nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS

Punta Arenas, veinticuatro de enero de dos mil dieciocho.

VISTOS:

Comparece doña nombre reservado, Asistente Social, domiciliada en domicilio reservado de esta ciudad, quien deduce recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, representada por su Alcalde don Claudio Radonich Jiménez, abogado, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Fundamenta su recurso indicando que ingresó a trabajar como funcionaria a honorarios para la recurrida, en agosto del año 2015, en el Programa “Actuar en Comunidad” por medio de un Convenio entre Senda y la Municipalidad, programa que terminó el 31 de diciembre de 2015. Agrega que el 1 de enero del año 2016, como venía de un programa similar, la traspasaron al programa “Previene”, que consiste en la prevención de alcohol y otras drogas, destinado a la población en general, sin distinción de edad, financiado a nivel local por aportes que realiza el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, dependiente del Ministerio del Interior, como funcionaria a contrata (del resto del recurso debe entenderse que la calidad jurídica es funcionaria a honorarios).

Indica que, el 31 de diciembre del año 2016 se terminó el convenio de ese año y, el 1 de enero de 2017, se renovó el convenio entre ambas instituciones y se le informó que tenía continuidad en el mismo, de manera tal que su contrato se suscribió entre el 1 de enero al 30 de junio de 2017.

Señala que, en abril de 2017 confirmó medicamente que se encontraba embarazada desde el 17 de marzo del año 2017, demorándose los pagos de los meses a partir de la segunda remesa anual, requiriéndosele de manera telefónica para la firma de su nuevo contrato de trabajo, el que no incluía los beneficios de pre y post natal, licencias médicas y vacaciones acordados y firmados por el alcalde en períodos anteriores, por lo que se negó a firmar el documento.

Agrega que verbalmente y a través de correo electrónico solicitó que se modificara el contrato en los puntos que contenían errores, lo que hasta el momento no ocurre.

Señala que la directora de DIDECO, doña nombre reservado le informó que no se modificaría el contrato, puesto que según ella, estarían “sobre la ley con los beneficios” que se les estaban otorgando en el primer contrato. Además, aludió que podía hacer uso de su pre natal, pero trabajando desde su casa, a la vez que le menciona que en su calidad de honorario no debía cumplir horario de oficina sino que solamente metas como prestadora de servicios, todo lo cual a su juicio resulta irregular y contradictorio a las normas de protección a la maternidad que Chile ha suscrito tanto por leyes nacionales como por los convenios internacionales a que se encuentra obligado, infiriéndose de los dichos de la directora que no se le respetará su post natal y que se evaluará su continuidad para el año 2018.

Finaliza indicando que no obstante estar en el período de pre natal ha debido seguir trabajando ya que su trabajo es por metas, y que 10 días después del otorgamiento de la licencia médica por pre y post natal N°55609335, concurrió hasta las oficinas de la Municipalidad para que la recibieran, lo que no aconteció, rechazándosele el documento, acreditándose así la falta o abuso que reclama.

Plantea que los actos denunciados vulneran lo dispuesto en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, en especial el inciso segundo, que dispone: “Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias” y en el artículo 19 N°24 al vulnerarse el derecho de propiedad que emana de su contrato.

Solicita se ordene a la recurrida que incorpore los beneficios de maternidad omitidos y que se siguen omitiendo realizar, de manera expresa; que se le ordene cesar su conducta en orden a no respetar su situación de embarazo en circunstancias que se le sigue exigiendo trabajar para pagarle su remuneración; que se ordene a la recurrida conducir su actuación conforme a derecho, procediendo según la legislación expresamente lo autorice no olvidando que su actuar se debe conducir conforme al derecho público, teniendo presente su situación de embarazo, y el respeto a las normas que rigen esta situación, con costas.

Evacuando informe don, Cristian Patricio Navarro Kamann, en representación del recurrido, solicita el rechazo del presente recurso, con costas.

Manifiesta que el recurso carece de todo fundamento y en consecuencia debe ser rechazado, ya que la Municipalidad de Punta Arenas, ha actuado con arreglo a derecho, respetando la Constitución y las leyes.

Luego de reseñar las normas que rigen a la recurrida, indica que por mandato de la Carta Fundamental y de las leyes orgánicas constitucionales que la regulan, la posibilidad de contratar a personas para que presten servicios en una municipalidad nace del marco jurídico establecido en esta ley, y que las formas como alguien puede prestar servicios para una municipalidad pueden ser las siguientes: cargos de planta, cargos a contrata, cargos bajo el Código del Trabajo y contratación a honorarios, esta última establecida en el artículo 4º de la Ley N°18.883, de manera tal que los propios contratos suscritos por la Municipalidad establecen cláusulas en donde queda de manifiesto la calidad del mismo, las que forman parte de las normas del contrato, obligatorias conforme lo establecen los artículos 1445 y 1545 del Código Civil.

Manifiesta que en consecuencia, las personas que prestan sus servicios a honorarios no se rigen por el Código del Trabajo, de manera que no les asiste ninguno de los derechos que tal normativa establece como, por ejemplo, el derecho a feriado anual, a la indemnización por años de servicio, al descanso por los días festivos, entre otros, sino que tal personal se rige por las reglas del arrendamiento de servicios inmateriales que regula el párrafo noveno, Título XXVI, del Libro IV, del Código Civil.

Indica que conforme a lo anterior, algunos de los beneficios incluidos en los convenios, (seguros de accidente, licencias médicas, permisos por descanso de maternidad y postnatal) son propios de una relación laboral, con lo que en definitiva se infringe el artículo 4º de la ley 18.883, al crear un vínculo jurídico de subordinación y dependencia, propio del artículo 7º del Código de Trabajo. Conforme a esta situación, es que la Municipalidad, ha procedido a no incluir dichos “Beneficios”, sobre la base que aquellos son propios de una relación laboral, y no de un vínculo civil, siendo esto informado en su oportunidad a la recurrente en el convenio respectivo, conforme al Ordinario Nº 1933, de fecha 27 de noviembre de 2017, suscrito por el Alcalde de la Municipalidad y dirigido a doña nombre reservado, Directora Regional de SENDA.

De esta manera, la recurrente ha reconocido tal realidad al momento de firmar el contrato a honorarios el 22 de agosto de 2017, por lo que además el recurso resulta del todo extemporáneo, considerando que desde esa fecha tomó conocimiento del contenido de su contrato y que al momento de firmarlo, lo reconoció y aceptó en cuanto a su contenido.

Finaliza señalando que conforme a lo anterior, resulta difícil vislumbrar una eventual actuación u omisión arbitraria e ilegal en la cual hubiera incurrido la Municipalidad, ya que, en ningún momento, se han efectuado actos que atente contra las garantías constitucionales de la recurrente, toda vez que su accionar siempre se ha apegado a la Constitución y a las leyes, obrando conforme a derecho sin que exista de su parte algún acto arbitrario e ilegal ni se afecten los derechos de la recurrente.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

Conforme a su naturaleza y claro objetivo, no genera, en sentido técnico, un juicio ni se persigue con su interposición establecer la responsabilidad civil, penal, infraccional o administrativa del ofensor. Por tanto, no se concibe respecto de una contienda civil entre partes ni da origen a un proceso penal o administrativo, es decir, no se aplica para discutir cuestiones de lato conocimiento o declarativas de derechos respecto de las cuales el legislador ha establecido los procedimientos idóneos para que sean debatidas y resueltas.

SEGUNDO: Que, el hecho sustancial que motiva el presente recurso se hace consistir por la recurrente –en síntesis- en la actitud negativa del recurrido en orden a modificar el contrato a honorarios suscrito entre las partes con fecha 22 de agosto de 2017, incorporando beneficios de maternidad omitidos, que pide se le ordene incorporar de manera expresa.

TERCERO: Que, a su turno, el recurrido alega que la recurrente estaba en conocimiento de la no incorporación de los beneficios a que alude cuando suscribió el contrato y lo aceptó expresamente conforme al artículo 1545 del Código Civil, sin que en dicha oportunidad se incluyeran los beneficios que ahora reclama y que no corresponde incorporar por tratarse en la especie de un vínculo civil y no de una relación laboral.

CUARTO: Que, como se ve, las partes de este recurso discuten sobre la procedencia de incorporar al contrato de honorarios que suscribieron determinados beneficios relativos a la maternidad en aplicación de normativa que según el recurrido no procede atendido que no existe entre ellos una relación laboral sino civil, controversia que atendida su naturaleza no corresponde a una materia que pueda ser dilucidada por medio de la presente acción cautelar, ya que –como se dijo- ésta no constituye una instancia de declaración de derechos, sino que de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y por ende en situación de ser amparados, presupuesto que en la especie no concurre.

QUINTO: Que, por lo expuesto, el presente recurso no podrá prosperar, sin perjuicio de otras acciones o derechos que pudieren corresponder a la recurrente.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo de Recursos de Protección de Garantías Constitucionales de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, representada por su Alcalde don Claudio Radonich Jiménez, ya individualizados.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redactada por el Ministro Sr. Kusanovic.

Rol Corte Nº 942-2017 PROTECCION