Protección contra Sra

Punta Arenas, veintitrés de octubre de dos mil diecisiete.

VISTOS:

Comparece don Robinson Quelín Álvarez, abogado, quien deduce recurso de protección a favor de doña nombre reservado, en contra de la Sra. Juez de Letras del Trabajo de esta ciudad, doña Claudia Ortiz Quinteros, por el acto que considera arbitrario e ilegal consistente en haberse decretado una medida cautelar de prohibición de celebrar actos y contratos sobre la patente comercial N° 4040030 a nombre de la recurrente, no obstante, no ser ella parte en el proceso seguido ante el referido tribunal.

Expresa que con fecha 28 de agosto de 2017, la Sra. Juez recurrida respecto de una solicitud de medida cautelar peticionada a propósito del cumplimiento de una causa de cobranza laboral, hace lugar a lo peticionado por la ejecutante, y consecuencialmente priva el derecho de dominio respecto al patrimonio de su representada, al resolver: “VISTOS: Atendido el mérito de los antecedentes y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 444 del Código del Trabajo, como se pide, se decreta medida cautelar de prohibición de celebrar actos y contratos sobre la patente comercial N° 4040030 a nombre de nombre reservado, debiendo notificarse al departamento de Rentas y Patentes de la I. Municipalidad de Punta Arenas, para efectos de poder proceder a la inscripción respectiva. Practíquese las notificaciones e inscripciones que correspondan por receptor particular.”

Sostiene que el acto reclamado constituye vulneración de las garantías contempladas en los numerales 1, 3 y 24 de la Constitución Política de la República. Así, los actos denunciados repercuten en la salud psíquica de la recurrente, toda vez que el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida ha generado angustia en su persona, la que encuentra sometida a una situación estrés y preocupación permanente y constante, que le ha impedido desarrollar de manera normal con sus actividades cotidianas. Por otra parte, en relación a la garantía de igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, se transgrede el artículo 444 del Código del Trabajo, toda vez que si bien no se desconoce la facultad que tiene el juez del trabajo para decretar medidas cautelares, no puede en su función jurisdiccional afectar derechos de terceros ajenos al juicio. Finalmente, la resolución dictada por la Sra. Juez recurrida, atenta de manera grave contra el derecho de propiedad de la recurrente, toda vez como se puede apreciar con la prueba documental que se acompaña, especialmente la sentencia dictada en los autos RIT M-5-2015, la recurrente no es parte del proceso seguido ante la Sra. Juez, no es aval, fiadora deudora solidaria, ni se ha constituido de manera alguna como deudora personal de la deuda que las partes en el proceso puedan o no tener; y no puede responder con su patrimonio evidentemente por una deuda de la cual no tiene vinculación jurídica de ninguna naturaleza. La recurrente no tiene vinculación con la ejecutada y se le está privando de disponer de su patrimonio, lo que se encuentra estrictamente prohibido por nuestro legislador; la Sra. Juez recurrida además incurre en una ilegalidad al decretar la medida precautoria peticionada por la ejecutante, toda vez que el fundamento jurídico de su resolución no admite interpretación alguna, siendo además manifiestamente infundado e ilegal.

En razón de los argumentos expuestos, concluye solicitando: 1.-Se declare ilegal y/o arbitrario el acto de la recurrida efectuado con fecha 28 de agosto de 2017, al decretar medida cautelar de prohibición de celebrar actos y contratos sobre la patente comercial N° 4040030 a nombre de la recurrente; 2.- Que se ordena la adopción de todas las medidas necesarias conducentes a la protección y efectiva tutela de las garantías constitucionales lesionadas o amenazadas en su ejercicio por el acto ilegal y arbitrario reclamado, conducentes a restablecer el imperio del derecho en la situación fáctica alegada.; 3.- Que ordene se deje sin efecto la resolución de fecha 28 de agosto de 2017, ordenando que se notifique al departamento de rentas y patentes de la I. Municipalidad de Punta Arenas, para su subinscripción respectiva, por la vía más expedita; 4.- Que se condena a la recurrida al pago de las costas de la causa.

Informando la recurrida, doña Claudia Ortiz Quinteros, Juez del Juzgado de Letras del Trabajo, manifiesta que en los autos ejecutivos RIT C-23-2015, nombre reservado y nombre reservado, ejecutan la sentencia definitiva dictada en la causa RIT M-5-2015, que con fecha 04 de febrero de 2015, condenó a MT y Cía. Ltda., a pagar a las trabajadoras una serie de prestaciones laborales ya que declaró la nulidad y la injustificación de sus despidos. En dicha causa la parte ejecutante solicitó la medida cautelar de prohibición de celebrar actos y contratos sobre la patente comercial N° 4040030 a nombre de la recurrente, nombre reservado, a lo cual se accedió por resolución de fecha 28 de agosto de 2017, respecto de la cual la recurrente, quien es tercerista en esta causa, solicitó la nulidad de la misma, petición que fue desestimada por resolución de fecha 08 de septiembre de 2015 (sic), en contra de la cual interpuso recurso de apelación que se encuentra pendiente ante vuestro Tribunal.

Finalmente, hace presente que revisados los antecedentes de la causa, se verifica que efectivamente la patente comercial N° 4040030, no se encuentra inscrita a nombre de la empresa ejecutada en esta causa.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

SEGUNDO: Que, el hecho que la recurrente califica de arbitrario e ilegal, lo hace consistir en haberse decretado una medida cautelar de prohibición de celebrar actos y contratos sobre la patente comercial N° 4040030 a nombre de la recurrente, no obstante, no ser ella parte en el proceso seguido ante el referido tribunal.

TERCERO: Que, el acto presuntivamente arbitrario e ilegal que el recurrente invoca como fundamento del recurso de protección intentado, emana de una resolución judicial dictada en una causa por una Magistrado, dentro de la esfera de sus atribuciones, y que se encuentra actualmente sometida al imperio del derecho, resultando improcedente acudir a esta vía excepcional que el constituyente ha establecido para otro tipo de situaciones, sin que sea legítimo pretender sustituir mediante la interposición de este recurso la actividad jurisdiccional, por lo que el recurso intentado será rechazado, por improcedente.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 19 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo de Recursos de Protección de Garantías Constitucionales de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZA el presentado por don Robinson Quelín Álvarez, abogado, a favor de nombre reservado en contra de la Sra. Juez de Letras del Trabajo de esta ciudad, doña Claudia Ortiz Quinteros.

Dése cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N° 785-2017. Protección.