nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

Punta Arenas, veinticinco de julio de dos mil veintidós.

VISTOS:

Comparecen ante esta Corte de Apelaciones nombre reservado cédula nacional de identidad RUT reservado, domiciliado para estos efectos legales en domicilio reservado quien deduce acción de protección en nombre y a favor de los recurrentes de nombre reservado, venezolana, ginecóloga, cédula de identidad para extranjeros número: RUT reservado; nombre reservado, venezolano, médico anestesista, cédula de identidad para extranjeros número RUT reservado, y el hijo de ambos, el niño nombre reservado, venezolano, cédula de identidad para extranjeros número RUT reservado, todos para estos efectos de su mismo domicilio, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, como continuador legal del Departamento de Extranjería y Migración, con domicilio en domicilio reservadoº Piso, Región Metropolitana de Santiago, representado por su director nombre reservado, por la omisión en pronunciamiento de solicitud de permanencia definitiva.

Relata que en el caso de la recurrente doña nombre reservado, solicitó la permanencia definitiva con fecha 26 de agosto de 2020 la que quedó consignada con el código de trámite: 9642192 y que fue recibida exitosamente en la misma fecha. Luego a los dos días después con fecha 28 de agosto de 2020, ingresa solicitud de permanencia definitiva para su hijo, el niño nombre reservado, solicitud que quedo consignada con el código de trámite: 9645343 y que fue recepcionada con éxito.

Finalmente y parte del grupo familiar el recurrente don nombre reservado, solicitó la permanencia definitiva con fecha 05 de febrero de 2021, la que quedo consignada bajo el número: 18704078, la cual fue recepcionada exitosamente el mismo día.

Luego, con fecha 20 de octubre de 2021, los recurrentes doña nombre reservado y don nombre reservado solicitaron ampliación de solicitud de permanencia definitiva y con fecha 17 de noviembre de 2021 solicitaron la ampliación para su hijo el niño SAMUEL nombre reservado, todo lo anterior realizado a través de la plataforma online del Departamento de Extranjería y Migración, adjuntando toda la documentación requerida para dicho trámite. Destaca, que a la fecha, no han tenido ningún proceso de subsanación, en el que les pidan complementar o agregar algún otro antecedente, por lo que el procedimiento debería estar concluido, dado el tiempo transcurrido.

Sostiene que desde el envío de las solicitudes, en el caso de la recurrente y su hijo, han transcurrido 19 meses y en el caso del recurrente 14 meses, en que los recurrentes no han tenido respuesta a sus solicitudes, incumpliéndose los plazos establecidos en la ley de una manera excesiva y desproporcionada.

Esta omisión o abstención, tan prolongada en el tiempo por parte del Servicio Nacional de Migraciones, como continuador legal del Departamento de Extranjería y Migración, le ha traído considerables consecuencias a los recurrentes, principalmente en cuanto a las limitaciones que le han surgido, para llevar a cabo gestiones tan básicas como solicitar su cédula de identidad. Pues, lamentablemente todos los recurrentes, mantienen su cédula de identidad vencida.

Arguye que en virtud de lo expresado se ha privado y/o perturbar, en forma ilegal y arbitraria, los derechos de los recurrentes, garantizados en el artículo 19 en su números 2 y 3 de la Constitución Política de la República, es decir, Igualdad ante la Ley y el Debido Proceso.

Solicita se acoja el presente recurso y se resuelva la solicitud de Permanencia Definitiva de los recurrentes doña nombre reservado, don nombre reservado y el niño nombre reservado, todos anteriormente individualizados, ordenando a la recurrida, que cumplidos, como han sido todos los requerimientos de la Ley de Extranjería y su Reglamento, se les otorgue sin más demora a los recurrentes, la Permanencia Definitiva solicitada, o las medidas que SS. Ilustrísima con su prudente arbitrio considere más pertinentes.

Acompaña en su recurso, Copia Cédula de Identidad para extranjeros de doña nombre reservado, Copia Cédula de Identidad para extranjeros de don nombre reservado, Copia Cédula de Identidad para extranjeros del niño nombre reservado, Copia de Pasaporte N° RUT reservado de doña nombre reservado, Copia de Pasaporte N° RUT reservado don nombre reservado, Copia de Pasaporte N° RUT reservado del niño nombre reservado, Certificado de antecedentes penales de Venezuela, apostillados, de doña nombre reservado, Correo del Departamento de Extranjería y Migración, que informa recepción de solicitud de permanencia definitiva, de doña nombre reservado, Correo del Departamento de Extranjería y Migración, que informa recepción de solicitud de permanencia definitiva, de don nombre reservado, Correo del Departamento de Extranjería y Migración, que informa recepción de solicitud de permanencia definitiva, del niño nombre reservado, Comprobante de solicitud de permanencia definitiva de doña nombre reservado, Comprobante de solicitud de permanencia definitiva de don nombre reservado, Comprobante de solicitud de permanencia definitiva del niño nombre reservado, Comprobante ampliación de solicitud de permanencia definitiva de doña nombre reservado, Comprobante ampliación de solicitud de permanencia definitiva de don nombre reservado, Comprobante ampliación de solicitud de permanencia definitiva del niño nombre reservado, Captura de pantalla de Estado de Solicitud de Beneficio Migratorio, de doña nombre reservado, Captura de pantalla de Estado de Solicitud de Beneficio Migratorio, de don nombre reservado, Captura de pantalla de Estado de Solicitud de Beneficio Migratorio, del niño nombre reservado, Certificado de trabajo de doña nombre reservado, Certificado de trabajo de don nombre reservado, Certificado de cotizaciones de AFP Modelo de doña nombre reservado, Certificado de cotizaciones de AFP Modelo de nombre reservado.

Informando, Gabriel Silva-Riesco Silva, abogado del recurrido Servicio Nacional de Migraciones, solicita el rechazo del recurso reconociendo la fecha de las solicitudes efectuadas por los recurrentes.

Respecto de nombre reservado, con fecha 10 de diciembre de 2021, se dictó Resolución Exenta N° 21439244, en el que se aprueba avance en el estado de trámite de la solicitud de permanencia definitiva, señalando que se encuentra en Análisis Resolutivo, lo que consiste en la validación de pago de derechos y la revisión de antecedentes aportados por instituciones externas sobre antecedentes delictuales del peticionario y emisión del acto administrativo que otorga o rechaza la permanencia definitiva, de conformidad a circular N° 12 del Servicio Nacional de Migraciones, de fecha 24 de noviembre de 2021.

En relación al recurrente don nombre reservado, Con fecha 10 de diciembre de 2021, se dictó Resolución Exenta N° 21438779, en el que se aprueba avance en el estado de trámite de la solicitud de permanencia definitiva, señalando que se encuentra en Evaluación Intermedia, lo que incluye un análisis documental que implica validación de forma, vigencia y legalización –si fuese necesario-, además de la petición de información a instituciones externas, específicamente a las policías y Servicio Registro Civil e Identificación, sobre la existencia o no de antecedentes delictuales; y la evaluación analítica de documentos electrónicos o en papel, legalizados o apostillados, según corresponda, de conformidad a circular N° 12 de fecha 24 de noviembre del Servicio Nacional de Migraciones.

Respecto del recurrente nombre reservado, con fecha 08 de diciembre de 2021, se dictó Resolución Exenta N° 21381327, en el que se aprueba avance en el estado de trámite de la solicitud de permanencia definitiva, señalando que se encuentra en Análisis Resolutivo, lo que consiste en la validación de pago de derechos y la revisión de antecedentes aportados por instituciones externas sobre antecedentes delictuales del peticionario y emisión del acto administrativo que otorga o rechaza la permanencia definitiva, de conformidad a circular N° 12 del Servicio Nacional de Migraciones, de fecha 24 de noviembre de 2021.

En virtud de lo anterior, colige que la situación migratoria de las recurrentes es regular, por encontrarse con solicitudes de visa en trámite.

En virtud de lo anterior, la recurrente mantiene situación migratoria regular en el territorio nacional, pudiendo hacer ingreso y egreso del país sin limitaciones y transitar libremente por éste. En consecuencia, esta autoridad entiende que no existe actualmente una conducta que genere vulneración, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos protegidos por la acción de protección.

Queda asentado el hecho de que actualmente la libertad personal de los recurrentes no se encuentra en lo absoluto amenazada, restringida o conculcada por alguna acción u omisión de este Servicio.

En cuanto al tiempo de tramitación manifiesta que, según lo señalado por el artículo 27 de la Ley 19.880, el plazo del procedimiento administrativo podrá ser mayor a 6 meses cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose como tal, una pandemia de carácter mundial que afectó y afecta nuestro país, lo que distorsionó los tiempos normales de tramitación de los procedimientos administrativos durante los años 2020 y 2021, atendidos los aislamientos, cuarentenas y restricciones de movilidad decretados por la autoridad sanitaria. Lo anterior significó un retraso considerable e irresistible para la autoridad migratoria que, como se expondrá, ha sido reconocido por sentencias ejecutoriadas como un caso fortuito que excusa la dilación de las solicitudes de permanencia definitiva, sin que ello por sí solo implique vulneración de derechos fundamentales de los extranjeros, al mantener residencia regular en el país y contar con documentación a su disposición para acreditar dicha condición en el país.

la pretensión de la contraria es alzar el tiempo de tramitación como una omisión que por sí sola trae aparejada una serie de perturbaciones en su vida, que ha subsumido en amenaza o vulneración del derecho a la igualdad ante la ley, reconocido en el artículo 19 N° 2, así como los derechos constitucionales consagrados en los numerales 4, 16 y 21, todos también del artículo 19 de la Constitución Política de la República, al argumentar un supuesto trato desigual y discriminatorio, lo que es absolutamente falso. La tramitación de la solicitud de regularización de la extranjera recurrente sigue la misma tramitación legal y reglamentaria que cualquier otro extranjero, no existiendo ninguna diferencia arbitraria ni ilegal, y por lo demás, mientras se mantenga en tramitación la solicitud, las personas no tienen limitaciones para salir e ingresar al país sin más limitaciones que las que establece la ley, así como plena libertad de desarrollar actividades remuneradas lícitas, y en general, adquirir todo derecho u obligación civil conforme lo establecido en el artículo 57 del Código Civil.

El hecho de que el plazo del artículo 27 de la Ley N° 19.880 no sea fatal para dar término a los procedimientos administrativos, refuerza el hecho de encontrarse ajustado a derecho el actuar de la autoridad administrativa. Máxime cuando es pacífico que se le ha dado tramitación legal a la solicitud de permanencia definitiva, sustanciando la tramitación y dándole curso progresivo, y poniendo a disposición de la recurrente el respectivo comprobante que acredita su residencia regular en el país.

Entiende que la vía idónea para que los órganos de la administración del Estado dicten un acto administrativo final en un procedimiento que ha demorado en su tramitación más allá del plazo no fatal establecido en el artículo 27 de la Ley N° 19.880 no es la interposición de una acción de protección, sino el mecanismo especial del silencio administrativo, establecido en los artículos 64 y 65 del mismo cuerpo normativo.

En virtud de las consideraciones anteriormente indicadas, teniendo presente que su parte ha actuado con estricto apego a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, es que entiende esta autoridad que no existe acto u omisión arbitraria o ilegal que genere privación, perturbación o amenaza a los derechos consagrados en el Artículo 19 de la Constitución Política de la República, y no existe por tanto perturbación alguna derechos del extranjero, toda vez que la solicitud de la recurrente se encuentra actualmente en tramitación y su situación migratoria es regular.

En conclusión pide se rechace el recurso y la eventual condena en costas a su parte.

Acompaña en su informe Circular N° 12 del Servicio Nacional de Migraciones, de fecha 24 de noviembre de 2021, Copia Resolución Exenta N° 21439244, de fecha 10 de diciembre de 2021, del Servicio Nacional de Migraciones, Copia Resolución Exenta N° 21438779, de fecha 10 de diciembre de 2021, del Servicio Nacional de Migraciones y Copia Resolución Exenta N° 21381327, de fecha 08 de diciembre de 2021, del Servicio Nacional de Migraciones.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, el acto estimado ilegal y arbitrario alegado por la recurrente consiste en que a pesar de haber transcurrido más de un año desde la petición formal de residencia o permanencia definitiva, la recurrida no se ha pronunciado al respecto.

TERCERO: Que, es necesario tener presente que, para resolver el asunto en examen, se debe acudir a lo estatuido en la Ley N° 19.880, que regula la actividad de la Administración, estableciendo reglas básicas que se deben aplicar de forma imperativa.

Al respecto cabe subrayar que los principios normativos elementales consagrados en la referida ley de bases, que constituyen una garantía en favor de los particulares frente a la Administración, deben ser respetados en el procedimiento administrativo, y al respecto cabe reseñar que el artículo 4º de la citada ley establece cuáles son tales principios, entre los que se incluyen los de celeridad, conclusivo, economía procedimental e inexcusabilidad.

A mayor abundamiento, el inciso segundo del artículo 3º de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, señala que, entre otros principios, la Administración del Estado debe observar el de impulsión de oficio del procedimiento. A continuación, su artículo 8º indica que los órganos de la Administración del Estado deben actuar “por propia iniciativa en el cumplimiento de sus funciones, o a petición de parte cuando la ley lo exija expresamente o se haga uso del derecho de petición o reclamo, procurando la simplificación y rapidez de los trámites.

Los procedimientos administrativos deberán ser ágiles y expeditos, sin más formalidades que las que establezcan las leyes y reglamentos.”.

En este sentido resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en el artículo 7º de la Ley Nº 19.880, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión.

Lo anterior resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8 de esa misma ley, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por último, el artículo 14 define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

CUARTO: Que, del mérito de lo informado por el recurrido, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, teniendo especialmente las situaciones fácticas en las que se encuentra la solicitante.

QUINTO: Que, en este aspecto, es preciso ser enfático, en cuanto no corresponde a esta Corte emitir pronunciamiento sobre la solicitud de regularización, desde que no existe un acto administrativo que adopte una decisión sobre el particular. En efecto, es justamente esta omisión la que constituye el proceder ilegal reprochado al recurrido, manteniendo a la parte afectada en la incertidumbre, pese a la obligación legal que tiene de pronunciarse y aun cuando el estado de los antecedentes le permite hacerlo.

Lo expuesto es relevante, toda vez que sólo a través de la expedición del acto administrativo respectivo surgen para el administrado una serie de garantías vinculadas con el control jurisdiccional del mismo, revisión que, como se ha señalado, no puede llevarse a cabo en autos debido a la ilegalidad en que ha incurrido el recurrido.

SEXTO: Que la omisión en que incurrió la administración no sólo debe ser calificada de ilegal, sino que, además, vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de la parte recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes, obteniendo una respuesta formal en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente, permitiendo de este modo, a esos otros administrados, requerir, de ser ello procedente, la revisión jurisdiccional del acto respectivo.

Por estas consideraciones, y teniendo presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la Republica, y por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo de esta clase de recursos, de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE ACOGE el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en favor de nombre reservado, nombre reservado, venezolano y nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, con el sólo objeto que la autoridad correspondiente emita el pronunciamiento fundado que en derecho corresponda respecto de las solicitudes que le han sido planteada, dentro del plazo de sesenta días hábiles.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

ROL N°929-2022- PROTECCIÓN