nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS

Punta Arenas, veinticuatro de enero de dos mil dieciocho.

VISTOS:

Comparece doña nombre reservado, técnico en turismo, domiciliada en domicilio reservado de esta ciudad, quien deduce recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, representada por su Alcalde don Claudio Radonich Jiménez, abogado, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Funda su recurso indicando que ingresó a trabajar como funcionaria a honorarios para la recurrida, en el año 2000, para el Centro Comunitario de Salud Mental Familiar (COSAM), pasando con el tiempo al departamento de seguridad ciudadana de la recurrida, en el área de prevención de alcohol y drogas. Agrega que en el año 2014, postuló al programa “Previene”, que consiste en la prevención de alcohol y otras drogas, destinado a la población en general, sin distinción de edad, financiado a nivel local por aportes que realiza el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, dependiente del Ministerio del Interior.

Indica que, el 29 de diciembre del año 2016 la coordinadora municipal de dicho programa le notificó verbalmente que sus funciones cesaban el 31 de diciembre próximo y que no seguiría en el programa durante el año 2017, no existiendo documento formal de dicha desvinculación.

Señala que, el 06 de enero de 2017 confirmó medicamente que se encontraba embarazada desde el 03 de diciembre del año 2016, cuando aún se encontraba cumpliendo funciones para el programa “Previene”, pasando su caso al departamento jurídico de la recurrida, notificándosele el 03 de febrero que debía reincorporarse a sus funciones, haciendo alusión que su contrato sería desde el 01 de enero de 2017, reincorporándose efectivamente el 20 de febrero, durando su contrato hasta el 30 de junio de 2017, demorándose los pagos de los meses trabajados.

Agrega que salió con permiso pre natal el 20 de julio de 2017, naciendo su hija el 26 de agosto de 2017, y que hasta esa fecha la recurrida no redactaba el contrato que contuviera los beneficios correspondientes.

Refiere que el texto del contrato definitivo no contemplaba los beneficios de pre y post natal, licencias médicas y vacaciones acordados, situación que se extiende hasta la fecha.

Menciona que se ha visto en la denigrante obligación de tener que redactar informes mensuales con información de acciones laborales que supuestamente ha realizado, pero que en la práctica no es así, pues se encuentra en el período de post natal, al tener que cumplir metas como prestadora de servicios, dejando realizadas todas sus metas correspondientes al año 2017, pero el 17 de noviembre fue informada de la obligación de tener que presentar nuevos verificadores de metas para que se haga efectivo el pago de su remuneración.

Todo lo anterior a su juicio resulta irregular y contradictorio a las normas de protección a la maternidad que Chile ha suscrito tanto por leyes nacionales como por los convenios internacionales a que se encuentra obligado, preocupándole el hecho que en su periodo de post natal deba seguir realizando funciones de las que por ley debería estar eximida.

Plantea que los actos denunciados vulneran lo dispuesto en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, en especial el inciso segundo, que dispone: “Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias” y en el artículo 19 N°24 al vulnerarse el derecho de propiedad que emana de su contrato.

Solicita en definitiva que se ordene al Municipio de Punta Arenas que incorpore los beneficios de maternidad que se han omitido y se siguen omitiendo realizar, de manera expresa; que se ordene a la recurrida cesar su conducta en orden a no respetar su situación de embarazo en circunstancias que se le sigue exigiendo trabajar para pagar mi remuneración; que se ordene a la recurrida conducir su actuación conforme a derecho, procediendo según la legislación expresamente lo autorice no olvidando que su actuar se debe conducir conforme al derecho público que lo rige, y teniendo presente su situación de embarazo, y el respeto a las normas que rigen esta situación, con costas.

Evacuando informe don nombre reservado, en representación de la recurrida, solicita el rechazo del recurso por improcedente, con costas.

Manifiesta que el recurso carece fundamento pues la Municipalidad de Punta Arenas, ha actuado en todo momento con arreglo a derecho, respetando la Constitución y las leyes.

Luego de reseñar las normas que rigen a la recurrida, indica que por mandato de la Carta Fundamental y de las leyes orgánicas constitucionales que la regulan, la posibilidad de contratar a personas para que presten servicios en una municipalidad nace del marco jurídico establecido en esta ley, y que las formas como alguien puede prestar servicios para una municipalidad pueden ser las siguientes: cargos de planta, cargos a contrata, cargos bajo el Código del Trabajo y contratación a honorarios, esta última establecida en el artículo 4º de la Ley N°18.883, de manera tal que los propios contratos suscritos por la Municipalidad establecen cláusulas en donde queda de manifiesto la calidad del mismo, las que forman parte de las normas del contrato, obligatorias conforme lo establecen los artículos 1445 y 1545 del Código Civil.

Manifiesta que en consecuencia, las personas que prestan sus servicios a honorarios no se rigen por el Código del Trabajo, de manera que no les asiste ninguno de los derechos que tal normativa establece como, por ejemplo, el derecho a feriado anual, a la indemnización por años de servicio, al descanso por los días festivos, entre otros, sino que tal personal se rige por las reglas del arrendamiento de servicios inmateriales que regula el párrafo noveno, Título XXVI, del Libro IV, del Código Civil.

Indica que conforme a lo anterior, algunos de los beneficios incluidos en los convenios, (seguros de accidente, licencias médicas, permisos por descanso de maternidad y postnatal) son propios de una relación laboral, con lo que en definitiva se infringe el artículo 4º de la ley 18.883, al crear un vínculo jurídico de subordinación y dependencia, propio del artículo 7º del Código de Trabajo. Conforme a esta situación, es que la Municipalidad, ha procedido a no incluir dichos “Beneficios”, sobre la base que aquellos son propios de una relación laboral, y no de un vínculo civil, siendo esto informado en su oportunidad a la recurrente en el convenio respectivo, conforme al Ordinario Nº 1933, de fecha 27 de noviembre de 2017, suscrito por el Alcalde de la Municipalidad y dirigido a doña nombre reservado, Directora Regional de SENDA.

De esta manera, la recurrente ha reconocido tal realidad al momento de firmar el contrato a honorarios el 22 de agosto de 2017, por lo que además el recurso resulta del todo extemporáneo, considerando que desde esa fecha tomó conocimiento del contenido de su contrato y que al momento de firmarlo, lo reconoció y aceptó en cuanto a su contenido.

Por último señala que conforme a lo anterior, resulta difícil vislumbrar una eventual actuación u omisión arbitraria e ilegal en la cual hubiera incurrido la Municipalidad, ya que, en ningún momento, se han efectuado actos que atente contra las garantías constitucionales de la recurrente, ya que, su accionar siempre se han apegado a la Constitución y a las leyes, por lo que se concluye que la recurrida, ha obrado conforme a derecho, no existiendo, de su parte, ningún acto arbitrario e ilegal, no afectándose en ningún momento los derechos de la recurrente.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

Conforme a su naturaleza y claro objetivo, no genera, en sentido técnico, un juicio ni se persigue con su interposición establecer la responsabilidad civil, penal, infraccional o administrativa del ofensor. Por tanto, no se concibe respecto de una contienda civil entre partes ni da origen a un proceso penal o administrativo, es decir, no se aplica para discutir cuestiones de lato conocimiento o declarativas de derechos respecto de las cuales el legislador ha establecido los procedimientos idóneos para que sean debatidas y resueltas.

SEGUNDO: Que, el hecho sustancial que motiva el presente recurso se hace consistir por la recurrente –en síntesis- en la actitud negativa del recurrido en orden a modificar el contrato a honorarios suscrito entre las partes con fecha 22 de agosto de 2017, incorporando beneficios de maternidad omitidos, que pide se le ordene incorporar de manera expresa.

TERCERO: Que, a su turno, el recurrido alega que la recurrente estaba en conocimiento de la no incorporación de los beneficios a que alude cuando suscribió el contrato y lo aceptó expresamente conforme al artículo 1545 del Código Civil, sin que en dicha oportunidad se incluyeran los beneficios que ahora reclama y que no corresponde incorporar por tratarse en la especie de un vínculo civil y no de una relación laboral.

CUARTO: Que, como se ve, las partes de este recurso discuten sobre la procedencia de incorporar al contrato de honorarios que suscribieron determinados beneficios relativos a la maternidad en aplicación de normativa que según el recurrido no procede atendido que no existe entre ellos una relación laboral sino civil, controversia que atendida su naturaleza no corresponde a una materia que pueda ser dilucidada por medio de la presente acción cautelar, ya que –como se dijo- ésta no constituye una instancia de declaración de derechos, sino que de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y por ende en situación de ser amparados, presupuesto que en la especie no concurre.

QUINTO: Que, por lo expuesto, el presente recurso no podrá prosperar, sin perjuicio de otras acciones o derechos que pudieren corresponder a la recurrente.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo de Recursos de Protección de Garantías Constitucionales de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZA el recurso de protección presentado por doña nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, representada por su Alcalde don Claudio Radonich Jiménez, ya individualizados.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Redactada por el Ministro Sr. Kusanovic.

Rol Corte Nº 943-2017 PROTECCION