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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 81-202617 mar 2026
Fecha
17 de marzo de 2026
Corte
Corte de Apelaciones de Punta Arenas
Sala
Primera
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Rol N° 81-2026, sentencia de 17 de marzo de 2026

Resumen

Se rechaza el recurso de protección por no acreditarse actos u omisiones ilegales o arbitrarios imputables a la recurrida que priven, perturben o amenacen garantías constitucionales de la recurrente, existiendo además una investigación penal en curso sobre los hechos.

Texto íntegro

Punta Arenas, diecisiete de marzo de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece doña nombre reservado, quien interpone recurso de protección en favor de su núcleo familiar, domiciliados todos en domicilio reservado de esta ciudad y, en contra de doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, denunciando la existencia de actos que estima ilegales y arbitrarios consistentes en un hostigamiento constante en su contra y el de su familia, que, a su juicio, vulnerarían las garantías constitucionales de derecho a la vida; igualdad ante la ley; derecho a ser juzgado por los tribunales que establece la ley y que estén establecidos antes de la ejecución de los hechos; derecho a la protección de la vida privada y a la honra de la persona y su familia; protección de datos personales y la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada.

Expone que desde el año 2016 ha recibido acosos por parte de la recurrida consistentes en insultos, denigraciones frente a terceros y agresiones verbales en las dependencias comunes del edificio. Señala que en aquella época se radicó una causa ante el Ministerio Público bajo el RUC N°16002585562-k, y que a raíz del hostigamiento debió abandonar su domicilio, retornando al mismo aproximadamente diez años después.

Refiere que al retornar a su domicilio se reanudaron los acosos, esta vez a través del hijo menor de doce años de la recurrida, quien habría golpeado su puerta, tocado el citófono y cortado el gas. Agrega que con fecha 9 de febrero de 2026, siendo aproximadamente las 19:25 horas, el referido menor golpeó fuertemente la puerta de su departamento, y al intentar hablar con la recurrida, esta negó cualquier vínculo con los hechos. Señala que llamó a Carabineros y que en el transcurso de dicha espera su hijo de 17 años golpeó en el rostro al menor de 12 años, siendo detenido por lesión grave bajo el RUC N°2600206315-7.

Sostiene que sigue recibiendo agresiones verbales por parte de la recurrida y que los vecinos del edificio se niegan a apoyarla por temor a ella.

Solicita, en definitiva, se ordene a la recurrida cesar su actuar arbitrario e ilegal, ya que afecta su derecho a la vida, y a la integridad física y psíquica, por el constante hostigamiento que realiza en contra suya y de su familia.

Requerido informe a la recurrida, doña nombre reservado lo evacuó, solicitando el rechazo íntegro del recurso.

Niega la existencia de hostigamiento de su parte, y expone que la génesis del conflicto radica en que el hijo de la recurrente, de 17 años de edad, agredió violentamente a su hijo de 12 años, causándole la pérdida de una pieza dental, hecho que motivó la denuncia ante el Ministerio Público, encontrándose actualmente en curso la investigación bajo el RUC N°2600206315-7 por el delito de lesiones graves. Añade que los hechos relativos al hermano de la recurrida ocurrieron hace más de diez años, careciendo de relevancia jurídica y temporal para la presente sede.

Sostiene en definitiva que no existe una vulneración a las garantías del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar que actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado del afectado; y d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida.

TERCERO: Que los hechos que motivan el presente recurso consisten, según la recurrente, en una conducta de hostigamiento reiterado por parte de la recurrida y de su grupo familiar, que se habría extendido desde el año 2016 hasta la fecha de interposición del recurso.

CUARTO: Que, analizados los antecedentes del caso, esta Corte advierte que la naturaleza de los hechos invocados no es de aquellos que sea procedente resolver empleando este arbitrio constitucional, por las siguientes razones:

En primer lugar, los hechos de mayor entidad narrados en el recurso, relativos a supuestos acosos y agresiones ocurridos desde el año 2016, resultan a todas luces extemporáneos para ser ventilados en esta sede constitucional, la cual exige una afectación actual o inminente de los derechos fundamentales invocados. Una acción de protección no constituye la vía idónea para revisar situaciones distantes en el tiempo y que, además, ya fueron objeto de conocimiento ante otras instancias jurisdiccionales.

En segundo lugar, y en lo que respecta al hecho concreto del día 9 de febrero de 2026, que la propia recurrente sitúa como el detonante inmediato de su acción, los antecedentes aportados al proceso revelan que la situación derivó en una agresión física cometida por el hijo de la recurrente -de 17 años de edad- en contra del hijo de la recurrida -menor de 12 años- causándole una lesión grave consistente en la pérdida de una pieza dental. Dicho hecho motivó la formulación de una denuncia ante el Ministerio Público, encontrándose actualmente en curso una investigación penal bajo el RUC N°2600206315-7.

En este contexto, resulta evidente que el hecho de mayor gravedad ocurrido ese día fue protagonizado por el grupo familiar de la recurrente, y no por la recurrida.

En tercer lugar, los hechos descritos por la recurrente no configuran una afectación de las garantías y derechos del artículo 19 de la Constitución Política de la República en el sentido que pretende la recurrente, objeto de protección de esta vía cautelar. En este sentido, existen los mecanismos adecuados para abordar los conflictos de connivencia y en caso de evidenciarse otro tipo de afectaciones, ante quienes ya se han efectuado denuncias.

En cuarto lugar, de los propios antecedentes del proceso es posible advertir que la presente acción constitucional ha sido deducida en un contexto en que paralelamente se encuentra activa una investigación penal que pesa sobre el hijo de la recurrente por delito de lesiones graves en contra del hijo de la recurrida. En consecuencia, el recurso de protección no constituye la vía para intervenir en investigaciones penales en curso ni para modificar el curso natural de la persecución penal.

QUINTO: Que, en definitiva, no habiéndose acreditado en autos la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario imputable a la recurrida que, en forma actual e inmediata, prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de una garantía constitucional de la recurrente, el recurso de protección deducido no puede prosperar, correspondiendo su rechazo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo de Recursos de Protección de Garantías Constitucionales de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZA el recurso de protección presentado por doña nombre reservado en favor de su núcleo familiar y, en contra de doña nombre reservado.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la Ministra Suplente Sra. Berta Roxana Salgado Salamé.

Rol N°81-2026. PROTECCIÓN.-