nombre reservado con nombre reservado

Punta Arenas, quince de diciembre de dos mil dieciocho.

Vistos:

En los autos Rol 904-2017-protección, del ingreso de esta Corte de apelaciones, caratulados nombre reservado/nombre reservado, nombre reservado, chileno, jubilado, y nombre reservado, chilena, secretaria ejecutiva, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, dedujeron recurso de protección contra el nombre reservado de Puerto Natales, o nombre reservado, corporación de derecho privado, representado por don nombre reservado, empresario, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Ilustran que, al igual que todos los cuerpos de bomberos del país, el recurrido tiene la fisonomía jurídica de una corporación de derecho privado sin fines de lucro, regida por los artículo 545 y siguientes del Código Civil, estando afectos a ciertas normas especiales contenidas en la Ley marco de bomberos, dictada el año 2012, y a decretos del Ministerio del Interior que establecen estatutos tipo para su constitución. Dichas normas especiales, contemplan algunos sistemas de financiamiento estatal derivados de la condición híbrida de servicio de utilidad pública que nuestro sistema les otorga, desde la dictación del fallo del Tribunal Constitucional Rol 7910-2008, pero en lo central, y que importa a este recurso, son corporaciones de derecho privado sin fines de lucro, como cualquiera otra.

Para su funcionamiento, adoptan estatutos generales y dictan reglamentos generales. En lo interno, en cada uno, sus miembros se agrupan en dos o más compañías. Cada compañía puede o no tener un reglamento interno que, como resulta obvio, no puede contradecir al reglamento general ni a los estatutos. En todos los reglamentos generales se contemplan autoridades unipersonales denominados Oficiales generales, y autoridades unipersonales de las compañías, denominados Oficiales de compañía. Entre éstos últimos se encuentran los oficiales denominados "Director" y "Tesorero". Entre los primeros se encuentra el jefe superior de cada cuerpo, denominado "Superintendente".

En un apartado destinado a los hechos, relatan que fueron bomberos honorarios del nombre reservado de Puerto Natales, y posteriormente del nombre reservado durante más de 20 años. Desde el 1° de enero del presente año se desempeñaron respectivamente como Director y Tesorera de la Segunda compañía de bomberos de Puerto Natales. El 14 de septiembre de 2018, éste, a través de su organismo disciplinario máximo, el Consejo superior de disciplina, resolvió expulsarlos de la institución por los fundamentos que, en la sentencia se señalan, entre los cuales se cuentan malos manejos económicos y faltas reglamentarias, lo que provocó que perdieran tanto la condición de oficiales de compañía como la de miembros del Cuerpo.

Explican que las faltas cometidas, todas provenientes del desorden administrativo producido por el exceso de trabajo en lo personal, fueron denunciadas ante el nombre reservado por la directiva de la asociación denominada Rama femenina "nombre reservado", de la Segunda compañía de bomberos de Puerto Natales, quienes los acusaron falsamente de apropiación indebida de dineros, y de haber actuado con dolo.

Afirman, que la sentencia definitiva dictada en el proceso disciplinario, aun con todos los vicios que alegan en este recurso, dejó expresamente claro que de su parte no hubo jamás la comisión de un delito, una actuación dolosa o malintencionada. Por ello, han de querellarse contra quienes han mancillado su honor de manera irresponsable y gratuita.

Imputan, que en el proceso de juzgamiento al que fueron sometidos, se violaron de manera repetida y grave sus garantías constitucionales de acceso al debido proceso, a ser juzgados por un tribunal creado y conformado con arreglo a la ley, y que además fuera imparcial, y ello influyó decididamente en el fallo, pues en definitiva se utilizó la excusa de someterlos al tribunal institucional para sacarlos de sus cargos, y despojarlos de su calidad de bomberos en base a animosidades inaceptables de uno de los miembros del Consejo superior de disciplina.

Luego, pasan a exponer las que su juicio son irregularidades insanables que afectan al proceso de juzgamiento:

Infracción a Garantías Fundamentales del Debido Proceso.

1. Tribunal no constituido de conformidad a la ley y los reglamentos. Exponen que el tribunal que los juzgó no se encuentra constituido con arreglo a los estatutos del nombre reservado, por lo cual tiene la fisonomía de una comisión especial de aquéllas que están prohibidas por nuestra constitución, lo cual queda claro del siguiente análisis:

a. En conformidad con lo que dispone el artículo 47°, inciso segundo de los estatutos, la integración del tribunal se realiza mediante votación universal y directa, efectuada en sesión de asamblea general. Para dicha sesión de asamblea, cada compañía de la institución presenta una nómina de la cual sale electo un miembro titular y uno suplente.

b. A continuación, el inciso quinto establece que dicha sesión de asamblea general, que debe ser citada especialmente para elegir los miembros del consejo de disciplina, ha de tener lugar la primera quincena de enero del año "siguiente a aquél en que haya elecciones generales".

c. A su turno, el artículo 44 detalla que la asamblea general la constituye la reunión de todos los bomberos de la institución con capacidad resolutiva máxima, y los artículos 44 inciso cuarto y 31 del Estatuto y 34 letra c) del Reglamento General, detallan la obligación de dejar constancia en un libro especialmente llevado al efecto de los acuerdos tomados por la asamblea general.

d. Esto significa, bajo su entendimiento, que la correcta forma de generar el tribunal disciplinario máximo del nombre reservado es:

i. Se cita una asamblea general de miembros dentro de los primeros 15 días del año siguiente al de las elecciones generales (que en este caso fue el año 2017, es decir la sesión debió celebrarse entre el 1 y el 15 de enero de 2018).

ii. A dicha sesión las compañías hacen llegar una nómina de candidatos de su compañía, de la cual la asamblea vota eligiendo un titular por compañía y un suplente.

iii. Las votaciones, como queda claro del análisis del artículo 44 de los estatutos, se dirimen por la mitad más uno de los votantes, por lo cual, para ser electo como Consejero de disciplina en la asamblea respectiva, el candidato deberá obtener la mayoría simple de los presentes en la asamblea general.

iv. Esta facultad de la asamblea general está reconocida expresamente en el Estatuto, no solo en la norma señalada, sino además en el artículo 27, letra j), en que se faculta al directorio para citar a la asamblea general que debe elegir a los consejeros.

v. De dicha votación debe quedar registro escrito en un acta que se incorpora en un registro especial llevado por el Secretario general.

e. Sostiene que el Consejo superior de disciplina fue designado de manera irregular por el Superintendente de la institución en una sesión de directorio. Como consta del acta de directorio que acompañan, fue en una sesión de directorio general y no en una de asamblea general en la que se designó a los miembros del consejo de disciplina.

f. La designación tuvo lugar a partir, no de una nómina de candidatos de la cual resultó electo el más votado como titular, como instruye el reglamento. Como consta del acta de directorio, las compañías enviaron al directorio los nombres del consejero titular y del suplente, con los cuales se conformó el consejo. Manifiestan que no se tiene conocimiento alguno de la manera en que dichos nombres fueron escogidos o elegidos, si es que lo fueron, pues no existe constancia escrita, como ordena el reglamento, de su inclusión en nómina alguna de la cual pudiere elegirse al consejero de cada compañía.

g. Acusan que el nombre reservado simplemente no realizó asamblea general alguna entre los días 1 y 15 de enero de 2018, por lo cual no existe posibilidad alguna de que los miembros del consejo superior de disciplina hayan sido elegidos de manera reglamentaria y representen de manera legal y constitucional la voluntad de la entidad en materia de justicia corporativa.

h. Argumentan que lo señalado no es de manera alguna baladí. Existe una larguísima tradición en los cuerpos de bomberos de la República de Chile en cuanto a materias reglamentarias se refiere, y de manera inequívoca y permanente, la democracia ha sido un pilar fundamental de la institución bomberil. Sin embargo, en materias de justicia corporativa, tradicionalmente bomberos estuvo en deuda con la sociedad civil, pues sus organismos disciplinarios estaban integrados por los órganos de autoridad ejecutiva, quienes actuaban en definitiva como investigadores, acusadores y jueces. Exponen que esto ha ido cambiando paulatinamente en los últimos 15 o 20 años, en los que de manera gradual se han establecido tribunales disciplinarios integrados por miembros de la institución que no forman parte de la autoridad ejecutiva, sino que están ajenos a cualquier contaminación que pudiere provocar un juzgamiento parcial. En lo tocante a la generación del tribunal, la historia avala la democracia de las elecciones desde los inicios de la institución bomberil en la década de 1850.

i. Expresan que la situación del nombre reservado es particularmente grave en lo contrario a las garantías aseguradas por la Constitución a todas las personas, y en especial a los integrantes, pues, desde el año 1992, y hasta fines del 2016, la corporación estuvo regida de facto por el Superintendente Erick Oyarzo Márquez, quien luego de un escándalo por apropiación indebida de dineros ocurrido en 1992, fue electo como Superintendente para comenzar una nueva etapa. Dicha etapa, sin embargo, se llevó adelante sin respeto alguno por el reglamento general de la institución, bajo la excusa de que dicho instrumento estaba obsoleto (fue redactado y aprobado en la década de 1930), y durante los 25 años a los que hacen referencia, el Sr. nombre reservado tomó decisiones sin consultar a asamblea alguna, y nombró a su gusto y gana a todos los oficiales generales de la institución, lo que terminó el año 2016, en que luego de muchos intentos, se aprobó un nuevo reglamento general, vigente en la actualidad, siendo aquél al cual aluden en su exposición.

J. Agregan que dicho reglamento no es respetado, actuando el Sr. nombre reservado de manera personal y dictatorial, nuevamente como ha acostumbrado hacerlo durante más de dos décadas. El Consejo superior de disciplina no se encuentra legitimado por la voluntad corporativa de la institución, cuya manifestación ha sido prevista por el reglamento a través del sufragio personal y directo de los consejeros de disciplina por parte de todos los miembros del cuerpo en asamblea general, debiendo elegir de una lista propuesta por cada compañía. Esto significa que el reglamento ha contemplado una doble seguridad, de que la voluntad corporativa será la que genere las decisiones disciplinarias: primero, elección popular absoluta de los consejeros. Segundo, que los candidatos sean propuestos por las personas mismas a quienes deberán juzgar y sean elegidos de entre una nómina, no designados directamente por un directorio.

k. Señalan que podrá alegarse que el directorio general, que en este caso ha designado al consejo superior de disciplina, ha sido generado democráticamente por votación universal, y por ello sanea la composición del Consejo superior de disciplina, pero no solo es inaceptable desde que el propio reglamento ha establecido un procedimiento específico de elección para asegurar la democracia, que no ha sido respetado, sino también porque el Consejo superior de disciplina es el único organismo realmente democrático de este nombre reservado. De hecho, si se revisa la forma de composición del directorio, se observa con facilidad que de los siete integrantes que lo componen, tres son designados a propuesta del superintendente que debe ser aceptada por el mismo directorio (un directorio que fue generado de igual manera, es decir, a propuesta del superintendente) uno es designado por el comandante, y solo el superintendente, y el comandante son elegidos por votación universal. Esto, en los hechos, implica que el directorio es un consejo asesor del superintendente, nombrado y elegido por él, y que evidentemente responderá a sus intereses. El reglamento previó esta situación, y por eso obliga a que el Consejo superior de disciplina sea elegido por votación democrática directa.

I. Concluyen que el Consejo superior de disciplina que los juzgó y sentenció no tiene legitimidad alguna, pues no ha sido generado de acuerdo al reglamento, perdiendo toda posibilidad de garantizar que representa la voluntad corporativa de imponer decisiones disciplinarias a sus miembros.

2. Tribunal disciplinario que no asegura imparcialidad. Señalan que el tribunal que los juzgó carece de toda imparcialidad, no solo en consideración concreta a las personas que lo integraron, sino además a la forma en que el reglamento autoriza su composición.

a. Indican que uno de los principios rectores de toda justicia apegada al debido proceso es que respete, en el plano constitucional, la denominada "separación de poderes". A nivel país, esto parece nítidamente comprensible, pues tanto nuestra constitución como variadas normas legales prohíben que miembros del poder ejecutivo integren los tribunales de justicia, que el parlamento se avoque a conocer causas judiciales, que los tribunales de justicia se entrometan en las decisiones de la autoridad ejecutiva, etc.

b. Refieren que estos principios constitucionales deben ser respetados por toda persona natural o jurídica. Sin embargo, acusan que el Consejo superior de disciplina del nombre reservado no ofrece el más mínimo respeto por dicha garantía. Como resulta de fácil comprensión al analizar el acta de directorio, y las actas de elección de oficiales de la segunda compañía, el consejo superior de disciplina está además compuesto por el Sr. nombre reservado, quien desde el 1° de enero de 2018, y hasta el 28 de junio del mismo año, se desempeñó como oficial de la segunda compañía en el cargo de secretario, es decir, en un cargo de la autoridad ejecutiva del cuerpo, mientras al mismo tiempo era consejero superior de disciplina, manifestando que podrá parecer insignificante, pero al interior de la institución es lo mismo que una persona ejerza simultáneamente el cargo de Ministro de la Corte Suprema y Subsecretario del Interior, lo cual califican de inaceptable.

c. Alegan que esta situación es anómala e inconstitucional, y además de la más alta gravedad en relación al comportamiento del Sr. nombre reservado, siendo ampliamente sabido por todos los miembros del nombre reservado, que el Sr. nombre reservado ha sido siempre el asesor jurídico y principal promotor de la asociación denominada rama femenina "nombre reservado", entidad que justamente es la denunciante en su contra en este proceso.

d. Hacen presente que la renuncia del Sr. nombre reservado al cargo de secretario es precisamente la situación que genera su animosidad hacia los juzgados. De hecho, el Sr. nombre reservado, en su calidad de secretario de la Segunda compañía participó de manera activa en el equipo directivo conjuntamente con ellos en todo el período del primer semestre de 2018, respecto del cual se les juzgó por malos manejos administrativos y monetarios. Sin embargo, en una asamblea de la Segunda compañía, presidida por uno de los recurrentes (nombre reservado) se le solicitó al Sr. nombre reservado y a la otra recurrente (nombre reservado) su renuncia a los cargos de secretario y tesorera respectivamente, precisamente debido a desencuentros administrativos relacionados con la rama femenina. A regañadientes, el Sr. nombre reservado presentó su renuncia. También lo hizo la Sra., nombre reservado. La asamblea, sin embargo, ratificó en el cargo a la Sra. nombre reservado, lo que no hizo con nombre reservado, provocándole humillación personal, de la que ahora se está vengando de manera reprobable e ilegal.

Alegan que resulta inverosímil que uno de los miembros de la directiva de la segunda compañía, cuyo director y tesorera han sido cuestionados por su desempeño, y que trabajaban directamente durante todo el período cuestionado, renuncie días antes de que se haga la denuncia en su contra por la directiva de una asociación a la cual siempre ha asesorado, y posteriormente, como si fuera poco, utilice su cargo como consejero superior de disciplina para dar respaldo a la denuncia hecha por sus protegidas, y durante la audiencia de vista de la causa disciplinaria haya tomado una actitud activa de acusación y cuestionamiento hacia los acusados. Por último, para coronar su comportamiento cuestionable y alejado de toda probidad, redactó la sentencia que los expulsó, y se dio el lujo de jactarse de ello entre sus compañeros bomberos.

f. Sostienen que la conducta del Sr. nombre reservado no solo es totalmente reprobable, sino que además resta toda imparcialidad al órgano juzgador del nombre reservado, el que ha emitido su fallo aquejado de un vicio insaneable de implicancia. Exponen que las situaciones que forman parte de esta inhabilidad, a pesar de ser conocidas de todos los miembros de la institución, no motivaron ninguna conducta de las que eran esperables de parte del Sr nombre reservado, como habría sido declarar su propia implicancia o inhabilidad, y dar lugar a la participación en el consejo de su consejero suplente. Manifiestan que esta omisión es de toda gravedad, pues ni el reglamento ni los estatutos contemplan forma alguna de recusar a un juez, de hacer notar su implicancia, o de exigir su reemplazo por un suplente, quedando tal garantía totalmente entregada a la voluntad del juzgador, del que se espera un noble y probo desempeño, lo que a todas luces, a su juicio, no ocurrió en esta oportunidad, pues el Sr. nombre reservado se aprovechó de su cargo y su posición para dar lugar a sus mezquinos intereses personales de venganza contra los juzgados, pues uno de los actores, el director nombre reservado, le había manifestado su falta de confianza y le había pedido la renuncia como secretario.

g. Agregan que, al mismo tiempo, y como se observa de la sola lectura de la sentencia, el fallo fue suscrito por nombre reservado, quien a la fecha se desempeña como secretario general del Cuerpo, indicando que en esta calidad no existe razón alguna para que el Sr nombre reservado participe directa o indirectamente en el juzgamiento, fallo, redacción o entrega de la sentencia por la cual se les condenó. Sin embargo, libremente y sin siquiera ocultarlo, el Sr. nombre reservado suscribe la sentencia conjuntamente con los consejeros, infracción de máxima relevancia, pues el reglamento general en su artículo 20 establece expresamente que el consejo superior de disciplina debe actuar como jurado al resolver los casos que conoce, deliberando y, acto seguido, comunicando la sanción decidida, lo que implica que en la misma audiencia en que se conoce el caso, el consejo debe comunicar la sanción que impondrá, lo que evita que los consejeros de disciplina puedan consultar con terceras personas lo que harán, o el involucramiento en la sentencia de personas que no pertenecen al consejo. En este caso, la sentencia fue conocida previamente por el secretario general, que no forma parte del consejo, y queda en el manto de dudas, al igual que en todo este procedimiento, si el juzgamiento fue parcial o imparcial, o si fue influido por el secretario general, o quizás por el mismo superintendente, que es quien nombra al secretario general.

h. En resumen, sostienen que el consejo superior de disciplina, al conocer de su caso, actuó viciado por estar integrado por un consejero que además de ser oficial de una compañía, es decir, tener un cargo del área ejecutiva y uno del área de justicia al mismo tiempo, se encuentra afecto a un vicio de implicancia del miembro nombre reservado, quien formó parte de la directiva de oficiales en conjunto con los juzgados, y por tanto pudo ser investigado por los mismos hechos, dada la estrecha relación del cargo que servía con aquéllos que fueron puestos en duda, y además asesoró personalmente a las denunciantes de los hechos, para luego utilizar dicho conocimiento en el juzgamiento de los hechos en los que tuvo participación.

3. Tribunal no es el naturalmente competente para juzgar y sentenciar y tuvo acceso a pruebas no reglamentarias:

Exponen que el tribunal que los juzgó, además de no estar constituido conforme a la reglamentación interna, no se encontraba reglamentariamente habilitado para conocer de su falta, es decir, estaba afectado de incompetencia absoluta, argumento que afecta únicamente respecto de la recurrente nombre reservado, pero que termina siendo válido para ambos actores en cuento al fondo.

Expresan que el artículo 48 inciso segundo de los estatutos establece que el Consejo superior de disciplina conocerá de las materias que le asigne el Reglamento general.

a. A su turno, el reglamento general establece en su artículo 22 las conductas que son constitutivas de faltas que deben ser conocidas por alguno de los consejos de disciplina, ya sea el superior o el de cada compañía.

b. Es evidente, en su concepto, que existe una relación jerárquica entre el Consejo superior de disciplina y el Consejo de disciplina de cada compañía, la que fluye dese el mismo nombre del primero (superior), pero además queda clara de la disposición del artículo 19 letra d) del reglamento, enmarcada dentro del artículo 52 del estatuto, disposiciones ambas que establecen el sistema de revisión interna de los fallos, fijando las materias apelables, y otorgando al Consejo superior de disciplina la calidad de tribunal ad quem respecto del Consejo de disciplina de la compañía.

c. Enseguida, el artículo 19 del reglamento establece la forma en que se dirime cuál de los dos organismos es el que debe conocer de una falta. Se trata de una norma mixta de fuero y materia, porque en algunos casos la investidura del cargo del bombero lo hace ser juzgado por el Consejo superior de disciplina, y en otros la materia, es decir, la conducta misma, provoca la elevación del tribunal.

d. Manifiestan que es precisamente esta última hipótesis, la elevación del tribunal por la materia juzgada, la que contempla exclusivamente la letra a) del inciso segundo del artículo 19, al señalar que el Directorio podrá enviar el conocimiento de una falta de manera directa al Consejo Superior de disciplina, aun cuando el tribunal natural es el consejo de disciplina de cada compañía. En este punto, la norma no establece qué requisito debe contener la conducta para justificar la elevación del tribunal. Sin embargo, tal interrogante es contestada por el artículo 27, letra j) del Estatuto, al señalar que el directorio puede enviar a conocimiento del Consejo superior de disciplina "cualquier caso que estime que afecte la imagen de la institución" y refrendada por el artículo 15 del Reglamento al señalar que el directorio "podrá provocar la intervención del Consejo Superior de Disciplina en todo caso que considere de tal naturaleza que afecte el nombre y buen servicio de una o más Compañías" e. Expresan que si bien lo señalado es un aspecto meramente procedimental, es fundamental para sus alegaciones. Así, el artículo 25, inciso segundo, letra d), parte final, del Reglamento general establece la facultad del Superintendente de "solicitar a nombre del Directorio General la intervención del Consejo Superior de Disciplina", norma que se relaciona con lo ya señalado.

f. La solicitud del Superintendente para que el Consejo superior de disciplina conozca de un caso del que no es tribunal natural debe hacerse a nombre del Directorio general y no por sí, pues de acuerdo a la norma del artículo 27 letra 1) del Estatuto y 15 del Reglamento general, es el directorio general y no el superintendente el que debe provocar esta elevación a tribunal de fuero.

g. Luego, señalan que los artículos 28 y 31 de los Estatutos, y 34 letra C) del Reglamento general dejan claro, más allá de toda duda, que de cualquier acuerdo que tome el Directorio general debe quedar constancia escrita en un libro especial de actas que debe confeccionar el Secretario general.

h. Aprecian de la sola lectura de estas normas, que la facultad de provocar el juzgamiento de un miembro del nombre reservado es evidentemente una facultad excepcional contenida en el reglamento, y que debe necesariamente ser fundada en alguna circunstancia de hecho que al parecer del directorio afecte la imagen de la institución.

i. Alegan que su juzgamiento, como consta de la misma sentencia que los expulsa, se motivó a propósito de una denuncia recibida de persona que no forma parte de la institución, a partir de la cual el Superintendente ordenó una investigación interna.

J. Hecha esta investigación interna, el mismo superintendente ordenó su citación al Consejo superior de disciplina, sin que exista acuerdo alguno del directorio en tal sentido, pues no hubo sesión de directorio general destinada a debatir el ejercicio de la facultad excepcional de someter su juzgamiento a dicho organismo, no existe acuerdo ni registro del acuerdo del directorio, porque simplemente no lo hubo. Sostienen que, en esta parte, el superintendente actuó, como siempre, de manera unipersonal y con total desprecio por la reglamentación vigente en la institución, ordenando que la tesorera de la Segunda compañía, doña nombre reservado, fuera juzgada por el Consejo superior de disciplina, tribunal al que no le correspondía conocer del caso, y que no tuvo habilitación especial para conocerlo como exige el reglamento.

k. Agregan que el recurrente nombre reservado, por su condición de Director de la Segunda compañía, debía ser juzgado por el Consejo superior de disciplina de acuerdo a reglamento, por lo que, en principio, esta parte del recurso solo podría referirse a doña nombre reservado, quien por ser oficial de Compañía distinta del director, debió haber sido juzgada por el Consejo de disciplina de la Segunda compañía. Sin embargo, dichos juzgamientos, de haberse hecho ambos reglamentariamente, debieron haber tenido lugar en audiencias diversas, y con procedimientos diversos, lo que no ocurrió, y por lo cual también esta irregularidad termina por viciar el juzgamiento del director.

l. Manifiestan que el director debió haber comparecido ante el Consejo superior de disciplina en un procedimiento que, por cuerda separada del juzgamiento de nombre reservado, tuvo que haber conocido de sus cargos y haber juzgado y sentenciado sus conductas en una audiencia única. A su turno, el juzgamiento de nombre reservado debió haber tenido lugar por el Consejo de disciplina de la segunda compañía, quien habría de conocer separadamente de sus cargos, juzgarla y dictar sentencia. Sin embargo, y debido a la orden antirreglamentaria impartida por el superintendente, el Consejo superior de disciplina al momento de juzgar al director, conoció irregularmente de las conductas de la tesorera, tomando conocimiento de documentos y pruebas que imputaban conductas a la tesorera, y que fueron utilizadas para juzgar y sentenciar al director, probablemente con mucha mayor dureza de la que se habrá utilizado si el juzgamiento hubiere sido conforme a derecho, separadamente y por tribunales distintos, como lo exige el reglamento.

m. Por último, respecto del juzgamiento de nombre reservado, acusan que la orden antirreglamentaria dada por el superintendente sin respaldo del directorio de que se le juzgara por el consejo superior de disciplina ha impedido la posibilidad expresamente contemplada en el reglamento de apelar de su sanción ante un organismo superior, el que para dichos efectos habría sido el consejo superior de disciplina, al que no otorgan ningún reconocimiento, pero la posibilidad de apelar existía y le fue negada a nombre reservado por las maniobras mañosas del Sr. nombre reservado.

n. En resumen, refieren que el consejo superior de disciplina nunca estuvo facultado, ni por reglamento, ni por expreso reenvío del directorio general para juzgar el caso de nombre reservado, el que debió quedar en manos del Consejo de disciplina de la Segunda compañía, y al conocer irregularmente del caso, tuvo acceso a pruebas que no estaba reglamentariamente habilitado para conocer, y que influyeron decisivamente en el juzgamiento de nombre reservado. Esta modificación del tribunal natural de nombre reservado provocó además que ella perdiera su derecho a apelar de la sanción impuesta.

4. Falta de observancia de los procedimientos reglamentariamente establecidos:

Como cuarto reproche, exponen que el reglamento general instruye de manera perentoria que la citación a comparecer ante el Consejo Superior de Disciplina debe ser notificada al citado a través de carta certificada dirigida a su domicilio, salvo que el citado tenga registrado correo electrónico y haya expresamente autorizado dicha forma de notificación. En la especie, no se respetó ninguno de estos procedimientos, pues la citación les fue entregada por mano y por un funcionario administrativo, sin que quedara registro en su poder de la fecha u hora de la notificación, salvo en un libro de correspondencia interna del directorio que se les hizo firmar a ambos. Indican que esta irregularidad no es accesoria, pues la citación formal a un organismo disciplinario es el comienzo de un proceso de preparación para cualquier miembro de bomberos. Como se señala expresamente en el artículo 20 del reglamento general, la citación debe hacerse por carta certificada, y la incomparecencia puede dar lugar a que se declare rebelde al citado. Por tanto, es fundamental que quede registro suficiente del envío de la citación para resguardar el derecho a ser oído del citado. Además, como el mismo artículo prohíbe, en su inciso tercero, la comparecencia ante el Consejo superior de disciplina debe ser personal, y se prohíbe la asistencia de abogado. Si bien, en principio esto parece una infracción al debido proceso, se comprende en el ámbito de la justicia corporativa. Sin embargo, tal ausencia de asistencia letrada debe ir acompañada de un procedimiento correcto. En este caso, manifiestan que se les entregó una citación, por mano, que los deja en indefensión al no poder comprobar por su parte cuándo fuimos citados.

Como fundamentos de derecho, indican que el recurso se funda en la garantía del debido proceso del artículo 19 N°3, incisos quinto y siguientes de la Constitución Política de la República, en relación con el 19 N°15, que es la facultad de asociarse libremente a una institución o grupo intermedio.

Argumentan que la disposición constitucional asegura a todos los habitantes de la república la igualdad en el acceso a la justicia, ordenado que toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso legalmente tramitado y que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por un tribunal establecido con arreglo a la ley y de manera previa a la ocurrencia del hecho.

El artículo 553 del Código civil establece que las corporaciones como el nombre reservado deben asegurar a sus miembros un procedimiento racional y justo en los órganos de administración disciplinaria y que los cargos de administración son incompatibles con el ejercicio de la jurisdicción.

Los estatutos hacen expresa mención en su artículo 53 a la obligación del reglamento de asegurar un debido proceso a los miembros del cuerpo.

El consejo superior de disciplina del Cuerpo tanto citado, no está conformado con arreglo a los reglamentos y la ley, no tiene representatividad de la voluntad corporativa ni cuenta con miembros imparciales que respeten la separación entre administración y ejercicio de la disciplina.

Acusan que se han vulnerado sus garantías específicas del debido proceso correspondientes al acceso a la justicia en igualdad de condiciones, derecho a un tribunal imparcial, derecho a ser juzgado por el juez competente de acuerdo a la ley, derecho a no ser juzgado por comisiones especiales y de ser juzgados mediante un procedimiento racional y justo, todo lo cual ha incidido de manera decisiva en su expulsión, pues la conformación irregular del consejo dio lugar al análisis de pruebas que nunca debieron conocerse, a la imposición de intereses personales de los consejeros parciales al momento de decidir, y a que sus sanciones fueran decididas por personas que no tienen legitimidad alguna para hacerlo, y ello ha causado su expulsión, la que solo puede tener lugar por decisión del órgano disciplinario, como expresa el artículo 14 letra b) de los Estatutos del cuerpo, los que han sido sistemática y gravemente vulnerados en estos procedimientos.

Solicitan se declare que en el juzgamiento disciplinario seguido en su contra vulneró sus garantías constitucionales del debido proceso, dejando sin efecto la sanciones impuestas, ordenándose la reincorporación a la institución en las mismas condiciones existentes antes del juzgamiento, esto es, con respeto total a su antigüedad institucional, y reponiéndoles en los cargos de Director y Tesorera de la segunda compañía, eliminando todo registro de su juzgamiento y sanción.

Además solicitan se ordene al nombre reservado la realización inmediata de una asamblea general a fin de dar cumplimiento a lo exigido por el artículo 47 de los Estatutos del nombre reservado, y generar un Consejo Superior de Disciplina representativo de la voluntad disciplinaria corporativa.

Que, evacuando el informe respectivo, el recurrido expuso que es una Corporación de derecho privado, servicio de utilidad pública, cuya personalidad jurídica vigente, y que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley Nº 20.564 denominada “Ley Marco de los Bomberos de Chile”, se rige por las disposiciones de dicha norma, el Decreto del Ministerio de Justicia 95 del año 2013, las normas de sus Estatutos, Reglamento, y supletoriamente por las disposiciones del Título XXXIII del Libro I del Código Civil.

Está integrado por 150 bomberos voluntarios, distribuidos en tres compañías de bomberos, y dos brigadas, ubicadas en diferentes localidades dentro de las comunas de Torres del Paine y Puerto Natales. Éste es dirigido por un Directorio general, autoridad máxima, integrado por los Oficiales generales (Superintendente, Vicesuperintendente, Secretario, Tesorero y los Comandantes), además de los Directores de las tres compañías y Directores honorarios, siendo representado judicial y extrajudicialmente por su Superintendente actualmente don nombre reservado.

Expone que las sanciones impuestas se debieron al mal manejo económico y faltas reglamentarias, que les fueron denunciadas, por parte de la directiva de la agrupación denominada rama femenina “nombre reservado” de la Segunda compañía de bomberos de Puerto Natales, sin embargo, ninguno de los recurrentes se hace cargo de los hechos que dieron origen a dichas sanciones, sino que sólo aducen infracción a las garantías constitucionales.

Contextualiza que la rama femenina “nombre reservado” de la Segunda compañía de bomberos de Puerto Natales, organización sin fines de lucro, con personalidad jurídica y patrimonio propio, pero que colabora solo con dicha compañía, realizando actividades como rifas, bingos, etc, para poder costear parte de las necesidades de la compañía, además de las celebraciones de aniversario, tanto de la rama femenina como de la Segunda compañía de nombre reservado, entre otras actividades.

En esta línea, se aplicaron las sanciones disciplinarias a los recurrentes en razón de las irregularidades detectadas y expuestas por la rama femenina “nombre reservado” de la Segunda compañía de bomberos de Puerto Natales.

Expresan que los dineros generados por dichas actividades fueron entregados a la tesorera de la 2° Compañía, doña nombre reservado, por la suma de $606.650, dineros por concepto de la celebración de la fiesta aniversario de la compañía. El Superintendente toma conocimiento de irregularidades, respecto de que la 2° Compañía no estaría rindiendo los dineros entregados, y por lo mismo solicita la formación de una comisión investigadora para aclarar los hechos, comisión que se enmarca dentro de las facultades que le otorgan el estatuto y el reglamento al Superintendente.

Explica que con dicho informe se dispone la citación a los recurrentes al Consejo superior de disciplina del Cuerpo, con el objeto de esclarecer los hechos que dan motivo a la investigación, cumpliendo con la normativa disciplinaria vigente.

Sin embargo, los recurrentes señalan que se ha vulnerado el debido proceso, lo que es del todo errado, puesto que la institucionalidad de bomberos de Chile es democrática, sus autoridades se eligen mediante elecciones, de acuerdo a los disposiciones de sus estatutos y reglamentos propios de cada institución, enmarcados en la normativa vigente.

Reconocen que ambos recurrentes fueron parte de este Cuerpo por más de 20 años, nombre reservado como ex director y nombre reservado como ex tesorera, quienes conocen perfectamente la institucionalidad que prima dentro del Cuerpo, que las faltas se sancionan y se respetan los organismos disciplinarios que aplican sanciones. Hace hincapié en que solo les preocupe la forma como se aplica la sanción, y no los hechos que dan motivo a la sanción que para esta parte es lo importante, porque se trata de irregularidades con dineros que corresponden una institución colaboradora de la 2° Compañía, esto es la rama femenina “nombre reservado”, que como el mismo señor nombre reservado señala en el Ord. 023/2018, de fecha 23 de abril 2018, se refiere a un balance de la actividad desarrollada por “nuestra” agrupación femenina bomberil “nombre reservado”, y da cuenta de dineros invertidos en la 2° Compañía y además, señala que se seguirán realizando actividades para el bienestar de la compañía.

Cita el estatuto en su título XIII Del Régimen Disciplinario del Cuerpo y de los artículos 46 y siguientes del Consejo superior, y lo establecido en el Título III del Reglamento.

Explica que los Cuerpos de bomberos por definición son jerárquicos y disciplinados, por lo que su régimen disciplinario es la base de su actuar, su régimen interno es fundamental, y en este caso particular, las tres compañías presentaron la nómina de los candidatos conforme lo establece el estatuto en su artículo 47, que señala que cada compañía presentará una nómina de la cual saldrá un miembro titular y uno suplente. Durarán dos años en sus funciones, pudiendo ser reelectos en sus cargos.

Agrega que, como consta de resolución 005-2018/S, de fecha 31 de enero 2018, los acuerdos tomados por el directorio general, en reunión de sesión ordinara efectuada el día 30 de enero 2018, el Consejo superior de disciplina queda integrado con los miembros titulares y subrogantes para el período 2018-2019: a.- Titulares: Presidente: nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado. b.- Suplentes: nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado

Por tanto fue elegido democráticamente, no faltando al debido proceso. Alega que esta nómina de integrantes del Consejo superior de disciplina era conocida por el recurrente don nombre reservado, ello por cuanto en su calidad de director de su compañía, realizó la propuesta de los miembros que componen dicho consejo.

La presidenta de la rama femenina bomberil “nombre reservado” doña nombre reservado, pide cuenta, mediante carta de fecha 11 de julio 2018, señalando que en forma unánime acordó no participar de las actividades de la 2° Compañía, además solicitan la devolución en su totalidad de los dineros entregados a la tesorera de la 2° compañía doña nombre reservado. El acuerdo de directorio general N°1 de fecha 07/07/2017, contiene Reglamento de Donaciones y Aportes Externos, donde se regula el manejo de dineros por concepto de donaciones o aportes externos, que los recurrentes por cierto conocen.

Dicha solicitud, por parte de la rama femenina, se produce porque se dan cuenta que existe mal manejo de los dineros, y que éstos se mantienen en la cuenta personal de la tesorera con conocimiento de esta situación por parte del señor nombre reservado, al momento de solicitar dichos recursos no tienen respuesta positiva por parte de la tesorera señora nombre reservado.

A raíz de los desórdenes en cuanto a los dineros, y sin explicaciones por parte de la tesorera nombre reservado se realiza una investigación de los registros de dineros ingresados y se concluye que existe un riesgo para los manejos de los recursos de la institución, al no ajustarse a lo normado en el acuerdo de directorio general N°1 de fecha 07/07/2017, y que contiene el Reglamento de donaciones y aportes externos.

Agrega que es lamentable que los problemas que se suscitan al interior de bomberos se ventilen no solo en la Corte de Apelaciones, sino que además sean compartidos en medios de comunicación a nivel comunal, con información errada, como aparece en portada del Diario el Natalino de fecha 10 de octubre 2018, N°1.879, y que señala “Corte acogió recurso de protección de dos ex oficiales de Bomberos”. Precisa que esta Corte aun no se pronuncia respecto del recurso, solo lo considero admisible a tramitación, sin embargo, aparece en portada y en la página 20 del mismo periódico gran parte del recurso presentado, induciendo a error, sin darse cuenta que lo único que hacen es mancillar el honor de esta noble institución, con más de 165 años al servicio de la comunidad, con presencia en todo el país, actualmente con 313 Cuerpos de bomberos en todo Chile, y enlodando el espíritu y el servicio que prestan a la comunidad que es salvar vidas y bienes en las comuna de Torres del Paine y Puerto Natales.

Señala que por lo expuesto, la acción carece de fundamento, ya que la misma institucionalidad bomberil dispone de organismos disciplinarios, cuando se produzca alguna infracción, y en este caso se aplicó conforme dispone su normativa, afirmando que no ha vulnerado en sus derechos a los recurrentes, por lo que solicita el rechazo del recurso de protección, con costas.

Encontrándose la causa en estado, se trajeron los autos en relación. En la vista de la causa alegaron los abogados Srs, nombre reservado, por el recurso y nombre reservado, en contra, quienes reiteraron los argumentos de sus presentaciones escritas.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: que el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Segundo: que, el 14 de septiembre de 2018, mediante Resolución Ordinaria N°05/2018, el Consejo superior de disciplina del nombre reservado resolvió sancionar al Director de la Compañía, nombre reservado, y a la bombera y tesorera de dicha institución, nombre reservado, con la medida de expulsión de dicho Cuerpo.

Tercero: que, tal decisión, ha sido suscrita por don nombre reservado en calidad de presidente, nombre reservado y nombre reservado, miembros, y nombre reservado, actuario.

Cuarto: que, de los antecedentes aportados por las partes, especialmente el Estatuto del nombre reservado, y el Reglamento general de la misma entidad, de cuya vigencia no existió controversia, se advierte que el título XIII, denominado “Del régimen disciplinario del cuerpo y de las compañías”, en el artículo cuadragésimo sexto establece cuatro organismos para el conocimiento de los asuntos disciplinarios que afectaren al referido Cuerpo, a saber: el Consejo superior de disciplina, cuyo estatuto califica de organismo jurisdiccional superior; los Consejos de disciplina de las Compañías, el Comandante y los Capitanes.

Por su parte, el inciso segundo de la misma norma establece “Los Consejeros serán elegidos por la Asamblea General convocada para estos efectos.”

Quinto: que, en relación a ello, el artículo cuadragésimo tercero define a la Asamblea general como “…la reunión de todos los miembros de la Institución, con capacidad resolutiva máxima.”, debiendo constituirse, en primera convocatoria, con la mayoría absoluta de los integrantes del Cuerpo, y en segunda, con los que asistan, siempre cuando la cantidad no fuera inferior a 50 integrantes de esta Corporación, adoptándose sus acuerdos por unanimidad.

Sexto: Que, el Acta N°0172018, da testimonio de lo obrado el día 30 de enero de 2018 en de sesión ordinaria del Directorio general, no da cuenta de la tramitación regulada.

En efecto, los miembros que componen el Tribunal máximo de la entidad recurrida, y que sancionó a los actores, fue constituido en una sesión de directorio, desde que en la referida sesión se registró que las compañías han comunicado a quienes designaron como integrantes titulares y subrogantes del Honorable Consejo superior de disciplina, y que “Los miembros aprobados son: a) Titulares: Presidente nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado”, misma integración que decidió la expulsión, de los recurrentes, del cuerpo bomberil.

Séptimo: que, en mérito de lo expuesto, ha quedado despejado que el Honorable Consejo de superior de disciplina no se encontraba constituido de conformidad al Estatuto, al momento de expulsar a los recurrentes, de manera tal que el procedimiento que se llevó a cabo por la recurrida es ilegal, pues se lesionó el derecho establecido en el artículo 19 N°3 inciso quinto de la Constitución Política de la República, razón que decidirá el destino del presente recurso en cuanto a aquello en que derechamente impacta la ilegitimidad constatada.

Octavo: que, ordenar la realización de una asamblea general a fin de dar cumplimiento a lo exigido por el artículo 47 de los Estatutos y generar un Consejo Superior de Disciplina representativo de la voluntad disciplinaria corporativa, escapan a la potestad de intervención directa de la Corte, a consecuencia de lo que se viene razonando, toda vez que requieren un procedimiento y otras circunstancias de modo, tiempo y lugar que deben ser decididas por quienes corresponde dentro del marco estatutario.

Noveno: que, a su vez, disponer la inmediata restitución a sus cargos dentro de la organización, respecto de los recurrentes, es una materia que tampoco puede decidirse en esta oportunidad, puesto que hemos de ser consecuentes con que las autoridades que los juzgaron no tenían legitimidad pero no hemos entrado al fondo de la cuestión juzgada, la que debe serlo por la autoridad prevista en los estatutos previo procedimiento de rigor.

Por estas consideraciones y en conformidad, asimismo, con lo que disponen el artículo 20 de la Carta Fundamental, y el Auto Acordado de la E. Corte Suprema sobre la materia, se declara que se decide;

I. Acoger el recurso de protección interpuesto por nombre reservado y nombre reservado contra el nombre reservado, solo en cuanto:

II. Dejar sin efecto, en consecuencia, todo el procedimiento que culminó con la Resolución 05/2018 de fecha 14 de septiembre de 2018 y ésta misma.

III. Reincorporar a los recurrentes a la institución, con pleno reconocimiento de su antigüedad.

IV. Eliminar el registro de su juzgamiento y sanción.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la ministra Sra. Pinto.

Se deja constancia que no firma la Ministra Srta. San Martín, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, por encontrase ausente.

Rol 904-2018-Protección.