nombre reservado con CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS, PARA LA EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCIÓN AL MENOR

Punta Arenas, diecinueve de noviembre de dos mil dieciocho.

Vistos:

Comparece ante esta Corte de Apelaciones don nombre reservado, Técnico Nivel Superior en Informática (Programación), quien recurre de protección en contra de la Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al menor, representada por su Secretario General, nombre reservado, solicitando se declare que la resolución N° 550 de fecha 27 de Agosto del año en curso, dictada por la recurrida, que le aplica la medida disciplinaria de destitución es arbitraria, ilegal y desproporcionada; se ordene el reintegro a sus funciones, manteniéndose la titularidad del cargo que detentaba en el servicio de atención primaria de salud municipal y se adopten las medidas cautelares y preventivas que en derecho corresponda, para ante la eventualidad de conductas represivas que puedan significar un menoscabo a su dignidad de trabajador y persona humana; asimismo se ordene el pago de sus remuneraciones de las que se ha visto privado desde el día 12 de septiembre del 2018, con costas.

Explica que con fecha 17 de mayo del 2018, doña nombre reservado, Directora del Centro de Salud Familiar, CESFAM 18 de Septiembre, reclama a doña nombre reservado, Jefa del área de salud de la Corporación Municipal de Punta Arenas, en relación a la implementación de la Ficha Clínica de Atención Primaria de Salud, denominada Rayen Full; ya que habiéndole instruido efectuar catastro sobre los puntos eléctricos necesarios para el funcionamiento del sistema, el funcionario se habría negado a cumplir instrucciones y órdenes, aludiéndose que se “requería contar con un referente informático comprometido y que responda en forma oportuna a la contingencia diaria, lo contrario puede constituir un gran obstáculo para la implementación de la ficha electrónica”.

Explica que al efectuarse el requerimiento indicado, manifestó que lo solicitado no formaba parte de sus competencias, lo que estima no constituye una negación de funciones, ya que no cuenta con especialización y formación en materia de electricidad, sus estudios son en materia informática (programación), siendo para ello contratado por la recurrida, cargo que obtuvo por medio de concurso público de antecedentes en el año 2011. Alude que era su deber exponer la situación a su jefatura, sin embargo ello fue objeto de cuestionamiento y motivó la aludida misiva, instruyéndose un proceso disciplinario en su contra, con el objeto de determinar eventuales responsabilidades administrativas, designándose fiscal a doña nombre reservado, funcionaria de la entidad administradora.

Precisa el proceso, que se siguió para la implementación del nuevo circuito eléctrico y las modificaciones que debieron efectuarse, por problemas presupuestarios. Niega haberse opuesto a realizar el catastro de puntos eléctricos, lo que se corrobora con las declaraciones del proceso sumarial en que consta el reconocimiento de parte de la Directora del CESFAM, que la primera tarea para la implementación del sistema, fue cumplida por nombre reservado y el recurrente, sin inconvenientes; su oposición se limitaba a determinar si éstos se encontraban energizados o no, si estaban operativos o si cumplían la norma eléctrica, lo que excede sus competencias, pues para ello existen expertos en el área, un electricista calificado; sin embargo la situación no fue bien ponderada ni aceptada por parte de su jefatura, insistiéndose en que era su obligación.

Se le formularon cargos, donde se fijaron una serie de hechos generales sobre su falta de competencia profesional, se le acusa de ser una persona estructurada en el trabajo, cuestionamientos de parte de la nueva Dirección nombrada en el año 2017, pese a que lleva 7 años en sus funciones. En la resolución se le imputa no cumplir con los objetivos solicitados, los cuales ayudarían a mejorar las prestaciones de servicio a los pacientes; nulo interés en integrarse al equipo de trabajo, total inadaptabilidad a cambios e inconformidad con tareas asignadas; carece de interés en aceptar las capacitaciones que se le han ofrecido en su horario laboral para instruirlo en conocimientos informáticos, y a las que ha participado no logra aplicar los conocimientos impartidos; el funcionario no cuenta con las competencias requeridas para el cargo; falta al desempeño de sus labores con cortesía, esmero y eficiencia; transgrede a obedecer las órdenes impartidas por el superior jerárquico; conducta agresiva e irrespetuosa e incumplimiento de las obligaciones funcionarias.

Sin perjuicio de haber formulado sus descargos, negando los hechos, se le aplica la sanción disciplinaria de destitución, mediante resolución N° 550 de 27 de agosto del año en curso, de la cual fue notificado el día 11 de septiembre del corriente, mientras se encontraba con licencia médica en su domicilio. El dictamen se funda en los siguientes hechos: negativa a realizar el catastro de puntos eléctricos necesarios para la instalación de Rayen Full, señalando que no corresponde a sus funciones y que carece de las competencias necesarias para realizar evaluación eléctrica, ante una nueva negativa, asumen la tarea otros funcionarios a fin de cumplir con las fechas de planificación del proyecto. En consecuencia, atendidos los requerimientos de Rayen Full, se requiere de un referente informático comprometido y que responda en forma oportuna a la contingencia diaria; se estimaron suficientemente acreditados los hechos, y constitutivos de una infracción grave a la obligación consagrada en el artículo 48 de la ley 19.378 letra b) falta de probidad, conducta inmoral o incumplimiento grave de las obligaciones funcionarias, establecidos fehacientemente por medio de un sumario, relacionado con el artículo 123 letra f) de la ley 18.883, que regula la facultad del Alcalde de poner término a los servicios de un funcionario.

Agrega que desde la notificación del acto administrativo sancionatorio, se le dejó de pagar su remuneración, fue desvinculado de manera absoluta, total y arbitraria de sus funciones a consecuencia de la medida disciplinaria aplicada irracionalmente y con una ausencia total de la discrecionalidad que se exige en sede administrativa.

Los hechos denunciados vulneran las garantías fundamentales consagradas en los numerales 2, 9 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Así, estima afectada la igualdad ante la ley, desde que no ha existido un trato y discrecionalidad en las acusaciones, en base a hechos que no son efectivos; estima que la decisión es arbitraria, carente de razonabilidad, no se explica cuáles son los fundamentos tenidos en vista para adoptar la decisión, es decir, cual fue el real daño o perjuicio causado hacia la administración y jefaturas para aplicar tan drástica decisión. Se verifica también la vulneración que acusa, por la circunstancia que no se adjuntó a la notificación de la resolución sancionatoria, la vista fiscal que la fundamenta y a la que se hace referencia expresamente; asimismo se dispone la sanción por el Sr. Secretario de la Corporación Municipal y no por el Alcalde como legalmente corresponde, de acuerdo a lo previsto en el artículo 63 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, potestad que es indelegable. Lo descrito contraviene además lo señalado en el artículo 18 de la Ley N° 18.575 de Bases de la Administración del Estado que prescribe que en el ejercicio de la potestad disciplinaria se asegurará el derecho a un racional y justo procedimiento. Se afecta también el principio de proporcionalidad, en razón de los hechos objeto de la acusación, por cuanto resulta procedente la destitución ante una vulneración grave al principio de probidad administrativa, en la especie, la medida carece de razonabilidad, siendo así un acto arbitrario, resultando totalmente desproporcionada.

Asimismo se ha afectado su derecho a la protección de la salud, ya que, como consecuencia del sumario administrativo iniciado en su contra, su salud se vio seriamente afectada a raíz de los distintos episodios de angustia frente a la arbitrariedad de los actos emanados desde las autoridades Municipales y Corporación respectivamente, por lo que se le prescribió reposo absoluto a raíz del cuadro de angustia provocado por el estrés de estar expuesto en los factores de riesgo y tratamiento farmacológico, encontrándose con licencia médica al momento de la notificación del acto administrativo. En dicha ocasión se presentaron en su domicilio 3 funcionarios del área de salud y se le entregó personalmente sobre cerrado con los actos administrativos, procediendo a la recepción de la misma y firma de libro, lo que, pese a la jurisprudencia administrativa, estima le genera indefensión y afecta la recuperación de su salud.

Se afecta también su derecho de propiedad por cuanto desde la aplicación de la medida de destitución, se ha visto privado de su remuneración, hasta la fecha, perdiendo además la oportunidad de ejercer su trabajo, de recibir el emolumento que conlleva, lo anterior se traduce en un menoscabo económico.

Informa por la recurrida Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al Menor, la abogada doña Patricia Jara Rojas, solicitando el rechazo del recurso, con expresa condenación en costas.

Alega, en primer término, la incompetencia de esta Corte de Apelaciones, atendido que de acuerdo a lo peticionado por el actor, resulta improcedente el recurso de protección intentado, dado que es de competencia de la judicatura laboral el conocer de la correspondiente demanda, en el cual podrá hacerse valer las pretensiones del funcionario, de acuerdo a lo previsto en el artículo 420 letra a) del Código del Trabajo. Así, si el trabajador pretende impugnar el término de la relación laboral o discutir la determinación adoptada por el Secretario General de la Corporación, debe ocurrir al Juzgado del Trabajo, no siendo el recurso de protección la vía idónea para plantear la discusión de la terminación de contratos de trabajo, debiendo ser analizada en un procedimiento declarativo, donde haga valer los derechos que se entiendan conculcados. (Rol N° 528-2013 ECS 2549-2014).

En subsidio de lo anterior, reconoce que el actor fue sujeto de un sumario administrativo, iniciado con fecha 20 de junio de 2018, de acuerdo a la carta dirigida a la Jefa de Área Gestión Salud, Sra. nombre reservado, por parte de la Directora del CESFAM 18 de Septiembre Sra. nombre reservado, atendida la negativa del ex funcionario en orden al incumplimiento de funciones propias de su cargo. Como resultado de lo anterior, la fiscal designada, rigiéndose por la Ley N° 19.378 Estatuto de Atención Primaria y por la Ley N° 18.883 Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales, efectuó una serie de diligencias, formulándose 7 cargos contra el actor, describiéndose los hechos materia de los mismos, referidos al incumplimiento grave de las obligaciones funcionarias del artículo 48 de la Ley N° 19.378 letra b, los que debidamente relacionados constituyen la causal de término de la relación laboral de destitución, medida dispuesta en el artículo 123 letra f) de la Ley N° 18.883.

Formulados los descargos, la fiscal concluyó que éstos y la documentación presentada por el recurrente, en su mayoría no son relevantes ya que son sucesos ocurridos en al año 2011, no presenta pruebas que nieguen los hechos constatados en el sumario y sus calificaciones no tienen relevancia en el sumario; por lo que estima el aplicar al sumariado, la medida de destitución, atendida la gravedad de los hechos, basado en el artículo 144 letra d) de la Ley N° 18.883 y artículo 48 letra b) de la Ley N° 19.378. Así, con fecha 27 de agosto de 2018, mediante resolución interna N° 550, el Secretario General de la Corporación Municipal de Punta Arenas, resolvió como sanción el término de la relación laboral, aplicando la medida de destitución, atendido que los hechos investigados constituyen una infracción grave a la obligación consagrada en el Artículo 48 de la Ley N° 19.378, letra b) Falta de probidad, conducta inmoral o incumplimiento grave de las obligaciones funcionarias, establecidos fehacientemente por medio de un sumario; relacionado con el artículo 123 letra f) de la Ley N° 18.883, que señala que la destitución es la decisión del Alcalde de poner término a los servicios de un funcionario. Agrega la resolución impugnada que el contrato que une al encartado con la Corporación Municipal de Punta Arenas, señala que el funcionario es Técnico en Sistema Informáticos Nivel Superior, quien se encontraba a cargo de la parte técnica del Programa Rayen y que aun cuando eventualmente concurrieran circunstancias atenuantes de responsabilidad, no deben considerarse al aplicar la sanción, pues al estar asignada por la ley una sanción específica respecto de quienes incurren en infracciones graves a las obligaciones funcionarias, las que incluyen las contenidas en su contrato de trabajo, ya que éstas además se componen de las obligaciones propias de la función para la cual se le ha contratado como también de aquellas que emanan de su profesión, como en este caso, y al negarse en forma reiterada y sin fundamento, sobre todo tratándose de una acción que debió realizarse por otros funcionarios, lo que se acredita en este procedimiento sumarial, la jefatura se encuentra en el deber de ejercer su potestad disciplinaria.

Hace presente que durante todo el sumario administrativo, se respetaron las normas del debido proceso, escuchando al ex funcionario, recibiendo las pruebas ofrecidas por éste, y teniendo presente aún que el profesional no constituyó patrocinio y poder de abogado asumiendo personalmente su defensa, sin que haya hecho valer la garantía de recurrir ante el fiscal o Secretario General a través de los medios legales.

Explica que las relaciones laborales entre los funcionarios de Atención Primaria de Salud se rigen por las disposiciones del Estatuto propio, contenido en la Ley N° 19.378, y, supletoriamente, por las normas establecidas en la Ley N° 18.883, sobre Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 4° del primero de los cuerpos normativos citados. En cuanto a las investigaciones sumarias o sumarios administrativos, debe aplicarse la normativa dispuesta en la Ley N° 18.883; que en su artículo 120 prescribe que los funcionarios pueden ser objeto de las siguientes medidas disciplinarias: d) destitución; las que se aplicarán tomando en cuenta la gravedad de la falta cometida y las circunstancias atenuantes o agravantes que arroje el mérito de los antecedentes. El artículo 123 expresa La destitución es la decisión del Alcalde de poner término a los servicios de un funcionario. Esta procede sólo cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa, y en los demás casos contemplados en el Estatuto o leyes especiales.

En la especie se concluyó la existencia de una infracción grave a la obligación consagrada en el Artículo 48 letra b) de la Ley N° 19.378, falta de probidad, conducta inmoral o incumplimiento grave de las obligaciones funcionarias, establecidos fehacientemente por medio de un sumario;".

Esgrime que no se vislumbra que la determinación adoptada por Secretario General, sea un acto ilegal, o que se trate de un acto arbitrario, producto del mero capricho de quien lo comete.

En cuanto a las garantías constitucionales supuestamente vulneradas, no observa en qué medida se ha vulnerado la igualdad ante la ley respecto del recurrente, dado que se dio estricta aplicación de la ley; el recurrente discrepa de la valoración de prueba rendida y de los antecedentes vertidos en el sumario administrativo, dándole una interpretación distinta, introduciendo el principio de proporcionalidad de la medida aplicada, sin embargo, no presentó recurso de reposición sobre lo resuelto por el Secretario General; encontrándose, tanto el dictamen fiscal como la resolución final, suficientemente fundados en normas legales así como en los hechos que se consideraron para emitir el respectivo acto o resolución. Considera que la acción cautelar se ha fundado artificiosamente en una garantía consagrada en el artículo 20 de la Carta Fundamental, sin embargo, los fundamentos del recurrente dicen relación con la garantía del debido proceso, el cual no se encuentra amparado por el recurso de protección, razón por la cual solo procede el rechazo del recurso intentado.

En cuanto a la afectación de la salud, estima, de acuerdo a la normativa que regula la materia, la licencia médica no es óbice, para que se proceda a desvincular a un funcionario, lo que igualmente y en todo caso, es materia de la Judicatura Laboral, haciendo presente que el actor no presentó recurso alguno en sede administrativa; alegaciones que deben hacerse en sede laboral.

Respecto de la vulneración de su derecho de propiedad, alega que el actor persigue una verdadera indemnización, al reclamar las remuneraciones que ha dejado de percibir, sin embargo, no se ha declarado como injustificado el término de la relación que unía a las partes; y la desvinculación del recurrente tiene por base un proceso previo constituido por un sumario administrativo, el cual cumplió con todos los requisitos legales, fundado y legalmente tramitado, no existiendo ilegalidad y arbitrariedad en la resolución reclamada.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar, que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en la Constitución y que puedan establecerse sumariamente.

nombre reservado: Que, el hecho vulneratorio calificado como ilegal y arbitrario por el actor, lo hace consistir en la sustanciación de un sumario administrativo en su contra, fundado en su negativa a efectuar un catastro sobre los puntos eléctricos necesarios para la implementación del sistema de fichas médicas, denominado Rayén Full, actuar que estima injustificado en razón de exceder sus obligaciones contractuales y formación técnica, en dicho proceso se determinó su destitución, medida -desproporcionada- que fue adoptada por el Secretario General de la Corporación Municipal y no por el Alcalde, como en derecho corresponde, notificándose el acto administrativo impugnado mientras se encontraba con licencia médica.

TERCERO: Que, la parte recurrida alega la incompetencia de este Tribunal de Alzada, en atención a que la materia discutida debe ser sometida al conocimiento del Juzgado de Letras de Trabajo, al versar sobre el término de una relación laboral y en cuanto al fondo, solicita el rechazo del recurso, al no ser la acción cautelar la vía idónea para discutir lo planteado, al no haber incurrido en ninguna conducta ilegal ni arbitraria, que haya vulnerado los derechos cautelados con la acción de protección.

CUARTO: Que lo que pretende el recurrente es que se deje sin efecto la sanción disciplinaria de destitución, aplicada en un sumario administrativo mediante resolución N° 550 de 27 de agosto del año en curso, pidiendo el reintegro a sus funciones, manteniéndose la titularidad del cargo, se adopten medidas cautelares y preventivas para la eventualidad de conductas represivas, ordenándose el pago de sus remuneraciones, de las que se ha visto privado desde el 12 de septiembre de 2018.

QUINTO: Que el recurso de protección es una acción de evidente carácter cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos claramente preexistentes y no discutidos, que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario e ilegal, que impida, moleste o amague ese ejercicio, y por ende, atendida su naturaleza y el procedimiento dispuesto para su tramitación, determinan que ella no constituya la vía idónea para resolver el término de una relación laboral, su justificación, ni menos para analizar si las funciones encomendadas al recurrente excedían a aquellas para las cuales había sido contratado, debiendo recurrirse a la vía ordinaria que corresponde al Juzgado de Letras del Trabajo, en donde existe una etapa de discusión y prueba, en la que habrán de discutirse los hechos configurativos del despido, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 420 letra a) del Código del Trabajo, en relación con las Leyes 19.378 y 18.883, concordando de esta manera con la petición planteada en este mismo orden por la recurrida.

SEXTO: Que conforme a lo razonado precedentemente se hace innecesario entrar a hacer una análisis de posibles vulneraciones de Garantías Constitucionales, por lo que se rechazará el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado.

Por estas consideraciones y visto, además lo prevenido en los artículos 19 y 20 de la Carta Fundamental y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra de la Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al menor, representada por su Secretario General, don nombre reservado.

Se deja constancia que no firma el presente fallo el Ministro Sr. Stenger, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, por encontrarse con permiso de acuerdo al artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

Redacción de la Ministra Srta. San Martín.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

ROL Nº 924-2018 PROTECCIÓN