nombre reservado con UNIVERSIDAD DE MAGALLANES

Punta Arenas, cuatro de noviembre de dos mil diecinueve.

Vistos:

Comparece ante esta Corte de Apelaciones don nombre reservado, estudiante, con domicilio para estos efectos en domicilio reservado y deduce acción constitucional de protección de garantías constitucionales en contra de la Universidad de Magallanes, representada por el sr. nombre reservado, ambos de domicilio para estos efectos en domicilio reservado.

Expone que en virtud de una serie de actos ilegales y arbitrarios en que ha incurrido la recurrida, le ha vulnerado sus garantías fundamentales, en especial, las relativas a la igualdad ante la ley y garantías a un debido proceso.

Refiere que se ha dispuesto a su respecto, sin notificación oficial, investigación previa, toma de declaración, ni mayores antecedentes una resolución de suspensión del 05 de agosto de 2019, que conforme a lo señalado estará vigente “mientras dure la instrucción del sumario dispuesto por la Resolución Nº0961/2019-VRAC de fecha 17 de julio de 2019” todo esto instruido por la Universidad, acerca de circunstancias y hechos de los que no ha tenido ningún tipo de noticia, a través de una resolución sin número y firmada por sr. nombre reservado, Identificado como “Fiscal del Sumario”, así mismo correo electrónico que le hicieron llegar informando, rectificación de misma resolución con fecha 09 de agosto del mismo año.

Además, se le entregó materialmente una denominada “ampliación de medidas de protección” que dispone una medida cautelar de alejamiento a través de un “reservado N°23” firmado por doña nombre reservado, identificada como “Abogada Jefa de Unidad prevención y acompañamiento” con fecha 22 de Marzo de 2019 sin notificarme a su persona.

A través de estos actos arbitrarios e ilegales, la Universidad ha conculcado sus garantías constitucionales, toda vez que estos acto de gravedad y urgencia carecen totalmente de una debida motivación y justificación y se adoptó sin cumplir el debido procedimiento que establece la ley, lo que amenaza, lesiona y vulnera el legítimo ejercicio de las garantías fundamentales de las que es titular: i) la protección de la integridad física y psíquica de la persona ii) el derecho a la igualdad; iii) el derecho a la honra y dignidad; iv) el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales y de tener acceso a un procedimiento justo y racional; todos derechos fundamentales que se encuentran consagrados en el artículo 19 N°s 1, 2, 3 inciso 4º y 5°; respectivamente.

Explica que es estudiante de la carrera de Medicina de la Universidad de Magallanes, cursando actualmente el cuarto año académico, no teniendo para tal efecto ningún tipo de retraso respecto a su carga académica, y destacándose no sólo por su participación deportiva en representación de la Universidad. Señala que cuenta con Gratuidad, Beca Presidente de la República y Beca de Alimentación Educación Superior y su residencia se ubica en dependencias de la recurrida.

Indica que con fecha 30 de Mayo de este año en curso, se le hace llegar un documento denominado ampliación de medidas de protección, en el que se explicaba una supuesta “orden de alejamiento” que pesaba contra mi persona, por supuestos hechos de violencia física, sexual y psicológica en contra de su polola nombre reservado.

Como primera consideración, señala que no es efectivo que haya ejercido en ninguna oportunidad violencia en contra de su ex pareja, por lo que la suspensión que se imputa ignoro totalmente respecto a qué hechos puntuales o a qué tipo de denuncia se estaría investigando en mi contra, aclarando que ignora totalmente cuales son los hechos en concreto que se le imputan por los cuales se hubiera motivado además de esta ampliación recién señalada, la denominada “resolución de suspensión”, entregada con fecha 05 de Agosto del presente año en curso, la cual ordena en términos amplios y generales que me encuentro suspendido de la Universidad.

Entiende que esto le genera una serie de inconvenientes facticos y evidentes menoscabos psíquicos incuantificables, ya que en estas últimas semanas se ha encontrado sometido a una constante incertidumbre respecto a su situación personal, especialmente considerando que está en el proceso de finalización del primer semestre y, como según las personas del departamento que llevan adelante sumario administrativo le ha referido en concreto ya no puede: 1) ir a cursar a mis clases regularmente; 2) rendir mis exámenes estudiantiles; 3) asistir a sus prácticas profesionales las que son conditio sine qua non para la aprobación de la carrera; 4) no puedo continuar viviendo en el pensionado universitario, que es el único lugar que tiene para residir en la ciudad de Punta Arenas, viéndose obligado a salir de la residencia lo que está generando serios inconvenientes económicos.

Resume que se encuentra en este momento en un estado de total indefensión y en una angustia personal sin precedentes, ignora qué tipo de medidas se están tomando en su contra, ignora cuánto tiempo ha sido investigado, en suma, no ha recibido ningún tipo de aviso, información ni notificación oficial respecto a estos hechos por los que hace menos de 30 días le avisan estaría totalmente suspendido de su participación en la Universidad, no pudiendo ni siquiera ingresar a la Universidad de Magallanes, todo lo que es totalmente arbitrario e ilegal.

En cuanto al derecho, señala en primer lugar, que por regla general la reserva de la potestad cautelar está entregada a los órganos que ejercen jurisdicción, especialmente a aquellos cuya función es supervigilada por la Excma. C. Suprema. Así también entiende que el legítimo ejercicio de cualquier medida restrictiva de la libertad personal de cualquier ciudadano, debe cumplir a lo menos con los principios de legalidad de los art. 6 y 7 del Estatuto Político, no obstante, en el caso en concreto ignora la extensión de la “potestad autónoma” de la Universidad, que puede, sin mediar incluso denuncia previa o autorización judicial, restringir la libertad de sus estudiantes e incluso exigir el desalojo del lugar de vivienda, sin posibilidad de defensa, de contravención, sólo como un mero acto de autoridad. Además y sumado a lo ya dicho que en general el Ius Puniendi del que detentan unitariamente tanto la faz administrativa como la faz penal del estado, está sujeta estrictamente al principio de legalidad lo que ha sido totalmente vulnerado en el caso en particular. A ello agrega que no ha sido informado por ningún medio de la duración ni el tipo de sumario del que soy objeto.

Concluye que el acto ilegal y arbitrario cometido por el recurrido es vulneratorio de las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 Nº 1 y Nº 4 de la Constitución Política de la República. Transcribe las normas citadas.

Señala además, que conforme a lo dispuesto en la Ley de Base Administrativa del Estado, en su art. 3º inciso 6to y finales se dispone que “Constituyen, también, actos administrativos los dictámenes o declaraciones de juicio, constancia o conocimiento que realicen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus competencias.” Así las cosas y conforme al art. 4º del mismo cuerpo legal citado, los actos de administrativos deben regirse entre otros principios por: CONTRADICTORIEDAD, IMPARCIALIDAD, TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD, elementos que a la luz de los hechos que ha señalado, se han visto totalmente vulnerados, destacando especialmente el principio de imparcialidad que obliga a la Administración a actuar objetivamente, y sobre todo a respetar el principio de probidad, tanto en sus procedimientos como en sus decisiones, además de fundar sus decisiones. Que para este efecto, conviene recordar que conforme lo dispone el art. 19 Nº 2 de la CPR, toda persona tiene garantizado la igualdad ante la ley, y por ende la autoridad debe abstenerse de ejercer actos o de hacer diferencias que sean de tipo arbitrarias, como en el caso en cuestión estimamos se han reiterado en su contra.

A lo anterior se suma que la Ley Número 21.094, Sobre Universidades Estatales, señala en el art. 2o “La autonomía administrativa faculta a las universidades del Estado para estructurar su régimen de gobierno y de funcionamiento interno de conformidad a sus estatutos y reglamentos universitarios, teniendo como única limitación las disposiciones de esta ley y las demás normas legales que les resulten aplicables.”

Concluye también, que el acto ilegal y arbitrario cometido por el recurrido es vulneratorio de las garantías constitucionales consagradas en el 19 Nº 2, Nº 3 inc. 5º de la Constitución Política de la República.

Entiende que la garantía del debido proceso es la que resguarda especialmente la imparcialidad, exigencia que se funda en el deber del Estado de respetar el derecho a la igualdad de todas las personas. Además, y respecto a la obligación de un proceso legal previo y/o debido proceso, para el profesor Cea esto implica cualquier órgano, trátese o no de un tribunal en un sentido estricto, que tenga que decidir sobre una persona, su honor o sus bienes. Así él menciona como ejemplos al superintendente de una entidad fiscalizadora, el superior jerárquico en el caso de una investigación sumaria, esta interpretación del alcance de la exigencia del debido proceso ha sido apoyada por la sentencia rol 198 del Tribunal Constitucional, de fecha 4 de enero de 1995.

Termina solicitando acoger en definitiva la acción deducida, ordenando:

(A) Dejar sin efecto el acto administrativo RESOLUCIÓN DE SUSPENSIÓN DEL 05 DE AGOSTO DE 2019;

(B) Dictar las demás medidas que SSI., considere necesarias para restablecer el imperio del derecho y tutelar la protección de las garantías constitucionales que mediante esta acción se buscan restablecer; y (C) Condenar en costas al recurrido Sr. nombre reservado, por sí y en su calidad de Rector de la Universidad de Magallanes.

Comparece la Universidad de Magallanes, evacuando su informe.

Parte denunciando que el recurso carece de todo fundamento y en consecuencia debe ser rechazado ya que ha actuado en todo momento con arreglo a derecho, respetando la Constitución, las leyes y demás normativas, por tanto, no se ha ejecutado acto o producido omisión que sea susceptible de calificarse de arbitraria o ilegal y que atente contra alguna de las garantías establecidas en el artículo 19 de la Constitución Política del Estado, lo que en este caso no ha ocurrido.

A modo de contexto señala que luego del movimiento feminista ocurrido el año pasado, en las cuales las estudiantes, funcionarias y académicas comenzaron a alzar la voz en relación a diversos episodios vividos en relación a temáticas de acoso, violencia y discriminación se comienzan a realizar, en prácticamente todas las universidades pertenecientes al “Consejo de Rectores de Universidades Chilenas CRUCH”, protocolos de actuación frente a conductas de acoso, violencia y discriminación.

Así la Universidad con fecha 03 de agosto de 2018 aprobó y entró en vigencia el “Manual transitorio de actuación ante denuncias de Acoso sexual, Hostigamiento o cualquier manifestación de violencia” , el cual se oficializó y se hizo público a la comunidad universitaria mediante resolución N°135/SU/2018, dicho manual fue elaborado de manera Triestamental y se encuentra actualmente vigente al interior de la Universidad, sin perjuicio de ello, nos encontramos ad portas de la aprobación y oficialización del “Protocolo definitivo en materias de Acoso, violencia y discriminación”, el cual también ha sido trabajado de manera Triestamental y viene a mejorar y perfeccionar al manual transitorio.

Hace presente que dicho manual establece que en materia de investigación relacionadas con los funcionarios se deben utilizar las normas de la Ley N°18.834 “Estatuto Administrativo” y en relación a los alumnos denunciados, se utilizan las normas del Reglamento General de Alumnos de la Universidad de Magallanes, aprobado con fecha 29 de marzo de 2019 mediante Decreto 05/SU/2019 y al Reglamento de Sumarios de Alumnos, Decreto 34/SU/2001, modificado por el Reglamento 30/SU/2004 para la Instrucción de investigaciones sumarias y sumarios por infracción de los estudiantes al Reglamento General de Alumnos de la Universidad de Magallanes.

Explica que en ese contexto, se creó la “Dirección de Género, Equidad y Diversidad” de la cual depende la “Unidad de Prevención y Acompañamiento en materias de acoso y discriminación”, una de las funciones de esta última es tomar las denuncias de las personas que puedan sentirse vulneradas al interior de la Universidad para luego enviarlas a la autoridad pertinente y que esta decida si instruir una investigación sumaria o un sumario administrativo, según la gravedad de los hechos denunciados.

Refiere que con fecha 5 de diciembre de 2018 la estudiante de la carrera de Medicina doña nombre reservado, se acerca a la Unidad de prevención y Acompañamiento solicitando apoyo psicológico señalando haber vivido situaciones vulneratorias de parte de su compañero de curso y ex pololo don nombre reservado, debido a su afectación emocional señalo no estar preparada para efectuar una denuncia. Con fecha 22 de enero del año 2019 la estudiante, solicita realizar la denuncia en la Unidad, señalando haber sido víctima de violencia psicológica y diversas agresiones en el pololeo, hechos que habrían ocurrido al interior de la Universidad, por lo cual se procede a tomar la denuncia y se envía al nombre reservado quien decide instruir una investigación sumaria para aclarar los hechos, puesto que el Sr. nombre reservado habría incurrido en transgresiones menos graves o graves a las normas de comportamiento universitario.

Por tales motivos, con fecha 18 de marzo de 2019, se ordenó mediante resolución N°156/2019-VRAC investigación sumaria y se designa investigador al académico jornada completa del Departamento de Ingeniería en Computación don Pedro Alberti Villalobos, dicha resolución indica “investigar lo indicado en reservado N°6/2019 de la Unidad de prevención y acompañamiento”, el cual a su vez pide que “se investiguen las agresiones físicas y psicológicas durante el pololeo, las cuales habrían ocurrido al interior del pensionado de la Universidad”. En ese orden de cosas, se solicitaron desde la Unidad de prevención y acompañamiento se decreten medidas de las contempladas en el Manual transitorio, esto es “la prohibición de acercamiento a la persona afectada”, medidas incorporadas al Manual porque fueron sugeridas por el Ministerio de Educación, en donde se recalca “en el caso de los estudiantes se debe reubicar a la persona denunciada a otro grupo(curso, sección, sede, etc.), de lo contrario se le deben entregar facilidades a quien denuncia para cumplir con sus responsabilidades académicas asegurando que no exista proximidad con la persona denunciada”.

Con fecha 15 de mayo de 2019, la estudiante denunciante, declaró ante el Académico investigador don nombre reservado, el cual en base al avance de la investigación sumaria y de los antecedentes recabados en ella, solicita con fecha 22 de mayo a la Unidad de prevención y acompañamiento y al nombre reservado, la necesidad de aumentar las medidas de protección a favor de la estudiante, lo cual se hizo y fue debidamente notificado de forma personal el 30 de mayo 2019, al señor nombre reservado. Luego el investigador, debido a la gravedad de los hechos, solicitó a las autoridades de nuestra Universidad que la investigación se eleve a un Sumario, lo cual ocurrió mediante resolución 0961/2019-VRAC de fecha 17 de julio de 2019.

Con fecha 5 de agosto, el ahora fiscal del sumario y conforme a sus atribuciones reglamentarias, procede a suspender de manera preventiva al estudiante investigado, en virtud de lo establecido en el artículo 37 del decreto 34/SU/2001.

Le parece relevante y señala, como parte de los hechos, que con fecha nueve de agosto de 2019 la estudiante de medicina Srta. nombre reservado devela situaciones de agresión y procede a denunciar los hechos en Fiscalía Local de Punta Arenas, generándose la causa Ruc 1900853313-2, Rit 2736-2019 por el delito de violación en la cual se decreta por parte de la Jueza de Garantía la medida cautelar consistente en la prohibición de acercamiento a la víctima, a su domicilio, lugar de trabajo o establecimiento educacional de esta ciudad, siendo el imputado notificado personalmente por funcionarios de Carabineros de Chile en dependencias del pensionado universitario que queda al interior de nuestra Universidad, abandonando voluntariamente el lugar y quedando con prohibición de acercarse a nuestras dependencias.

Luego niega que el fiscal del sumarió haya negado entrevista alguna y además, el recurrente ha prestado declaración en el sumario.

En cuanto al derecho, expone que el recurrente se encuentra sujeto tanto a un procedimiento de carácter Penal causa Ruc 1900853313-2, Rit 2736-2019 por el delito de violación a mayor de edad, como a un Procedimiento Disciplinario en la Universidad de Magallanes, que se rige por las siguientes normas:

1. Manual transitorio de actuación ante denuncias de Acoso sexual, Hostigamiento o cualquier manifestación de violencia, de fecha 03 de agosto de 2018, Decreto N°135/SU/2018 de la Secretaria General de la Universidad.

2. Reglamento General de Alumnos de la Universidad de Magallanes, Decreto N°005/SU2019 de fecha 29 de marzo de 2019.

3. Reglamento 34/SU/2004 para la Instrucción de investigaciones sumarias y sumarios por infracción de los estudiantes al Reglamento General de Alumnos de la Universidad de Magallanes de fecha 13 de diciembre de 2001 actualizado por decreto N°030/SU/2004.

4. Reglamento del pensionado universitario, aprobado por Decreto Nº 008/SU/2004.

Dicho proceso se ha llevado a cabo de manera legal y estrictamente apegado a la norma, puesto que se inició una investigación en contra del recurrente en virtud de una posible transgresión grave a las normas de comportamiento universitario Título XX, artículos 46 al 50 del “Reglamento General de Alumnos de la Universidad de Magallanes”.

Dicho proceso se ha llevado a cabo de manera legal y estrictamente apegado a la norma, puesto que se inició una investigación en contra del recurrente en virtud de una posible transgresión grave a las normas de comportamiento universitario Título XX, artículos 46 al 50 del “Reglamento General de Alumnos de la Universidad de Magallanes”.

Hace presente que el pensionado universitario, se encuentra al interior de la Universidad de Magallanes y los estudiantes que allí viven se rigen por las reglas del “Reglamento general de alumnos” como también del “Reglamento del pensionado universitario” y la infracción a cualquiera de estas puede dar lugar al inicio de una investigación de carácter disciplinaria, como fue lo que ocurrió en este caso y es en este contexto que el fiscal a cargo del procedimiento disciplinario académico de la Universidad de Magallanes, Sr. Pedro Alberti Villalobos, quien luego de indagar en los hechos, y avanzar en la investigación a través de una serie de diligencias que constan en el expediente, el día 05 de agosto de 2019, emite una resolución de suspensión como medida cautelar, y de protección hacia la víctima, todo esto en el dentro del procedimiento regulado por Decreto Nº 34/SU/2001 que oficializa“ Reglamento para la instrucción de investigación sumaria y sumarios por infracción de los estudiantes la reglamento general de alumnos de la Universidad de Magallanes”, que señala en su artículo 37 lo siguiente:

Artículo 37: En el curso del sumarios, el fiscal podrá suspender preventivamente al o los afectados, medidas que terminará al proponer éste el sobreseimiento del procedimiento o al emitirse el dictamen o vista correspondiente, según proceda, debiendo notificarse personalmente o por carta certificada al o los suspendidos en ambas situaciones y transcribirse la medida, también en ambos casos, al Director del Departamento respectivo.”

La medida de suspensión preventiva fue notificada al recurrente de manera personal, el día lunes 5 de agosto del 2019, por el Fiscal de la causa y sin perjuicio de esto, el estudiante se negó a cumplir con dicha suspensión. Solo haciendo abandono del Recinto universitario cuando personal de Carabineros de Chile le notificó la medida cautelar dictada por la Jueza de Garantía de esta ciudad, de fecha 9 de agosto de 2019, por el delito de Violación de mayor de edad.

Indica que el recurrente confunde los procedimiento en los que, se ve involucrado, ya que por una parte el punto número 7 de los Hechos, cuando él se refiere a “…como esto se me informo de palabra, me vi obligado a salir de mi actual residencia”, eso no es efectivo como señaláramos en el párrafo anterior, el Sr. nombre reservado, hizo abandono del pensionado solo tras la notificación personal de la medida cautelar de causa Ruc 1900853313-2, Rit 2736-2019 realizada por Carabineros y de manera voluntaria, hecho que ocurrió el 9 de agosto de 2019.

Entonces, concluye que hay dos procesos en curso y totalmente independiente uno del otro con finalidades diversas, por un lado se busca determinar eventuales responsabilidades penales y en las otras eventuales responsabilidades disciplinarias.

No comparte que sea sujeto de una indefensión puesto que él por su actuar, se ha visto sometido a un proceso de carácter disciplinario y otro judicial que lo ha puesto en su situación actual, respecto del proceso sumarial aún no se formulan cargos, por lo que no se ha generado la oportunidad para presentar sus descargos.

Establece que el acto recurrido se enmarca dentro de una investigación disciplinaria iniciada mediante Resolución N°0961/ VRAC-2019 de fecha 17 de julio de 2019, para esclarecer los hechos denunciados en su contra por una estudiante de esta casa de estudios, y es en ese escenario que se dicta la resolución “suspensión” por la que se recurre, la normativa interna le permite tal actuación al fiscal, dicho proceso está en etapa de indagatoria y abierto.

Señala que el Sr. nombre reservado, refiere que tal medida adoptada por el fiscal se dispuso sin notificación oficial, investigación previa, toma de declaración ni mayores antecedentes en contra del recurrente, la cual estará vigente mientras dure la instrucción del sumario dispuesto por la resolución N°0961/2019 VRAC de fecha 17 de julio, pero nada ha realizado en el proceso para revertir tal situación, teniendo los medios procesales para recurrir de tal medida o para que se aclare los alcances de la misma. Sino que todo lo contrario ha decidió externalizar un proceso disciplinario interno, plenamente regulado y utilizar este mecanismo constitucional para lograr revertir la medida que pesa en su contra. La idea anterior queda refrendada, ya que el recurrente en la parte petitoria de su presentación, señala en lo que interesa: Dejar sin efecto el acto administrativo RESOLUCION DE SUSPENSION DEL 05 DE AGOSTO DE 2019.

Así las cosas surge de manera incuestionable que la actuación objetada por la parte recurrente, al formar parte del desarrollo de un sumario que, a la fecha de interposición del presente recurso, como es el caso de marras, aún no se encuentra concluido, constituyen actos intermedios o de trámite inmersos en él que, en cuanto a su finalidad, apuntan a que se pueda dictar a la postre el acto final o de término de dicho proceso disciplinario, careciendo, por ende, de la aptitud necesaria para conculcar cualquier garantía constitucional, puesto que, como actos intermedios, no pueden generar efecto en tal sentido, y por lo mismo no concurre el presupuesto favorable a esta acción consistente en que el acto denunciado tenga la aptitud de privar, perturbar o amenazar el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales cautelados mediante este recurso, siendo este un argumento para que este tribunal desestime el recurso interpuesto.

En cuanto a las garantías que se dicen vulneradas, respecto de la contenida en el artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política del Estado, entiende que no se ha acreditado que éste se encuentre en una situación de discriminación, calificación que es propia del fundamento de la infracción, al derecho de igualdad ante la ley. Por lo mismo no se advierte de que manera se podría vulnerar esta garantía si en todo momento el recurrente, se le ha tratado de la misma forma que cualquier estudiante que se encuentra enfrentando procedimientos disciplinarios, resguardando siempre sus derechos y dándoles las misma oportunidad para ser escuchados y hacer efectiva su defensa cuando ellos se sientan afectados.

En cuanto a las infracción de la garantía de la integridad psíquica, expone primer término, que debe haber la efectiva existencia de un acto arbitrario o ilegal; y, de ser ello constatado, de qué manera se produce la efectiva afectación ya sea en grado de –amenaza, perturbación o privación- de la garantía constitucional del derecho a la integridad psíquica de la recurrente. Cree que, Si bien el hecho de tomar conocimiento de la medida habría perturbado gravemente la tranquilidad del recurrente, esta no es suficiente para producir una violación de su integridad psíquica. Por lo demás no existe ningún antecedente que se acompañe, que permita vislumbrar lo contrario.

En cuanto a la infracción de la garantía del debido proceso, pide tener presente que en materia de investigación relacionadas con los alumnos las normas que se aplican son el Reglamento General de Alumnos de la Universidad de Magallanes, aprobado con fecha 29 de marzo de 2019 mediante Decreto 05/SU/2019 y al Reglamento de Sumarios de Alumnos, Decreto 34/SU/2001, modificado por el Reglamento 30/SU/2004 para la Instrucción de investigaciones sumarias y sumarios por infracción de los estudiantes al Reglamento General de Alumnos de la Universidad de Magallanes, razones suficiente para entender que no se ha vulnerado tal garantía.

Finaliza solicitando el rechazo en todas sus partes el recurso de protección en contra de la Universidad de Magallanes, por no configurarse en la especie una acción u omisión arbitraria o ilegal por parte de esta, en los términos que se alegan por el recurrente, con expresa condenación en costas.

Se dispuso traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en la Constitución y que puedan establecerse sumariamente.

Conforme a su naturaleza y claro objetivo, no genera, en sentido técnico, un juicio y tampoco se persigue a través de su interposición establecer la responsabilidad civil, penal o administrativa del ofensor.

SEGUNDO: Que, según se lee en el recurso, se impugna como arbitraria e ilegal la Resolución de Suspensión del 05 de agosto de 2019, la Resolución de fecha 09 de agosto de 2019, que rectifica la citada del 05 de agosto, ambas suscritas por el Dr. Pedro Alberti Villalobos en su calidad de Investigador Designado y Srta. nombre reservado, en su calidad de actuaria, y el Reservado N° 23 de fecha 22 de marzo de 2019, que solicita Ampliación de medidas de Protección, suscrita por doña nombre reservado, por cuanto ellas han sido adoptadas con infracción a las normas del debido proceso, afectando las garantías de los numerales 1, 2, 3, inciso 4 y 5 de la Constitución Política de la República.

TERCERO: Que, teniendo presente los antecedentes allegados al proceso, se pueden tener por establecido los siguientes hechos:

1. Que, con fecha 22 de enero de 2019, comparece la alumna nombre reservado, ante la abogada de la Unidad de Prevención y Acompañamiento de la Universidad de Magallanes, denunciando maltratos por parte del alumno y ex pololo nombre reservado.

2. Que por reservado N° 06 de fecha 24 de enero de 2019, la citada profesional, pone la denuncia en conocimiento del nombre reservado Universidad de Magallanes sr. nombre reservado, sugiriendo el inicio de una investigación sumaria.

3. Que, por Resolución N° 156/2019-VRAC, de fecha 18 de marzo de 2019, emanada de la Vicerrectoría Académica y suscrita por doña nombre reservado, Secretaria de la Universidad, se ordena iniciar investigación sumaria, designándose como investigador al académico Pedro Alberti Villalobos.

4. Que, por Reservado N° 22, de fecha 22 de marzo de 2019, la abogada Jefa de la Unidad de Prevención y acompañamiento, solicita la ampliación de medida cautelar, siendo autorizada la misma quedando establecida la prohibición del recurrente de acercarse a la denunciante a no menos de 10 metros en espacios universitarios, incluidos espacios clínicos, casilleros y mesas de casino.

5. Que el recurrente fue notificado personalmente del Reservado N° 23, entregándosele copia del mismo, en día 30 de mayo de 2019.

6. Que, por Resolución N° 0961/2019-VRAC, de fecha 17 de julio de 2019, dictada por la Vicerrectoría Académica, se resuelve elevar a sumario la investigación iniciada con fecha 18 de marzo.

7. Que, con fecha 01 de agosto se constituye la fiscalía, y el fiscal Alberti Villalobos designa como actuaria a la Srta. nombre reservado.

8. Que, con fecha 05 de agosto de este año, se dicta Resolución de Suspensión, suscrita por el Investigador designado y su Actuaria, que resuelve suspender, mientras dure la instrucción del sumario, al recurrente. Luego con fecha 09 de agosto de libra resolución rectificatoria. Ambas actuaciones fueron notificadas, la primera de ellas personalmente el mismo día 05 de agosto y la segunda, por correo electrónico el día 09 de ese mismo mes.

9. Que con fecha 09 de agosto de 2019, a las 09:58 la estudiante nombre reservado, realiza una denuncia ante el Ministerio Público en contra del recurrente, por el delito de violación de mayor de 14 años, artículo 361 Código Penal.

10. Que en esa misma fecha, a petición verbal de la Fiscal del Ministerio Público doña nombre reservado, el Juzgado de Garantía de esta ciudad, en el proceso RUC 1900853313-2, RIT 2736-2019, resuelve que: “considerando el mérito de la solicitud, fundamentos esgrimidos y lo dispuesto en el artículo 372 del Código Penal, accedió a la solicitado, disponiéndose verbalmente la medida cautelar consistente en la prohibición de acercamiento a la víctima nombre reservado, a su domicilio, lugar de trabajo o establecimiento educacional de esta ciudad, a quien se le atribuye responsabilidad en el delito de violación.” Suscribe la resolución la Jueza (S) Connie Fuentealba Oyarzún.

11. Que ese ese mismo día 09 de agosto, personal de Carabineros de Chile, cerca de las 21 horas, procede a notificar personalmente al recurrente y denunciado, de la cautelar citada.

12. Que con fecha 23 de agosto, el recurrente es notificado personalmente de los antecedentes del sumario y es citado a la presencia del instructor para ese mismo día a las 15:30 horas.

13. Que, el recurrente nombre reservado, comparece ante el fiscal Pedro Alberti Villalobos, donde, según se lee en su declaración, controvierte los hechos que le son expuestos, presenta descargos por escrito y acompaña impresiones de conversaciones electrónicas y lista de testigos.

14. Que, finalmente, por Resolución N° 1157/2019, del 09 de septiembre de 2019, la Vicerrectoría Académica de la Universidad de Magallanes, resuelve ampliar el plazo de investigación hasta el viernes 04 de octubre.

CUARTO: Que, la Ley 21.094, sobre Universidades Estatales, en su artículo 2, dispone “Autonomía universitaria. Las universidades del Estado gozan de autonomía académica, administrativa y económica”. Luego, en su inciso tercero, dispone que “La autonomía administrativa faculta a las universidades del Estado para estructurar su régimen de gobierno y de funcionamiento interno de conformidad a sus estatutos y reglamentos universitarios, teniendo como única limitación las disposiciones de esta ley y las demás normas legales que les resulten aplicables”.

QUINTO: Que, en la especie y en cumplimiento de ese mandato, la recurrida se ha dotado de dos documentos que rigen la tramitación de los hechos ventilados en el presente arbitrio, a saber, el Decreto N° 34/S.U./2001, de fecha 31 de diciembre de 2001, que Oficializa Nuevo Reglamento para la Instrucción de Investigaciones Sumarias y Sumarios por Infracción de los Estudiantes al Reglamento General de la Universidad de Magallanes, a contar del año académico 2002 y la Resolución N° 135/SU/2018, que Oficializa Manual Transitorio de Actuación ante Denuncias de Acoso Sexual, Hostigamiento o cualquier Manifestación de Violencia de la Universidad de Magallanes.

SEXTO: Que, el citado Manual Transitorio, en su Título II, se refiere y define los tipos de acoso, hostigamiento y manifestación de violencia. Luego, en el Titulo III, se establece su ámbito de suplicación, entre los cuales se incluye a los estudiantes y, en el Titulo IV, se establece el procedimiento de denuncia y procedimiento de investigación. En ese orden de cosas, se dispone que cualquier persona, miembro o no de la comunidad universitaria, pueda realizar una denuncia ante la autoridad competente la que remitirá los antecedentes a la Vicerrectoría Académica o la Rectoría. La autoridad, asimismo, de oficio, podrá decretar medidas de protección y medidas preventivas o de resguardo, entre las cuales se menciona la prohibición de acercamiento a la persona afectada, la reubicación de asignaturas o módulos, la separación de espacios físicos y otras medidas académicas o administrativas. Estas deberán constar por escrito y serán revisadas por el investigador que se designe con posterioridad, quien podrá mantenerlas o no, a medida que avance su investigación. Finalmente, establece que si existen estudiantes involucrados, se regirá conforme el Reglamento General de Alumnos de la Universidad y Reglamento para la Instrucción de Investigaciones Sumarias y Sumarios por infracción de los estudiantes al Reglamento General de la Universidad de Magallanes.

Que, este Reglamento, en su artículo 9, dispone que cualquier miembro de la comunidad universitaria podrá informar a la autoridad universitaria cualquier hecho que considere infraccione los disposiciones del propio reglamento, solicitando el inicio de una investigación sumaria, poniendo en conocimiento los antecedentes a la Vicerrectoría Académica y ésta autoridad, podrá disponer el inicio de la tal investigación o instruir un sumario. Si optare por la investigación sumaria, deberá designar a un investigador que deberá corresponder a un académico de jornadas completa. Por el contrario, si la autoridad determinase que los hechos constituyen infracciones graves, enumeradas en el artículo 3 de Reglamento, dispondrá en inicio de un sumario. El fiscal designado deberá aceptar el cargo y desinar un actuario.

Que, conviene tener presente que, según los antecedentes allegados al recurso, el sumario se encuentra en etapa de investigación con diligencias pendientes.

SEPTIMO: Que, entonces, teniendo presente lo razonado en los considerandos que preceden, se concluye que la Universidad de Magallanes se ha regido por las normas legales y reglamentarias que se han transcrito, por lo cual no se vislumbra en su actuación alguna ilegalidad o arbitrariedad que deba ser corregida por intermedio de este arbitrio constitucional.

En efecto, no se vislumbrado en su actuación, alguna infracción al debido proceso, toda vez que, tanto la investigación sumaria inicial como el sumario posterior, se ha sujetado estrictamente a las normas dictadas por la propia casa de estudios, para la tramitación de tales procesos, actuando, en consecuencia, dentro del ámbito de su competencia y con apego a la ley.

Tampoco se ha verificado la falta de debido emplazamiento al recurrente toda vez que se le ha notificado válidamente las resoluciones dictadas en el procedimiento de investigación, tanto las medidas cautelares de no acercamiento, como el inicio del sumario, compareciendo al mismo, declarando en su defensa, acompañando descargos por escrito y antecedentes que lo exculparían de las imputaciones realizadas en su contra. Se descarta igualmente en este punto, la existencia de una comisión especial que lo haya juzgado, por cuanto, tanto en la investigación sumaria como en el sumario, el instructor y su actuaria, han sido establecidos con anterioridad por los cuerpos reglamentarios ya analizados.

En ese orden de cosas, se descarta, en consecuencia, la afectación a la integridad física y psíquica o vulneración de su honra o la de su familia, puesto que, no se han allegado antecedente alguno que justifique tal afectación, sin perjuicio que un proceso, administrativo pueda provocar malestar e incomodidad, no puede ser valorado como una afectación originada en conductas ilegales o arbitrarias de parte de la recurrida y como lo indica el propio Manual Transitorio de Prevención del Acoso y Hostigamiento, la información recabada ha sido mantenida en absoluta confidencialidad o reserva para terceros extraños al proceso, resguardando la intimidad de todas las partes, especialmente de la estudiante denunciante. Tampoco se ha observado alguna infracción a la garantía de la igualdad ante la ley, por cuanto no se ha individualizado algún otro caso similar, en que la casa de estudios, hubiese resuelto de una manera diversa.

OCTAVO: Que, atento lo razonado en el considerando precedente, esta Corte descarta cualquier ilegalidad y arbitrariedad en los actos administrativos resueltos por la recurrida, por cuanto ellos han sido evacuados ajustados a la ley, por autoridad competente y dentro del ámbito de sus atribuciones. En efecto, la suspensión académica, se contempla en el citado Manual Transitorio, cuando dispone como medida cautelar, cualquier medida de tipo académica o administrativa y tiene por objeto, precisamente asegurar que la denunciante pueda continuar, sin obstáculos, “sus actividades cotidianas en la institución”. Asimismo, las eventuales perniciosas consecuencias económicas que le acarrearían las investigaciones de que es objeto, son alegaciones que no pueden ser revisadas por esta vía, por escapar a la naturaleza sumarísima de este procedimiento, dejando en claro, esos sí, que la eventual salida del Hogar Universitario, obedece más a la cautelar solicitada por el Ministerio Público y su autorización por el juez competente, que a alguna decisión de la institución.

Que en ese mismo orden de cosas, entonces, la actuación de la recurrida ha sido justificada, por ajustar su obrar a las normas que ha sido citadas y ha sido también, motivada, por cuanto, ellas fueron expedidas teniendo en consideración los antecedente allegados al sumario, consistentes en testimoniales y transcripciones de mensajes electrónicos, que sirven de sustento suficiente a lo decidido por el esa casa de estudios.

NOVENO: Que, el abogado Sr. Solís, en estrados pide además a la Corte que tome las medidas necesarias para no perjudicar las evaluaciones no rendidas durante la suspensión académica del recurrente, acompañando en esos momentos documentos que dan cuenta de calificaciones con nota uno y que deberían haber sido rendidas durante ese periodo. Que la recurrida, expone que queda a salvo esta situación, con la figura establecida en el reglamento universitario denominada “retiro temporal”, que en definitiva suspende cualquier tipo de medición académica mientras ella dure, por lo que esta Corte entiende tal situación no deviene en arbitraria ni ilegal, por cuanto se le habría extendido el plazo para solicitar el precitado retiro temporal, aun cuando no haya certeza si transcurrió o no el plazo extendido para ratificar la solicitud por el alumno.

DÉCIMO: Que, finalmente, respecto a la veracidad de los hechos denunciados, es una cuestión que escapa a la naturaleza de esta acción constitucional y a lo que deba resolver esta Corte.

UNDÉCIMO: Que, de esta manera y por los motivos anteriores, no se advierte ilegalidad o arbitrariedad en el actuar de la recurrida, lo que incidirá en la resolución del presente recurso.

Por estas consideraciones y visto, además lo prevenido en los artículos 19 y 20 de la Carta Fundamental y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZA, el recurso de protección intentado por don nombre reservado, deducido en contra de la Universidad de Magallanes, representada por el Sr. nombre reservado.

Dése cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

ROL Nº 894-2019. PROTECCIÓN.