Protección contra Gobernadora Provincial de Tierra Del Fuego

Punta Arenas, catorce de octubre de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Comparece nombre reservado, Técnico en Trabajo Social, Coordinadora Territorial de la Gobernación Provincial de Tierra del Fuego, domiciliada en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Gobernadora Provincial de Tierra Del Fuego, doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, por haber dictado el oficio Nº 555 de 26 de julio de 2019, por el cual se le notifica su desvinculación o termino anticipado de su contrato de honorarios.

Expresa que su convenio de honorarios, de 24 de enero de 2019, tenía vigencia hasta el 31 de diciembre del presente año, y que la carta enviada comunicando la desvinculación, expresa: “la decisión antes referida se fundamenta en lo dispuesto en la cláusula décimo cuarta del contrato, que establece que cualquiera de las partes podrá poner término anticipado al presente convenio cuando lo estime conveniente, sin necesidad de expresión de causa y sin más formalidad que comunicar esa decisión a la contraparte mediante carta certificada, acorde a lo dispuesto en el artículo Nº 46 de la ley Nº 19.980 o personalmente, caso en cual deberá quedar registro de dicho acto y de la recepción de la mencionada comunicación”.

Expone que, sin embargo, la Corte Suprema, en los últimos años, ha ido desarrollando una jurisprudencia consistente y uniforme en materia de motivación del acto administrativo, consagrando una serie de estándares que materializan de manera concreta el mandato del artículo 8° de la Constitución y los artículos 11, inciso 2° y 41° inciso 4° de la Ley de Bases del Procedimiento Administrativo, así, el máximo Tribunal ha sostenido que la motivación del acto administrativo es un elemento esencial del mismo. Así, se trata de “un requisito indispensable que debe encontrarse siempre presente” (en Rol N° 27.467-2014); “revestido de mérito suficiente” (en Rol N° 58.971-2016) y si el acto aparece “desmotivado” o con “razones justificativas vagas, imprecisas y que no se avienen al caso concreto”, carece de un elemento esencial (en Rol N° 27.467-2014). Asimismo, sostuvo que la motivación sobre la base de fundamentos “meramente formales” implica arbitrariedad e ilegalidad (en Rol N° 27.467-2014).

Así, según entiende, en el caso de autos, el acto administrativo carece de fundamentación, más allá de la mera formalidad, cuestión que es abiertamente arbitraria e ilegal.

Presume que su desvinculación se debe a que tuvo un conflicto de violencia intrafamiliar, el que ocurrió el 16 de junio del presente año, y que salió en los medios de comunicación locales y en redes sociales. Como consecuencia de ello se encuentra con licencia médica debido a la situación vivida, tampoco la Gobernación se ha pronunciado si estas van a ser pagadas.

Según expresa, toda esta situación vulnera un conjunto de sus Derechos Fundamentales, como son la honra, la integridad física y psíquica la igualdad ante la ley, entre otras, comprendidas en el artículo 19, números 1, 2 y 4 de la Constitución Política de la República de Chile.

Solicita en concreto dejar sin efecto el término anticipado de su contrato de honorario, por carecer de fundamentos de fondo y a su vez por vulnerar garantías constitucionales.

Evacua informe nombre reservado, nombre reservado.

En cuanto a las funciones desempeñadas por la recurrente y su duración, expresa que ella ingresó a la Gobernación Provincial de Tierra del Fuego, en calidad jurídica de Convenio honorarios a suma alzada asimilado a grado 15° EUR, a contar del 01 de Enero de 2019 y hasta el 31 de Diciembre de 2019, según Convenio Honorarios a Suma Alzada del Servicio de Gobierno Interior, firmado el 24 de Enero de 2019 por la Sra. nombre reservado.

Con respecto a sus funciones durante este periodo, la recurrente, debería realizar las siguientes tareas:

• Realizar visitas a terreno, dentro del marco de la Gestión Territorial de la respectiva Gobernación Provincial.

• Promover la participación ciudadana organizada en Plazas y Diálogos Ciudadanos.

• Desarrollar la coordinación territorial de los Servicios Públicos con presencia en la provincia y traducirla en acciones conjuntas, en las distintas localidades del territorio.

• Gestionar acciones para el desarrollo de formas eficientes del programa Gobierno en Terreno.

• Mantener contacto permanente con organizaciones Sociales de la Provincia, teniendo una base de datos actualizada.

Expresa que haciendo pleno uso de la cláusula 14° del referido Convenio, se procedió a notificar a la recurrida, de su desvinculación, mediante Notificación Personal el 26 de Julio de 2019, la que no fue firmada por ella, por lo que mediante el Oficio Ordinario N° 555 de 26 de Julio de 2019, se efectuó su notificación por Carta Certificada remitida vía Correos de Chile de manera que quedó legalmente notificada de su desvinculación.

Alega que la presente acción no es la vía idónea para los fines perseguidos por el actor, ya que es una acción cautelar autónoma, excepcional, de urgencia y que goza de tramitación informal y sumaria.

Por ello, el ámbito de aplicación de la acción de protección se limita a aquellos actos cuya arbitrariedad o ilegalidad sobre derechos preexistentes e indubitados sean evidentes u ostensibles, atendidas las circunstancias y modalidades concretas de la situación de la que se trata, impidiéndose que este arbitrio puedan emplearse, para declarar o constituir situaciones jurídicas nuevas, ya que las meras expectativas no constituyen derechos subjetivos públicos o posiciones activas susceptibles de tutela judicial efectiva mediante esta vía.

La recurrente solicita mediante esta acción de protección, que se adopten todas las medidas necesarias para dar efectivo resguardo a las garantías constitucionales eventualmente conculcadas, lo que en los hechos significaría dejar sin efecto la carta notificada con fecha 29 de Julio de 2019, sin embargo, como reitera, el recurso de protección no es la vía idónea para resolver la legalidad de un acto administrativo, según lo establecido en el propio dictamen N° 6.400/2018, de la Contraloría General de la República, que actualizó las instrucciones y criterios complementarios fijados en el dictamen N°85.700/2016, sobre confianza legítima en la contratas.

El dictamen establece el régimen recursivo del acto administrativo en cuestión, detallando que éste puede ser impugnado de acuerdo al artículo 59 de la Ley 19.880, esto es, entablando los recurso de reposición y/o jerárquico ante la propia administración. Además, en aplicación del artículo 160, de la Ley 18.834, los funcionarios tendrán derecho a reclamar ante la Contraloría, cuando se hubieren producido vicios de legalidad que afectaren los derechos que les confiere el estatuto, dentro del plazo de 10 días hábiles, contados desde que tuvieren conocimiento de la situación, resolución o actuación que dio lugar al vicio que se reclama, transcurrido el cual sus reclamos serán desestimados por extemporáneos.

Así, el legislador y el ente fiscalizador, han establecidos los mecanismos de impugnación del acto administrativo, que no han sido ejercidos por la recurrente, siendo ella la vía idónea para reclamar su ilegalidad. Por lo tanto, lo que se pide en el recurso, excede a las materias que deben ser conocidas por esta acción, atendida su naturaleza cautelar, toda vez que ellos deben ser discutidos y probados en el procedimiento judicial correspondiente, ante el cual podrán hacerse las alegaciones respectivas, condiciones en la que tiene aplicación la norma de inadmisibilidad establecida en el número 2 del auto acordado sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Manifiesta que la actora realizó una presentación administrativa, interponiendo el respectivo recurso de reposición el que fue resuelto, pero debiendo ser elevado al superior Jerárquico respectivo, en el caso el Sr. nombre reservado.

Asimismo, el presente recurso está mal presentado en contra de la nombre reservado doña nombre reservado, ya que debió recurrirse en contra del Sr. nombre reservado, en calidad de Jefe Superior del Servicio de Gobierno Interior. La recurrente prestó servicios bajo la modalidad de “Convenio Honorarios a Suma Alzada” estableciéndose en dicho convenio las labores encomendadas, cláusulas, plazos, obligaciones y beneficios acordados, que constituyen el estatuto jurídico por el cual se regían.

Conforme a lo expresado, a la actora se le desvinculó precisamente en este contexto y utilizando una cláusula contenida en este convenio específico, firmado por la actora, específicamente haciendo uso de la Cláusula 14°.

Entonces, entre la recurrente y la recurrida existió una relación a honorarios a suma alzada, que en atención a las normas señaladas se rige, por las normas del convenio y supletoriamente, por el Código Civil, particularmente, las normas sobre arrendamiento de servicios inmateriales, contenidas en el párrafo 9 del Título XXVI del Libro IV, en consecuencia, al existir un procedimiento administrativo y judicial especiales establecidos en la Ley, la recurrente ha podido acudir a las vías que la normativa considera al efecto, a fin de hacer valer los derechos o vicios que legítimamente observe el afectado. En este último caso, la vía judicial opera mediante un juicio de lato conocimiento, que exige la presentación pruebas y antecedentes por cada parte, situación que pugna con la naturaleza cautelar y de emergencia del Recurso de Protección.

Luego, expresa que no se ha incurrido en ilegalidad ni arbitrariedad al proceder a la desvinculación del convenio de la recurrente, ya que únicamente se ha cumplido con el convenio, y porque al tratarse de un Convenio Honorario a Suma Alzada, no se requieren otros elementos más que dar cumplimiento a las formalidades ahí estipuladas, cosa que en el hecho ocurrió precisamente, para proceder a la desvinculación de la recurrente.

Por último, en cuanto a las necesidades de la Gobernación para desvincular a la requirente, señala que éstas se basan exclusivamente a lo establecido en la normativa vigente previamente indicada y razones de buen servicio, por lo que se procedió a redistribuir sus funciones entre otros funcionarios públicos de la misma entidad.

En concreto solicita que se rechace en todas sus partes, con costas, la acción cautelar deducida.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

SEGUNDO: Que el hecho sustancial que motiva el presente recurso consiste en la resolución contenida en el oficio N°555 de 26 de julio de 2019, que determina desvincular a la actora, terminando anticipadamente su contrato a honorarios.

TERCERO: Que de los antecedentes, y en especial el informe, se advierte que al haberse desvinculado a la actora en la forma en que se hizo, se ha materializado lo contenido en el propio convenio a honorarios, toda vez que en la cláusula 14° de dicho instrumento, allegado al presente procedimiento, expresamente se contempla la posibilidad para cualquiera de las partes, de poner término anticipado al mismo, cuando lo estimaren conveniente, sin necesidad de expresión de causa y sin más formalidad que la de comunicar la decisión a la contraparte.

CUARTO: Que así entonces, y dentro de ese contexto, el acto denunciado no puede considerarse como ilegal o arbitrario, teniendo además presente que el cuestionamiento a las cláusulas del convenio resulta ser objeto de un procedimiento de lato conocimiento, escapando al ámbito del recurso de protección.

QUINTO: Que, a mayor abundamiento, es dable considerar que en dichos de la recurrida se encuentra pendiente sobre la misma cuestión un recurso de reposición ante la autoridad administrativa Sr. nombre reservado.

Por estas consideraciones, y teniendo presente lo dispuesto por el artículo 19 y 20 de la Constitución Política del Estado, y por el auto acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo de esta clase de recursos, de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, se declara:

QUE SE RECHAZA el recurso de protección presentado por nombre reservado, en contra de la Gobernadora Provincial de Tierra Del Fuego, Sra. nombre reservado.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

ROL PROTECCIÓN 926-2019.