nombre reservado con SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE PUNTA ARENAS Y OTRO

Punta Arenas, dieciocho de Abril de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Comparece doña nombre reservado, auxiliar y asistente de educación, con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, quien interpone Recurso de Protección en contra de LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCIÓN DEL MENOR, (en adelante también “CORMUPA”), representada legalmente por doña nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado; y en contra de SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE MAGALLANES (en adelante también “SLEP”), representada legalmente por don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado.

Sostiene que la recurrida ha vulnerado sus derechos constitucionales de manera reiterada al no dar cumplimiento efectivo a un beneficio que ya se declaró en su favor, los cuales no han cesado hasta el día de hoy, en específico su derecho constitucional a la integridad física y psíquica, derecho a la igualdad ante la ley, derecho a la honra y el derecho a la propiedad, y agrega que incluso actualmente está con licencia médica por dicha causa, toda vez que esta situación le ha generado un malestar tan grande y perjudicial que ha entrado en un estado depresivo, al no tener seguridad sobre su situación laboral.

Sostiene que comenzó a prestar servicios para la CORMUPA en el año 2012, trabajando de manera indefinida desde el año 2014 en dicha entidad, y actualmente como funcionaria del SLEP Magallanes, como auxiliar de servicios menores, y que actualmente se encuentra con licencia médica ya que sufre de trastornos del disco lumbar, episodios de depresión y apnea del sueño, conjuntamente con hipertensión arterial y trastornos de las piernas inquietas.

Expresa que durante el año 2024 solicitó su retiro voluntario por el Convenio existente con la CORMUPA llamado “Convenio transición” y “Anticipo Subvención ley 20.159” de la dotación año 2023.

Que, con fecha 27 de diciembre del año 2022 se le informa de manera formal que se le asignó un cupo como beneficiaria al proceso especial de desvinculación año 2022, por el cual el año 2023 se procedería a dar cese a las funciones de la corporación municipal y que para tales efectos se procedería a pagársele la indemnización correspondiente a tal proceso.

Señala la recurrente, que el artículo 8vo transitorio letra B de la ley que establece el estatuto de los asistentes de la educación pública establece lo siguiente respecto a la Transitoriedad sobre término de relación laboral; que respecto a los procesos de reestructuración, fusión o cierre de establecimientos educacionales dependientes de un mismo sostenedor municipal, Los asistentes de la educación que terminen sus contratos de trabajo por la causal señalada en el inciso anterior tendrán derecho a la indemnización legal establecida en el inciso segundo del artículo 163 del Código del Trabajo, de cargo del sostenedor, a la cual le será aplicable lo dispuesto en el artículo 172 de dicho Código.

Que, dicha situación se encuentra consagrada legalmente como un derecho de los y las trabajadoras que se encuentren en dicha situación, como lo es el caso de marras, situación por la cual al momento en que se le informa que he sido seleccionada como beneficiaria del proceso especial de desvinculación ante la reestructuración, fusión o cierre de la CORMUPA como entidad, ha adquirido dicho derecho, ingresando este a su patrimonio, situación por la cual la recurrida no ha dado cumplimiento a sus obligaciones, vulnerando sus derechos constitucionales de integridad psíquica, igualdad ante la ley, honra de su persona y su derecho de propiedad, reflejado en el derecho adquirido respecto del beneficio obtenido y las indemnizaciones que por ley le corresponden.

Conforme a lo anterior agrega la recurrente que en su oportunidad se comunicó con el Jefe de Personal de la ex Corporación Municipal y a su turno con el jefe de remuneraciones, también ex funcionario de la misma entidad, indicándole este último que había llegado una lista donde aparecía como favorecida con el señalado beneficio, pero que lamentablemente no habían llegado los recursos financieros o económicos para el pago de lo que le correspondía.

Agrega, que sin embargo a la fecha no se ha dado cumplimiento efectivo a dicha situación, y debido a la poca información que se le ha entregado se ve en la obligación de iniciar la presente acción constitucional para velar por el resguardo de sus derechos.

Que, recurre también en contra del SLEP MAGALLANES, habida consideración que es el continuador legal de la corporación municipal en la ciudad de Punta Arenas, y en virtud de aquello también le cabe responsabilidad respecto de las indemnizaciones que se están intentando obtener con la presente acción, por parte de la corporación municipal respecto del proceso especial de desvinculación del cual es beneficiaria y respecto del cual existe un derecho de propiedad.

Solicita en definitiva, que se acoja el recurso, ordenando el cese de los actos abusivos y vulneratorios por parte de la recurrida hacia su persona y se ordene a la recurrida a dar cumplimiento efectivo e inmediato a lo acordado bajo el proceso especial de desvinculación, pagándole las indemnizaciones que correspondan a dicho proceso.

Evacúa informe la abogada Laura Miranda Dadhal, por la Corporación Municipal de Punta Arenas, para la Educación, Salud y Atención al Menor, solicitando el rechazo del recurso.

Expone como cuestión previa que, es necesario tener presente que con fecha 24 de noviembre de 2017, se publicó en el Diario Oficial, la Ley Nº 21.040, que crea el Sistema de Educación Pública, estableciendo en su artículo cuarto transitorio, el traspaso del servicio educacional que prestan las municipalidades, directamente o a través de las corporaciones municipales creadas bajo el amparo del DFL Nº 1- 3.063, de 1980, del Ministerio del Interior, a los Servicios Locales de Educación Pública creados de conformidad al artículo 16 de esta ley.

Que, en esta región el traspaso del servicio educacional al Servicio Local de Educación Pública de Magallanes se hizo efectivo a partir del 01 de enero del año 2024, fecha a partir de la cual la Corporación Municipal de Punta Arenas dejó de ser el sostenedor de los establecimientos educacionales de la ciudad de Punta Arenas, así como también dejó de ser el empleador de los docentes y asistentes de la educación traspasados que actualmente dependen del SLEP Magallanes.

Respecto de la Ley 20.159 que permite efectuar anticipos de subvenciones estatales para fines educacionales, en casos que indica y aplicable al caso en análisis, el artículo 11 del citado cuerpo legal, faculta al Ministerio de Educación, de manera permanente, para efectuar las subvenciones estatales por escolaridad a que se refiere el artículo 9° del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, de ese Ministerio, a las municipalidades que, administrando directamente o a través de corporaciones los establecimientos educacionales traspasados en virtud de lo dispuesto por el decreto con fuerza de ley N° 1-3.063, de 1980, del Ministerio del Interior, no cuenten con disponibilidad financiera inmediata para solventar los gastos indemnizatorios contemplados en el decreto con fuerza de ley N° 1, de 1997, del Ministerio de Educación y en el plan de retiro y las indemnizaciones contempladas en la Ley de Calidad y Equidad de la Educación, así como los originados por el término de la relación laboral del personal no docente.

La municipalidad o corporación que desee obtener el anticipo a que se refiere este artículo deberá solicitarlo, previo acuerdo del Concejo, a la Subsecretaría de Educación.

Al respecto, sostiene la recurrida que, como lo indica la recurrente, ella se encuentra dentro de un proceso, el que no ha terminado ya que no se han recepcionado los fondos por parte del Ministerio de Educación que permite completar el proceso de desvinculación de las personas que se encuentran a la espera de los mismos.

Agrega que para tal efecto la Corporación Municipal realizó la respectiva solicitud, sin embargo, el Ministerio de Educación no ha realizado la transferencia de los montos por concepto de indemnización para estos casos, entre los que se incluye el de la recurrente, siendo dicha institución la responsable de otorgar el financiamiento de aquellas personas que se quieran acoger al retiro anticipado cumpliendo con los requisitos exigidos.

Reitera que la Corporación no es la responsable de aceptar y otorgar dicho financiamiento, sino solo la asiste la obligación de recepcionar la solicitud, cumplir con las formalidades, recabar y remitir la documentación del solicitante al Ministerio de Educación, lo que se cumplió por parte de su representada en tiempo y forma.

Concluye sosteniendo que la recurrente fue debidamente informada y traspasada al SLEP Magallanes, lo que consta en la REX 2517 de la Dirección de Educación Pública, por lo que su actual empleador es efectivamente dicha institución, no siendo la Corporación el sujeto pasivo del presente recurso en atención a que el proceso de desvinculación si bien fue iniciado por aquella, al enviar la solicitud y documentación del anticipo de subvención en virtud del convenio de transición, éste no pudo finalizar por no haber obtenido antes de hacerse efectivo el traspaso del servicio educacional los recursos indemnizatorios en virtud de la ley 20.159.

Concluye solicitando el rechazo del recurso de protección por no haber existido ninguna acción u omisión arbitraria o ilegal por parte de la Corporación Municipal de Punta Arenas que afecta las garantías constitucionales señaladas por actora.

Se tuvo por evacuado informe por parte de nombre reservado por el SLEP Magallanes, en los mismos términos, en el sentido de que, el Servicio Local de Educación Magallanes, (Servicio Local o SLEP), entró en funcionamiento el 1° de Marzo de 2022, en virtud de lo previsto en el artículo 18 del Decreto N° 20 de 2021, del Ministerio de Educación, (modificado por el Decreto N° 68 de 2021, del Ministerio de Educación), que fija denominación, ámbito de competencia territorial, domicilio y calendario de instalación con las fechas en que iniciará funciones los Servicios Locales de Educación Pública que indica. Agrega que el traspaso del servicio educacional al Servicio Local Magallanes tuvo lugar el 1° de Enero de 2024, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la Ley N° 21.544, comprendiéndose en el referido traspaso los bienes muebles e inmuebles, recursos financieros y personas asociadas a la prestación de dicho servicio, de acuerdo con las reglas establecidas en las disposiciones transitorias de la Ley.

En ese marco, el artículo vigésimo primero transitorio de la Ley N° 21.040, que crea el Sistema de Educación Pública, establece, entre las obligaciones que deben cumplir las municipalidades que presten servicios educacionales, directamente o a través de las Corporaciones Municipales, están, las de remitir una nómina de los profesionales de la educación y asistentes a la educación que se desempeñen en establecimientos educacionales que, de conformidad a la citada ley, fueren traspasados a los Servicio Locales. En ese contexto, deberá indicarse el respectivo régimen legal y/o contractual, señalándose entre otros antecedentes que requiera el ministerio, el nombre, función que realiza, antigüedad, lugar en que se desempeña, situación previsional y remuneración desagregada, y las asignaciones que les correspondan recibir.

Al respecto señala que, en virtud de la información remitida por la entidad edilicia, la recurrente fue incorporada en la Resolución Exenta N° 2.277 de 2021 que constata el Traspaso de Profesionales y Asistentes de la Educación que se desempeñan en Establecimientos educacionales, desde la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas y de la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención al Menor de Punta Arenas al Servicio Local de Magallanes.

Que en relación a los hechos que le atribuye la recurrente, sostiene que consultados los registros aportados por la CORMUPA, dicha entidad nunca planteó la situación descrita, por lo que como Servicio se cumplió con mantener a la funcionaria en las condiciones que la normativa legal vigente establecía, esto es, con vínculo laboral y cumpliendo funciones que están establecidas en su contrato de trabajo respectivo, de suerte que se ha cumplido con las obligaciones que les asiste como sostenedores, lo que ha sido corroborado por la propia recurrente al señalar que sigue prestando servicios en el lugar que corresponde.

Por último, señala que fluye del propio recurso que la señora nombre reservado, durante el año 2022 solicitó su retiro voluntario por el Convenio existente con la Cormupa, llamado “Convenio transición” y “Anticipo Subvención Ley 20.159 de la dotación 2023” y lo que se omite es que la Ley 20.159 contempla anticipos de subvencione estatales para fines educacionales, en los casos que indica. Mismo cuerpo legal que en su artículo 2° contempla que podrán beneficiarse de los anticipos indicados aquellas municipalidades que, registrando desequilibrios financieros ocasionados por el ejercicio de la actividad educacional a su cargo sean seleccionadas para esos efectos. A su turno el artículo 3° dispone que “La municipalidad que, cumpliendo los requisitos precedentes desee optar al anticipo de recursos indicados, deberá solicitarlo, mediante declaración…”

Que, a mayor abundamiento, la ley establece que, si este anticipo de subvención fuera otorgado a la Municipalidad de Punta Arenas, es esta a través de la CORMUPA, quienes deben realizar los actos administrativos tendientes a cancelar este beneficio y luego de esto comunicar esta situación al SLEP MAGALLANES, a fin de que se dicten los actos administrativos que cesen su relación laboral con este servicio.

Termina solicitando el rechazo del recurso, por cuanto no se han cometido actos abusivos y vulneratorios en contra de la señora nombre reservado, y por otra parte no les asiste la obligación legal de satisfacer expectativas sobre dar cumplimiento efectivo e inmediato a lo acordado bajo el proceso especial de desvinculación, ya que tal como se ha indicado, aquello no está dentro de sus facultades legales.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de acto u omisiones ilegales o arbitrarias produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como un garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal, que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

Conforme a su naturaleza y claro objetivo, no genera en sentido técnico, un juicio ni se persigue con su interposición establecer la responsabilidad civil, penal, infraccional o administrativa del ofensor. Por tanto, no se concibe respecto de una contienda civil entre partes ni da origen a un proceso penal o administrativo, es decir, no se aplica para discutir cuestiones de lato conocimiento respecto de las cuales el legislador ha establecido los procedimientos idóneos para que sean debatidas y resueltas.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos:

a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que, la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección perdida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, el acto denunciado consiste en que habiendo la recurrente solicitado su retiro voluntario por el convenio existente con la CORMUPA, llamado “Convenio transición” y “Anticipo Subvención ley 20.159” y no obstante que con fecha 27 de Diciembre del año 2022 se le informa formalmente que se le asignó un cupo como beneficiaria al proceso especial de desvinculación año 2022, por el cual el año 2023, se procedería a dar cese a sus funciones de la Corporación Municipal y que para tales efectos se procedería a pagarle la indemnización correspondiente a tal proceso, a la fecha no se ha dado cumplimiento efectivo a dicha situación y debido a la poca información que se le ha entregado se ha visto obligada a iniciar la presente acción constitucional.

CUARTO: Que, a su turno la recurrida, informa al tenor de lo consignado en lo expositivo del presente fallo, instando por el rechazo de la acción alegando su improcedencia, en primer término, por cuanto a contar del 1° de Enero de 2024 se hizo efectivo el traspaso del servicio educacional al Servicio Local de Educación Pública de Magallanes, fecha a partir de la cual la CORMUPA dejó de ser el sostenedor de los establecimientos educacionales de Punta Arenas, así como también dejó de ser el empleador de los docentes y asistentes de la educación traspasados que actualmente dependen del SLEP Magallanes. Seguidamente niega la existencia de alguna vulneración respecto de las garantías constitucionales de la recurrente, por cuanto la CORMUPA en primer término procedió a gestionar el plan de retiro ya indicado, enviando oportunamente toda la documentación contractual de los postulantes, entre ellos se incorporó en dicha nómina a la recurrente a fin de darle curso a su solicitud, Seguidamente se le confirma que se le asigno un cupo como beneficiaria en el proceso especial de desvinculación, además se le informó mediante carta de notificación que se efectuaría a supresión de las horas de asistente de la educación, por último se le informa que las indemnizaciones serían financiadas mediante transferencias de recursos desde el Ministerio de Educación.

A su turno detalló todas las gestiones realizadas por dicha Corporación, para la obtención de los fondos que permitirán pagar las respectivas indemnizaciones; no obstante, hasta la fecha del traspaso se encontraban pendiente la recepción de fondos desde el Ministerio de Educación, por lo mismo la señora nombre reservado continuo percibiendo su remuneración en forma mensual por parte de la Corporación, hasta la fecha en que se hizo efectivo el traspaso al SLEP Magallanes.

QUINTO: Que, por su parte, como se indicó en lo expositivo, el SLEP Magallanes sostuvo que la recurrente solicito su retiro voluntario en virtud del Convenio existente con la CORMUPA llamado Convenio transición y Anticipo Subvención Ley 20.159 de la dotación año 2023, y que el traspaso del servicio educacional a dicho servicio tuvo lugar el 1° de Enero de 2024, de conformidad a lo establecido en la Ley N° 21.544, y que el beneficio al que se acogió la recurrente está condicionado por el cumplimiento de requisitos establecidos en la respectiva normativa que nada tiene que ver con la continuidad laboral que consagra la Ley 21.040, como se dijo latamente si dicho anticipo fuera otorgado a la Municipalidad, es a través de la CORMUPA que deben realizarse los actos administrativos tendientes a cancelar este beneficio y luego comunicar esta situación al SLEP Magallanes a fin de que se dicten los actos de administrativos que cesen su relación laboral con dicho Servicio.

SEXTO: Que, como ha quedado asentado de manera indubitada, la CORMUPA realizó todas y cada una de las gestiones que le mandata la ley 20.159 que permite efectuar anticipos de subvenciones estatales para fines educacionales y que acorde con ello, la recurrente fue incorporada oportunamente dentro del plan de retiro anticipado y que dicho proceso no ha terminado puesto que no se han recepcionado los fondos por parte del Ministerio de Educación, que permita la desvinculación de las personas que, como la recurrente se encuentren en espera del pago de sus respectivas indemnizaciones.

SEPTIMO: Que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley N° 21.544 el traspaso del servicio educacional al SLEP tuvo lugar el 1° de Enero de 2024, y que conforme la información remitida por la entidad edilicia y la Cormupa, en virtud de lo dispuesto por el artículo transitorio de la Ley 21.040, se dictó la Resolución Exenta N° 2.277 de 2021, que constata el Traspaso de Profesionales y Asistentes de la Educación que se desempeñan en Establecimientos Educacionales que indica y al efecto la señora nombre reservado fue incluida en dicha Resolución Exenta.

En consecuencia efectivamente es la Cormupa la entidad que debía realizar los actos administrativos tendientes a obtener los fondos para el pago de las indemnizaciones, no siendo una obligación que pueda atribuírsele al SLEP Magallanes, gestiones que como se dijo fueron realizadas por quien estaba obligada a aquello, de manera que no se advierte una falta de cumplimiento de parte de las recurridas y tampoco que no se le hubiere informado oportunamente a la recurrente, por lo que la acción constitucional así impetrada no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en contra de la Corporación Municipal de Punta Arenas Para la Educación Salud y Atención al Menor, y en contra del Servicio Local de Educación Pública de Magallanes.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Comuníquese, Regístrese y archívese oportunamente.

Redacción de la abogada integrante doña Gustava Aguilar Moraga.

Se deja constancia que no firma el Ministro don Marcos Kusanovic Antinopai, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, por encontrarse con permiso de acuerdo al artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

Rol N° 86-2024 PROTECCION