nombre reservado con HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES

Punta Arenas, diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho.

VISTOS:

Comparece ante esta Corte de Apelaciones don Marcelo Andrés Suazo Velásquez, abogado, en representación de sociedad “Empresa de Seguridad y Servicios CR2 Ltda.”, quien recurre de protección en contra del Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria, representado por don nombre reservado, solicitando se deje sin efecto la resolución N° 10.624 de 17 de agosto del año en curso emanada del recurrido, declarando arbitrario e ilegal dicho acto, dejando sin efecto todo acto administrativo posterior que suponga la validez del primero, y dicte las demás medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y tutelar la protección de las garantías constitucionales invocadas.

Con fecha 05 de febrero del año en curso la recurrente suscribió un contrato de prestación de servicios de vigilancia con el Hospital recurrido, al haberse adjudicado el proceso licitatorio ID 5076-85-LR17, con vigencia entre el día 01 de marzo de 2018 y 31 de diciembre de 2019. Dicha convención contenía en su cláusula 15° la exigencia de consignar un documento en garantía para caucionar las obligaciones asumidas en el contrato, para garantizar su fiel y oportuno cumplimiento, por un monto total de $23.562.000.- Sin embargo, las partes, con fecha 16 de mayo del corriente, decidieron poner término anticipado al contrato, mediante acuerdo que fue aprobado por el Sr. Director (S) del Hospital, Sr. nombre reservado, en éste se le requirió la entrega de varios documentos, con la finalidad de respaldar el cumplimiento efectivo de las obligaciones laborales, momento hasta el cual se retendría la boleta de garantía, sin fijar plazo para el cumplimiento de la exigencia.

No obstante que el contrato que la boleta de garantía N° 009865-5 garantizaba se encontraba terminado, mediante la resolución exenta que impugna, el Hospital recurrido comenzó a hacer efectivo el cobro de la boleta; de lo que tomó conocimiento el día 03 de septiembre mediante un llamado telefónico de su ejecutiva bancaria. Al efecto, unidades administrativas del hospital, le exhibió una planilla de trabajadores cuyos documentos no habían sido acompañados, argumento que permitía el cobro de la garantía, por haber incumplido el plazo para su presentación, la cual era necesaria para el término del contrato. Alega que jamás fue notificado de los requerimientos de información.

Aduce que resolución impugnada es acto administrativo arbitrario, ya que no cumple con deberes de motivación, probidad ni transparencia, la boleta en cuestión garantizaba el cumplimiento del contrato más no del convenio por término anticipado del mismo. Agrega que la resolución N° 7.219 que aprueba el término anticipado de contrato en su punto 5.b) menciona un plazo de 30 días para presentar la documentación correspondiente, hecho que desconocía porque no fue parte del acuerdo de 16 de mayo, no fue notificado de la antedicha resolución, provocándose su indefensión.

Luego se celebró una reunión el día 03 de septiembre pasado, donde se mencionan ambos dictámenes, señalándose que se encontraban notificadas, y que podían ser extraídas de páginas web institucionales, lo que efectuó sin éxito, ya que los documentos no se encontraban allí; máxime si según el contrato suscrito correspondía su notificación mediante carta certificada, para que en un plazo de 5 días hábiles, presentare sus descargos, y resuelto, pueda impetrar recurso de reposición de acuerdo a la Ley N° 19.880.

Aclara que nunca dejó de dar cumplimiento al acuerdo de término de contrato, remitió vía correo electrónico toda la información solicitada, ello el 16 de julio del corriente; dicha entrega era condicionante para la devolución de la boleta en garantía. Se excusa la parte recurrida en que la actora fue demandada en el mes de agosto, por uno de los trabajadores, en causa sobre tutela laboral RIT T-47-2018 del Juzgado de Letras del trabajo de esta ciudad, en la que figura como demandado subsidiario el Hospital Clínico, lo que considera lesivo a sus garantías y demuestra el proceder de la contraria desapegada al derecho.

Aduce que el acuerdo de las partes novó la obligación que caucionaba la boleta de garantía, extinguiéndose la primera debía seguir la misma suerte la garantía, así su parte aceptó nuevas condiciones que se encaminaban a obtener la restitución de la boleta de garantía, autorizando su retención temporal, pero en ningún caso para llevarla a efecto. Ello podría ser discutido en sede administrativa o civil, pero al no haberse respetado la normativa respectiva, se le impidió la impugnación administrativa.

Los hechos denunciados han vulnerado la garantía constitucional del artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, ya que al faltar la notificación de la resolución exenta N° 10.624, se aplicó un razonamiento diverso a lo que en derecho corresponde, generando una ilegalidad perjudicial a su respecto y bajo esa arista la igualdad ante la ley. Se infringe también el debido proceso, en cuanto permite una efectiva defensa contra el aparataje estatal, ante la falta de notificación, configurándose una privación de su derecho a defensa. Por último, se afecta igualmente su derecho de propiedad, toda vez que, de llevarse a efecto el acto ilegal y arbitrario del recurrido, devendrá el cobro de más de veinte millones de pesos de su cuenta, lo que significará un detrimento económico injustificado Informa por el recurrido Hospital Clínico de Magallanes, Dr. Lautaro nombre reservado, el abogado don Luis Monsalve Caiguan, quien solicita el rechazo del recurso.

Alega en primer término la falta de oportunidad de la acción, ya que la Resolución Exenta N° 1O.624 de fecha 17 de agosto de 2018, ordena el cobro de la garantía de seriedad de la oferta entregada por la empresa recurrente para garantizar fielmente el cumplimiento de sus obligaciones contractuales y laborales, emanadas del contrato de servicios de Vigilancia y Protección de Bienes y Usuarios del Hospital Clínico de Magallanes, resolución que fue notificada el día 14 septiembre del presente, mediante oficio. En ella, se indicó al recurrente que conforme a la Ley N°19.880 contaba con el plazo de cinco días hábiles para presentar recurso de reposición. Sin perjuicio de lo anterior, con posterioridad a la notificación el Hospital, en uso de sus facultades correctoras previstas en el artículo 62 de la citada ley, corrigió y aclaró la aludida resolución, a través de un nuevo acto administrativo, Resolución Exenta N°11.283 del 20 de septiembre del presente, la cual aún se encuentra en etapa de notificación por carta certificada. De lo anterior se desprende que el dictamen reclamado aún no se encuentra firme, manteniéndose en la actualidad la garantía en cuestión en poder del Hospital y no del banco para su pago, por lo que no existe privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de un derecho en los términos expuestos por el actor.

Añade que lo debatido, excede con creces la finalidad y objetivo de la presente acción cautelar, ya que la controversia gira en torno a un acto administrativo, al cual reprocha el cobro de una garantía que caucionaba un acuerdo distinto al pretendido, la pretensión del actor debe ser objeto de un procedimiento declarativo y de lato conocimiento, donde pueda oponer las excepciones estatutarias, así como también esgrimir defensas o alegaciones que no son permitidas en la tramitación de este tipo de recursos, o que pueda rendir prueba; lo que se corrobora con el petitorio de la acción constitucional, por cuanto no resulta posible discutir ni ordenar, el cambio de una decisión de autoridad basada en la interpretación de un contrato fruto de una licitación pública y sus acuerdos posteriores, así como tampoco el hecho de si efectivamente el recurrente cumplió o no con una obligación contractual.

Explica que el Hospital Clínico de Magallanes es un hospital de alta complejidad que tiene la calidad de auto gestionado en red, de acuerdo a la normativa que lo rige, son órganos funcionalmente desconcentrados del Servicio de Salud respectivo. Al Director del establecimiento le corresponde la celebración de contratos de compra de servicios de cualquier naturaleza, para el desempeño de todo tipo de tareas o funciones, generales o específicas, así como también transigir respecto de derechos, acciones y obligaciones, sean contractuales o extracontractuales El contrato civil que vinculó a su representada con la recurrente, lo fue en el marco de un llamado a licitación pública en virtud de lo dispuesto en la Ley N°19.886 y su reglamento, configurándose una relación bajo el régimen de subcontratación, de acuerdo al artículo 183-A del Código del Trabajo, teniendo el Hospital la calidad de empresa principal, y la recurrente, la de Contratista.

Alude que las causales de término de estos contratos, consagradas en el artículo 13 de la Ley N° 19.886, y el artículo 77 de su reglamento, entre otras son la resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes y el incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante, incorporadas ellas en las bases de licitación que norma el contrato en comento, añadiendo que en el evento de existir acuerdo para el fin del contrato, se deberá suscribir, en forma conjunta, un documento que deje constancia de dicha voluntad.

Precisa que con fecha 07 de febrero de 2018, por medio de Resolución Exenta N°2.054, el Hospital resolvió aprobar el contrato para los servicios licitados con la recurrente, los que debían ser prestados a partir del 01 de marzo de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019, con 27 trabajadores. En las mencionadas bases, se contempló como criterio a evaluar, las condiciones de empleo y remuneraciones, en particular el total de las remuneraciones imponibles ofrecidas al supervisor, jefe de turno y vigilante.

El día 15 de febrero de 2018, la contraparte técnica del servicio, un funcionario del Hospital, procedió a remitir un correo electrónico al recurrente, con las actividades que el servicio debía considerar de forma diaria y periódica, de manera de coordinar el servicio a prestar, luego le recordó que previo al inicio del servicio debía acompañar una serie de documentos exigidos en las bases de licitación. A tan solo 6 días de iniciado el servicio, el 06 de marzo de 2018, remitió nuevamente correo electrónico a la actora, exponiendo una serie de incumplimientos en el servicio, principalmente ocasionados por ausentismos de vigilantes no reemplazados indicándose, además, que no pueden haber guardias sin curso, ni menos guardias con personal extranjero.

Con fecha 09 de marzo de 2018, personal del OS10 de Carabineros de Chile, se constituyó en dependencias del Hospital Clínico, para fiscalizar a la empresa de la recurrente, detectándose una serie de infracciones, consistentes en no presentar la Directiva de Funcionamiento ante la autoridad fiscalizadora para su aprobación, modificación o rechazo; prestar el servicio de guardias con 3 personas que no contaban con la capacitación obligatoria ni acreditación ante la autoridad fiscalizadora y no presentar los contratos de trabajo y seguros de vida obligatorio de 7 de sus trabajadores. Con fecha 22 de marzo de 2018, la contraparte técnica del servicio y el nombre reservado, concurrieron a la Prefectura de Carabineros Magallanes, a fin de verificar los certificados de examen de cursos de formación de guardias de seguridad emitido por Carabineros, detectándose 2 de ellos, al parecer, adulterados; formulándose la respectiva denuncia ante el Ministerio Público y se informó a la Subdirección Administrativa del Hospital, solicitando se autorizara el término anticipado del contrato de forma unilateral por incumplimiento grave de las obligaciones del Contratista, instruyendo la Dirección se iniciara el proceso de término de contrato. Este proceso requiere de un acto administrativo firme, por lo que la fecha del término definitivo resulta incierta, debido a las instancias recursivas que podría accionar conforme a lo previsto en la Ley 19.880, sin perjuicio de las acciones judiciales que estimara pertinente a fin de revertir la decisión.

A solo 4 días hábiles de que se decidiera el curso de acción para el término del contrato por parte del Hospital, la recurrente, en carta ingresada al Hospital con fecha 05 de abril de 2018, solicitó el termino anticipado del contrato por mutuo acuerdo, además de la devolución íntegra de la garantía por fiel cumplimiento del contrato, lo anterior fundamentado en un supuesto término de giro de la empresa y el traslado del propietario y representante legal por motivos de índole familiar y personal, aceptándose esta forma de término, dada la disconformidad del Hospital, y concluir lo antes posible y de mutuo acuerdo.

En virtud de lo anterior, se celebró una reunión con la contraria el día 23 de abril de 2018, se levantó un acta, suscrita por todos los asistentes, donde se acuerda poner término anticipado al contrato por mutuo acuerdo de las partes, con fecha 31 de mayo del año en curso, indicándose que para solicitar la devolución de la Boleta de Garantía, debía el actor entregar toda la documentación que corresponda a sueldos, imposiciones, finiquitos y los que requiera la Unidad de Contratos, para la revisión de antecedentes en cumplimiento a lo estipulado en las Bases del contrato fijándose el plazo máximo 05 de junio del actual, la obligación de regularizar el sueldo del supervisor de la empresa contratista y entregar la Directiva de Funcionamiento aprobada por Carabineros de Chile, atrasado a la fecha. Se dejó asimismo constancia que el Contratista faculta al Hospital al cobro íntegro de la garantía, en caso de incumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales del Empleador con sus trabajadores. El acuerdo fue suscrito el 16 de mayo de 2018, y aprobado por Resolución Exenta N°7.219 de fecha 24 de mayo de 2018; incorporando como resguardos pactados, el deber del contratista de finiquitar conforme a las bases de licitación, de manera tal, que el prestador para solicitar la devolución de la Garantía, deberá acreditar el cumplimiento de las obligaciones del contrato y entregar toda la documentación antes exigida, todo lo cual fue notificado al recurrente mediante carta certificada y a través del portal de Compras Públicas, en atención a lo dispuesto en el artículo 6 del reglamento de la Ley 19.886. Entendiendo que la garantía no solo caucionaba la ejecución civil del contrato, sino que también, las obligaciones laborales y previsionales, se le dio un nuevo plazo hasta el 13 de julio de 2018, sin haber cumplido con lo exigido, quedando pendiente una serie de documentos laborales de 21 trabajadores, que dicen relación con copias de carta de aviso de término de contrato, finiquito, copias de las últimas tres liquidaciones y certificado de cumplimiento de obligación laboral y previsional.

En razón de lo expuesto, es que con fecha 17 de agosto de 2018 se dictó la Resolución objeto del recurso, aclarada por Resolución Exenta N°11.283 de fecha 20 de septiembre de 2018, se inició el procedimiento de cobro de garantía, ordenando hacerla efectiva, realizar descuentos y retener el saldo, ambas remitidas por carta certificada.

Aclara que a la fecha no se ha concretado el cobro la garantía de fiel cumplimiento del contrato, al encontrarse pendiente la tramitación del procedimiento administrativo para ello. Si bien, en un primer momento se iniciaron gestiones con el banco para su cobro, estas fueron suspendidas el 05 de septiembre.

Niega los hechos en que se fundamenta el recurso, refrendando que la notificación se practicó debidamente ya que el actor adjuntó la resolución de término, en a lo menos una carta aviso de termino de contrato de un trabajador, según lo actuado en causa laboral. Niega que el recurrente cumpliera con la entrega de toda la documentación requerida, a lo que se había expresamente comprometido ni tampoco que el acuerdo de término de contrato novara las obligaciones que caucionaba, no solo porque es la ley la que señala cuales son las obligaciones que cauciona, sino que, además, se indicaron expresamente en los acuerdos de término del contrato, facultando la recurrente de manera expresa al Hospital, a hacer cobro de ella ante incumplimientos.

Conforme a lo expresado, el actuar del Hospital al dictar la Resolución Exenta N°1O.624 no es arbitrario e ilegal, ni se ha afectado las garantías fundamentales de la recurrente, la que, si bien puede no estar de acuerdo con la decisión del Hospital, podrá así representarlo en la etapa recursiva que le permite la Ley N°19.880.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar, que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en la Constitución y que puedan establecerse sumariamente.

SEGUNDO: Que, el hecho vulneratorio calificado como ilegal y arbitrario por la actora, lo hace consistir en el cobro indebido por parte de la recurrida de la boleta de garantía de seriedad de la oferta entregada por su empresa para garantizar fielmente el cumplimiento de las obligaciones contractuales y laborales derivadas del contrato de prestación de servicios de vigilancia suscrito con aquella; cuando dicho contrato se encontraba terminado por mutuo acuerdo de las partes y las obligaciones surgidas de esta convención no se encontraban garantizadas con la aludida caución, siendo las derivadas de este último, las que se estimaron incumplidas.

TERCERO: Que, la parte recurrida, insta por el rechazo del recurso alegando la falta de oportunidad, por cuanto la resolución impugnada aún no se encuentra firme –habiendo el actor intentado recurso de reposición en sede administrativa, según señaló en estrados- del mismo modo, estima que la acción de protección no es la vía idónea para resolver lo debatido, no habiendo incurrido en un acto ilegal o arbitrario como se acusa.

CUARTO: Que, para acoger la acción constitucional debe constatarse el carácter preexistente e indubitado del derecho afectado, condición que, estima esta Corte, no se verifica en la especie, porque los derechos cuya protección se persigue por esta vía, cautelar y de emergencia, no tienen el carácter de indiscutidos.

Así, sería necesario para resolver lo controvertido, interpretar el contrato que vincula a las partes, calificar la aplicación práctica de las cláusulas que el actor considera infringidas y, además, valorar la prueba rendida al efecto, lo que, atendida la naturaleza de la discusión, excede el marco de la acción interpuesta, ya que ésta, en ningún caso, constituye una instancia de declaración de derechos sino que de protección de aquellos que, como se dijo, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria.

QUINTO: Que, además en el caso de autos el contrato presenta la singularidad que se encuentra regido por una norma especial de contratación con el Estado, esto es, la ley 19.886 y su Reglamento que en su artículo primero establece su objeto y normas aplicables, al señalar: “Los contratos que celebre la Administración del Estado, a título oneroso, para el suministro de bienes muebles, y de los servicios que se requieran para el desarrollo de sus funciones, se ajustarán a las normas y principios del presente cuerpo legal y de su reglamentación. Supletoriamente, se les aplicarán las normas de Derecho Público y, en defecto de aquéllas, las normas del Derecho Privado.”, por ello tanto la ejecución del contrato como su término presenta una regulación especial a lo cual se agregan las normas de derecho común laboral, como acontece con aquellas que regulan la subcontratación y que también obligan a la administración. De esta forma, no es posible determinar, en modo alguno, la existencia de una conculcación o amenaza de un derecho por parte de la recurrente cuando existe toda una regulación de su contratación con el Estado que, a las luces de lo informado y alegado en estrados, está en aplicación y desarrollo en la especie.

Por estas consideraciones y visto, además lo prevenido en el artículo 20 de la Carta Fundamental y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, se RECHAZA el recurso interpuesto por don Marcelo Andrés Suazo Velásquez, en representación de sociedad “Empresa de Seguridad y Servicios CR2 Ltda.” en contra del Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria, representado por don nombre reservado.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante Sr. Contreras.

ROL Nº 839-2018. PROTECCIÓN.