ASTILLEROS Y MAESTRANZA DE LA ARMADA con SEC.REG. MINISTERIAL DE SALUD MAGALLANES

Punta Arenas, doce de abril de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

Comparece ante esta Corte de Apelaciones Andrés Enrique Negrete Castillo, abogado, e interpone acción de protección en representación de Astilleros y Maestranzas de la Armada, RUT Nº RUT reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado en contra de la Secretaría Ministerial de Salud de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, RUT Nº RUT reservado, representada por nombre reservado, RUN Nº RUT reservado, médico cirujana, chilena, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Expone que el día 24 de noviembre de 2023 la recurrida, procedió a notificar a ASMAR la resolución de fecha 08 de agosto de 2023 que resuelve sobre un sumario sanitario donde se aplica una multa ascendiente a la suma de 50 UTM, por la no notificación inmediata de un accidente que involucró a una empleada particular de ASMAR Magallanes. Haciendo uso de su derecho dentro de plazo, procedió a reponer de la resolución emitida, ello fundado en una serie de vulneraciones que establece la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en específico el principio de legalidad establecido en el artículo 2; y el principio de celeridad establecido en el artículo 7 de dicho cuerpo normativo. Lo anterior, en razón de que habrían transcurrido con creces el plazo establecido en el artículo 27 de la ley 19.880, atentando así el principio de celeridad y legalidad, al no someter su actuar a la ley.

Además, hace presente que la Dirección del Trabajo, mediante la resolución Nº 4438/21/47 del 29 de noviembre de 2021, fundada en los mismos hechos que la comentada resolución emitida por la Secretaría Ministerial de Salud de Magallanes, impuso a ASMAR Magallanes una multa de 360 UTM, por lo que entiende que al sumar ambas multas se perjudica el patrimonio de ASMAR, por cuanto existe una clara vulneración al principio de proporcionalidad al existir una duplicidad de sanciones pecuniarias.

Sin perjuicio de los argumentos antes esgrimidos, refiere que la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Magallanes, con fecha 06 de febrero de 2024, mediante resolución Nº 2412032, procede a rechazar la reposición deducida, toda vez que a criterio de dicho organismo “el hecho que el sumario haya excedido los plazos establecidos en la normativa vigente no inhibe el actuar de la administración más aún si el proceso se inició durante la alerta sanitaria, por lo que existían razones fundadas para privilegiar el actuar de la autoridad sanitaria para enfrentar la pandemia en desmedro de otras obligaciones tareas permanentes […]”, y la obligación de informar a la Inspección del Trabajo y a la Secretaría Regional Ministerial de Salud son obligaciones distintas para el empleador, por lo que correspondería instruir dos procesos distintos.

Sostiene que el acto ilegal y arbitrario se centra en el no cumplimiento con las normas del debido proceso por parte de la Secretaría Ministerial de Salud de Magallanes, ello debido a que una de las aristas que tiene el debido proceso, es ser juzgado dentro de un plazo razonable, situación que no ocurrió y que es reconocida por dicho organismo del Estado mediante la resolución que resuelve la reposición.

Sostiene que no le parece claro que el haberse extendido cerca de alrededor de 3 años para resolver un sumario sanitario sea considerado un plazo razonable, ello en razón de la incertidumbre que genera extenderse tanto en la resolución de un asunto.

Por aquello entiende que se han vulnerado los derechos consagrados en el artículo 19 N°2 y 24 de la Constitución Política de la Republica además de haberse vulnerado su derecho al debido proceso, el cual se reconoce por diversos tratados internacionales, plenamente aplicables mediante la relación con el artículo 5 inciso 2º de la Constitución Política de la República.

Solicita acoger la acción y en definitiva declarar la imposibilidad material de continuar con el sumario sanitario, producto de la larga demora que ha llevado la tramitación por parte del organismo público, o bien otorgar una rebaja de la multa impuesta, o lo que se estime pertinente, con costas.

Acompaña, mandato judicial, emitido por el Notario Interino don Carlos Andrés Wendt Gaggero, de fecha 10 de noviembre de 2023, resolución Nº 23120177, de fecha 08 de agosto de 2023, emitido por la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Magallanes y Antártica chilena, resolución Nº 2412032, de fecha 06 de febrero de 2024, emitido por la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Magallanes y Antártica chilena, reposición por parte de ASMAR Magallanes, a la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la región de Magallanes y Antártica chilena, de fecha 01 de diciembre de 2023 y resolución de multa Nº 4438/21/47, de fecha 29 de noviembre de 2021, emitida por la dirección del trabajo.

Informa la Dra. nombre reservado, Secretaria Regional Ministerial de Salud de Magallanes y de la Antártica Chilena por la recurrida, solicitando el rechazo de la acción.

Reconoce que con fecha 29 de noviembre de 2021, la autoridad sanitaria instruyó un sumario sanitario a la recurrente, Rol N° 2112EXP208, por infracción al art. 76 de la Ley N° 16.744 al no notificar de manera inmediata, en su calidad de empleador, del accidente laboral grave sufrido por su empleada Jackelyn Betancur Fuentes y además evidenciarse la falta de gomas antideslizante en la mayoría de los peldaños de la escalera de acceso a la sala de máquinas, lo que constituye una infracción al D.S. N° 594 Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo.

Agrega que el 8 de agosto de 2023, se dictó la resolución que resolvió el sumario señalado, aplicando una multa 50 UTM ya que se consideró que los descargos aportados por la sumariada no permiten desvirtuar las infracciones debidamente constatadas y, en particular, se hace mención que si bien se notificó a la Seremi del accidente, ello no se hizo de manera inmediata sino dos días después de ocurrido, y al respecto el art. 76 de la Ley N° 16.744 señala expresamente que el rango de multa es entre 50 a 150 UTM, por lo que se aplicó el mínimo legal.

Luego, el 1° de diciembre de 2023 la sumariada interpone un recurso de reposición basado principalmente en el hecho de haberse excedido por la autoridad los plazos para resolver el sumario y no haber aplicado el principio "non bis in ídem." Al respecto, por resolución de fecha 6 de febrero de 2024 se rechazó el recurso de reposición por considerar en primer término que no existía fundamento para ello ya que se estimó que el hecho de exceder el plazo dispuesto en la normativa vigente no invalida el proceso ni inhibe su actuar haciendo presente adicionalmente que el sumario se había iniciado durante la pandemia por Covid 19 que afectó al país lo que ciertamente constituye un casa de fuerza mayor que corresponde considerar para cualquier demora en los procesos sumariales, teniendo presente la competencia de esta autoridad en una situación cómo la expuesta que a modo de ejemplo significó la instrucción de más de 4.500 sumarios por infracciones a normas referidas a la alerta sanitaria. Además, no se acogió el argumento de la sumariada respecto a aplicar el principio "non bis in idem" ya que la sumariada fue investigada y sancionada por los mismos hechos que originaron el presente sumario por parte de la Inspección del Trabajo, y al respecto hace presente que dicho principio no aplica al presente caso ya que la norma infringida, esto es, el art. 76 de la Ley N° 16.744 se dispone expresamente en la parte pertinente que "en caso de accidentes del trabajo fatales y graves, el empleador deberá informar inmediatamente a la Inspección del Trabajo y a la Secretaría Regional Ministerial de Salud que corresponda, acerca de la ocurrencia de cualquiera de estos hechos", por lo que se trata de dos obligaciones distintas por parte del empleador que consisten en notificar a ambas instituciones, y en definitiva es posible que se instruyan dos investigaciones y ambos procedan a sancionar, tal como ocurrió en el presente caso.

Añade, en cuanto al primer punto, que la jurisprudencia reiterada de la Contraloría General de la República ha sostenido que, salvo disposición legal expresa en contrario, los plazos que la ley establece para las actuaciones de la administración, no son fatales, toda vez que ellos tienen por finalidad principal el logro de un buen orden administrativo para dar cumplimiento a las funciones o potestades de los órganos públicos, y que su vencimiento no implica, por sí mismo, la caducidad o invalidación del acto respectivo- Dictamen N° 74.086 de 2012 que aplica dictámenes N° 36.246 de 2009; 61.059 de 2011; 20.306 de 2012 entre otros - A su vez, el Dictamen N° 31.916 de 2016 expresa que de acuerdo con el criterio jurisprudencial ya descrito, los atrasos en la resolución de sumarios no afectan su validez y cumplimiento de los correspondientes actos administrativos.

Concluye, entonces, que no se observa que la Seremi de Salud haya actuado de manera arbitraria o ilegal al resolver el sumario cuyo plazo de resolución impugna la recurrida y de hecho ha actuado dentro de sus facultades y debida competencia que le otorga la normativa vigente en la materia, por lo que no ha cometido vulneración alguna a las garantías constitucionales invocadas en el presente recurso, no siendo posible acoger la solicitud planteada que se declare la imposibilidad material de continuar el procedimiento o la de rebajar la multa impuesta por la autoridad sanitaria.

Acompaña en su informe, copia de piezas principales de sumario sanitario Rol 2212EXP208, dictamen N° 74.086 de 2012 de la Contraloría General de la República y dictamen N° 31.916 de 2016 de la Contraloría General de la República.

Se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

Conforme a su naturaleza y claro objetivo, no genera, en sentido técnico, un juicio ni se persigue con su interposición establecer la responsabilidad civil, penal, infraccional o administrativa del ofensor. Por tanto, no se concibe respecto de una contienda civil entre partes ni da origen a un proceso penal o administrativo, es decir, no se aplica para discutir cuestiones de lato conocimiento respecto de las cuales el legislador ha establecido los procedimientos idóneos para que sean debatidas y resueltas.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, el acto estimado ilegal y arbitrario alegado por la recurrente lo hace consistir en dictación de la resolución Nº2412032 de fecha 06 de febrero de 2024 que rechaza su recurso de reposición en contra de la Resolución 23120177 de 08/08/2023 que resuelve el sumario sanitario y que aplica multa a la recurrente ascendiente a la suma de 50 UTM por la no notificación inmediata de un accidente.

CUARTO: Que, al evacuar su informe la recurrida insta por el rechazo del recurso, en virtud de lo referido en la parte expositiva de la sentencia.

QUINTO: Que, en cuanto a la supuesta dilación injustificada en la decisión del asunto, debe señalarse que si bien son atingentes a la materia las normas jurídicas que invoca el recurrente como reguladoras de los procedimientos administrativos, referidas a principios tales como el de eficiencia y el de eficacia, no es menos cierto que también es aplicable en la especie lo previsto en el artículo 27 de la Ley N°19.880, que dispone: “Salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final.”

El referido precepto fija un límite de duración temporal a los procedimientos administrativos, que -en todo caso- tampoco constituye un plazo fatal, pero contempla una excepción constituida por una situación de caso fortuito o fuerza mayor que, como se sabe, es aquel imprevisto, de origen o causa externa, al cual es imposible de resistir.

La recurrida SEREMI de Salud invocó esta situación de excepción, basada en la pandemia de COVID-19 que afectó no sólo a nuestro país, sino -como es de conocimiento público y notorio- a todo el planeta. Esta pandemia determinó el establecimiento de estados de excepción constitucional y de una situación de alerta sanitaria que sólo terminó el 31 de agosto del año 2023, alerta sanitaria que alteró todos los ámbitos de la vida económica, escolar y laboral en nuestro país.

En una situación de alteración como la descrita, en que los fallecidos a causa de la pandemia se cuentan por miles y miles de personas en nuestro país, no resulta difícil entender que la autoridad sanitaria, responsable de la situación de alerta sanitaria referida, se vio enfrentada a un sinnúmero de requerimientos adicionales a los normales de funcionamiento, que le hicieron priorizar lo urgente y más importante, como son la adopción de medidas de protección de las personas, la fiscalización de las medidas especiales adoptadas y la coordinación de los mayores trabajos requeridos, que la tramitación de asuntos como el sumario sanitario de autos.

Debe, pues, admitirse que la situación de fuerza mayor o caso fortuito descrito justifica la dilación de la que hoy reclama la recurrente Municipalidad de Cabrero. En consideración a ello se desestimará la acción deducida en cuanto reclama de dicha dilación en la tramitación del asunto y su decisión.

SEXTO: Que, en lo que concierne a la segunda cuestión planteada, referida al fondo de la impugnación levantada en contra de la Resolución impugnada de la recurrida Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región del Biobío, debe señalarse que la presente vía cautelar y de urgencia no puede tornarse en un sustituto de la actividad jurisdiccional especialmente prevista en la ley para revisar las decisiones adoptadas en los sumarios sanitarios.

En efecto, el artículo 171 del Código Sanitario expresamente dispone que de las sanciones aplicadas por el Servicio Nacional de Salud podrá reclamarse ante la justicia ordinaria civil, reclamo que se tramitará en forma breve y sumaria.

Es aquella y no la presente, la vía en donde debe ventilarse la procedencia de la sanción impuesta a la recurrente.

SEPTIMO: Que, en el referido contexto no puede prosperar la acción cautelar deducida en autos y así se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la Republica, y por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo de esta clase de recursos, de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZA, el recurso interpuesto en favor de Astilleros Y Maestranzas de la Armada, en contra de la Secretaría Ministerial de Salud de la región de Magallanes y Antártica Chilena, todos ya individualizados.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

ROL N°89-2024- PROTECCIÓN