Protección contra Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S

nombre reservado, treinta de marzo de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece ante esta Corte de Apelaciones, doña Linda Nataly Quintero Mogollón, abogada, cédula de identidad para extranjeros NºRUT reservado, en favor de nombre reservado nombre reservado, venezolana, mayor de edad, cédula de identidad para extranjeros, cedula nacional de identidad RUT reservado, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, Región de Magallanes, quien interpone Recurso de Protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A., representada legalmente por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por el Acto Ilegal y Arbitrario consistente en la notificación de fecha 16 de septiembre de 2026, que “Rechaza la Solicitud de Retiro de Fondos para Extranjero”.

Expone que doña nombre reservado nombre reservado durante el curso de la prestación de sus servicios en Chile, se le ha descontado, y se han enterado sus cotizaciones, Salud y Cesantía en los Servicios respectivos, a pesar de haber manifestado por escrito su voluntad de mantenerse afiliado al sistema previsional de su país de origen, conforme a lo dispuesto en la Ley 18.156. El recurrente ingresó el día fecha 23 de enero de 2026, por ante la Administradora de Fondos de Pensiones Provida, S.A, su Solicitud de Retiro Técnico de fondos Extranjeros, Nro. 2756, acompañando los antecedentes exigidos por la normativa vigente. Con fecha 09 de febrero de 2026, recibió correo electrónico por parte de la AFP recurrida, informando que su solicitud había sido rechazada, señalando como fundamento “…Con relación a la solicitud de Devolución de Fondos Previsionales presentada en nuestra administradora con fecha 28/01/2026 , informamos a usted, que conforme a lo dispuesto en la ley No 18.156, Libro II - Titulo XI del compendio de normas de la superintendencia de pensiones, no procede la devolución de los fondos por la causal que se indica: a) presenta solo el documento constancia electrónica, debe adjuntar el documento certificado de afiliación vigente”.

Posteriormente, ante dicho argumento, con fecha 10 de febrero de 2026, señala que dedujo reclamo administrativo, ingresando nuevamente constancia por ser este el único documento que permite demostrar la afiliación al sistema de seguridad social de su país de origen, junto con carta explicativa indicando la imposibilidad material de apostillar el documento.

Indica que finalmente, con fecha 13 de febrero de 2026, la Superintendencia emite respuesta, instruyendo a la AFP recurrida mantener su criterio, por no estimar suficiente la constancia electrónica del IVSS sin apostilla.

Solicita tener por interpuesto Recurso de Protección en contra de la Administradora de Fondos PROVIDA, S.A, quien en fecha 13 de febrero de 2026, notifica solicitud “RECHAZADA” de retiro de fondos del recurrente, nombre reservado, siendo este, un acto ilegal y arbitrario, que impide la devolución de fondos previsionales, obrando en contra de lo establecido en la Constitución Política de la República y lo establecido en la ley N°18.156, que faculta la devolución de los fondos a los extranjeros, ordenando que se reconozca como válida la documentación acompañada, ordenando a la recurrida reconocer como válida la documentación acompañada, dar curso a la solicitud de retiro de fondos del recurrente y efectuar la devolución íntegra de los fondos previsionales dentro del plazo que se determine.

Acompaña los siguientes documentos probatorios: Comprobante de solicitud, cédula de identidad para extranjeros del recurrente, constancia de IVSS actualizada 2026, correo con imagen de rechazo de PROVIDA, S.A, reclamo y respuesta de reclamo ante la Superintendencia de fecha 13 de febrero de 2026 y título profesional apostillado, que acredita profesión y contrato con sus anexos.

Informando el recurso compareció doña Ana María Herrera Brummer, abogada, en representación de la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A., quien solicita el rechazo de la presente acción en todas sus partes, con costas, alegando que la acción cautelar no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio, y en subsidio, por cuanto su representada, la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. no ha asumido una actitud arbitraria e/o ilegal respecto de las garantías del artículo 19° de nuestra Constitución Política en lo que dice relación con el recurrente de autos, sino que por el contrario, se ha dado estricto cumplimiento a la ley y la normativa del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, conforme a las consideraciones de hecho y de derecho que señala.

Expone, en primer lugar, que el recurso de protección no procede en este caso, pues se trata de una cuestión de lato conocimiento de carácter contradictorio, no siendo materia propia de una acción cautelar.

Plantea que cabe recordar que el recurso de protección puede ser definido como “una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones ilegales de la autoridad o de los particulares”.

En cuanto al fondo del asunto, la AFP reconoce que rechazó la solicitud de devolución de fondos de la recurrente, técnica extranjera, en virtud de la Ley N°18.156, por no cumplir los requisitos copulativos que esta establece. En particular, el certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) presentado no se encontraba firmado, apostillado ni legalizado por autoridad competente, incumpliendo con las exigencias legales y administrativas vigentes. Cita el Oficio N°5376 de la Superintendencia de Pensiones, que exige para acreditar la cobertura en el país de origen no resulta suficiente un documento que señale en forma genérica las coberturas de seguridad social que otorga un sistema previsional determinado sino que se debe consignar en forma específica, por la autoridad previsional competente, el hecho que el trabajador extranjero contó efectivamente con la protección por todos los riesgos a que se refiere la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile.

Asimismo, señala que, desde el 30 de agosto de 2016, con la entrada en vigor en Chile del Convenio de la Apostilla de La Haya, todo documento extranjero debe venir apostillado por la autoridad del país de origen —en este caso, Venezuela—, que también es un estado parte de dicho tratado, siendo esta formalidad indispensable para que tenga valor probatorio en territorio chileno conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil. Antes del cierre de la embajada venezolana en Chile, las constancias emitidas o certificadas por la delegación consular eran válidas, pero actualmente la única vía aceptada es la apostilla internacional.

Seguidamente refiere que se debe precisar que, conforme a la sistemática jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones y la normativa ya indicada referida al valor probatorio en Chile de los documentos expedidos en el extranjero, resulta evidente que las certificaciones electrónicas (Constancias Electrónica de Cotizaciones) emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que no hayan sido legalizadas o apostilladas por la autoridad previsional competente venezolana y sin que señalen las coberturas con que cuenta el afiliado y respecto de las cuales no se pueda inferir un determinado período de cobertura, cuando se limitan a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano no sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero exigido en la letra a) de la citada ley N°18.156. Igualmente es necesario tener presente que la Constancia referida no se encuentra firmada por quien la emite.

Finalmente, es importante señalar que, por instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, Provida debe observar todas y cada una de las formalidades legales antes de aprobar una solicitud de devolución de fondos en calidad de técnico extranjero.

Luego, desarrolla los fundamentos normativos del sistema previsional, explicando que el Sistema de Pensiones del Decreto Ley N°3.500 de 1980, fue creado especialmente para pagar las prestaciones que la misma ley establece, que son principalmente las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia.

El artículo 2° del Decreto Ley N°3.500, parte estableciendo lo siguiente: “la afiliación es la relación jurídica entre un trabajador y el Sistema de Pensiones de Vejez, Invalidez y Sobrevivencia, que origina derechos y obligaciones que la ley establece, en especial el derecho a las prestaciones y la obligación de cotizar”.

El DL 3.500 dispone expresamente que las Administradoras de Fondos de Pensiones (en adelante “AFP”) están impedidas de ofrecer u otorgar pensiones, prestaciones o beneficios a sus afiliados que sean distintos a aquellos expresamente reconocidos en la ley. Así, el artículo 23 del citado cuerpo legal establece −en lo pertinente− expresamente lo siguiente: “Las Administradoras de Fondos de Pensiones, denominadas también en esta Administradoras, serán sociedades anónimas que tendrán como objeto exclusivo administrar Fondos de Pensiones y otorgar y administrar las prestaciones y beneficios que establece esta ley” […]

Las Administradoras, sus directores y dependientes, no podrán ofrecer u otorgar a los afiliados o beneficiarios bajo ninguna circunstancia, otras pensiones, prestaciones o beneficios que los señalados en la ley, ya sea en forma directa o indirecta, ni aun a título gratuito o de cualquier otro modo. Sin perjuicio de lo anterior, dichas entidades podrán tramitar para sus afiliados la obtención del Bono de Reconocimiento a que se refiere el artículo 3º transitorio y el Complemento a que se refiere el artículo 4º bis transitorio.

La infracción a lo dispuesto en el presente inciso será sancionada de conformidad a lo establecido en esta ley y en el decreto con fuerza de ley Nº101, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Será sancionado con pena de presidio menor en su grado mínimo, quien, habiendo sido sancionado de acuerdo con lo establecido en este inciso, reincida en dicha infracción” (énfasis y subrayado agregado).

Esta disposición se complementa con lo dispuesto en los artículos 34 y 51 que establecen que los bienes y derechos que componen el patrimonio de los Fondos de Pensiones estarán destinados solo a generar las prestaciones y beneficios de acuerdo con las disposiciones de dicha ley.

Por su parte, el Reglamento del DL 3.500 establece de forma clara el destino que deberán tener los fondos previsionales administrados por AFP, señalando en su artículo 64 lo siguiente: “Los Fondos que mantienen las Administradoras sólo tienen por objeto el financiamiento de las prestaciones, pensiones, retiros de los saldos originados por cotizaciones voluntarias, retiros de los saldos originados en aportes de ahorro previsional voluntario colectivo y retiros de las cuentas de ahorro voluntario que la Ley establece. Asimismo, los Fondos tienen por objeto el financiamiento de los retiros de los saldos originados en depósitos y aportes a que se refiere el inciso primero del artículo 20 E y el artículo 20 H de la Ley, que registren los imponentes de alguno de los regímenes previsionales administrados por el Instituto de Normalización Previsional, sin perjuicio de que la Administradora pueda cobrar de dichos Fondos las comisiones legalmente establecidas a los trabajadores que mantengan cuentas personales en ellas”.

Queda entonces claramente establecido que, por mandato legal, el propósito del saldo de la cuenta de capitalización individual del afiliado es financiar la respectiva pensión a que tendrá derecho su titular, una vez que cumpla los requisitos legales establecidos al efecto y las AFP se encuentran legalmente impedidas de destinar, o permitir que se destinen, los fondos previsionales de la cuenta de cotización obligatoria a un fin distinto del de financiar las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia establecidas en el DL 3.500, salvo las excepciones que la misma ley contempla.

Indica que, en materia laboral y previsional, rige en Chile, por regla general, el principio de territorialidad, esto es, que a los trabajadores que se desempeñen en nuestro país, sean chilenos o extranjeros, se les aplican las leyes laborales y previsionales vigentes en Chile, salvo dos situaciones de excepción que contempla nuestra legislación:

a) Que el trabajador se encuentre acogido a un Convenio Bilateral de Seguridad Social en calidad de desplazado lo que le habilita para mantener el entero de cotizaciones en su país de origen y quedar exento de tal pago en el país al cual se le ha destinado a prestar servicios, y b) Que el trabajador quede exento de cotizar, o bien en caso de haber enterado cotizaciones, puedan efectuar el retiro de los fondos previsionales acumulados, siempre que dé cumplimiento a las exigencias establecidas en la Ley N°18.156, sobre exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros.

La exención de cotizar y el derecho a retiro de fondos para técnicos extranjeros son excepciones sujetas al cumplimiento estricto de los requisitos del artículo 1° de la Ley N°18.156 y del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones. Dichos requisitos son: 1. Poseer título técnico o profesional debidamente legalizado; 2. Estar afiliado a un sistema previsional extranjero que cubra los cuatro riesgos básicos y acreditar dicha afiliación mediante certificación legalizada o apostillada; y 3. Manifestar expresamente en el contrato de trabajo la voluntad de mantener dicha afiliación.

Concluye, señalando que no ha existido acto ilegal ni arbitrario, ni afectación de derechos constitucionales, pues su actuar fue ajustado al marco legal y a las instrucciones de la autoridad reguladora. Por tanto, solicita el rechazo total del recurso, con condena en costas.

Encontrándose la causa en estado, se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, el hecho vulneratorio calificado como ilegal y arbitrario por la actora, lo hace consistir en el rechazo de la AFP PROVIDA S.A. respecto de su solicitud de devolución de fondos previsionales de acuerdo con la Ley 18.156.

CUARTO: Que, al evacuar su informe la parte recurrida insta por el rechazo del recurso, señalando en lo sustancial que no existe acción u omisión arbitraria o ilegal que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de los derechos constitucionales invocados, atendido que el rechazo está correctamente fundado, por no cumplir el recurrente con los requisitos necesarios para proceder a la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la Ley 18.156.

QUINTO: Que, conforme al mérito de los antecedentes, la presente acción cautelar está destinada a resolver situaciones en que los hechos esgrimidos y los derechos constitucionales afectados estén indubitados, lo que no acontece en el caso propuesto, por cuanto lo reclamado da cuenta del cumplimiento o no de los requisitos legales para acceder al derecho impetrado.

SEXTO: Que, a mayor abundamiento, la presente acción constitucional no es la vía idónea para pronunciarse respecto del conflicto que en autos se presenta, por cuanto lo que se persigue en definitiva es la declaración de un derecho y no la protección de un derecho preexistente e indubitado, como ya se dijo. Tal petición no puede ser resuelta por este medio, por requerir de un pronunciamiento que debe necesariamente ser discutido en un procedimiento declarativo de lato conocimiento.

Así las cosas, la presente materia excede el fin y objetivo cautelar de la acción de protección, cuyo propósito es que esta Corte tome medidas y providencias destinadas a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarias que conculquen derechos fundamentales determinados, indubitados y ciertos enunciados en el artículo 20 de la Carta Fundamental.

SÉPTIMO: Que, atendido lo razonado precedentemente, el presente recurso de protección no se encuentra en condiciones de prosperar, por lo que debe necesariamente ser rechazado.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Comuníquese, Regístrese y archívese oportunamente.

ROL N°82-2026 Protección.