Protección contra Universidad de Magallanes

nombre reservado, trece de febrero de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece el abogado Carlos Abarzúa Villegas, cédula de identidad N°NUM000, en representación de doña nombre reservado, asistente social, académica de planta de la Universidad de Magallanes, cédula de identidad N°NUM001, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, nombre reservado, deduciendo acción constitucional en contra de la Universidad de Magallanes, institución de educación superior estatal, RUT N°RUT reservado, legalmente representada por su Rector, ambos con domicilio en domicilio reservado, nombre reservado, por haber dictado y ejecutado los actos legales y arbitrarios correspondientes a las Resoluciones Exentas N°NUM002, de fecha 18 de agosto de 2025, que aprueba vista fiscal y aplica sanción de destitución a la recurrente, académica de planta grado 2°, jornada completa y Resolución Exenta N°NUM003, de fecha 4 de noviembre de 2025 que rechaza reposición administrativa, mantiene la medida de destitución y reconoce ilegalidad de la suspensión preventiva con descuento del 50% de remuneraciones, ordenando regularizar descuentos, en razón de que afectan directamente las garantías consagradas en el artículo 19 N°2, igualdad ante la ley; N°3, derecho al debido proceso y a un procedimiento racional y justo; N°16, derecho al trabajo y N°24, derecho de propiedad.

Expone que ambas resoluciones constituyen, en los hechos, un acto administrativo terminal sancionatorio único, por cuanto la segunda se limita a confirmar la decisión de fondo adoptada por la primera, agotando de ese modo la vía administrativa, y produciendo la desvinculación de la recurrente de su cargo de planta, con pérdida actual y efectiva de su fuente laboral y de las remuneraciones asociadas a ella.

Menciona como antecedentes del recurso que la recurrente es académica de larga trayectoria en la Universidad de Magallanes, ingresada a fines de los años 90 y posteriormente nombrada en la planta académica regular grado 2°, con cargos directivos previos y sin registro de sanciones anteriores.

Indica que el origen del conflicto que desemboca en la destitución de la recurrente se sitúa en el año académico 2022, en el contexto de la carrera de Trabajo Social en la cual impartía entre otras, las asignaturas “Taller de Ética Profesional” y “Epistemología de las Ciencias Sociales y Humanas”, a estudiantes de primer año 2022.

Agrega que con fecha 28 de febrero de 2023, la Unidad de Prevención y Acompañamiento de la Universidad remite mediante Oficio Reservado N°NUM004 a la Fiscalía de Género una denuncia formulada por la estudiante nombre reservado, de la referida carrera, en la que acusa a la profesora nombre reservado de malos tratos, hostigamiento y conductas inadecuadas en el ejercicio de la docencia, describiendo conflictos surgidos a partir de su rol como vocera de curso y del manejo de un conflicto paralelo entre el primer año y otra docente de la asignatura de Sociología II.

Añade que dicha denuncia, refiere, entre otros hechos, a supuestas descalificaciones verbales contra otras académicas y autoridades, a la intervención de la profesora nombre reservado en la estrategia del curso frente a la cátedra de Sociología II, y a un episodio en que, según la denunciante, se habría producido un contacto físico no deseado durante una actividad de relajación en el patio de la Facultad, en el marco de un ejercicio destinado a recomponer la convivencia del grupo.

Señala que sobre la base de dicha denuncia se instruyen la Investigación Sumaria (Res. Ex. NUM005), designándose investigadora a la abogada de la Fiscalía de Género y, en paralelo, se dicta Resolución Exenta N°NUM006, de fecha 16 de marzo de 2023, ordenando la instrucción de un sumario administrativo amplio respecto de la actuación de la recurrente en sus funciones docentes y de gestión, el cual se tramita con designación de fiscal universitaria y actuario.

Consigna que luego se acumulan ambas investigaciones, en virtud de la Resolución Exenta N°NUM007 y Exenta NUM008.

Narra que la denunciante ratificó su relato y la investigadora recibió declaraciones de estudiantes y autoridades. Cuatro alumnas de primer año señalaron que la profesora nombre reservado era cercana y respetuosa, que no observaron malos tratos hacia la denunciante y que promovió instancias de diálogo para recomponer el clima del curso. En contraste, otra estudiante declaró haberse sentido maltratada, atribuyéndole comentarios descalificadores y una intervención divisiva en el conflicto con la docente de Sociología II.

Añade que las directivas de la carrera y del departamento reconocen la trayectoria de la profesora nombre reservado, pero la responsabilizan de intervenir indebidamente en el conflicto entre estudiantes de primer año y la docente de Sociología II, señalando que habría impulsado medidas confrontacionales, cuestionado instancias de mediación y desincentivado vías institucionales de solución. Además, la jefa de carrera vincula indirectamente ese conflicto con episodios de estrés de una estudiante denunciante.

Cita que en ese contexto, la Fiscal de Género, en su informe final, califica los testimonios como mixtos —algunos favorables y otros críticos—, pero concluye que la conducta configura malos tratos y uso indebido de ascendiente pedagógico, proponiendo continuar el proceso disciplinario en sumario administrativo.

Consigna que en el sumario en cuestión, la primera formulación de cargos y vista fiscal —que proponía destitución— fue objetada por falta de precisión, ordenándose retrotraer el procedimiento y reformular cargos. Expone que luego esa fiscal volvió a acusar, agrupando los hechos en cuatro imputaciones principales: malos tratos, abandono de deberes, negligencia docente e intervención indebida en conflictos estudiantiles. Sobre dichos cargos la funcionaria recurrente presentó descargos extensos, aportando antecedentes de buen desempeño, carga académica efectiva y contexto crítico de salud mental del curso. No obstante aquello, señala que la fiscal reiteró la propuesta de destitución sin modificar sustancialmente su valoración, y la Rectoría aplicó la sanción mediante resolución que aprobó la vista fiscal sin mayor fundamentación propia sobre la gravedad de la falta y sin analizar o explicar por qué los hechos, tal como fueron finalmente establecidos, ameritan la máxima sanción prevista en el artículo 125 del Estatuto Administrativo, limitada a los casos en que la infracción “vulnere gravemente” la probidad administrativa o los deberes esenciales del cargo.

Prosigue indicando que la afectada interpuso reposición alegando dilación excesiva, nulidad por defectuosa formulación de cargos y vulneración del derecho a defensa, falta de competencia de la rectoría para decretar una suspensión preventiva con descuento de remuneraciones y, en lo esencial, desproporción y falta de racionalidad en la sanción de destitución, considerando los hechos y su trayectoria profesional funcionaria. Señala que dicho recurso de reposición fue rechazado en lo principal, acogiéndose solo dejar sin efecto la suspensión remuneracional por falta de competencia, manteniéndose la medida de destitución sobre la base de la reiteración de los argumentos en torno a que el plazo del procedimiento no es fatal, que la formulación de cargos es suficiente; que la inculpada ha podido defenderse extensamente y que la valoración de la prueba y la calificación de la gravedad de la falta le corresponde a la administración activa.

Agrega que actualmente la recurrente se encuentra desvinculada, siendo la vía judicial la única idónea para revisar la legalidad y proporcionalidad de la sanción.

En los aspectos jurídicos, el recurso desarrolla el argumento de la dilación excesiva del procedimiento disciplinario y afectación del derecho al procedimiento racional y justo, sosteniendo que el procedimiento se extendió por más de dos años y medio, excediendo el plazo de seis meses del artículo 27 de la Ley 19.880, sin justificación suficiente. Afirma al efecto, que la complejidad fue generada por la propia administración al retrotraer y reformular cargos. Alega entonces afectación del derecho a un procedimiento racional y justo.

Luego indica que también ha existido desproporción en la sanción de destitución. Argumenta que los hechos acreditados —conflictos pedagógicos, comentarios, gestión académica— no configuran infracción de “máxima gravedad” exigida por el artículo 125 del Estatuto Administrativo para adoptar una medida de destitución. Señala que hay ausencia de ilícitos patrimoniales, corrupción o conductas extremas. Invoca sobre el punto jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema sobre proporcionalidad sancionatoria (40371-2022).

Reseña que también concurre una falta de motivación suficiente, puesto que sostiene que la Resolución Exenta N°NUM002 se limita a aprobar la vista fiscal sin razonamiento propio sobre proporcionalidad y gravedad y la Resolución Exenta N°NUM003 —que resuelve la reposición— responde de forma genérica, sin hacerse cargo de alegaciones específicas.

Así consigna que la Resolución Exenta N°NUM002, no explicita ninguna valoración autónoma de las circunstancias atenuantes, de los elementos exculpatorios, ni de la trayectoria funcionaria de la afectada; mucho menos aborda el impacto de los vicios de tramitación ya detectados al ordenar la retrotracción por Resolución N°NUM009, lo que contradice las exigencias desarrolladas por la doctrina y el Tribunal Constitucional respecto de la motivación de los actos administrativos, especialmente cuando afectan de manera intensa derechos fundamentales.

Respecto de la Resolución Exenta N°NUM003, indica que lejos de subsanar esa insuficiencia, la profundiza, pues ante un recurso de reposición que desarrolla extensamente argumentos de legalidad, proporcionalidad y debido proceso, apoyados en jurisprudencia de la Contraloría y de la Corte Suprema, la Rectoría opta por desestimar en bloque las alegaciones, reproduciendo pasajes generales de dictámenes y sentencias que relativizan el carácter fatal de los plazos o la necesidad de una formulación de cargos extremadamente detallada, sin confrontar de manera específica ni uno solo de los argumentos concretos de la recurrente.

Expone también que ha concurrido falta de imparcialidad del órgano instructor, puesto que tras retrotraer el sumario a una etapa indagatoria por concurrencia de vicios, se mantuvo a la misma fiscal que ya había propuesto destitución, afectando con ello la imparcialidad objetiva.

Cita luego que existen defectos en la formulación de cargos y reformulación posterior. Sobre el punto reclama que la formulación de cargos fue deficiente y vulneró el derecho de defensa, pues la primera acusación fue objetada por falta de claridad y precisión —lo que motivó la retrotracción del procedimiento— y la segunda, aunque más extensa, mantuvo imputaciones genéricas y poco determinadas, obligando a defenderse frente a categorías vagas más que hechos concretos.

Señala que la autoridad rechazó este reproche señalando que los descargos detallados demostrarían conocimiento suficiente de los cargos, pero la recurrente sostiene que ello traslada indebidamente al funcionario la carga de suplir las deficiencias de la Administración. Añade que la reformulación posterior de cargos —tras los descargos— alteró sustancialmente la base fáctica inicial (de 14 hechos a 4), dejando sin efecto el marco sobre el cual se ejerció la defensa, afectando la estrategia procesal, el debido proceso y la imparcialidad del instructor.

En síntesis, sostiene que la acusación fue primero amplia y luego redefinida para sostener la destitución, sin abrir una nueva instancia contradictoria equivalente, lo que vicia el procedimiento y la resolución sancionatoria final.

Respecto a las garantías cuya vulneración reclama, sostiene que las ilegalidades del procedimiento disciplinario vulneran el derecho a un procedimiento racional y justo (por dilación, falta de motivación, defectos de cargos e imparcialidad del instructor), la igualdad ante la ley (por aplicar una destitución desproporcionada y sin justificación suficiente), la libertad de trabajo (por privarla arbitrariamente de su cargo) y, el derecho de propiedad, por la pérdida del estatuto funcionarial y de remuneraciones, junto con medidas preventivas luego reconocidas como ilegales.

Afirma además que el recurso de protección es procedente contra actos administrativos terminales sancionatorios como la destitución, pues la Corte Suprema ha reconocido su idoneidad para controlar legalidad y razonabilidad de estas decisiones, incluso si existe control de Contraloría, cuando no hay otra vía judicial igualmente rápida y eficaz. En consecuencia, las resoluciones impugnadas serían actos terminales que causan agravio actual y habilitan la tutela por esta vía.

Remata su recurso solicitando se declare que los actos recurridos son ilegales y arbitrarios, que han vulnerado las garantías constitucionales de los números 2°, 3°, 16° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República y, en consecuencia, que se dejen sin efecto en lo pertinente, ordenándose a la recurrida dictar, dentro del plazo que fije, un nuevo acto terminal que, ponderando debidamente los hechos, la trayectoria funcionaria y los principios de proporcionalidad y razonabilidad, no contemple la sanción de destitución, pudiendo, si así lo estima, aplicar alguna medida disciplinaria de menor entidad, acorde con los criterios jurisprudenciales fijados por la Excma. Corte Suprema en casos análogos; proceder al reintegro efectivo de doña nombre reservado a un cargo de planta en la Universidad de Magallanes de similar jerarquía, grado y jornada al que detentaba al momento de su destitución, sea en el mismo Departamento de Ciencias Sociales o en otra unidad académica compatible con su especialización, absteniéndose de ejecutar cualquier acto que importare represalia o nueva afectación de sus derechos con motivo del presente recurso; pagar la totalidad de las remuneraciones, asignaciones y demás beneficios que dejó de percibir desde la fecha de su desvinculación hasta su efectiva reincorporación, con los reajustes e intereses que procedan, descontando sólo aquellas sumas que hubieren sido ya restituidas en virtud de la corrección de la medida de suspensión preventiva, a fin de reparar integralmente el daño patrimonial sufrido; ordenar la eliminación de toda anotación de demérito en la hoja de vida de mi representada que traiga causa en los actos invalidados, dejando constancia de la decisión de esta Iltma. Corte, para los efectos de futuras evaluaciones, concursos y antecedentes funcionarias, todo ello con expresa condena en costas.

Informa la recurrida Universidad de Magallanes, solicitando el rechazo del recurso.

Expone al efecto que ha existido regularidad del procedimiento disciplinario, detalla la cronología completa de los sumarios, los cambios de fiscal, acumulaciones y reformulación de cargos, vistas fiscales y resoluciones terminales. Afirma así que hubo actividad constante y diligencias permanentes. Respecto de la no fatalidad de los plazos invoca doctrina reiterada de Contraloría, en tormo a que los plazos del artículo 27 de la Ley N°19.880 no son fatales. Cita dictámenes y jurisprudencia judicial que descartan decaimiento automático por duración del procedimiento.

Alega luego la improcedencia de protección para revisar el mérito disciplinario, señalando que el recurso de protección no es vía idónea para revisar mérito, ponderación probatoria ni proporcionalidad de sanción en sumarios administrativos cuando hubo debido proceso formal.

En relación a la proporcionalidad de la destitución sostiene que se acreditó vulneración grave al principio de probidad y deberes funcionarios; en tal caso el artículo 125 del Estatuto Administrativo impone destitución obligatoria.

Cita dictámenes CGR que la consideran sanción imperativa.

En cuanto a la motivación suficiente, afirma que las resoluciones contienen extensos considerandos (19 y 11 respectivamente), con análisis de cargos, prueba y descargos.

Consigna también que se ha respetado el derecho a defensa, puesto que indica que los cargos fueron precisos, que la recurrente presentó descargos extensos, reposición y alegaciones y la reformulación y reapertura serían potestades legales que no afectan la defensa.

En cuanto a los derechos alegados como vulnerados, indica que la recurrente no desarrolla de qué manera se vieron afectados y la existencia de derechos indubitados relacionados con estas garantías, por lo cual no se puede hacer cargo de las alegaciones.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Se trata por consiguiente, de una acción constitucional de naturaleza cautelar, que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en la Constitución y que puedan establecerse sumariamente.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, vale decir, que se encuentre en posición y condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, en ese orden de ideas, se precisa que el hecho vulneratorio calificado como ilegal y arbitrario por la recurrente, se corresponde con la dictación de las Resoluciones Exentas N°NUM002, de fecha 18 de agosto de 2025 que aprueba la vista fiscal y aplica sanción de destitución a la recurrente y con la Resolución Exenta N°NUM003, de fecha 4 de noviembre de 2025 que rechaza reposición administrativa en relación a esa medida y mantiene la señalada sanción de destitución, afectando a su juicio garantías constitucionales.

CUARTO: Que la recurrida solicitó el rechazo del recurso, conforme a los antecedentes reseñados en la parte expositiva.

QUINTO: Que examinado el recurso y los antecedentes que lo informan, cabe pronunciarse, en primer término, acerca de la eventual concurrencia de una vulneración de la garantía constitucional del derecho al debido proceso.

Que, en ese orden de ideas, el examen arroja que el procedimiento administrativo sumarial iniciado en contra de la recurrente, se ha desarrollado dentro del marco normativo reglamentario que la regula, observando todas las fases que cautelan su derecho al debido proceso. Así, de su revisión se obtiene que en dicho procedimiento la recurrente tuvo la oportunidad de ser escuchada, acompañar elementos de prueba, controvertir y presentar descargos, tanto respecto de la primera formulación de ellos, como también luego de su reformulación y, en fin, luego de ser objeto de una resolución sancionatoria, de discutir ese acto administrativo mediante el ejercicio del derecho a recurrir.

Si a lo anterior se adiciona el hecho que no existió, en su oportunidad, la expresión legal de cuestionamiento alguno que persiguiese discutir la validez de dicho proceso que se extendió por largo tiempo, entre ellas por la presunta falta de imparcialidad de la fiscal instructora, que pudo dar lugar a una petición formal de inhabilidad o, por una disconformidad normativa en relación a la decisión de reformulación de cargos, cabe concluir y ratificar que no se vislumbra que haya concurrido la infracción al derecho al debido proceso que se reclama.

SEXTO: Que, en esa misma perspectiva y en relación a la concurrencia ahora de una eventual infracción al mismo derecho al debido proceso, pero en su alcance de un procedimiento racional y justo, por una excesiva dilación del mismo, se puntualiza que efectuado el análisis del proceso sumarial en cuestión, de suyo complejo, igualmente se arriba a la conclusión que este se ha desarrollado dentro de parámetros temporales normales, sin paralizaciones o demoras injustificadas y conteniendo en su desarrollo una serie de trámites o diligencias que alejan la noción de inactividad o decaimiento administrativo en su instrucción.

Lo anterior, sin perjuicio de los pronunciamientos judiciales y administrativos sobre el punto, que han ratificado el carácter de no fatal del plazo expresado en el artículo 27 de la ley N°19.880, destacando que la inobservancia justificada de esos términos no tiene los alcances para provocar la nulidad del procedimiento o para viciar decisiones adoptadas.

SÉPTIMO: Que, con respecto a la falta de motivación alegada respecto de las resoluciones cuestionadas, el análisis arroja que ambas son profusas y extensas, dando cuenta en sus consideraciones de los elementos que sustentan la decisión, de los antecedentes que la informan, de los cargos precisos, época de los mismos y análisis de los medios de prueba presentados, además de un exhaustivo abordaje de las alegaciones (descargos) planteadas por la recurrente, argumentos por los cuales se precisa que debe descartarse la concurrencia de una falta de motivación en su contenido o un capricho o una arbitrariedad en los fundamentos de las mismas.

OCTAVO: Que en cuanto a la alegación de la recurrente, en términos que la sanción disciplinaria de destitución ha sido desproporcionada, amén de señalar en el considerando anterior, que ella se estima suficientemente fundada, es menester precisar que siendo las resoluciones impugnadas, fruto de un procedimiento sumarial previo en que se estima se han observado las garantías del derecho a la defensa y a un proceso racional y justo, no es dable a este tribunal de alzada entrar a revisar o controlar el mérito de la decisión o conclusiones de la administración, en este caso sancionatoria, entregada a la potestad y competencia de un órgano administrativo.

Así, por lo demás, lo ha resuelto la Excma. Corte Suprema en causa rol N°14.227-2021, al indicar “…para que el órgano jurisdiccional pueda atribuirse, en el ejercicio de su potestad revisora, atribuciones que el ordenamiento jurídico confiere a los órganos administrativos sancionatorios, es menester la previa constatación y declaración de la existencia de una ilegalidad precisa y determinada en la decisión que se revisa, como requisito habilitante para la posterior modificación del contenido del acto terminal”.

NOVENO: Que, en razón de lo señalado anteriormente y en términos que no se estiman afectadas las garantías esenciales que se reclaman, resulta inoficioso emitir pronunciamiento respecto de aquellas residuales, vale decir, potencial vulneración de las garantías de libertad de trabajo y propiedad, toda vez que estas últimas solo pueden resultar amagadas en un escenario comprensivo de infracciones al derecho al debido proceso.

DÉCIMO: Que conforme a todo lo expuesto anteriormente y no concurriendo a juicio de esta Corte, un escenario de ilegalidad, arbitrariedad o desproporción en la dictación de las resoluciones terminales impugnadas, se concluye que ellas no pueden ser alteradas y transforman a la vía elegida por la recurrente en inidónea para estos efectos, motivos por los cuales el recurso incoado no puede prosperar.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por la recurrente nombre reservado en contra de la recurrida Universidad de Magallanes, ya individualizados.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante Sr. Osvaldo Oyarzun Miranda.

Se deja constancia que no firma el abogado integrante Sr. Oyarzun, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, por encontrarse ausente.

Rol N°9-2026 PROTECCIÓN.