Protección contra Prefectura de Carabineros Magallanes N°28

Punta Arenas, once de marzo de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece don nombre reservado, egresado de derecho, cédula de identidad N°NUM000, mandatario en sede administrativa/jurisdiccional, por sí y en representación de doña nombre reservado, Suboficial Mayor de Carabineros, cédula de identidad N°NUM001, ambos con domicilio en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Prefectura de Carabineros Magallanes N°28, RUT RUT reservado, representada por el Coronel de Carabineros nombre reservado, en su calidad de Prefecto.

Relata el recurrente que el día 06 de marzo de 2025, su representada fue afectada en sus ojos por el uso de gas lacrimógeno durante una práctica de tiro con armamento menos letal, efectuada en el Polígono de la 4ª Brigada Acorazada “Chorrillos” del Ejército de Chile. Con fecha 15.04.2025, mediante Resolución Exenta N°NUM002, la Prefectura Magallanes N°28 declaró que la lesión sufrida ocurrió en actos del servicio y que, en consecuencia, le asistían a la recurrente los derechos a que fueran de cargo fiscal todos los gastos de atención médica, hospitalaria, quirúrgica y demás similares relativos a su tratamiento clínico, conforme a los artículos 34 de la Ley N°18.961 y 46 letra s) del D.F.L. (ex Interior)

N°2, de 1968.

Señala el recurrente que con fecha 08.05.2025, la recurrente debió ser intervenida quirúrgicamente en ambos ojos por “Estenosis e Insuficiencia de las Vías Lagrimales”, en la Clínica Red Salud Magallanes, con un costo total de $783.583, debiendo desembolsar de su propio peculio la suma de $190.318, quedando un copago pendiente de $593.265. A la fecha, la recurrida no ha pagado dicho copago ni efectuado el reembolso señalado, lo que ha generado acciones de cobranza en su contra por parte del estudio jurídico HADAD Y ASOCIADOS, mediante correo electrónico, llamadas telefónicas y mensajes vía WhatsApp.

Afirma que el actuar de la recurrida constituye un acto arbitrario e ilegal que vulnera las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N°1, 2, 3, 23 y 24 de la Constitución Política de la República, solicitando se ordene el cumplimiento de la Resolución Exenta N°NUM002, el pago del copago pendiente de $593.265 y el reembolso de $190.318, además del cese del acoso de cobranza o cualquier otra medida que se estime pertinente, condenando en costas.

Evacuó informe la Prefectura Magallanes N°28, representada por el Coronel nombre reservado, solicitando el rechazo del recurso en virtud de los siguientes argumentos:

En primer término, alega falta de legitimidad pasiva, señalando que la entidad obligada al pago de las prestaciones médicas fiscales del personal lesionado en actos del servicio no es la Prefectura Magallanes N°28, sino la Dirección de Salud de Carabineros de Chile, a través del Departamento II Normas, Procedimientos y Controles Específicos, Sección Prestaciones de Salud al Personal Lesionado en Actos del Servicio.

En cuanto al fondo, señala que la Prefectura cumplió con todas las obligaciones que le correspondían al disponer la instrucción de las Primeras Diligencias N°15.968, dictar la Resolución Exenta N°NUM002 de 15.04.2025 e ingresar a la funcionaria al Sistema PLASE. Sin embargo, para que proceda el pago de atenciones médicas posteriores a la primera atención, incluyendo la intervención quirúrgica del 08.05.2025, la normativa institucional exige que el personal lesionado solicite previamente autorización a la Sección Prestaciones de Salud al Personal Lesionado en Actos del Servicio, previa certificación escrita del profesional tratante y del Jefe del Centro Médico-Dental de la Red Institucional, conforme a la Directiva del Personal Lesionado en Actos del Servicio aprobada por Orden General N°1687, de 21.03.2006. Al respecto, consultadas las distintas unidades, ninguna habría recepcionado documentación de la Suboficial Mayor nombre reservado solicitando dicha autorización.

Asimismo, invoca ausencia de derecho indubitado, por cuanto la recurrente no cumplió con los procedimientos institucionales establecidos para acceder al pago de las prestaciones médicas que reclama, lo que impide calificar su pretensión como un derecho claro, cierto e indiscutido, requisito indispensable para la procedencia del recurso de protección.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional de naturaleza cautelar, de carácter extraordinario y sumarísimo, que tiene por objeto evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una garantía jurisdiccional orientada a servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones de derechos fundamentales taxativamente señalados en la Constitución, que puedan establecerse sumariamente. Por ello, para su procedencia se exige, entre otros requisitos, que el derecho cuya protección se invoca sea preexistente e indubitado, esto es, que su titularidad no dé lugar a dudas ni requiera de una declaración previa que lo constituya.

SEGUNDO: Que el acto que la recurrente califica de arbitrario e ilegal consiste en la negativa u omisión de la Prefectura de Carabineros Magallanes N°28 y de su Prefecto de pagar el copago de $593.265 adeudado a la Clínica Red Salud Magallanes y de reembolsar la suma de $190.318 desembolsada por la recurrente con motivo de la intervención quirúrgica efectuada el 08.05.2025, no obstante haber sido declarada dicha lesión como ocurrida en actos del servicio mediante Resolución Exenta N°NUM002 de 15.04.2025.

TERCERO: Que, en cuanto a la legitimación pasiva, es necesario precisar que la normativa institucional aplicable al caso de autos, en particular la Directiva del Personal Lesionado en Actos del Servicio aprobada por Orden General N°1687, de 21.03.2006, publicada en el Boletín Oficial de Carabineros N°4111, de 01.04.2006, establece un sistema de prestaciones y pagos que no recae en la Prefectura respectiva sino en la Dirección de Salud de Carabineros, a través de la Sección Prestaciones de Salud al Personal Lesionado en Actos del Servicio, dependiente del Departamento II Normas, Procedimientos y Controles Específicos, de la Dirección de Finanzas. En consecuencia, en efecto, la Prefectura Magallanes N°28 carece de atribuciones para efectuar directamente los pagos reclamados, los que deben canalizarse por los conductos institucionales establecidos para estos efectos.

CUARTO: Que, sin perjuicio de lo anterior, para que proceda el recurso de protección es requisito indispensable que el actor se encuentre en posesión de un derecho preexistente e indubitado, esto es, un derecho cuya titularidad no dé lugar a dudas o interpretaciones, y cuyo ejercicio efectivo se encuentre perturbado, privado o amenazado por un acto u omisión ilegal o arbitrario.

En el caso de autos, la recurrente si bien cuenta con la Resolución Exenta N°NUM002, de 15.04.2025, que le reconoce el derecho a que los gastos médicos derivados de su lesión en actos del servicio sean de cargo fiscal, el ejercicio concreto de ese derecho respecto de la intervención quirúrgica del 08.05.2025 se encontraba condicionado al cumplimiento previo de los procedimientos institucionales establecidos al efecto.

En efecto, conforme al artículo 15 de la Directiva del Personal Lesionado en Actos del Servicio (Orden General N°1687), en los casos en que el personal lesionado preste servicios en provincia y deba cumplir algún tratamiento médico en un establecimiento externo a la red institucional, deberá previamente requerir autorización a la Sección Prestaciones de Salud al Personal Lesionado en Actos del Servicio, para recibir atención médica particular u otra de la misma especialidad, previa certificación escrita del profesional tratante y del Jefe del Centro Médico-Dental de la Red Institucional.

Del mérito de los antecedentes aportados no consta que la recurrente haya dado cumplimiento a dicho procedimiento previo a la realización de la cirugía, circunstancia que fue corroborada por el propio Prefecto al constatar que ninguna de las unidades consultadas recepcionó solicitud de autorización de la Suboficial Mayor nombre reservado.

QUINTO: Que, conforme a lo razonado, la existencia de un derecho indubitado respecto del reembolso y copago reclamados no puede tenerse por establecida en esta sede constitucional, toda vez que se encuentra condicionada a la verificación del cumplimiento de los procedimientos institucionales de autorización previa que la norma exige, materia que excede el estrecho marco cognoscitivo del recurso de protección, el cual no es declarativo de derechos sino protector de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, aparezcan perturbados, privados o amenazados por un acto u omisión ilegal o arbitrario. Así lo ha entendido la Excma. Corte Suprema, al sostener que la procedencia de la acción de protección presupone la existencia de un derecho indubitado, siendo inadmisible cuando su establecimiento requiere de una previa declaración judicial.

SEXTO: Que, a mayor abundamiento, el actuar de la Prefectura Magallanes N°28 no puede calificarse de ilegal ni arbitrario. La Institución cumplió en forma oportuna con las obligaciones que le correspondían conforme a la normativa aplicable, al disponer la instrucción de las Primeras Diligencias N°15.968, emitir la Resolución Exenta N°NUM002 dentro del plazo que contempla la Ley N°18.961, e ingresar a la afectada al Sistema de Personal Lesionado en Actos del Servicio (PLASE).

El hecho de que el pago de las prestaciones médicas posteriores no se haya materializado no obedece a una negativa caprichosa o contraria a derecho por parte de la Prefectura recurrida, sino a la falta de cumplimiento, por parte de la propia recurrente, de los procedimientos que la normativa institucional establece como presupuesto necesario para acceder a dichos beneficios.

SÉPTIMO: Que, en lo que respecta a las garantías constitucionales cuya vulneración se invoca, cabe señalar que no se aprecia de qué forma concreta el actuar de la recurrida haya afectado el derecho a la vida e integridad física y psíquica de la recurrente (artículo 19 N°1), la igualdad ante la ley (artículo 19 N°2) ni la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos (artículo 19 N°3), toda vez que no se ha demostrado que la recurrida haya tratado arbitrariamente a la funcionaria en forma diferenciada respecto del resto del personal, ni que le haya sido denegada alguna garantía procesal. En cuanto a los numerales 23 y 24 del artículo 19, tampoco se configura su vulneración por esta vía, pues los beneficios cuyo pago se reclama, en la medida que estaban sujetos a la tramitación de una solicitud de autorización previa que no fue gestionada, no constituyen un bien incorporado definitivamente al patrimonio de la recurrente de forma tal que su no pago implique una privación, perturbación o amenaza de carácter ilegal o arbitrario.

OCTAVO: Que, en virtud de lo expuesto, no concurren en la especie los presupuestos que hacen procedente el recurso de protección, por cuanto la recurrente no ha acreditado la existencia de un derecho indubitado cuyo ejercicio haya sido perturbado, privado o amenazado por un acto u omisión ilegal o arbitrario de la recurrida. Lo anterior no obsta a que la recurrente pueda hacer valer sus derechos por las vías administrativas y jurisdiccionales que la normativa vigente contempla para estos efectos, iniciando los trámites de autorización y reembolso ante los organismos institucionales competentes.

Por estas consideraciones, y teniendo presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en representación de doña nombre reservado, en contra de la Prefectura de Carabineros Magallanes N°28, sin costas.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la Ministra Sra. Caroline Turner González.

Rol N°77-2026.PROTECCIÓN.-