nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS

Punta Arenas, catorce de marzo de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

nombre reservado, funcionario municipal, domiciliado en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, representada por su Alcalde, Claudio Radonich Jiménez, ambos con domicilio en domicilio reservado.

Denuncia como acto ilegal y arbitrario la injustificada sanción de destitución dictada en el Sumario Administrativo instruido en virtud del Decreto Alcaldicio N°2161, de 30 de noviembre de 2023, y finalizado por el Decreto Alcaldicio N°3494, de 14 de diciembre de 2023, que rechaza el recurso de reposición que interpuso, y mantiene la sanción.

Alega que el procedimiento se tramitó excediendo todos los marcos legales y no tomando en consideración ninguno de sus argumentos legales y probanzas, aplicándose, en definitiva, la medida disciplinaria de destitución.

A su juicio, el actuar del órgano recurrido vulnera la garantía fundamental de integridad física y psíquica consagrada en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República, la garantía de igualdad ante la ley, del artículo 19 N°2 de dicha norma, al darle un trato discriminatorio en comparación con otros funcionarios y ex funcionarios, el derecho a la no discriminación en materia laboral, consagrado en el artículo 19 N°16 y finalmente su derecho de propiedad, del artículo 19 N°24.

Expresa, que fue objeto de un sumario administrativo cuya finalidad fue establecer su responsabilidad en los cargos que se le formularon: el primero consiste en la «…infracción a la obligación funcionaria contemplada en la letra g) del artículo 58 de la Ley N°18.883, es decir, no observar estrictamente el principio de la probidad administrativa, vulnerando gravemente este principio en los términos contenidos en el artículo 52 del DFL N°1-19653 de 2001, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.575, mediante la infracción de lo dispuesto en los N°2, 5 inciso 1º y 6 del artículo 62 del mismo texto legal, a saber: "2. Hacer valer indebidamente la posición funcionaria para influir sobre una persona con el objeto de conseguir un beneficio directo o indirecto para sí o para un tercero; 6 5.-Solicitar, hacerse prometer o aceptar, en razón del cargo o función, para sí o para terceros, donativos, ventajas o privilegios de cualquier naturaleza; 6.- Intervenir, en razón de las funciones, en asuntos en que se tenga interés personal o en que lo tengan el cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive." A su vez, dicha acción transgrede la obligación funcionaria contemplada en la letra c) e i) del artículo 58 y a la prohibición estatutaria establecida en el artículo 82 letra b) y f) de la Ley N°18.883 que aprueba el Estatuto Administrativo para funcionarios municipales, por cuanto no realiza su labor con la debida cortesía lo que no contribuye a materializar los objetivos de la municipalidad ·perseguidos con la realización de este festival, así como no observa una vida social acorde al cargo al proferir tal cantidad de epítetos y señalar que había ingerido alcohol, así como solicitar ventajas para una tercero: su pareja».

Alega que este hecho no fue realizado en ninguna actividad municipal, fue un error y no tuvo injerencia alguna en el resultado de la competencia.

Luego, tercer cargo, se le imputó la «infracción la obligación funcionaria contemplada en la letra g) del artículo 58 de la Ley N°18.883, es decir, no observar estrictamente el principio de la probidad administrativa, vulnerando gravemente este principio en los términos contenidos en el artículo 52 del DFL N°1-19653 de 2001, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, mediante la infracción de lo dispuesto en el número 2, 4 y 5 inciso primero del artículo 62 del mismo texto legal, a saber: "2. Hacer valer indebidamente la posición funcionaria para influir sobre una persona con el objeto de conseguir un beneficio directo o indirecto para sí o para un tercero; 4.- Ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal o recursos del organismo en beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales; 5.- Solicitar, hacerse prometer o aceptar, en razón del cargo o función, para sí o para terceros, donativos, ventajas o privilegios de cualquier naturaleza." A su vez, dicha acción constituye una infracción a la obligación funcionaria contemplada en las letras a), d), e) y f) del artículo 58 y a la prohibición estatutaria establecida en el artículo 82 letras f) y g) de la Ley N°18.883 que aprueba el Estatuto Administrativo para funcionarios municipales, por cuanto no cumple sus labores en forma regular y continua al subirse al escenario; incumple su jornada de trabajo extraordinaria así como su comisión de servicio, desobedeciendo las órdenes del encargado de la realización del XLII Festival Folclórico de la Patagonia 2023; procura una ventaja o privilegio para sí al presentarse en el escenario con el artista y utiliza el tiempo de la jornada de trabajo para fines ajenos a los institucionales».

Entiende que este hecho no requiere autorización especial alguna y un expresión artística jamás puede ser sancionada.

Alega, que en el sumario nunca fueron considerados sus fundamentos y evidencias presentadas.

Además, por el segundo cargo, se le registró una anotación de demérito, lo que implica una sanción en dos oportunidades por un mismo hecho, con dicha anotación y en un sumario administrativo.

Alega que no tiene responsabilidad alguna en ninguno de los cargos, solicitando la revisión del sumario, alegando la improcedencia de la sanción y la inexistencia de perjuicio o beneficio de algún pariente o cercano.

Estima que la medida carece de fundamentación, siendo ésta genérica, advirtiéndose además una falta al principio de congruencia que se debe observar en este tipo de procesos, no dándose todos los elementos legales para poder configurar en la práctica las conductas de falta a la probidad que se le imputan.

Finalmente, alega la falta de proporcionalidad de la medida y el nulo análisis de atenuantes.

Solicita en definitiva que se acoja el recurso y declarar:

1. Que el actuar de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas es ilegal y arbitrario, por haberlo sometido a un sumario administrativo sin pruebas, revocar tal medida disciplinaria, y declarar la nulidad de la totalidad del sumario administrativo, desde su inicio, y en especial, del Decreto Alcaldicio N°2161, de fecha 30 de noviembre de 2023, que lo sanciona con la destitución, resolución número 10, de fecha 11 de diciembre de 2023, y el Decreto Alcaldicio N°3494, de fecha 14 de diciembre de 2023, que rechaza el recurso de reposición interpuesto y mantiene la sanción de destitución, ordenando la reincorporación a la Municipalidad de Punta Arenas y condenar al empleador el pago de todas sus remuneraciones por el tiempo en que ha estado separado ilegalmente de la institución antes señalada, y dejando sin efecto el decreto de destitución y el acto que falló rechazando su reposición.

2. Que el actuar de la recurrida vulnera las garantías constitucionales que me asisten, consagradas en el artículo 19 N°1, 19 N°2, 19 N°16 y 19 N°24 de la Constitución Política.

3. Que, se declare su inocencia administrativa y se obligue a que la Municipalidad recurrida dicte la correspondiente resolución en que decrete el sobreseimiento del sumario administrativo, reincorporándolo al cargo del que era titular como contrata, esto es, al cargo de auxiliar 32 grado 18 de la DIDECO. En estrados solicitó subsidiariamente la reapertura del sumario en caso de no acogerse la petición de sobreseimiento.

4. Que se deben pagar todas las remuneraciones por el tiempo en que ha estado separado de su cargo.

5. Que se condene en costas a la parte recurrida.

Evacúa informe Cristian Patricio Navarro Kamann, abogado, en representación de la recurrida.

En primer lugar, da cuenta de los antecedentes de hecho del sumario administrativo seguido en contra del recurrente, alegando en primer lugar la improcedencia del recurso de protección en contra del acto administrativo sancionatorio.

Expone que el legislador previó que, tratándose del acto terminal de un procedimiento disciplinario municipal, la reclamación administrativa contemplada en el artículo 156 de la ley Nº18.883, que dispone: «Los funcionarios tendrán derecho a reclamar ante la Contraloría General de la República, cuando se hubieren producido vicios de legalidad que afectaren los derechos que les confiere este Estatuto».

Señala que el recurrente no ha agotado todas las vías idóneas para el reclamo de ilegalidad que pretende en el presente recurso, por lo que, existiendo una vía idónea para la solución del conflicto, la presente acción debe ser rechazada; la jurisprudencia de nuestros Tribunales Superiores, han indicado que el recurso de protección no es la vía obtener un pronunciamiento que recaiga en una materia como la responsabilidad perseguida en un procedimiento disciplinario.

En seguida, agrega que el recurrente postula que se han vulnerado sus derechos garantizados por la Constitución, en particular, el N°1 del artículo 19, sin embargo, no aporta ningún antecedente al respecto, debiendo acreditar dicha circunstancia en un procedimiento de lato conocimiento. Asimismo, agrega que se vulnera su derecho de igualdad ante la ley, garantizado en el N°2 de la norma citada. Indica que se le discriminó, pero todos los funcionarios municipales se encuentran sujetos a responsabilidad administrativa a consecuencia de actos u omisiones ilegales en los que incurran. Por lo demás, el acto administrativo es concluyente en torno a sus faltas a la probidad administrativa. En cuanto a la vulneración a lo dispuesto en el N°16 del artículo 19 de la Carta Magna, indica que las alegaciones del recurrente nada dicen relación con la libertad de trabajo, la libre elección y contratación y discriminación personal, toda vez que el actor incurrió en faltas graves a la probidad, que merecen la sanción impuesta. Finalmente, en cuanto a la vulneración a lo dispuesto en el N°24 del artículo 19 de la mencionada normativa, destaca que el recurrente no mantiene propiedad en el empleo esencialmente transitorio que ostentaba, siendo imperativo proceder a la desvinculación del funcionario cuando se detecte y acredite debidamente una falta a la probidad administrativa de carácter grave.

Finalmente, estima que la presente acción carece de todo fundamento y en consecuencia debe ser rechazada, puesto que la Municipalidad ha actuado en todo momento con arreglo a derecho, respetando la Constitución y las leyes.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

Conforme a su naturaleza y claro objetivo, no genera, en sentido técnico, un juicio ni se persigue con su interposición establecer la responsabilidad civil, penal, infraccional o administrativa del ofensor. Por tanto, no se concibe respecto de una contienda civil entre partes ni da origen a un proceso penal o administrativo, es decir, no se aplica para discutir cuestiones de lato conocimiento respecto de las cuales el legislador ha establecido los procedimientos idóneos para que sean debatidas y resueltas.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos:

a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, el acto estimado ilegal y arbitrario alegado por el recurrente consiste en sanción de destitución dictada en el Sumario Administrativo instruido en virtud del Decreto Alcaldicio N°2161, de 30 de noviembre de 2023, y finalizado por el Decreto Alcaldicio N°3494, de 14 de diciembre de 2023, que rechaza el recurso de reposición que interpuso, y mantuvo dicha sanción.

CUARTO: Que, como lo ha señalado esta Corte con anterioridad (vgr. Rol 654-2023), esta acción constitucional no es la vía para solicitar la revisión de medidas disciplinarias adoptadas en investigaciones sumarias, pues se trata de una acción cautelar de protección de garantías constitucionales y no de revisión administrativa, pues el control que se ejerce por esta vía no se encuentra destinado a evaluar aspectos de mérito de las actuaciones cumplidas en un sumario administrativo, por lo cual no es procedente que el recurrente pretenda por esta instancia jurisdiccional extraordinaria, que se revise la investigación y la decisión a que se arriba sobre la base del mérito establecido por el funcionario encargado de la investigación en la vista o dictamen realizado al concluir la investigación, como tampoco a la medida terminal adoptada.

QUINTO: Que, en consecuencia, atendido que la finalidad fundamental perseguida por el recurrente con su acción es impugnar la medida disciplinaria adoptada en la investigación sumaria instruida en su contra, que culminó con su destitución, la acción de autos no es idónea para ello, por cuanto ésta no ha sido creada para solucionar conflictos que se encuentren sometidos a normas y procesos previamente establecidos, sin perjuicio que del examen de los hechos expuestos y de las resoluciones sumariales, se advierte que durante la tramitación del proceso sancionatorio se le ofreció al recurrente las instancias para efectuar sus alegaciones, y presentar su prueba las que en ningún caso pueden renovarse por la vía de la acción constitucional de protección, por no constituir ésta la vía adecuada al efecto.

SEXTO: Que, a mayor abundamiento, de las referencias que ambas partes hicieron al sumario administrativo y de los documentos que obran en la causa, se advierte que el procedimiento se ajustó a la reglamentación establecida ya que, el actor fue oído y se le permitió defenderse, pudo formular descargos y ofrecer sus medios de prueba, fue notificado de las actuaciones y tuvo oportunidad de conocer el contenido íntegro del expediente.

SÉPTIMO: Que, el criterio anteriormente referido ha sido refrendado por la Excelentísima Corte Suprema en causa Rol Nº8.784-2022, que confirma el fallo de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción en causa Rol N°14.951-2021. Protección y N°5.812-2024, que confirma la sentencia de esta Corte en el rol N°654-2023.

Por estas consideraciones, y teniendo presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo de esta clase de recursos, de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, contra de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, todos ya individualizados.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Redacción del Ministro don Marcos Kusanovic Antinopai.

Se deja constancia que no firma la Ministra doña María Isabel San Martín Morales, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, por encontrarse con permiso de acuerdo al artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

ROL N°9-2024 PROTECCIÓN.