nombre reservado con SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE MAGALLANES

Punta Arenas, veintitrés de abril de dos mil veinticinco.

VISTOS:

nombre reservado, Profesor de Música, con domicilio en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra del Servicio Local de Educación Pública de Magallanes, representada legalmente por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Expone que es un profesor de música de 66 años, que ha prestado servicios por más de 33 años entre la Corporación Municipal y ahora Servicios Locales de Educación. El 02 de agosto de 2021, se acogió al vigente inciso 11° del artículo 70 de la ley N°19.070, tanto para la solicitud de eximirse del proceso de evaluación docente, como su renuncia anticipada e irrevocable al cargo a contar del día 22 de abril de 2024 (fecha que contaría con su edad de jubilación) las que fueron recibidas conforme por I. Municipalidad de Punta Arenas, el día 31 de agosto de 2021.

Cumplió la edad para jubilar el 22 de abril de 2024.

Agrega, que habida consideración que cumplió la edad de jubilación y no recibía respuesta de la recurrida, presentó un reclamo para ante la Contraloría Regional de la República, sin embargo la respuesta y resolución fue notificada a su empleador y recurrido, notificándose recién el 17 de febrero de 2025, por intermedio de un correo electrónico remitido por la abogada de dicho servicio, en el que observó que su empleador se respalda de no respetar su postulación indicada conforme a la respuesta de dicho organismo Contralor.

Añade que, inmediatamente pensó en la entrevista que tuvo en el año 2024 con don nombre reservado, Director de SLEP Magallanes, para compartir su inquietud respecto de su situación laboral. En esa reunión, el señor nombre reservado le indicó que, cumplida la edad de jubilación, ese sería su último día de trabajo y que si su finiquito no estaba listo, debería seguir percibiendo su remuneración sin la obligación de concurrir al colegio, hasta que recibiera la indemnización conjuntamente con mi finiquito.

La ley aplicable cuando realizó su postulación no se ha cumplido, sigue trabajando en la Escuela República Argentina, transgrediendo su derecho de propiedad sobre su postulación y al referido estatuto docente que establecía al momento de su postulación lo siguiente: “Podrán eximirse del proceso de evaluación docente establecido en los incisos anteriores, los profesionales de la educación a quienes les falten tres años o menos para cumplir la edad legal para jubilar, siempre que presenten la renuncia anticipada e irrevocable a su cargo, la que se hará efectiva al cumplirse la edad legal de jubilación por el sólo ministerio de la ley. En todo caso, estos profesionales tendrán derecho a la indemnización establecida en el artículo 73 y quedarán sujetos a lo prescrito en el artículo 74.”

Su solicitud de eximición fue realizada el 02 de agosto de 2021, vigente aun dicha norma, cuando tenía en aquel entonces 62 años, justo la edad requerida para la postulación, porque solo le faltaban 3 años para cumplir la edad legal para jubilar, y ahora le desconocen arbitrariamente ser acreedor de ese derecho, e ignoran el documento denominado “solicitud de eximición” del Sistema de Evaluación del Desempeño Profesional Docente presentado el 02 de agosto de 2021.

Revisando lo que Contraloría decretó y estableció, su empleador y recurrida no está dando cumplimiento a la postulación realizada en tiempo y forma, lo cual es totalmente arbitrario, ilegal e inconstitucional.

Agrega que la Contraloría estimó que su postulación conforme al estatuto docente de la época, plenamente vigente: “consistió en un mero acto volitivo cuyos efectos jurídicos quedaron en suspenso hasta la llegada de la fecha en que cumpliera la edad para jubilar, lo que en definitiva ocurrió con posterioridad a la entrada en vigor de las leyes N°21.399 y 21.544, su dimisión no produjo consecuencia jurídica alguna, manteniéndose entonces a la fecha, su relación laboral con el SLEPM”, aplicando el criterio contenido en el citado dictamen N°E389873, de 2023.

A su juicio, las normas de interpretación de la ley de los artículos 19 y 20 del Código Civil deben aplicarse, por lo que, al cumplir su edad de jubilación el 22 de abril de 2024, sin que a la fecha tenga su finiquito e indemnización conforme lo indicaba el propio artículo 73 de la Ley N°19.070, con una postulación realizada, cambiando su empleador arbitrariamente las condiciones y efectos de la ley, aludiendo a un modificación legal ocurrida con posterioridad a la postulación, conforme alude la contraloría en su resolución.

Este actuar vulnera el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, ya que respecto de su solicitud de eximición presentada en tiempo y forma y con los requisitos establecidos por el artículo 70 de la Ley N°19.070 y la indemnización del art 73 del mismo cuerpo legal, existe un derecho de propiedad con aquella postulación e indemnización y de los beneficios que aquella significa.

Además, se ha generado un impacto emocional y a su integridad psíquica.

Solicita, en definitiva, acoger el recurso, declarando que se debe restablecer el imperio del derecho, en especial que, el recurrente es titular del derecho contemplado en la postulación de “solicitud de eximición” Sistema de Evaluación del Desempeño Profesional Docente, contemplado en el inciso decimoprimero del artículo 70 de la Ley N°19.070 vigente en el año de mi postulación; consecuente con lo anterior, deberá pagar o gestionar las indemnizaciones y prestaciones que contempla el artículo 73 de la citada ley, dentro de un plazo máximo de treinta días hábiles a contar de la fecha que esta sentencia se encuentre firme y ejecutoriada. Que, el recurrente deberá en el intertanto de la generación de su pago, ser separado de sus funciones sin obligación de asistencia, con derecho a percibir íntegramente sus remuneraciones.

En su defecto, se acceda conforme a lo que esta Corte de Apelaciones estime conforme a derecho, con costas.

Informando el recurso, compareció María Fernanda Hermosilla Vásquez, abogada, en representación del Servicio Local de Educación Pública de Magallanes.

Expone, que los hechos relatados por el recurrente se refieren a un asunto que se encuentra sometido al imperio del derecho, según lo declaró espontáneamente el propio Sr. nombre reservado al señalar que sometió su consulta al pronunciamiento del Ente Fiscalizador, toda vez que son propios de normativa educacional y del derecho público, en el contexto de análisis del cumplimento de aplicación de la Ley N° 19.070.

Por su parte, la finalidad del recurso de protección consiste en reparar de inmediato la juridicidad quebrantada, en un procedimiento expedito y rápido que debe resolverse breve y sumariamente las situaciones de facto que perturben o alteren el orden jurídico establecido, ya sea por causa de actos u omisiones, arbitrarias o ilegales.

Añade, que el recurrente se dirigió previamente al ente fiscalizador, sin embargo, en atención a la situación planteada, se consultó a la Unidad de Apoyo Técnico Pedagógico del Servicio, la que indicó que la referida eximición ya no existía y que los antecedentes relativos a la renuncia anticipada del interesado, no fue traspasada desde la CORMUPA, adjuntándose una planilla de elaboración propia, confeccionada con la información recopilada por los funcionarios.

Luego, plantea que, con anterioridad a las modificaciones introducidas por la ley N°21.399 publicada en el Diario Oficial el 27 de diciembre de 2021-, el artículo 70 de la ley N°19.070 establecía, en su inciso decimo primero, que los profesionales de la educación podían eximirse del proceso de evaluación docente en la medida que cumplieran la edad legal para jubilar dentro de los tres años siguientes y, además, presentaran su renuncia anticipada e irrevocable al cargo, la que se hacía efectiva, por el solo ministerio de la ley, al llegar dicha época de acuerdo al dictamen N° E389873, de 2023, del Ente Fiscalizador.

La norma disponía además que, una vez terminada la relación laboral, tales profesionales de la educación tenían derecho a la indemnización contemplada en el artículo 73 de la citada ley N°19.070.

Con posterioridad, esta regla fue modificada por la ley N°21.399, en el sentido de eliminar tanto la exigencia de presentar la renuncia anticipada e irrevocable al cargo, como el derecho a percibir la indemnización prevista en el artículo 73 de la ley N°19.070.

Luego, mediante la ley N°21.544 publicada en el Diario Oficial el 9 de febrero de 2023, se derogó la letra k) del artículo 72 de la ley N°19.070, que contemplaba como causal de término de la relación laboral, el acogerse a la renuncia anticipada conforme a lo establecido en el inciso final del artículo 70, referencia que debe entenderse efectuada al inciso decimoprimero, tal como fuera concluido en el dictamen N°E49772, de 2020.

Ahora, en relación a la normativa vigente con anterioridad a las modificaciones introducidas por las citadas leyes N°21.399 y 21.544, la Contraloría General había concluido a través de los dictámenes N°49.601, de 2011; y, 4.329 y 13.784, ambos de 2012, que la renuncia anticipada e irrevocable que presentaban los docentes con el objeto de acogerse al proceso de eximición de la evaluación docente en virtud del anotado inciso decimoprimero del artículo 70 de la ley N°19.070, consistía en un mero acto volitivo cuyos efectos jurídicos se encontraban suspendidos hasta la llegada de la fecha en que se cumpliera la edad para jubilar.

De esa forma, solo una vez cumplida la condición consistente en obtener la edad para jubilar, se ponía término a la relación laboral y surgía el derecho a percibir la indemnización contemplada en el artículo 73 de la ley N°19.070.

Por su parte, el Ente Fiscalizador, ha dispuesto que, de acuerdo con los antecedentes acompañados por el recurrente en su oportunidad, consta, por una parte, que el 02 de agosto de 2021, el señor nombre reservado, presentó para los fines de lo dispuesto en el entonces vigente inciso decimoprimero del artículo 70 de la ley N°19.070, tanto la solicitud para eximirse del proceso de evaluación docente, como su renuncia anticipada e irrevocable al cargo, a contar del día 22 de abril de 2024-, las que fueron recibidas por la Municipalidad de Punta Arenas, el día 31 de agosto de 2021; y, por otra, que el interesado cumplió la edad para jubilar el día 22 de abril de 2024.

Siendo así, se desprende que la condición necesaria para poner término a la relación laboral -alcanzar la edad para jubilar- en la situación en comento se cumplió con posterioridad a la entrada en vigencia de las leyes Nos 21.399 y 21.544, por las que, como se manifestó precedentemente, se eliminó tanto la exigencia de presentar la renuncia anticipada e irrevocable al cargo para eximirse del proceso de evaluación docente, como el derecho a percibir la indemnización prevista en el artículo 73 de la ley N° 19.070; y, además, la dimisión presentada para los efectos de lo dispuesto en el artículo 70, inciso decimoprimero de dicho texto legal, como causal de término de la relación laboral.

En ese contexto, y dado que la renuncia anticipada e irrevocable al cargo presentada por el recurrente con el objeto de acogerse al proceso de eximición de la evaluación docente en virtud de lo dispuesto en el inciso decimoprimero del artículo 70 de la ley N°19.070, en su texto vigente al 02 de agosto de 2021, consistió en un mero acto volitivo cuyos efectos jurídicos quedaron en suspenso hasta la llegada de la fecha en que cumpliera la edad para jubilar, lo que en definitiva ocurrió con posterioridad a la entrada en vigor de las leyes N°21.399 y 21.544, su dimisión no produjo consecuencia jurídica alguna, manteniéndose entonces a la fecha, su relación laboral con el SLEP Magallanes, aplicando entonces el criterio contenido en el citado dictamen N°E389873, de 2023.

Precisa que, con anterioridad a la fecha en que el recurrente cumpliera la edad para jubilar, no existía ninguna situación consolidada a su respecto que deba ser amparada por efecto de la entrada en vigencia de las leyes N°21.399 y 21.544, siendo este el criterio contenido en los dictámenes Nos 5.336, de 2018; 8.575, de 2019; y, E371286, de 2023.

En consecuencia, no se advierte irregularidad en el actuar por parte del Servicio en atención a las circunstancias denunciadas.

Sin perjuicio de lo anterior, la Contraloría estimó pertinente indicar que se encuentra vigente la ley N°20.976, que permite acceder a la bonificación por retiro voluntario prevista en la ley N°20.822, a los profesionales de la educación que cumplan 60 o 65 años, según el caso, entre el 01 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2025.

Encontrándose la causa en estado, se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDOO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, el acto estimado ilegal y arbitrario alegado por el recurrente, consiste en no considerar la postulación que realizó el recurrente para someterse al proceso de retiro y eximición de la evaluación docente, en los términos ya latamente expresados anteriormente.

CUARTO: Que, en primer lugar, como se señaló anteriormente, en el recurso de protección se requiere, como presupuesto básico de aplicación, la presencia de un derecho indubitado que requiera el actuar oportuno de la magistratura para salvaguardar alguna vulneración a su respecto.

QUINTO: Que, al examinar el acto que se reclama, se aprecia que no estamos en presencia de este derecho indubitado en los términos ya señalados, toda vez que la posibilidad de retiro voluntario, la eximición de la evaluación y en su oportunidad el pago de la indemnización que establecía la ley, de conformidad con lo que establecía el Estatuto Docente, para el recurrente correspondían a meras expectativas, sujetas a diversas condiciones, que eventualmente podrían ocurrir, quedando, en consecuencia, fuera del amparo del recurso de protección, motivo por el cual, el presente recurso debe ser desestimado.

Por estas consideraciones, y teniendo presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo de esta clase de recursos, de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones SE RECHAZA, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra del Servicio Local de Educación Pública de Magallanes.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección N°79-2025.