumento de volumen doloroso en base de pulgar (artrodesis dolorosa), con disminución importante del rango de movimiento. Dolor en base de pulgar izquierdo, con pinza adecuada con dedos, sin embargo, la Comisión Médica Central concluyó del análisis de los exámenes realizados, sobre las extremidades superiores, que la afiliada presentaba limitación funcional en pulgares y cambios imagenológicos, que fue descrita con pinza adecuada, lo que es compatible con lo señalado en la clase II de las normas, y por ser bilateral, corresponde al rango alto, pues no sería asimilable a un menoscabo de clase IV como sugiere el Médico Asesor del Afiliado, sustentando el reclamo, (lo que sería equivalente a una amputación de mano), por lo que estimó del caso configurar este impedimento en Clase II, rango alto, es decir un 34%. Sobre el impedimento psiquiátrico, el perito asignado recomendó no configurar Trastorno Depresivo Recurrente, ya que actualmente la afiliada está cursando un episodio depresivo leve sin tratamiento de la especialidad ni con medicación psicotrópica, sino solo analgésica y para hipertensión arterial. Además, dada la historia de episodios depresivos previos con buena respuesta a tratamiento de primera línea y ausencia de tratamiento actual, no es posible configurar impedimento de la especialidad, al existir tratamiento pendiente con buena accesibilidad. La Comisión Médica Central concordó con no configurar y confirmar lo resuelto a nivel regional, al no cumplirse los requisitos de tratamiento previo para configuración.

Relativo al impedimento oftalmológico, en informe de perito se describió visión corregida 0,8/0,8, Fondo de ojo con vasos de brillo aumentado, cruces AV grado I. Campo visual 239-230°. Se calculó un menoscabo visual de 25% por campo visual. La Comisión Médica Central concordó con el menoscabo otorgado a nivel regional de 25% y lo confirmó. Por otra parte, el médico asignado refirió sobre el Test de Esfuerzo que no mostraba evidencia de isquemia, creatinina normal, sin proteinuria, Ecocardiograma con ventrículo izquierdo de paredes 9-9, esclerosis aórtica y mitral, fracción de eyección 70%, electrocardiograma con trazado normal, por lo que sugirió otorgar menoscabo de Clase I, rango medio por hipertensión arterial con alteraciones al fondo de ojo. La Comisión concluyó que la hipertensión arterial fue correctamente configurada con un menoscabo de clase I. Agregó, que las valvulopatías (esclerosis aórtica) no generan impacto funcional y que si bien podría considerarse que requiere de tratamiento, ello no genera menoscabo laboral. Por lo señalado, la Comisión Médica Central confirmó la configuración de la Hipertensión Arterial 7% y no configuró Valvulopatía Aórtica y Mitral.

Finalmente, la Comisión Médica consignó que los impedimentos y menoscabos asignados son consistentes con los antecedentes que obran en el expediente según Normas de Evaluación, considerando que lo previamente expuesto no modifica el grado de invalidez de la afiliada, mediante Resolución CMC N° 3129/2021 de 5 de abril de 2021, en que confirmó la Invalidez Parcial Transitoria con 60% de menoscabo global (misma suma combinada y mismos FC).

A continuación, la afiliada interpuso recurso de reposición el 8 de febrero de 2021, argumentando que después de tres operaciones en su mano derecha ésta no se ha recuperado 100 % y ahora debe operarse la otra mano y piensa que en el futuro perderá la movilidad de sus manos por lo que solicita pensión total. Además, señaló que la diartrosis de mano izquierda está más avanzada que la que tenía la derecha.

La Comisión Médica Central, con integrantes no inhabilitados, en otra de sus Salas procedió a revisar el caso, concluyendo que la afiliada fue debidamente evaluada. Agregó, que llama la atención que el interconsultor no se refiriera a la radiografía de control, ya que ésta muestra una artrodesis con agujas de Kirchner aun in situ en la articulación MTC- (metacarpofalángica) del pulgar derecho, ausencia de trapecio, erosión en IFD (interfalángica distal) de anular y rizartrosis pulgar izquierdo. Fue evaluada poco antes de cumplir un año de su cirugía. Lógicamente una artrodesis de MTC-F de pulgar causa rigidez de este, por lo que no quedaría clara la indicación de esta cirugía para una rizartrosis trapecio MTC. Por otra parte, hizo presente que no existen elementos de clase III, por lo que no se configuró la obesidad.

Finalmente, mediante Resolución CMC N° 4570/2021 de 12 de mayo de 2021, la Comisión Médica Central confirmó la Invalidez Parcial Transitoria con 51% de menoscabo global, en la que, si bien se aplicó la suma combinada, se omitió sumar los factores complementarios, por lo que se otorgó 51% de menoscabo laboral, quedando ejecutoriada el 11 de junio de 2021.

Relativo al derecho aplicable precisa que el derecho a pensión de invalidez de los afiliados al Sistema de Pensiones de Capitalización Individual, como el procedimiento de evaluación y calificación de invalidez se encuentra regulado por el D.L. N° 3.500 de 1980; su Reglamento, contenido en el D.S. N° 57 de 1990, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; las normas e instrucciones impartidas por esta Superintendencia, contenidas en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones; y las Normas para la Evaluación y Calificación del Grado de Invalidez de los Trabajadores Afiliados al Nuevo Sistema Previsional. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 4° del D.L. N° 3.500, desde el punto de vista médico, el derecho a pensión de invalidez de los trabajadores afiliados al Sistema está condicionado al hecho que presenten o sufran un menoscabo laboral permanente de a lo menos un cincuenta por ciento, para invalidez parcial y, mayor de dos tercios para invalidez total, a causa de enfermedades o debilitamiento de sus fuerzas físicas e intelectuales. Este mismo precepto dispone que las Comisiones Médicas a que se refiere su artículo 11, deberán, frente a una solicitud de pensión de invalidez del afiliado, verificar los requisitos del inciso primero y emitir un dictamen de invalidez que otorgará el derecho a pensión de invalidez total o parcial a contar de la fecha que se declare la incapacidad, o lo negará, según corresponda.

A su turno, el citado artículo 11 establece que la invalidez será calificada en conformidad con las “Normas para la evaluación y calificación del grado de invalidez de los trabajadores afiliados al nuevo sistema de pensiones”, según lo señale el reglamento, por una Comisión de tres médicos cirujanos que funcionará en cada Región, designados por el hoy, Superintendente de Pensiones. Del mismo modo, el inciso quinto de este artículo prescribe que los dictámenes que emitan las Comisiones Médicas Regionales serán reclamables ante la Comisión Médica Central, la que estará integrada por tres médicos cirujanos designados por el Superintendente en igual forma que los de las Comisiones Médicas Regionales y conocerá del reclamo sin forma de juicio, ateniéndose al siguiente procedimiento: a) El reclamo deberá interponerse por escrito, dentro del plazo de quince días hábiles contado desde la fecha de la notificación del dictamen, ante la Comisión Regional que lo emitió y sin necesidad de patrocinio de abogado; b) La Comisión Médica Regional remitirá a la Comisión Médica Central el reclamo y la totalidad de los antecedentes que sirvieron de base a su pronunciamiento, dentro del plazo de cinco días, contado desde la recepción del reclamo por parte de la Comisión Regional; La Comisión Médica Central estudiará los antecedentes que le sean enviados y podrá disponer que se practiquen al afiliado, nuevos exámenes o análisis, para lo cual oficiará a la Comisión Regional. Los nuevos exámenes o análisis deberán practicarse en un plazo no superior a sesenta días, y c) La Comisión Médica Central dispondrá de un plazo de diez días hábiles, contado desde la fecha en que reciba los nuevos exámenes o análisis, o desde que reciba el reclamo, en su caso, para emitir su fallo, el que podrá confirmar o revocar lo resuelto por la Comisión Regional y le será remitido a ésta a fin de que proceda a notificar al reclamante.

De lo expresado, cabe concluir que en esta materia el legislador ha establecido un procedimiento médico administrativo especial, de evaluación y calificación de invalidez de doble instancia, cuya función corresponde a las Comisiones Médicas establecidas en el artículo 11 ya comentado, para lo cual gozan de autonomía, no obstante que deben actuar con estricto apego a las Normas de evaluación que el propio cuerpo legal prescribe.

A su vez, el inciso tercero del artículo 22, prescribe que los antecedentes aportados por el afiliado no podrán ser determinantes por sí solos en la calificación de la invalidez del solicitante y formarán parte del expediente respectivo.

Ahora bien, en las Normas para la evaluación y calificación del grado de invalidez de los trabajadores afiliados al Nuevo Sistema de Pensiones, determinan que la enfermedad o debilitamiento de las fuerzas físicas o intelectuales que afecta la capacidad de trabajo se denomina “Impedimento” en el programa de pensiones de la Seguridad Social. La pérdida de la capacidad de trabajo se denomina “Menoscabo Laboral” y se expresa en términos porcentuales como parcial de un segmento y global de la persona. Refleja el impacto que los Impedimentos y Factores Complementarios ocasionan sobre las actividades de la vida diaria y exigencias del trabajo. Su determinación es propia de las Comisiones Médicas. La relación causa-efecto entre Impedimento y Menoscabo permite declarar la invalidez. Sólo los impedimentos configurados permiten asignar el menoscabo laboral porcentual que dictan estas normas y es aquel que cumple con los requisitos siguientes: 1. Es objetivable según conocimientos médicos validados o evidencia médica. 2. Es demostrable por medios clínicos, de laboratorio, pruebas funcionales o imagenología. 3. Las medidas generales y terapias médicas o quirúrgicas accesibles por el evaluado están efectuadas o no revertirán el impedimento de acuerdo con la evidencia médica. La falta de acceso a tratamientos por su complejidad o costo está demostrada por peritaje socio-laboral. 4. La evolución según la probabilidad médica se ha estabilizado o está en agravación y no existe en el estado actual del arte tratamientos accesibles que reviertan la condición. 5. Los periodos de observación clínica indicados en estas normas para las especialidades respectivas están cumplidos. Hará excepción de esto, aquel impedimento cuyo curso clínico sea objetivamente irreversible e inexorable. En ausencia de alguno de estos cinco requisitos, no procederá asignar menoscabo laboral permanente.

Continúa el informe detallando otros elementos e indica que el impedimento invocado como invalidante puede ser más de uno y que la calificación del menoscabo laboral permanente se hará para cada impedimento configurado y su resultado final se calculará por el procedimiento de suma combinada. Que se deberá evitar la doble ponderación de impedimentos, teniendo presente que por lo general el compromiso de la funcionalidad del evaluado cuando su impedimento califica en Clase I y hasta Clase II en rango bajo de estas Normas, es de intensidad menor, salvo algunas excepciones identificables en el capítulo correspondiente, generando ninguna o pocas interferencias en las AVD (actividades de la vida diaria), Impactando escasa o muy ligeramente en su capacidad de trabajo y, considerando que el objetivo de la evaluación y calificación realizada por la Comisión Médica es emitir un dictamen que dé cuenta del grado de incapacidad global que afecta al evaluado, mediante la suma combinada de los menoscabos que aporta cada uno de los impedimentos configurados, se advierte que por lo general esto es irrelevante en impedimentos con menoscabo Inferior a 25%. Añade que de acuerdo con la evolución clínica por mejoría o empeoramiento podría cambiar su calificación en posteriores solicitudes de evaluación o a la data de la reevaluación.

En cuanto a los factores complementarios, el artículo 11 citado, explica que, el Menoscabo Laboral Permanente, considera el criterio de incapacidad general de trabajo y que si “la invalidez afecta el desempeño del propio trabajo y su posibilidad de reconversión laboral, estas normas permiten asignar Factores Complementarios”. Y precisa que “La asignación de estos Factores Complementarios sólo es posible si el menoscabo determinado es a lo menos Clase III (35-49%) ó 35% de Menoscabo Global, según tabla especial para alguno de los impedimentos evaluados. (…)” Continúa el informe detallando la aritmética de otros factores complementarios y el procedimiento correspondiente destacando que no obstante (los factores en comento) se asignarán solamente cuando su adición permita alcanzar la invalidez parcial o total, según corresponda.

Respecto al análisis de los fundamentos del recurso arguye la Legalidad de los actos impugnados. En primer lugar, reitera que esta Superintendencia carece de injerencia en las Resoluciones emitidas por las Comisiones Médicas. La Resolución que rechazó el Recurso de Reposición interpuesto por la actora, fue dictada en un proceso de evaluación y calificación del grado de invalidez emanado de un órgano competente, en el ejercicio de sus facultades legales, conforme prescriben los artículos 4° y 11 del D.L. N° 3.500 de 1980 Afirma que la resolución de la referida Comisión Médica Central se encuentra debidamente motivada y considera en ella todos los exámenes y antecedentes médicos que forman parte del expediente de calificación de invalidez previamente analizado por la Comisión Médica Regional, así como también aquellos que la misma Comisión Médica Central determinó al momento de resolver respecto del reclamo interpuesto en contra de un dictamen de la Comisión Médica Regional, de manera que en la resolución que emitió la Comisión Médica Central se consideraron todos y cada uno de los elementos mencionados y se efectuó un debido razonamiento de todos los antecedentes médicos recabados, habiéndose efectuado todos los estudios y análisis necesarios frente a la presentación realizada por la actora. El acta de sesión de la Comisión Médica Central en que se adoptó el acuerdo da cuenta del análisis y estudio acabado de los informes y exámenes médicos, como de la discusión del caso. En dicha acta se explica claramente cada una de las razones por las cuales el referido órgano técnico colegiado resolvió de la forma prescrita, actuando conforme a la legislación. En cuanto a la omisión de la suma de Factores Complementarios es importante consignar, que corresponde su aplicación cuando el mayor impedimento está configurado a lo menos en Clase III de tales Normas y, en todo caso, cuando su adición permite declarar la invalidez parcial o total. En la especie, por una parte, el menoscabo laboral de mayor ponderación corresponde a Clase II y no a Clase III y, por otra, de la asignación de los 9 puntos porcentuales por factores complementarios, no dependía que la afiliada alcanzara una invalidez parcial o total, pues sólo con los impedimentos fisiológicos alcanzó un 51%, es decir una invalidez parcial y, la adición de tales factores aumenta el menoscabo laboral a un 60%, es decir insuficiente para una invalidez mayor de dos tercios o total. Por lo tanto, la omisión de aquéllos está en consonancia con lo dispuesto en esta materia por las Normas de Evaluación y no afecta el Dictamen final para la afiliada, pues no cambia el tipo de pensión que corresponde otorgar.

Por otra parte, cabe hacer presente que lo informado por los Médicos Interconsultores constituye un informe pericial y la propuesta de configuración de impedimentos que señalan en sus informes es orientativa. Por su parte, las Comisiones Médicas deben velar por la consistencia de sus resoluciones, por lo que están facultadas para modificar tales criterios de acuerdo con la observancia y análisis de los antecedentes médicos que rolan en el respectivo expediente de evaluación y calificación de invalidez, a fin de ajustarse precisamente a las normas reguladoras de la materia.

A continuación, refiere el informe que, el acto impugnado carece de arbitrariedad, pues ha sido el resultado de un procedimiento legal, técnico científico, debidamente razonado a la luz de los resultados de las pericias médicas y exámenes complementarios y de lo previsto para cada impedimento por las Normas de Evaluación, de modo que nada hay de arbitrario en ello, resoluciones que se encuentran debidamente fundadas.

Prosigue la recurrida indicando que no existe privación, perturbación o amenaza de los derechos constitucionales fundamento del recurso. Refiere que la integridad física o psíquica de una persona no puede verse amenazada por la aceptación o rechazo de un beneficio previsional, más aún si no concurren al efecto las condiciones establecidas por ley, pero por, sobre todo, porque no existe en ello una acción directa atentatoria contra tal integridad. Además, a la afectada le asiste el derecho de solicitar la reevaluación en cualquier momento pues la pensión de invalidez parcial es en esencia transitoria, pues tres años después de emitido el primer dictamen de la comisión médica, la afiliada pensionada debe solicitar su reevaluación. El segundo dictamen da lugar a la pensión definitiva.

Señalar ausencia de afección a la garantía del N° 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, de manera alguna se ha afectado el derecho de propiedad que invoca la recurrente, puesto que, nunca ha incorporado a su patrimonio el derecho a pensión de invalidez total reclamado, en tanto que estaba sujeta a evaluación conforme lo dispone el artículo 4° del D.L. N° 3.500. Entretanto, es solo una mera expectativa y no existe ningún bien o derecho de dominio de la actora que pudiera estar siendo afectado por la resolución impugnada en estos autos, la que le otorgó pensión de invalidez parcial transitoria.

En consecuencia pide declarar improcedente el recurso de protección deducido por la señora nombre reservado, toda vez que lo pedido excede el ámbito de la acción de protección, además la Superintendencia de Pensiones carece de legitimidad pasiva para ser recurrida; y en subsidio se pronuncie rechazando el recurso de protección deducido por no existir en el actuar de esta Superintendencia, ni de la Comisión Médica Central actos ilegales o arbitrarios a su respecto, atendidas las razones de fondo anteriormente señaladas.

Para acreditar lo sostenido se acompañó copia del Expediente de Evaluación y Calificación de Invalidez de la señora nombre reservado, ordenándose la custodia y reserva del mismo.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional para ser ejercitada en un procedimiento de urgencia, informal, inquisitivo, unilateral, breve y concentrado con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

Conforme a su naturaleza y claro objetivo, no genera, en sentido técnico, un juicio ni se persigue con su interposición establecer la responsabilidad civil, penal, infraccional o administrativa del ofensor. Por tanto, no se concibe respecto de una contienda civil entre partes ni da origen a un proceso penal o administrativo, es decir, no se aplica para discutir cuestiones de lato conocimiento respecto de las cuales el legislador ha establecido los procedimientos idóneos para que sean debatidas y resueltas.

SEGUNDO: Que, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos:

a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que la presente acción constitucional se interpone en contra de la Superintendencia de Pensiones, Rol Único Tributario N°76.960.424-3, representada legalmente por don nombre reservado, porque habiendo solicitado la recurrente que se declarara su invalidez total, para efectos del pago de una pensión por invalidez, la “Comisión Médica Central” le informó el rechazo de su recurso de reposición, señalando ésta última que declaraban una invalidez parcial transitoria, con una incapacidad global de 51%.

Lo anterior, en su concepto, vulneraría las garantías fundamentales contempladas en el artículo 19 N° 1 y N° 24 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que la recurrida Superintendencia de Pensiones, alegó, como cuestión previa, la Falta de legitimación pasiva. Lo funda en que del libelo se desprende que el acto objeto del recurso, es una Resolución de la “Comisión Médica Central” - la que por lo demás no se encuentra debidamente individualizada -, y no un acto de la recurrida Superintendencia.

En este orden, señala que los actos administrativos emitidos por las Comisiones Médicas, a la Superintendencia no le cabe intervención alguna. Las Comisiones Médicas carecen de personalidad jurídica y patrimonio propio, por lo que pertenecen a la Administración Central del Estado. La Superintendencia no las representa y tales órganos evaluadores no son parte ni tienen dependencia de ella.

Hace presente que, el Reglamento del DL 3.500 de 1980, está contemplado en el D.S. N°57, de 1990, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que en su artículo 18° establece lo siguiente:

Artículo 18.- Funcionará en cada Región a lo menos una Comisión Médica encargada de la calificación de la invalidez de las personas referidas en los artículos 4°, 4°bis y 8° de la Ley y aquellas referidas en los párrafos cuarto y quinto del Título I de la Ley N°20.255. La administración de las Comisiones corresponderá a las Administradoras de Fondos de Pensiones y serán financiadas en conjunto por éstas y el Instituto de Previsión Social, de acuerdo a lo establecido en el artículo 11° de la Ley. Estas Comisiones gozarán de autonomía en cuento al conocimiento y calificación de las invalideces sometidas a su consideración”.

QUINTO: Que, en apoyo de esta argumentación la recurrida cita el fallo de la Duodécima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, emitido con fecha 3 de mayo de 2018, en la causa civil Rol N°12117 de 2017, que concluyó lo siguiente: “Vistos: Teniendo presente que la Comisión Médica Central actúa bajo la personalidad del Fisco de Chile, por lo cuál éste debió demandarse en autos, se revoca la resolución de uno de septiembre de dos mil diecisiete, dictada por el Décimo Séptimo Juzgado Civil de Santiago, y en su lugar se declare que se acoge la excepción dilatoria, interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado, debiendo dirigirse la demandada en contra del Fisco de Chile y ser notificada a la Señora Presidenta del Consejo de Defensa del Estado”.

Asimismo, en el Recurso de Protección Rol 42.432 de 2017, la Exma. Corte Suprema manteniendo su jurisprudencia en orden a rechazar el recurso deducido en contra de la Comisión Médica Central, porque la materia reclamada excedía esta acción constitucional, los Ministros Sra. Sandoval y Sr nombre reservado previnieron, además, lo siguiente: “la recurrida, teniendo únicamente en cuenta que, de la lectura de los artículos 1 y 94 del Decreto Ley Nº3.500, y del artículo 57 del Decreto Supremo Nº57 de 1990 del Ministerio de Salud, se desprende que la Comisión Médica Central es un organismo autónomo en cuanto al conocimiento y calificación de las invalideces sometidas a su consideración, dependiente de la Administración Central del Estado, no estando facultada la Superintendencia para asumir su representación judicial, careciendo, en consecuencia, de legitimación pasiva”.

En este mismo sentido, la I Corte de Apelaciones de Santiago en el considerando octavo de la sentencia Rol N°49.333-2020 señaló: “Que, previo a ello, corresponde dilucidar la primera alegación de la Superintendencia de Pensiones, quien sostuvo su falta de legitimación pasiva fundada en que el acto reprochado por la presente acción fue dictado por la Comisión Médica Central, respecto de la cual no le cabe intervención alguna, máxime si se considera que las mismas carecen de personalidad jurídica propia, por lo que forman parte de la administración central del Estado y su representación corresponde al Consejo de Defensa del Estado. Para ello, se debe considerar que en inciso 2° del artículo 4° y el artículo 11 del DFL 3.500 del Ministerio de Salud dispone que las Comisiones Médicas deberán, frente a una solicitud de pensión de invalidez del afiliado, verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el inciso anterior y emitir un dictamen de invalidez que otorgará el derecho a pensión total o parcial a contar de la fecha que se declare la incapacidad, o lo negará, según corresponda. A su vez el inciso 3° del artículo 19 de su Reglamento prescribe que la Superintendencia tendrá la supervigilancia administrativa de estas Comisiones e impartirá las normas operativas que se requieran para calificar la invalidez. De lo antes referido se desprende que si bien se trata en la especie de un procedimiento de carácter desformalizado, existe reiterada jurisprudencia en cuanto a que la fiscalización y supervigilancia que la ley le otorga a la Superintendencia de Pensiones sobre las Comisiones Médicas Regionales y Central, no conllevan un control jerárquico sobre sus atribuciones y que la Comisión Médica Central es un organismo autónomo dependiente de la administración central del Estado, por lo que dentro de esa autonomía, no es posible imputar una ilegalidad o arbitrariedad a la Superintendencia por el actuar de la Comisión Médica, de manera que el recurso debe desestimarse a su respecto”.

SEXTO: Que, por las consideraciones precedentes, fundadas en las normas legales citadas y en la jurisprudencia transcrita de nuestros tribunales superiores de justicia, la alegación de falta de legitimación pasiva será acogida, por lo que este recurso no puede prosperar, resultando inoficioso entrar a conocer las demás argumentaciones expuestas, toda vez que no se cumple con el primero de los requisitos que hacen procedente esta acción cautelar, esto es, que se compruebe que la acción u omisión reprochada, sea atribuible efectivamente al recurrido contra quién se interpone.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo de Recursos de Protección de Garantías Constitucionales de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por el abogado don JUAN JOSÉ ARCOS SRDANOVIC, en representación de doña nombre reservado, y en contra de la SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Redacción de la abogada integrante, doña Carmen González Mundaca.

Se deja constancia que no firma el Ministro Sr. Stenger, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, por encontrarse haciendo uso de permiso de acuerdo al artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N° 952-2021-PROTECCIÓN.-